Sindicato acusa a Benedetti de desmontar garantías del acuerdo de paz con derogación de decreto

El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz denunció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, derogó el decreto 301 de 2017 sin consentimiento de la Alta Parte Contratante de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, ni de los miembros del ahora partido Comunes.Desde el sindicato consideran esa decisión como “un grave precedente para la implementación de la paz”, que viene del gobierno, cuyos integrantes apoyaron las entonces negociaciones y lo pactado en Cuba; además utilizaron esa bandera como campaña.La derogación se dio a través de otro decreto, el 0020 del 15 de enero de 2026, el cual, dicen desde Sintrasepaz, “no tuvo en cuenta el espíritu de lo pactado en el artículo 88 del Acuerdo Sindical - Resolución 1498 de 2024”. Explican que, además de derogar un decreto, creado conforme al Acuerdo de La Habana, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección no tendrá formalización. Esa es la instancia encargada de diseñar y ejecutar medidas de seguridad para grupos específicos con riesgos extraordinarios o extremos, como excombatientes de las Farc en reincorporación, líderes sociales y firmantes de paz.En el sindicato coinciden con el Observatorio de Paz (PazEs) en que “desconectar a firmantes como alta parte contratante de las decisiones desconoce la función consultiva de instancias como alta parte contratante de los firmantes del Acuerdo, en disposiciones vitales para la población del Decreto 299/2017, y sienta un mal precedente que abre puertas a modificaciones del acuerdo”.“Le recordamos a Armando Benedetti que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden ser desmanteladas sin una alternativa equivalente o superior. Le invitamos a generar un diálogo "transparente" con la población afectada directamente por sus decisiones”, expresaron desde el observatorio.Añaden que recibieron la decisión con sorpresa los decretos 019 y 020, porque “pone en inminente riesgo la seguridad de la población firmante del acuerdo”, aunque reconocen que dignifica el empleo en la UNP.