Santos firmó nuevo decreto de amnistías para 3.252 miembros de las Farc

El presidente Juan Manuel Santos firmó un nuevo decreto de amnistías para 3252 miembros de las Farc por los delitos políticos y conexos. Se trata del tercer decreto de aplicación de amnistías para los subversivos que cumplan ciertos requisitos, tales como la dejación de las armas, plena identificación y la firma de acta de compromiso para no volver a tomar las armas. A esto se suma un cuarto requisito como es la acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. “Las amnistías son de carácter administrativo y solo aplican para miembros de las Farc concentrados en zonas veredales y no para los que están en las cárceles”, dijo el ministro de Justicia, Enrique Gil. “Respecto a las amnistías otorgadas por los jueces, estamos precisamente trabajando con los abogados de las Farc y el Consejo Superior de la Judicatura para agilizar y buscar todos los mecanismos. El propósito del Gobierno es cumplir, como lo ha venido haciendo”, agregó. Abecé sobre aplicación de la Ley de Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales El decreto firmado por el presidente de la República que amnistía a 3252 guerrilleros de las Farc se crea tras la firma del Acuerdo Final que estableció que el Gobierno nacional presentaría la ley, finalmente tramitada y expedida el 20 de diciembre de 2016 en el Congreso de la República (Ley 1820 de 2016). Para entender esto qué significa, cuál es la diferencia entre amnistía e indulto, para qué sirve, qué tratamientos penales especiales recibirán las Farc, a quiénes beneficia y otros temas, es importante tener en cuenta lo siguiente: - La Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, junto con su decreto reglamentario, establece que las personas beneficiadas con la amnistía y las libertades condicionadas son aquellas que cometieron delitos políticos o delitos conexos a estos con relación directa o indirecta al conflicto armado colombiano y son miembros de un grupo armado que suscribió un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. Esta ley permite aplicar medidas de renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal; extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias; y extinción de sanciones de tipo administrativo, fiscal y disciplinario, así como libertades condicionadas, si se reúnen ciertos requisitos. - La Ley de Amnistía reconoce dos formas de aplicar la amnistía conferida por la ley: la amnistía aplicada por los jueces ordinarios por vía judicial y la amnistía aplicada por el Presidente de la República, vía administrativa. En ambos casos se trata de una amnistía de iure, es decir, aplicada sólo a delitos políticos y conexos. En el primer caso, los miembros de las Farc privados de la libertad, ya sea condenados o investigados, deben hacer una solicitud ante los jueces de la República para que los mismos extingan la acción penal y la pena exclusivamente por los delitos amnistiables de iure. Tratándose de aquellos que están en las Zonas Veredales o por fuera de las mismas, reciben a través del decreto presidencial ya mencionado, y por vía administrativa, el beneficio de la amnistía de iure. Si tienen algún proceso vigente en el sistema penal por los delitos amnistiables de iure, basta con presentar el decreto de amnistía o la carta que los notifica para que el juez de conocimiento extinga la acción penal o la pena. Este es el tercer decreto de aplicación de la amnistía de iure y con el que se alcanzan 6.005 amnistiados. De otra parte, por virtud de la aplicación de la amnistía por vía judicial y la aplicación de las libertades condicionadas, también previstas en la Ley de Amnistía e Indulto, ya han salido de la cárcel más de 1.400 miembros de las Farc. - De esta forma, entre la aplicación de las amnistías presidenciales y las aplicadas a través de los Jueces de la República, ya se ha resuelto la situación jurídica a más de 7400 miembros de las Farc, lo que los prepara para el inicio de su proceso de reincorporación. - El proceso de tránsito a la legalidad ha constituido un proceso de normalización histórico y expedito, a través del cual se ha logrado identificar a todos los miembros de la organización plenamente, a fin de evitar “colados” en el sistema y evitar que se filtren en el mismo personas con delitos comunes tales como delitos sexuales contra menores o mujeres sin ninguna relación con el conflicto armado. En estos casos, los jueces pueden aplicar la amnistía de iure por los delitos políticos, pero NO por los delitos comunes sin conexión alguna con el conflicto armado interno. - Para superar las dificultades que en materia de congestión judicial pueda representar el trámite de las amnistías por vía judicial y de las libertades condicionadas, el Gobierno Nacional ha realizado un traslado presupuestal a la judicatura de cinco mil millones de pesos y la judicatura ha vinculado a más de 110 nuevos servidores públicos para descongestionar los despachos judiciales y, de otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha liderado jornadas de capacitación dirigidas a Jueces de la República y Procuradores Delegados. Lo anterior constituye un hito frente a los procesos de paz en el resto del mundo, que han consistido en procesos de desarme y desmovilización más que en procesos de tránsito a la legalidad y de reincorporación, con el compromiso que frente al Estado de Derecho esto conlleva. - A dos semanas de la dejación de armas, el 95% de la organización completó su proceso de tránsito a la legalidad, acompañado del compromiso de acudir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. - Lo anterior constituye un modelo a seguir para futuros procesos de paz en el mundo, ya que frente a procesos que han consistido en desmovilizaciones globales con amnistías generales, el modelo colombiano es un modelo integral que combina la materialización de principios tan importantes para la superación de la violencia como el derecho a la verdad, la justicia, la reparación simbólica y material para las víctimas y, el no menos importante, la garantía de no repetición.