Suspenden licencias a 977 vehículos de carga por bloquear vías

La Superintendencia de Puertos y Transporte informó que ya fueron suspendidas las licencias de operación a 977 vehículos de carga por bloquear vías en el país. “Esta medida preventiva se mantendrá mientras persista la alteración de la prestación del servicio de transporte público y hasta tanto no se supere la afectación de la movilidad en las vías del país”, dijo el superintendente Javier Jaramillo. El funcionario advirtió que bloquear el tránsito es una infracción y manifestó que se endurecerán las sanciones. Asimismo, Jaramillo dijo que halló mérito para abrir una investigación contra la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, y que los gremios involucrados en la protesta se exponen a multas superiores a los 800 millones de pesos. Gremios de transporte de carga, investigados por afectar servicio La decisión de la SuperTransporte se dio tras verificar que líderes de algunas de estas agremiaciones han incitado a sus miembros a no prestar el servicio de carga. La Superintendencia de Puertos y Transporte investiga a gremios de transporte de carga por convocar, promover, facilitar e incitar a empresas y propietarios de vehículos de servicio público de transporte terrestre de carga –y demás personas que utilizan la infraestructura de transporte– a abstenerse de prestar el servicio e impedir su prestación por parte de otros. Hasta el momento, una vez evaluadas las pruebas recaudadas por la Supertransporte se halló́ mérito para abrir investigación en contra de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), y se espera que en los próximos días se abran nuevos procesos administrativos, luego de finalizar la revisión de todo el material probatorio. “Hay muchas empresas de transporte de carga que quieren trabajar, pero están siendo amenazadas si cumplen con su obligación de salir a prestar el servicio por las vías del país. No vamos a permitir que eso siga sucediendo”, advirtió́ Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte. Jaramillo enfatizó que el Gobierno Nacional respeta el libre derecho a la protesta social, pero no puede permitir que se alteren la prestación de este servicio público de transporte ni la movilidad –derechos fundamentales de todos los ciudadanos– en ningún lugar del país. Los gremios infractores se exponen a una sanción hasta de $482 millones, si una vez finalizada la investigación se comprueba que facilitaron la afectación del servicio público de transporte terrestre de carga en Colombia.