T. Superior ordena crear registro de trabajadoras sexuales víctimas del conflicto

Una trascendental sentencia fue proferida este miércoles por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en la que además de pedirle a la Fiscalía cuentas por las investigaciones contra Alfonso El Turco Hilsaca, uno de los más peligrosos financiadores del crimen en la Costa Caribe, ordena unos protocolos precisos para crear un registro nacional de víctimas del conflicto armado por violencia basada en la situación de mujer trabajadora sexual o de menor explotada sexualmente. Esta decisión tiene como origen la sentencia contra Eugenio José Reyes Regino fue conocido en el BMM con los alias de “Geño”, “Orejitas”, “Carlos”, “Alberto” o “Flaco”, integrante del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá hizo un llamado a la Fiscalía para que aporte más información sobre las investigaciones que se adelantan en contra de Alfonso Hilsaca, alias "El Turco" por presuntamente haber sido el promotor de los paramilitares en la ciudad de Cartagena y por, supuestamente, participar en la Masacre de la Torre del Reloj, ocurrida el 13 de febrero de 2003 en Cartagena, donde fallecieron 4 trabajadoras sexuales, de las cuales una era menor de edad. “Exhortar a la Fiscalía General de la Nación, en particular a la Unidad de Justicia Transicional, para que informe a la Sala de Justicia y Paz, el estado actual del proceso que se le sigue al señor Alfonso Hilsaca Eljaude, alias “El Turco”, por su presunta participación como promotor, financiador o auspiciador del grupo urbano de Cartagena del Frente Canal del Dique, del Bloque Montes de María en la ciudad de Cartagena” añade la Sentencia. La Sala, en cabeza del magistrado Eduardo Castellanos Roso, argumentó que, al revisar los móviles de los hechos, se puede entender "que el grupo paramilitar del Bloque Montes de María asesino a las mujeres, porque supuestamente Alfonso Hilsaca Eljaude las acusó de ser ladronas" “Basta con revisar los móviles del hecho No.22 de la presente sentencia para entender que el grupo paramilitar asesinó a las mujeres, porque supuestamente Alfonso Hilsaca Eljaude las acusó de ser ladronas” agrega la Sala. Además, la Sala de Justicia y Paz pide a la Fiscalía fortalecer los procesos de documentación e investigación de posibles crímenes en contra de trabajadoras sexuales en el marco del accionar de estos grupos paramilitares. En ese sentido, la sentencia ordena a la Fiscalía diseñar un registro de víctimas del conflicto armado por violencia contra trabajadoras sexuales o explotación de este tipo. También, solicita a los despachos fiscales de Justicia Transicional incorporar un enfoque de violencia de tipo sexual, en el que se incluyan a las trabajadoras de este tipo y a los menores que hayan sido explotados por esta misma causa. Adicionalmente, pide que se “diseñe y ejecute con los funcionarios de los despachos Fiscales de Justicia y Paz un protocolo para la atención y asesoría a víctimas mujeres trabajadoras sexuales y menores explotadas sexualmente” en los que se pueda orientar a las víctimas, identificar sus casos y promover su participación en los procesos de Justicia y Paz. Finalmente, entre algunas de las conclusiones que pudo establecer esta sala acerca de los crímenes cometidos en contra de estas mujeres se destaca que varios de esos delitos de realizaron en el marco de las políticas paramilitares de "limpieza social" y "justicia privada" ya que, en diversos casos, se estableció que los comandantes de estos grupos armados obligaban a estas mujeres a practicar la diversidad tipos de vejámenes en contra de su voluntad.