Desde la mañana del pasado viernes, 30 de enero, el puerto de Buenaventura se encuentra parcialmente paralizado por una protesta de transportadores de carga en el sector de La Caucana, sobre la vía de acceso al principal puerto del país.Los camioneros denuncian demoras excesivas para devolver contenedores vacíos, sobrecostos operativos y falta de control del gobierno frente a las terminales portuarias y las navieras.En diálogo con Noticias de la Mañana, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, explicó que el problema no es reciente y se ha agravado por la saturación de los patios de contenedores vacíos en Buenaventura.Multas diarias y falta de cumplimiento en mesas de diálogoSegún el dirigente gremial, Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, debido a que a las navieras les resulta rentable dejar estos equipos almacenados en el país sin asumir costos prolongados.“El transportador devuelve el contenedor, pero se encuentra con que no hay dónde entregarlo. Eso no es culpa del camionero, pero aun así se le imponen multas diarias que pueden llegar a los 150 dólares”, señaló Cuervo, al advertir que estas sanciones están asfixiando financieramente al sector.El presidente de Fedetranscarga aclaró que las empresas afiliadas al gremio no promueven las vías de hecho, pero reconoció que las bases transportadoras han decidido bloquear las vías ante la falta de soluciones estructurales.Cuervo aseguró que las mesas de diálogo con autoridades y representantes de las navieras se han instalado en varias ocasiones, pero no han producido resultados concretos. A su juicio, se requiere una intervención directa de la Superintendencia de Transporte, ya que las navieras operan como un oligopolio con amplio margen para imponer condiciones.Entre las principales exigencias al gobierno está limitar el tiempo de permanencia de los contenedores vacíos en el país y garantizar espacios reales para su devolución sin penalidades injustificadas.No se pueden registrar los despachos ante la RNDCA esta situación se suma una nueva dificultad: el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). Según el dirigente, la implementación de nuevas normas que obligan a reportes vía GPS y geocercas ha superado la capacidad tecnológica de la plataforma, impidiendo registrar despachos y cierres de operaciones.“El sistema está caído constantemente y eso frena el transporte, afecta el comercio exterior, el consumo interno y hasta la movilización de alimentos”, advirtió Cuervo, quien aseguró que el Ministerio de Transporte fue alertado desde diciembre sobre estas fallas.Mientras no haya respuestas concretas, el futuro de la protesta en Buenaventura sigue siendo incierto, con impactos directos en la logística, la competitividad del país y la cadena de abastecimiento nacional.Escuche la entrevista completa aquí:
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
En la noche de este domingo, 1 de junio, se levantó el paro transportador que tenía bloqueada la vía Quibdó - Medellín en el sector El Siete. Según la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, llegaron a un acuerdo con las alcaldías de Carmen de Atrato y el gremio, en el que además instalarán mesas de diálogo el próximo martes para garantizar la movilidad en las carreteras del departamento. Sin embargo, la gobernadora no descarta cierres preventivos sobre la carretera por problemas meteorológicos.“Se buscarán fórmulas de acuerdo mediante mesa de trabajo este martes para garantizar que la movilidad y el aprovisionamiento del departamento no sean interrumpidas. La vía queda habilitada”, escribió la gobernadora.Cabe recordar que la vía estaba bloqueada desde las horas de la mañana, ya que los transportadores manifestaban que las restricciones de movilidad impuestas por Invías, para evitar contratiempos en la vía, los perjudicaban a la hora de entregar las cargas.Entre tanto, como lo adelantó la gobernadora e Invías, la vía está sujeta a cierres preventivos por problemas en las vías relacionados con fenómenos meteorológicos como derrumbes, caídas de banca o fuertes lluvias que impidan el paso sobre el sector.
A lo largo de la semana, los gremios del transporte de carga y de pasajeros han denunciado que los contantes bloqueos en los primeros tres meses del 2025 han generado inestabilidad económica en el sector. Sin embargo, hay una preocupación más grande y es el apoyo que le ha dado el Gobierno nacional a algunas manifestaciones que se han presentado en las carreteras del país. Esta vez, Colfecar envió una carta criticando el apoyo del Ministerio de Minas y Energía, respaldando las protestas y diálogo social con la mesa minera agroambiental de Antioquía.Dentro de la carta justifican que el sector del transporte ha sido víctima de “la violación de los derechos fundamentales al trabajo” haciendo referencia especial a los constantes paros sobre las carreteras, que en palabras de la presidenta, Nidia Hernández, esto sucede ante la mirada indiferente del Ministerio del Interior que debe anticiparse a los casos de bloqueos. Sin embargo, expresan que las instituciones de Gobierno “brillan por su ausencia”.Entre tanto, en medio de la carta expresan alguna preguntas al Gobierno, como la falta de ejecución de las conclusiones de las mesas de diálogo que lideró la entonces ministra de minas, Irene Vélez, en el 2022, con los mineros que justamente salen a protestar y bloquear las vías en el 2025. Así mismo, critican que si ya hay un avance en el diálogo social, ¿por qué el Gobierno no ha ejecutado al orden de apertura de las vías?Por su parte, en la carta enviada le piden al Gobierno, como en ocasiones anteriores, que este mismo sea garante del derecho al trabajo de los transportadores y conductores de carga y pasajeros, ya que en los bloqueos presenciados, no solo afecta la economía del país, sino que pone en riesgo la vida de niños, niñas y gente del común que queda atrapada en los colapsos viales.“El paro de mineros ancestrales de Antioquía, que a la fecha lleva 3 días, y el pasto campesino en el Cesar, que protestan bloqueando vías, es por el Gobierno que no han cumplido con las promesas”, se lee en la carta.Cierran asegurando que solo en el 2025, para enero, se registraron 42 casos y en febrero 6 relacionados con cierres viales, pero en lo corrido del mes de marzo, la cifra marca 7 eventos de estos contando el paro arrocero en su primera fase, pero expresando grave preocupación por el anuncio de posibles nuevos cierres por la falta de cumplimiento del Gobierno.
Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, comunidades han iniciado bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio, específicamente entre Honda – Río Ermitaño, como medida de protesta ante la falta de inclusión en los proyectos de infraestructura vial en la región.Le puede interesar: A partir de las 04:00 de la mañana, en el kilómetro 92+500, sector conocido como “Dos y Medio” en Puerto Boyacá, un grupo de aproximadamente 15 personas bloqueó el paso vehicular, exigiendo que las comunidades locales sean consideradas en la contratación de mano de obra para los proyectos viales en la región. Según los manifestantes, esta es una de las principales demandas de la comunidad, que no desea quedar al margen de los beneficios derivados de la construcción de la doble calzada que conecta Puerto Salgar con Barrancabermeja.En el kilómetro 130, a la entrada del corregimiento de Puerto Serviez, un grupo de aproximadamente 20 personas impidió el paso de vehículos, repitiendo las mismas demandas que en Puerto Boyacá. Este cierre también es total, lo que ha generado complicaciones en la movilidad de la región.Paralelamente, en el sector de San Pedro de la Paz, en el municipio de Cimitarra, Santander, la comunidad bloqueó el kilómetro 14+200 de la vía Río Ermitaño – La Lizama. Este bloqueo, que también es total, fue realizado por unas 15 personas, quienes exigen que los centros poblados no queden fuera del trazado de la doble calzada y que las personas locales sean contratadas para las obras de la región.Los manifestantes, quienes han expresado su descontento con la falta de inclusión en los proyectos viales, han dejado claro que no permitirán el paso de vehículos hasta que sus demandas sean atendidas. La protesta sigue vigente a esta hora, lo que genera un fuerte impacto en la movilidad de la región.Con esta movilización, las comunidades buscan que las autoridades y las empresas encargadas de las obras consideren la contratación de mano de obra local para evitar que los pobladores de la región sean desplazados de las oportunidades laborales que podrían generar las obras de infraestructura. Además, insisten en que los centros poblados no queden fuera de los planes de construcción de la doble calzada, un proyecto clave para mejorar la conectividad entre diferentes puntos del país.Las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas que se tomarán para atender las exigencias de los manifestantes. Mientras tanto, los bloqueos continúan afectando la movilidad en la región.
La reciente decisión de la Dian sobre un proyecto de ley que busca actualizar la tarifa de impuestos a los combustibles despertó la preocupación, no solo de los particulares, sino también entre los transportadores del país. Desde el gremio camionero, en conversación con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, expresaron inquietudes sobre la falta de claridad en las decisiones gubernamentales y el incumplimiento de compromisos establecidos en mediaciones anteriores. "El Gobierno no quiere cumplir con los 15 puntos que se firmaron en el paro camionero. Y vamos a tener nuevamente inconvenientes, porque es que no hemos avanzado en las reformas estructurales del transporte. Absolutamente en nada", señaló Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.En la entrevista, Medrano mencionó que el Gobierno había prometido no incrementar los precios del diesel hasta que se realizaran reformas estructurales. Sin embargo, con la idea de un nuevo aumento en los impuestos, para él se evidencia una vez más la ruptura de estos acuerdos. ¿Qué le preocupa a los camioneros de un nuevo aumento en el precio del galón?El presidente de la Asociación apuntó que los cambios propuestos respecto a los precios son confusos. Inicialmente, los rumores hablaban de un aumento de hasta 800 pesos por galón, lo que generó un fuerte rechazo entre los transportadores. Sin embargo, la resolución indicaría que el incremento es de aproximadamente 36 a 49 pesos, dependiendo del tipo de combustible. "Aunque el aumento nominal no parece alarmante, la realidad es que aún no se han tomado decisiones sobre reformas que son necesarias para la estabilidad del transporte en el país," dice Medrano, quien subraya la importancia de un diálogo claro con el Gobierno. "Queremos que el presidente nos reciba para dialogar sobre estos cambios y sus implicaciones."El gremio camionero está esperando una respuesta clara por parte del Gobierno en torno a cómo se implementarán estos aumentos y qué acciones se tomarán para aliviar la carga sobre los transportadores. "Estamos en comunicación constante con el ministerio, pero aún no hemos tenido una invitación oficial para discutir estos temas," enfatiza Medrano. A medida que inicia de febrero, los transportadores en Colombia mantienen la esperanza de que el diálogo con el Gobierno permita esclarecer los cambios inminentes en los precios de los combustibles y se trabaje conjuntamente hacia soluciones que beneficien a todos los actores del sector económico.El llamado del presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros es claro: buscar un diálogo directo con la autoridad administrativa máxima para asegurar que se eviten futuros conflictos y que se respete lo pactado.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
Luego de diálogos con diferentes transportadores independientes y gremios de Santander se acordó que avanzarán en las reuniones que se tienen previstas en Bogotá este jueves y viernes en una nueva mesa de diálogo con el Gobierno nacional, como seguimiento a la reunión reciente en Girón. "Se trabaja en la ratificación de los acuerdos previamente establecidos el 6 de septiembre", aseguró el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, quien destacó que, tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo, serán garantes del cumplimiento de estos acuerdos.Enríquez también enfatizó que no habrá paro en el sector de transporte pesado en Santander.Puntualizó que, con esta visita a la Gobernación de Santander, específicamente en la casa de la Cultura del municipio de Girón, siguen avanzando en la implementación de los acuerdos firmados, los cuales involucraron a todo el sector transportador del país."No hay paro y seguimos trabajando en las reuniones programadas para avanzar en los compromisos adquiridos con el sector”, señaló.Las reuniones continuarán este miércoles con la defensora del Pueblo, a quién la ministra de Transporte ya ha enviado un documento con los 15 puntos acordados en septiembre y se espera que, en este encuentro, la Procuraduría, la Defensoría y el Ministerio Público, presenten un informe detallado sobre el seguimiento que han realizado al acuerdo.Por su parte, Orlando Castellanos, líder transportador, manifestó que, por ahora, continuarán con el diálogo. "Hoy nos dieron buenas noticias, los peajes que tuvieron un incremento superior al 30% y 40% deberán volver al aumento autorizado por el Gobierno, que es del 2.78% y, además, no habrá incremento en el precio del ACPM hasta que se encuentren soluciones a los puntos tratados en septiembre".Los transportadores, sin embargo, han dejado claro que seguirán atentos a las reuniones y esperan respuestas inmediatas y claras a sus solicitudes.
Santander está a la expectativa por un posible paro de transportadores debido al incumplimiento de varios acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. Los transportadores de la región han expresado su descontento por el incumplimiento de 15 puntos acordados en septiembre de 2024, los cuales incluyen el alza en el precio del combustible y el incremento de los peajes, medidas que afectan directamente a su economía y operación.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, tras una reunión con representantes de los transportadores que duró más de dos horas este lunes 6 de enero, se pronunció al respecto y señaló que la ministra de Transporte, María Constanza García, se comprometió con la presencia del viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, para este martes 7 de enero, con el objetivo de atender las demandas del gremio y encontrar soluciones a los problemas planteados.“El propósito de esta visita es buscar soluciones sobre el posible incumplimiento de los 15 puntos a los acuerdos firmados en septiembre de 2024, entre ellos, el alza del precio del combustible y el alza en los peajes. Desde la gobernación de Santander, generamos esa mesa de diálogo con transportadores con el fin de buscar una salida a las reclamaciones y que no se afecte a la comunidad”, indicó Hernández.En medio de las tensiones, la Defensoría del Pueblo de Santander ha manifestado su compromiso en acompañar este proceso de diálogo. El defensor del Pueblo de Santander, Rodrigo González, explicó que este martes a las 10:00 a.m. se llevará a cabo una reunión en la sede de la Defensoría para abordar las propuestas que se presentarán al viceministro. Además, destacó la importancia de garantizar los derechos de los manifestantes mientras se asegura que el proceso fluya sin afectar a la población.“Estamos haciendo un acompañamiento, una reunión a las 10:00 a.m., este martes 7 de enero en la Defensoría para trabajar las propuestas que se le van a presentar al viceministro de transporte que estará en la ciudad a las 3:00 p.m. Vamos a estar trabajando muy juiciosamente también en unas capacitaciones para explicarles qué es la protesta”, comentó González.Desde el gremio de transportadores, los ánimos están encendidos ante el incumplimiento de los acuerdos. Un transportador de Santander expresó: “Los puntos que se firmaron en septiembre, a raíz del paro camionero, incluyen un incumplimiento en el alza de los precios de peajes que empieza a partir del 14 de enero”.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta y la seguridad vial, las autoridades de Santander ya tienen previsto un dispositivo especial para acompañar a los transportadores que han anunciado bloqueos en la región. El general Henry Bello, comandante de la Policía de Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que la Policía estará desplegada en puntos estratégicos de la ciudad para evitar el cierre de vías.“Estaremos en áreas de prevención, particularmente en la ruta hacia el aeropuerto, garantizando la movilidad con un contingente de 150 hombres y mujeres de la Policía en varios sitios estratégicos”, explicó Bello.Además del despliegue policial, se contará con el apoyo de personal de la Alcaldía de Bucaramanga, Gestores de convivencia, La Personería y la Gobernación de Santander.Mediante el diálogo con los transportadores, buscando evitar alteraciones en el orden público, pero respetando el debido proceso a la protestas confirmó Carlos Vergara, jefe de la Seccional de Tránsito y Transportes de Santander, quién aseguró que se dispondrá de "grúas, carro talleres y camas bajas en las principales vías de acceso y salida del departamento. "Nuestro objetivo es garantizar la movilidad sin causar mayores inconvenientes a los ciudadanos, y transportadores que deben llevar las cargas de alimentos a diferentes destinos", afirmó Vergara.Lo cierto es que los trabajadores independientes, anunciaron que protestarán en el departamento, y que a su vez bloquearán diferentes punto.Oswaldo Pinilla, transportador de hidrocarburos y uno de los voceros de los pequeños transportadores, señaló que bloquearán vías en rechazo del no cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno nacional. "Nos dan solo promesas, caramelo, y aún así aumentan el precio del ACPM , los peajes que están tan elevados y las vías dañadas, y no se cumplen los acuerdos", expresó Pinilla, quien también señaló que el gobierno solo ha convocado mesas de diálogo sin resultados concretos.El dispositivo de seguridad y acompañamiento permanecerá activo durante los próximos días, para evitar bloqueos y garantizar la libre circulación de vehículos en las principales vías de Santander.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.
A tres meses del terremoto, Risaralda exige celeridad al Gobierno Nacional para acelerar la reconstrucción y el pago de ayudas. Tres meses después del terremoto que sacudió al Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo un enfático llamado al Gobierno nacional. El mandatario departamental urgió en Mañanas Blu a agilizar la transferencia de recursos y la ejecución de los planes diseñados para atender a las familias damnificadas y restaurar la infraestructura afectada. Un llamado urgente a pasar de los anuncios a las accionesAunque el gobernador reconoció la presencia del Gobierno nacional en la zona, destacando que el presidente de la República ha visitado cinco veces la ciudad de Pereira, recalcó que la comunidad requiere resultados inmediatos y desembolsos efectivos. Al referirse a la necesidad de acelerar la llegada de los giros e inversiones, Patiño declaró: "Hoy aprovechando estos micrófonos, hacer un llamado de atención especial para la celeridad. Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando". En ese sentido, el mandatario precisó que su petición no responde a una rivalidad política, sino al clamor de las comunidades damnificadas: "Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio". Plan de Acción Específica y estado de los subsidiosPara orientar la recuperación, el departamento formuló un Plan de Acción Específica (PAE) que abarca 15 planes (uno por cada uno de los 14 municipios más el departamental), el cual ya cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional. No obstante, el gobernador explicó que la ejecución depende de la disponibilidad de liquidez del recién creado Fondo Milagro, cuya gerencia fue asignada a la doctora Ana María Cuartas.En materia de ayudas financieras directas, se han dispersado 13.000 millones de pesos en un primer giro a través de un convenio con Supergiros. Actualmente está pendiente la firma para un segundo paquete por 17.000 millones de pesos, así como la asignación de 70.000 millones de pesos adicionales para culminar los tres meses de subsidios prometidos a los inscritos en el Registro Único de Damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables. Paralelamente, la Gobernación de Risaralda ha avanzado con fuentes propias, destinando el 60 % de sus regalías para adjudicar contratos de reconstrucción, además de radicar proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda para mejoramiento de viviendas, 17.000 millones de pesos para infraestructura educativa y 5.000 millones de pesos para seguridad alimentariaSobre la gestión de la administración local, Patiño enfatizó: "Seguiremos avanzando con los recursos limitados que tenemos, pero de verdad accionando todos los procesos". Frente a los retos del proceso reconstructivo, Patiño resaltó la unión institucional existente entre la Gobernación, los alcaldes municipales y la gerencia del Fondo Milagro, así como el interés en impulsar la figura de obras por impuestos con el sector privado. Escuche aquí la entrevista:
Atlético Bucaramanga trabaja en la recuperación de sus jugadores lesionados con la expectativa de tener alternativas para afrontar los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El departamento médico del equipo entregó un nuevo reporte sobre la condición de cuatro futbolistas que presentan diferentes lesiones musculares y articulares.Uno de los casos es el de Nilson Castrillón, quien sufrió un esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral durante el compromiso frente a Atlético Nacional. El defensor adelanta un proceso de rehabilitación y su regreso a las canchas dependerá de su evolución clínica y funcional.Por su parte, Fabry Castro presenta una distensión muscular leve del gastrocnemio medial de la pierna derecha, también sufrida en el partido contra Nacional. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y manejo terapéutico.En el caso de Diego Novoa, el guardameta presenta un desgarro muscular del glúteo medio izquierdo. Según el reporte médico, su evolución es favorable y ya avanza en la fase de readaptación deportiva, con trabajos específicos en campo.El cuarto jugador es Luis Mateus, quien sufrió un desgarro muscular grado I del recto femoral del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento. Actualmente realiza un programa individualizado de fisioterapia.La recuperación de estos futbolistas resulta importante para Atlético Bucaramanga de cara a los cuadrangulares semifinales, una instancia en la que el equipo necesitará alternativas en diferentes posiciones para competir por un cupo en la final.Aunque Diego Novoa presenta una evolución favorable y ya realiza trabajos en campo, los otros tres jugadores continúan en sus respectivos procesos de rehabilitación.El club no estableció fechas para el regreso de ninguno de los futbolistas y aclaró que la reincorporación a los entrenamientos y la competencia dependerá de la evolución clínica y funcional de cada uno.
En menos de una semana se conoció un nuevo caso de agresión contra un agente de movilidad en el Valle de Aburrá. En pleno centro de Medellín un guarda fue amenazado por un joven que además logró propinarle varios golpes en la cara.La reiteración de agresiones contra agentes de movilidad en el Valle de Aburrá vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad de quienes cumplen labores de regulación y control en las vías.En menos de una semana, dos funcionarios han sido víctimas de ataques físicos en medio de procedimientos relacionados con el tránsito, uno de ellos con consecuencias graves para su integridad.El episodio más reciente ocurrió en plena vía pública del sector comercial de El Hueco, en el centro de Medellín, donde un joven increpó a un guarda de tránsito con quien, aparentemente, ya había sostenido discusiones anteriores.La confrontación quedó expuesta ante varios transeúntes que presenciaron la escena y, en medio de las voces de quienes intentaban pedirle calma al agresor, el ciudadano habría golpeado en al menos dos ocasiones el rostro del funcionario. Durante el incidente, el agente intentó mantenerse en su lugar y a la defensiva para evitar que la situación escalara, pese a las presiones y los ataques físicos.“Ese ya te dije no me cuelgues así no. No me cuelgues perra. Hey, hey. Oye, oye. Que cuando se sepa lo que es. Se sepa. Quien quiera casarse conmigo ya sabe”, se escucha en el video.El caso se suma a otro registrado hace menos de una semana en Itagüí, donde un agente de movilidad terminó inconsciente luego de recibir varios golpes en la cabeza. La agresión habría sido perpetrada por el hijo de un hombre al que el funcionario le estaba imponiendo un comparendo.El servidor fue trasladado a un centro asistencial y, horas después, se confirmó que había sufrido una fractura en el cráneo.
La Aeronáutica Civil reconoció que el sistema de control aéreo de El Dorado presenta obsolescencia y anunció que renovará el software tras la falla del pasado 4 de noviembre, que provocó retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos.El compromiso se conoció durante una mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación, que ahora abrió una nueva actuación preventiva para vigilar que se cumplan las medidas anunciadas.La Aerocivil aclaró que la emergencia no se originó en los radares, como se informó inicialmente, sino en una indisponibilidad temporal del software AIRCON ICOM, utilizado para gestionar el tráfico aéreo y fabricado por la empresa INDRA. Este sistema fue adquirido en 2013 y, según reconoció la propia autoridad aeronáutica, actualmente presenta obsolescencia.La falla se registró hacia las 12:40 del mediodía del miércoles 4 de noviembre y dejó en negro las pantallas de visualización del centro de control aéreo. Esto significa que los controladores perdieron temporalmente la imagen y los datos que les permiten hacer seguimiento a las aeronaves que se encuentran en vuelo."De acuerdo con la evaluación de la Aerocivil, esta situación no representa un riesgo para la seguridad aeronáutica. La entidad anunció que esta semana tiene prevista una reunión con la empresa INDRA, con el propósito de establecer con certeza las causas técnicas de la falla", señala la Procuraduría.La contingencia se prolongó cerca de una hora y media y generó afectaciones en la operación aérea: hubo vuelos desviados, decenas de trayectos cancelados y retrasos en los itinerarios de aerolíneas como Avianca, LATAM y Wingo, además de congestión en las plataformas de El Dorado.Frente a lo ocurrido, la Procuraduría había citado de manera obligatoria a la Aerocivil a una mesa técnica el pasado viernes, con el propósito de obtener explicaciones sobre las causas de la emergencia y conocer las medidas para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.Tras el reconocimiento de la obsolescencia del sistema. La Aerocivil se comprometió a suscribir, antes de finalizar este año, el contrato para su renovación y mantenimiento especializado, con el objetivo de iniciar su ejecución el próximo 2 de enero de 2027.Por su parte, la Procuraduría informó que abrió una nueva actuación preventiva y anunció que continuará haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos por la entidad.La vigilancia estará enfocada en verificar que se adopten medidas oportunas que garanticen la continuidad de los servicios de navegación aérea y la protección de los usuarios.
