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El pliego de cargos sobrecae en la Asociación de Transportes de Carga (ATC), la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), sus principales seccionales del país y 40 personas naturales vinculadas al a los gremios.
Según la resolución, el 30 de noviembre de 2012 la junta directiva de la ATC se reunió en el Country Club de Ejecutivos en Medellín para establecer una alianza comercial para subir el precio de los fletes.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2013 en la página web del gremio publicó una nueva tabla de fletes conjuntamente con la ACC con precios considerados "justos" y que se cobrarían a partir del 16 de febrero de ese mismo año, a pesar de las consideraciones del Gobierno de eliminar estas medidas.
Además de la tabla de fletes, los dos gremios investigados crearon un plan de difusión para hacer respetar los valores ahí marcados y llegar no solo a los agremiados sino también a otros transportadores.
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Según la delegatura de la libre competencia, esta práctica, de alguna forma, limita el modelo de oferta y demanda, vigilado y monitoreado por el Ministerio de Transporte.
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De encontrarse responsables por la violación al régimen de la libre competencia, la Superintendencia podría imponer sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos, es decir cerca de $74 mil millones por cada gremio y de 740 millones de pesos por persona natural.
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