En entrevista en Mañanas Blu, el concejal de Bogotá Julián Uscátegui hizo una grave denuncia sobre la existencia de explotación sexual comercial en establecimientos conocidos como "amanecederos", que operan bajo la fachada de sedes sindicales para evadir el control de las autoridades.Uscátegui señaló que esta problemática es especialmente grave en zonas residenciales de Bogotá, donde los amanecederos se establecen gracias a un uso indebido de la figura de sindicatos. "Nos están metiendo esos establecimientos de comercio con todo tipo de expendio, consumo de alcohol, estupefacientes, oferta de servicios sexuales", declaró el concejal, quien destacó que estos lugares generan problemas de ruido, riñas y prostitución, lo que afecta la convivencia en estas áreas.Según Uscátegui, cerca de 100 rumbeaderos se disfrazan de sedes sindicales, lo que les permite operar sin restricciones, ya que las autoridades locales y la Policía no pueden ingresar. "El Ministerio del Trabajo es la única entidad que podría intervenir, pero hasta el día de hoy brillan por su ausencia", añadió.Dónde están los amanecederos en BogotáLa mayoría de estos establecimientos clandestinos se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y Teusaquillo, aunque Uscátegui asegura que hay un subregistro significativo y que este problema está presente en las 20 localidades de Bogotá.El concejal explicó que estos bares clandestinos funcionan como amanecederos, operando hasta altas horas de la mañana, lo que facilita que personas salgan a buscar estos lugares después del cierre de los bares legales. "Cuando se acaba la rumba a buscar este tipo de amanecederos y terminan 7:00, 8:00, o 9:00 de la mañana. Incluso tenemos gente que denuncia salir a trabajar un jueves, un viernes y se encuentra con personas borrachas después de consumir drogas o con personas que ofertan este tipo de servicios sexuales pagos frente a sus casas", expresó.Alerta por menores de edadUna de las denuncias más alarmantes es la posible presencia de menores de edad en estos establecimientos. "Hemos recibido información de que la oferta sexual incluye a mujeres y niñas menores de edad", afirmó Uscátegui, quien urgió a las autoridades a investigar esta situación.Finalmente, el concejal hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que tome medidas más estrictas y cierre estos establecimientos que, bajo la fachada de sedes sindicales, operan sin control. "Se necesitan sanciones más fuertes que permitan cerrar estos establecimientos permanentemente y no permitir el abuso de la figura de sedes sindicales", concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Un peligroso delincuente tenía un prostíbulo en el municipio de Tocaima en Cundinamarca, un hombre identificado como Felipe Arturo Uribe Santos de 57 años, quien fue capturado por el delito de proxenetismo y puesto a disposición de la autoridad legal competente. En el momento de la captura, el hombre lloró para que no lo sacaran esposado.Dentro de la investigación, de acuerdo con las autoridades, se pudo evidenciar que este señor contactaba a sus víctimas por redes sociales, como es el caso de tres menores que se encontraron dentro de la casa donde funcionaba este lugar. Estas tres niñas, que estaban allí bajo amenazas, fueron engañadas junto a otras dos mujeres, con falsos ofrecimientos laborales.Fue gracias a una denuncia de un ciudadano que la Policía finalmente llegó hasta la vivienda, hizo un allanamiento y encontró a las tres niñas de 14, 15 y 16 años, quienes fueron atendidas por la comisaría de familia para la restauración de sus derechos.El modus operandi del delincuente era engañar a mujeres en barrios de escasos recursos de la ciudad de Ibagué, Tolima, en donde les ofrecían diferentes ofertas laborales, y posteriormente las llevaban hasta el municipio de Tocaima, con fines de instrumentalización.Más casos en CundinamarcaA la cárcel alias ‘El Paisa’, sicario que atentó contra la vida de concejal en GirardotLa Fiscalía de Cundinamarca logró que un juez enviara a la cárcel a Daniel Esteban Bosa Gómez, alias 'El Paisa', sicario presuntamente responsable de atentar contra la vida de un concejal en Girardot, Cundinamarca. Tras el análisis de cámaras de seguridad, las autoridades lograron establecer que este hombre sería el responsable de disparar contra la vida del concejal.Según se logró determinar debido a la investigación, este hombre aparentemente en compañía de otra persona, habría seguido el vehículo en el que se movilizaba el concejal para luego cometer el ataque que le ocasionó heridas al político.
La Policía Nacional, en colaboración con la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) y la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo la captura de dos mujeres apodadas "La Madame" y "La Matrona", acusadas de dedicarse al proxenetismo. Las detenciones se realizaron en el marco de un proceso investigativo que incluyó labores judiciales minuciosas. "La Madame", de 26 años, fue localizada en la calle 89 con carrera 25 del barrio Diamante II en Bucaramanga. Se le notificó la orden de captura emitida por un juzgado, por los delitos de proxenetismo con menor de edad, estímulo a la prostitución de menores, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según las autoridades, "La Madame" se dedicaba a engañar mujeres para explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. Utilizaba redes sociales y páginas web de contenido sexual para ofrecer sus servicios, incluyendo la venta de estupefacientes. Simultáneamente, se logró la captura de "La Matrona", de 38 años, acusada de proxenetismo con menor de edad, estímulo a la prostitución de menores y pornografía con menor de edad. "La Matrona" administraba un establecimiento de lenocinio e inducía a sus propias hijas a la explotación sexual para lucrarse.Durante el operativo de captura de "La Matrona", se rescataron siete mujeres y se restablecieron los derechos de una bebé de cinco meses, hija de una de las mujeres rescatadas.Ambas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Tras ser presentadas ante la autoridad competente, un juez dictó medida de detención intramural en un centro carcelario para "La Madame" y detención domiciliaria para "La Matrona".
El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la sentencia de 10 años de cárcel para los policías Jerson Jair Castellanos y Wilmer Torres por su participación en la red conocida como la "Comunidad del anillo", que promovía prácticas de prostitución dentro de la institución.“Analizadas las pruebas en juicio, con base en las reglas de la sana crítica, se advierte que la conducta de los procesados se adecuó al tipo penal por el que fueron acusados. Se probó que los acusados, en uso de la superioridad jerárquica sobre las víctimas, las constriñeron para salir de la Escuela e ir a sitios, en un contexto sexual, a cambio de dinero o dádivas”, dice el fallo del tribunal.Según la investigación de la Fiscalía, durante 2005 y 2006, el entonces coronel Castellanos, quien ejercía como jefe de seguridad en el Congreso de la República, visitaba la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander para entablar relaciones con jóvenes y ganar su confianza. A través de regalos y salidas, los persuadía hacia actividades sexuales. Cinco alféreces, bajo amenazas, se vieron involucrados con Castellanos, quien recibió la pena de prisión por un juez en Bogotá.Por otro lado, el coronel Wilmer Torres, quien ocupaba el cargo de mayor en ese entonces, abusó de su autoridad como jefe de sección en la General Santander para intimidar a las víctimas y facilitar su salida de las instalaciones de la escuela, permitiendo así los encuentros sexuales auspiciados por Jerson Castellanos. Los abogados de los policías tienen la opción de apelar la decisión mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Mujeres de distintas nacionalidades de América Latina representan la mayor parte de quienes se encuentran en situación de prostitución en España, según un informe presentado este lunes.En España hay entre 25.000 y 30.000 personas en situación de prostitución, la mayoría mujeres, de acuerdo a una investigación de la asociación especializada In Género, que calcula que existen alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se practica.Esta asociación, que atiende a víctimas de trata y explotación sexual y a personas en situación de prostitución, elaboró el informe a partir de más de 4.500 cuestionarios.La mayoría de las personas atendidas por la asociación en 2023 tenían entre 23 y 42 años (76,8 %), seguidas de las que tenían entre 43 y 79 (18 %) y entre 18 y 22 años (5,2 %). La media se situó en los 35 años.También una mayoría eran extranjeras: colombianas (29,1 %), paraguayas (15,5 %), dominicanas (13,4 %), venezolanas (7,8 %), rumanas (7 %), brasileñas (6 %), ecuatorianas (3,3 %), peruanas (2,5 %) y cubanas (1,9 %). El 4,5 % eran españolas.Un 36,9 % se encontraba en situación administrativa irregular, un 53,7 % regular, el 2,7 % tenía visado turístico y el 6,7 % estaba tramitando su documentación.El 63,2 % de las personas atendidas afirma que llegaron a España con un objetivo distinto de la prostitución, mientras que el 36,8 % restante sí sabía que lo haría.Las fuerzas de seguridad informan de forma recurrente de casos de mujeres en situación vulnerable en países de América Latina que son captadas para que viajen a España con engaños de un trabajo y luego son explotadas sexualmente.El 40 % lleva menos de un año en contextos de prostitución, el 21,5 % entre uno y tres años, el 13,3 %, entre cinco y diez años y un 12 % más de una década.Más del 95 % de las personas en contextos de prostitución tienen cargas familiares y alrededor de un tercio de ellas ha recurrido a los servicios sociales, mientras que un 47,8 % ni siquiera los conoce.
El decreto que restringe, durante 6 meses, la oferta y demanda de la prostitución en zonas como el Parque Lleras, el parque del Poblado, La Presidenta y Provenza en Medellín no ha hecho que las personas que se dedican a ello tengan otras actividades económicas, sino que, por el contrario, las ha desplazado a zonas aledañas donde continúan ejerciéndolo, según denuncia la ciudadanía.Si bien esta medida fue tomada por el alcalde Federico Gutiérrez para buscar controlar la explotación sexual y comercial de niños y mujeres en El Poblado, lo cierto es que no ha generado un impacto de reducción.Mary Luz López, escritora y activista por la abolición de la prostitución, e integrante de Casa Lulú, entidad que trabaja con esta población, indicó que confía en que esta Administración sí busque alternativas reales para estas mujeres, pero reiteró que tienen derechos.“Hay que abordar la problemática porque ellas tienen garantías, ellas merecen, al menos sus derechos que sean respetados. Yo no romantizo la prostitución como trabajo, para mí es una violencia. Entonces las vamos a terminar corriendo a diferentes espacios, pero no se le van a garantizar los derechos. Va a seguir la problemática, entonces hay que abordar esa problemática, pero yo creo que se piensa, se piensa y se está pensando en eso”, detalló López.Y es que cuando fue expedido el decreto a inicios de este mes, la medida fue calificada por muchos como inconstitucional, ya que se escuda en la premisa de que hay redes dedicadas a la explotación de niños y adolescentes.Ahora bien, en su momento se indicó que a las mujeres no las pueden sancionar pues tienen derecho a trabajar, pero que lo que van a hacer desde la alcaldía es ofrecerles toda su oferta institucional; la promesa era que quienes sí serían sancionados son los que busquen estos servicios.Sandra Sánchez, secretaria de Inclusión Social y Familia, indicó que en el Distrito se viene trabajando en diferentes frentes con las mujeres que ejercen la prostitución.“Sabemos que el oficio es reconocido constitucionalmente en nuestro país. Nosotros lo que estamos trabajando es para entregar otras y nuevas y mejores oportunidades para estas personas que están en este oficio y lo estamos trabajando vía atención psicosocial en diferentes zonas del distrito y vía acercamiento de oportunidades para estas personas o para sus familias”, expuso la funcionaria.Finalmente López, reiteró que El Poblado es un barrio receptor de mujeres que ejercen la prostitución en otras zonas y que van a “rematar” su jornada en estos sectores, ante la alta afluencia de extranjeros.
A propósito de los anuncios del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para enfrentar la explotación sexual de menores en la ciudad, la psiquíatra Lucrecia Ramírez habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, acerca de las razones que llevarían a los hombres a pagar por sexo."Creo que en su cerebro, como en todas partes, hay un mensaje claro que la sociedad le viene dando durante siglos de que son los reyes de la creación, los más importantes y todo lo que está a su alrededor se puede instrumentar, usar e incluso comprar", expuso la experta.En ese sentido, afirmó que son "los puteros (quienes) han creado y mantenido el negocio". Sobre eso, afirmó creer "que no es un tema tan racional", pues "no responde a ninguna enfermedad". Por eso cuestionó "si le estaríamos haciendo la misma pregunta a las mujeres, pero (luego) llegan las cifras que muestran que la prostitución es un tema de puteros".Por esa misma vía, señaló que "la sociedad hace parte de la estructura que pone al servicio de los varones necesitados la prostitución" e indicó, además, que esto no pasa solo en este caso de relaciones sexuales, sino también "con otras esferas de la vida".Además, cuestionó la importancia, en referencia a este tema, de eventos como los reinados, pues estos, en su concepto, " son el lugar donde las mujeres se ponen en escena y eso hace parte de la gran sombrilla patriarcal que dice que -las mujeres- somos incluso para comprar" algo que, "para desnormalizar, hay que entender que hay que tocar la incontinencia masculina".
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció "medidas extraordinarias" para prevenir y mitigar la explotación sexual de menores con la firma de dos decretos para suspender por seis meses de "la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines"."A partir de hoy y por un término de seis meses se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público del área identificada en el decreto", declaró Gutiérrez en conferencia de prensa.El mandatario precisó que la medida aplica específicamente a lugares como el Parque El Poblado y el Parque Lleras y otras zonas aledañas, además de Provenza, sector popular por su oferta de bares y restaurantes, que dio nombre a una canción de la cantante Karol G y fue reconocido en 2022 como una de las calles "más cool" del mundo por la revista Time Out.Gutiérrez denunció que existe una red de trata de personas y explicó que tomó estas medidas por el "accionar" de estructuras criminales en estos lugares y la "problemática social" que se está presentando en este sector turístico de Medellín.A propósito del caso de las menores que presuntamente habrían sido abusadas por parte de un extranjero, en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Claudia Quintero, defensora de Derechos Humanos y gerente de la Fundación Empodérate, habló sobre la situación de las jóvenes afectadas y este tipo de turismo. Habló sobre el drama que viven las mujeres víctimas de explotación sexual, que además son víctimas de consumo de drogas y demás hechos aberrantes. En ese sentido, incluso habló de los servicios web cam. "Las mujeres que están en prostitución son víctimas, son víctimas de quienes consumen, son víctimas de las redes y son víctimas de un sistema que no les ofrece a las mujeres condiciones de equidad para poder vivir de una manera digna. Pero esto no quiere decir que no sea pertinente darles también a las mujeres mensajes que también a ellas las lleven a des normalizar la práctica de la prostitución. Porque muchas de las mujeres que están en prostitución, si no todas, llegan ahí de una manera que al principio no entienden, no saben, no creen que van a terminar siendo parte de una red de trata de personas", dijo. Sobre el papel de la política en las regulaciones de este tipo, fue enfática en decir que "la izquierda y la derecha se dan la mano en el burdel". Estadounidense hallado con dos menoresEl anuncio de los decretos lo hicieron tras encontrar el pasado jueves al turista estadounidense Timothy Alan Livingston en el hotel Ghotam en Provenza con dos niñas, de 12 y 13 años, para presuntamente abusar sexualmente de ellas, según reportaron las autoridades.El propio alcalde reveló que el estadounidense de 36 años, quien llegó a Medellín durante Semana Santa en un vuelo desde Fort Lauderdale, salió del país un día después de ser hallado con las menores, pues no pudo ser procesado por ningún delito, pero no descarta solicitar su extradición una vez avance la investigación.La directora de la seccional Medellín de la Fiscalía, Yiri Amado, detalló que este lunes las dos menores "están siendo escuchadas" para recopilar información.Reveló que una comisión de la Embajada de Estados Unidos "está acompañando en este momento al fiscal" porque "ellos también están muy interesados en poder judicializar a esta persona".Por último, aseguró que Livingston "había intentado ingresar en días anteriores (al hotel) también a dos menores de edad y no fue posible".De acuerdo con el Observatorio Trata de personas y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Ñiños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes, en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad en Medellín.Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó las medidas extraordinarias que se están tomando en la ciudad para combatir la explotación sexual y la trata de personas; una situación que se evidenció aún más luego de conocerse el caso de un extranjero que entró a un hotel en compañía de dos menores de edad. El hombre fue denunciado por estos hechos, pero salió del país a Estado Unidos.Una de las medidas más destacadas es la prohibición de la demanda y oferta de servicios sexuales entre zonas de la ciudad. Villa detalló que se trata de una medida temporal, con una duración de seis meses, que busca limitar y prohibir estas actividades en territorios específicos identificados como focos de explotación sexual.El secretario aclaró que la prostitución en Colombia es legal y permitida, pero la medida se enfoca en perseguir a aquellos que están involucrados en delitos como el proxenetismo, la trata de personas y la explotación de menores. Así, insistió que en algunas zonas de Medellín se ha “incrementado este fenómeno debido al control territorial” de las estructuras criminales.“¿En qué consiste esa medida? Un decreto por medio del cual se suspende temporalmente, son seis meses, la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines, ¿qué quiere decir eso? Se limita o se prohíbe en un determinado territorio y durante los seis meses, tanto la oferta como la demanda de servicios sexuales. Ahora bien, el mismo decreto tiene una diferencia en el enfoque (…) Tenemos que saber que en Colombia la prostitución, a la luz de la normatividad constitucional, es legal, es permitida. Lo que no es permitido es el proxenetismo, la trata de personas, la explotación, la instrumentalización sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”, indicó.Además de la prohibición, se busca brindar apoyo y acompañamiento a las personas involucradas en la prostitución, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad. La Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Inclusión Social trabajarán en conjunto para proporcionar asistencia psicosocial, técnica y ayudar a buscar nuevos proyectos de vida.Villa enfatizó que estas medidas son parte de una estrategia integral y de largo plazo, y que la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas debe ser una prioridad en la sociedad. Además, se están llevando a cabo investigaciones y se está trabajando en coordinación con la Embajada de Estados Unidos para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.En cuanto a la situación en Medellín, Villa mencionó que se han detectado redes de proxenetas que utilizan plataformas digitales y redes sociales para promover el turismo sexual en la ciudad. Las autoridades están investigando activamente estas redes y buscando formas de desarticularlas.El secretario de Seguridad también se refirió al reciente caso del ciudadano estadounidense encontrado con dos menores de edad en un hotel de Medellín. Villa aseguró que se está trabajando para que el responsable pague por sus acciones y que se investigarán posibles irregularidades por parte del hotel que permitió que ingreso.
En una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, Valery P. Ramírez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia, expresó la posición del sindicato ante la reciente medida de prohibición de la oferta y demanda de actividades sexuales en El Poblado, Medellín. También explicó el origen de su apellido."La P es el apellido paterno, pero lo suprimí por un tiempo, ya que siempre nos mencionan con el apellido masculino de nuestro padre, entonces, como que también le estoy dando alusión a mi apellido femenino al apellido materno. Entonces aunque exista el parra lo suprime y me llamo Valery P. Ramírez"; dijo.Ramírez fue enfática en rechazar los delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, afirmando que el sindicato está comprometido en combatir y identificar estas bandas delictivas teniendo en cuenta el caso del estadounidense que fue sorprendido con dos menores en un hotel de Medellín."Claro, me sorprenden y desde mi pensar y desde el sindicato, también en nombre de muchas organizaciones que trabajamos en pro de los derechos humanos, de la del trabajo sexual y la regulación, rechazamos los delitos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Nosotras estamos también cómo nos articulamos para perseguir estas bandas", resaltó.La medida que prohíbe la oferta y demanda de actividades sexuales en El Poblado ha generado controversia en la comunidad y entre los sectores involucrados en esta industria. Ramírez, en representación del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia, hizo hincapié en la importancia de abordar el tema de manera integral, respetando los derechos de las personas que ejercen esta actividad de forma consensuada y segura.Aunque aseguró que eso es una realidad que viene pasando desde hace mucho tiempo, según ella, ellas como trabajadoras sexuales y como organizaciones sociales, no tienen la culpa de este delito. Además asegura que esta nueva acción del decreto de la alcaldía no da solución a esta problemática. Simplemente es una "acción punitivista y criminaliza que persigue a las personas que estamos detrás de este ejercicio", aseguró. También contestó la pregunta en la que se cuestionó si las bandas criminales se aprovechan de la situación actual del país, porque la prostitución es a nivel nacional y no tiene una regulación. "Aunque que la prostitución no es criminalizada y es legal siempre y cuando sea voluntaria. Como no hay una regularización, se aprovechan las bandas criminales para seguir violentando, para seguir discriminando, para seguir usando nuestras humanidades. Y como no hay algo a la cual acogernos para poder exigir, se respeten nuestros derechos humanos, esto sigue acrecentando", dijoY agregó "Entonces, esta acción del alcalde no es la más efectiva porque aquí está criminalizando y persiguiendo a las los y trabajadores sexuales, pero no está involucrando a los actores de los delitos. Aquí no está persiguiendo a las bandas criminales, sino que está desplazando el libre desarrollo o circulación del sector de las trabajadoras sexuales", enfatizó.El sindicato se comprometió a seguir luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales, al mismo tiempo que busca formas de colaborar con las autoridades para combatir la explotación sexual de menores y adolescentes. La presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia concluyó destacando la necesidad de un enfoque integral y respetuoso hacia esta realidad en la ciudad.Finalmente, Ramírez mencionó la falta de regulación, de los famosos catálogos que ofrecen los hoteles con servicios sexuales de chicos, chicas, inclusive niños y niñas y de lo que aporta, según ella, la prostitución a la economía del país."Dejemos bien claro que aunque el país le molesta la prostitución y el ejercicio del trabajo sexual, no es un secreto que esto mueve la economía del país y más aquí en la ciudad de Medellín. Nosotros, las trabajadoras sexuales, hacemos parte de la cadena de la economía y aportamos al crecimiento de la ciudad. Entonces no le están dando la atención necesaria para poder proteger las vidas y dar solución a esta problemática, sino que quieren criminalizar y quieren abolir esta profesión", concluyó.Le puede interesar:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.