La justicia española pide penas de hasta 32 años de cárcel a seis acusados por engañar a mujeres en Colombia entre 2014 y 2019 que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse en lugares en los que también se ofrecían drogas.Los seis procesados se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados en la isla de Mallorca (Mediterráneo), donde se enfrentarán a penas solicitadas por el ministerio público que oscilan, según el grado de participación, entre los 3 y los 32 años y cuatro meses de cárcel.La Fiscalía pide para la principal acusada una pena de 32 años y cuatro meses de prisión por presuntamente captar y prostituir a mujeres a las que hacía creer que habían contraído una deuda.Según el escrito de acusación, se dedicaba, mediante contactos con personas de su confianza asentadas en Colombia, a traer a España a chicas jóvenes desde el país sudamericano a las que ofrecía facilidades a las víctimas para el viaje y falsas promesas de mejoras en sus vidas.Una vez en España, aprovechándose de que no tenían contactos ni papeles, las forzaba a prostituirse para pagar el coste de su viaje.La Fiscalía detalla que las condiciones en que se encontraban las víctimas eran abusivas, "cercanas a la esclavitud", puesto que debían estar disponibles 24 horas todos los días a la semana, dar lo que ganaban hasta haber saldado su deuda y permanecer en el piso que les asignaban durante al menos dos meses.Otro de los acusados se encargaba de que hubiera drogas a disposición de los individuos que pagaban por estar con las víctimas.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, advirtió en Mañanas Blu 10 AM, de Blu Radio, que lo que sucede en el Parque Lleras no se reduce a problemas de orden público o estéticos, sino a un entramado mucho más profundo ligado a mafias y crimen organizado con alcance transnacional.“Lo que estamos enfrentando es mafia, crimen organizado. El problema real en el Parque Lleras es lo que hay detrás: crimen, lavado de dinero y presencia de estructuras de crimen organizado con alcance trasnacional”, señaló el funcionario.Villa aseguró que la ciudadanía no dimensiona la magnitud del fenómeno, en una zona que fue símbolo de turismo y vida nocturna, pero que terminó en manos de estructuras criminales. “Cada estructura tenía una zona. No es prostitución libre y espontánea, son organizaciones que controlan ese ejercicio, lo que raya con trata de personas y explotación. Incluso, algunos establecimientos comerciales tenían piezas y túneles secretos”, explicó.El secretario recordó que los informes de inteligencia fueron trasladados a la Fiscalía, lo que ha permitido incautaciones de droga y capturas de integrantes de estas redes. Sin embargo, sostuvo que no es suficiente. “Cuando empezamos con estos golpes y a denunciar, lo que pedimos es seguir avanzando. No basta con capturar”, subrayó.Villa también reveló que la corrupción ha facilitado la expansión de estas estructuras. “Eso no puede pasar de manera libre y espontánea, tiene que tener muchos actores. De hecho, de momento, se capturó a quien era comandante de la estación de Policía de El Poblado”, advirtió.En sus palabras, lo que ocurre en el Parque Lleras debe entenderse como un fenómeno económico-criminal de fronteras, que exige la acción conjunta de las autoridades locales, nacionales e internacionales para recuperar el control de este icónico sector de Medellín.
En Barranquilla fue capturada una mujer por presuntamente prostituir a su nieta de 13 años. Según la denuncia, la mujer de 55 años recibía dinero por parte de un profesor para sostener relaciones sexuales con la niña. El docente fue el primero en ser capturado y enviado a la cárcel. Sobre los delitos por los que deberá responderUn juez de control de garantías le imputó los delitos de proxenetismo con menor de edad, acceso carnal violento y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, todos agravados.La mujer es señalada de, presuntamente, vender a su nieta de 13 años al coordinador de un colegio en el suroccidente de Barranquilla, quien también es profesor universitario.La mujer no aceptó los cargos y está a la espera de la audiencia de medida de aseguramiento que será realizada el próximo miércoles 23 de julio.Por estos mismos hechos, ya fue enviado a la cárcel, por lo menos mientras se cumple el juicio en su contra, el coordinador y profesor universitario Pablo Rambal Pacheco, al que la Fiscalía imputó por su presunta responsabilidad en el abuso de la menor.Como se ha informado, una enfermedad de transmisión sexual detectada a la víctima fue la que alertó a los médicos, y más tarde a las autoridades, sobre el aberrante abuso al que había sido sometida esta adolescente, al parecer, por parte del mencionado profesor, tras haber sido vendida, supuestamente, por su propia abuela materna.El maestro es señalado de valerse de su condición de directivo docente para, presuntamente, ofrecerle dinero a la familiar de la niña de 13 años, a cambio de sostener encuentros sexuales con la menor, abusos que se habrían repetido una y otra vez, entre diciembre de 2024 y febrero de este año, en la misma casa del docente.Este medio conoció que, incluso, en una ocasión, presuntamente la abuela de la niña habría recibido un pago de 1 millón de pesos por permitir los encuentros sexuales con su nieta.
El Distrito continúa con los operativos para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. En una nueva jornada de Inspección, Vigilancia y Control realizada en la localidad de Tunjuelito, las secretarías de Salud y Seguridad, en compañía de la Policía Nacional, encontraron varias casas de lenocinio y bares que operaban sin corregir irregularidades previamente identificadas.La situación ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes señalan los riesgos sanitarios y el incumplimiento de las normas vigentes como una amenaza para la comunidad.Sancionan establecimientos por violar normas sanitarias y comercialesDurante la jornada del sábado 12 de julio, se intervinieron dos bares y dos casas de lenocinio ubicadas en los barrios San Carlos, San Vicente y El Tunal. Como resultado, se impusieron sanciones que incluyeron cierres temporales y acciones correctivas.El primer bar fue sellado por tener concepto sanitario desfavorable y por ofrecer servicios sexuales sin estar registrados oficialmente, lo que representa una infracción a los artículos 94-01 y 96-09 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. El establecimiento fue cerrado por seis días.El segundo bar presentó inconsistencias entre la actividad registrada ante la Cámara de Comercio y la que realmente ofrecía, razón por la cual fue sancionado con tres días de cierre.En cuanto a las casas de lenocinio, una fue clausurada por seis días por no cumplir con condiciones sanitarias adecuadas. La otra fue cerrada por tres días debido a irregularidades en su objeto comercial, según lo establecido en el artículo 92, numeral 16 del mismo código.Distrito insiste en el control a la ilegalidadCon estos operativos, las autoridades buscan proteger la salud pública, combatir la informalidad y asegurar el cumplimiento de las normas. Las condiciones sanitarias inadecuadas en espacios donde se prestan servicios sexuales representan un riesgo tanto para los trabajadores como para los usuarios.Desde la Alcaldía de Tunjuelito se reiteró el compromiso de seguir realizando este tipo de operativos de manera sistemática, priorizando sectores donde se han identificado conductas reiteradas de incumplimiento. Además, se advirtió que los establecimientos que no se ajusten a la normatividad seguirán enfrentando sanciones contundentes.
Un reciente y extenso reportaje de la BBC ha puesto en el foco internacional a Colombia como el mayor proveedor mundial de sexo a través de streaming, revelando una industria en auge con preocupantes ramificaciones. Según el informe, Colombia alberga unos 12.000 estudios profesionales dedicados a la producción de contenido sexual en vivo, empleando a una cifra estimada de 400.000 mujeres, más que cualquier otro país.Esta industria, que ha crecido de manera desproporcionada, carece de cualquier tipo de regulación en Colombia. Así es el cruel negocio de las webcam en ColombiaLos estudios, a menudo, son casas completas o pisos transformados, con cada habitación diseñada para aparentar ser el espacio personal de la modelo que transmite. Sin embargo, el reportaje subraya una explotación significativa, donde las modelos son obligadas a trabajar hasta 18 horas diarias bajo la vigilancia de cámaras de última tecnología, a pesar de contar con comodidades como spas y tratamientos cosméticos.Uno de los aspectos más alarmantes expuestos es la participación de menores de edad. La BBC encontró a chicas menores de 18 años en Medellín trabajando en esta industria, a quienes las empresas supuestamente proveen documentos falsos para que parezcan mayores de edad. Además de la ilegalidad de la participación de menores, las modelos a menudo son exigidas por los clientes para realizar actos perturbadores que no son necesariamente sexuales, como autolesiones o el uso de cuchillos sobre su cuerpo. Otro detalle inquietante es que muchos de estos estudios están diseñados con entornos infantilizados, con elementos como osos de peluche, a pesar de ser cabinas de transmisión de contenido para adultos.A pesar de las graves acusaciones de explotación y falta de regulación, los empresarios del sector no tienen problema en dar la cara. El reportaje de la BBC entrevistó a Juan Carlos Rivera, quien dirige un negocio familiar con 800 de estos estudios. Rivera defiende el sistema, argumentando que permite a las modelos financiar la educación de sus hijos, comprar coches y casas, beneficiando no solo a las modelos sino también al país en general. El informe también destaca que no solo operan empresarios colombianos, sino que multinacionales con estudios en hasta 23 países distintos se han instalado en Colombia.Ante estas revelaciones, algunas de las principales plataformas de contenido para adultos mencionadas han emitido comunicados a la BBC sobre sus políticas de verificación de edad:BongaCams afirmó a la BBC que no permite la participación de menores de 18 años y que cierran las cuentas que incumplen esta norma. Aseguró que verifican las identificaciones en un sitio web del gobierno colombiano y que facilitan a las modelos sus contraseñas si abandonan un estudio para que puedan cerrar sus cuentas.Chaturbate declaró haber cesado categóricamente el uso de identificaciones falsas. Exige a las modelos enviar regularmente imágenes en vivo con identificaciones con foto emitidas por el gobierno, verificadas digital y manualmente. La plataforma sostiene que tiene un revisor por cada menos de diez emisoras y que el proceso de verificación de edad es continuo, revisándose constantemente cada transmisión.StripChat comunicó tener una "política de tolerancia cero con respecto a los modelos menores de edad" y que los artistas deben someterse a un "exhaustivo proceso de verificación de edad", utilizando equipos de moderación interna y servicios de verificación de terceros. Además, indicó que las cuentas recicladas no pueden usarse y que los cambios recientes en sus reglas exigen la presencia del titular de la cuenta en cada transmisión, lo que inhabilita las cuentas originales vinculadas a un estudio si la modelo se cambia a una nueva cuenta para trabajar de forma independiente.LiveJasmin no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.Escuche el informe completo aquí:
Capturan y envían a la cárcel a proxeneta venezolana que coordinaba red de explotación sexual en Medellín. La mujer engaña a jóvenes de Venezuela para que viajaran a Colombia, y una vez llegaban a la capital antioqueña las obligaba a ejercer actividades sexuales y de mendicidadLa mujer fue identificada como María Alejandra Brancho Sulbarán, de 40 años, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín.La proxeneta fue atrapada gracias a la denuncia de una mujer que fue obligada a ser parte de red de explotación sexual. La víctima narró que Brancho Sulbarán la contactó a ella y a su compañera sentimental por redes sociales y la indujo a viajar a Colombia para que supuestamente trabajara en una confitería.Sin embargo, cuando ambas mujeres llegaron a Medellín, fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures, donde Brancho Sulbarán las amenazó para que estas trabajaran en actos de mendicidad y en servicios sexuales en diferentes municipios del Oriente antioqueño.Finalmente, y luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres lograron escapar y denunciar a su proxeneta. Con el material probatorio en su contra, un fiscal le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Brancho Sulbarán por el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado por la mujer.
El Congreso de Perú prohibió a sus trabajadores el uso de minifaldas, pantalones cortos, pantalones vaqueros o 'jeans' y zapatillas, y les advirtió que "presentarse con vestimenta inadecuada constituye una falta que puede ser sancionada", reveló el Canal N de televisión.El medio señaló que estas restricciones se indicaron en un comunicado enviado al personal del Legislativo con el código de vestimenta que deberá usar durante el verano en el país andino.Agregó que el artículo 89 del reglamento interno de trabajo no permite el uso de esas prendas y señaló que sí se permitirá asistir con vestimenta "acorde a la estación, pudiendo prescindir del uso de saco y corbata".Al respecto, la congresista Susel Paredes, de la bancada progresista del Bloque Democrático Popular, declaró que esta medida le parece "increíble", ya que "es una prohibición que existía en los años 50" del siglo pasado."El tema no es cómo se visten las mujeres, el tema es como entre nosotros, entre todos, nos respetamos", enfatizó antes de afirmar que las personas "pueden vestirse como deseen, salvo la etiqueta propia de cada institución".En ese sentido, la congresista Paredes hizo unas graves denuncias en Mañanas Blu; aseguró que el nuevo código de vestimenta no es más que una distracción frente a serias acusaciones de una red de prostitución que opera dentro del Congreso. "La minifalda es una prenda que tiene más de 60 años. Es inconcebible discutir sobre su uso colisionando con el escándalo actual en el Congreso", afirmó la congresista. La situación se complica con el revelador acto de una extrabajadora del Congreso que fue asesinada poco después de denunciar la supuesta red de prostitución. Según Paredes, el liderazgo del Congreso, específicamente la oficina de Recursos Humanos, está implicado en este escándalo, dado que la directiva del código de vestimenta proviene de la oficina del presidente del Congreso. La congresista detalló que la Oficina de Recursos Humanos no actúa de forma independiente, sino que sigue órdenes del presidente del Congreso. "No podemos permitir que el foco de atención se desvíe de un delito tan grave hacia aspectos superficiales como el vestuario", añadió Paredes, al referirse a la gravedad de un posible intercambio de votos por favores sexuales en la práctica legislativa. La falta de definiciones claras sobre lo que constituye una minifalda es otro punto que ha generado controversia. "Un reglamento que no tiene sentido lógico, como el que solo menciona 'minifalda' sin especificar medidas, es preocupante en un contexto donde se investiga el uso de la prostitución en el Congreso", aseguró. Paredes afirmó que el manejo de este escándalo deberá pasar necesariamente por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ya que los congresistas tienen fuero, lo que complica las investigaciones edilicias. Escuche aquí la entrevista:
Autoridades propinaron un duro golpe a una red de trata de personas que operaba en Medellín y el Valle de Aburrá tras la captura en las últimas horas de su presunto cabecilla y otras dos mujeres que desempañaban ciertos roles en estos procesos.Se trata de alias ‘Juan David’, un hombre que fue sorprendido por el Grupo Investigativo Contra Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en una casa finca de la vereda El Hoyo en el municipio de Barbosa.Las investigaciones de las autoridades indican que ‘Juan David’ lideraba todo un entramado que se encargaba de captar mujeres de escasos recursos, ya fuera de manera virtual o presencial en zonas como el Parque Lleras en Medellín, para mediante engaños y falsas promesas laborales llevarlas desde la capital antioqueña a ciudades como Atenas y Tesalónica en Grecia donde eran sometidas y obligadas a prostituirse.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que la investigación nació a partir de denuncias de víctimas rescatadas, quienes afirmaron que las empezaban a someter a tratos inhumanos, a tal punto de esclavizarlas para que prestaran servicios sexuales con más de 30 hombres al día, incluso si tenían necesidades fisiológicas."La investigación nació a partir de la denuncia de varias víctimas, quienes fueron rescatadas de clubes nocturnos. Les hacían falsas promesas de empleo en el exterior principalmente en Grecia y una vez fuera del país, las víctimas eran despojadas de sus documentos personales y eran notificadas de deudas que superaban los 3.600 euros con la organización criminal", destacó el uniformado.Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien envió a alias 'Juan David' y a una de las mujeres a diferentes centros carcelarios con medidas de aseguramiento privativas de la libertad y a la otra la cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria.La Fiscalía les imputó cargos a cada uno de los capturados con relación a su responsabilidad, por los delitos de trata de personas agravada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En una polémica decisión judicial, un juez en Bucaramanga ordenó la libertad de alias 'La negra', una mujer de 22 años de nacionalidad venezolana, capturada tras una serie de investigaciones que revelaron su presunta participación en una red de explotación sexual que ofrecía servicios a extranjeros mediante redes sociales.La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que 'La negra' reclutaba principalmente a jóvenes y menores de edad, a quienes, presuntamente, engañaba o prometía alojamiento y ayuda para integrarlas en una red de explotación. Según las autoridades, esta captación ocurría cerca de colegios y en barrios vulnerables de la ciudad.Además de la captación de jóvenes, alias 'La negra' organizaba el traslado y la promoción de los servicios sexuales, tanto en redes sociales como en un establecimiento de lenocinio ubicado en el barrio La Victoria, sitio donde se logró su captura.“La implicada operaba en diferentes sectores de la ciudad, donde contactaba a adolescentes y mujeres entre los 18 y 22 años, explotándolas a través de catálogos y redes sociales. En algunos casos hubo menores de edad”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Henry Yesid Bello Cubides.El operativo fue coordinado entre la Policía de Bucaramanga, la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y una organización estadounidense que facilitó la infiltración de agentes para recolectar pruebas contundentes contra 'La negra'.Pese a las acusaciones de proxenetismo con menores y la promoción de la prostitución a través de medios de comunicación, la mujer quedó en libertad mientras avanzan los procesos legales en su contra.
El Ministerio de la Igualdad promovió una mesa de diálogo en el que asistieron organizaciones regulacionistas de actividades sexuales pagas y “hombres dueños de estudios webcam, a los que llamaron empresarios del sexo”.Sara Jaramillo Gómez, coordinadora de la Fundación Empodérame, habló sobre esto en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y dijo que esto lo que hace es generar una alerta. "Desde la Dirección de Actividades Sexuales Pagas realizan 55 encuentros con lo que ellos llaman actores estratégicos y va uno a mirar quiénes son esos actores estratégicos y son dueños de burdeles, dueños de establecimientos, bares y plataformas web, escenarios donde la trata de personas está presente. Esto a nosotras nos prende todas las alarmas", enfatizó Jaramillo.Además, aseguró que llevan tiempo luchando contra el Ministerio de la Igualdad para que les presten atención y escuche a las mujeres sobrevivientes a la explotación sexual."Llevamos un año en una lucha contra el Ministerio de la Igualdad para que nos preste atención, para que escuche a las mujeres sobrevivientes, pero ha sido imposible. Ha sido una disputa tremenda. En el caso de esos actores estratégicos no son más que explotadores sexuales, personas que tienen todo el aparato para mercantilizar mujeres y niñas, que niegan la trata de personas en sus establecimientos", aseveró.Jaramillo cuestionó la agenda que el Gobierno nacional está manejando frente a la prostituciónprostitución."Es muy clara la agenda que está siguiendo el Gobierno nacional frente a la prostitución para regularizarla como un trabajo y, en vez de luchar por la dignidad de las mujeres, por la protección de las mujeres, que sabemos que quienes hoy están en prostitución en su mayoría son mujeres precarizadas, mujeres, inmigrantes, mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema", enfatizó.Escuche la entrevista aquí:
Un árbitro fue suspendido en Bolivia por pitar un penal inexistente que provocó una reacción insólita: en protesta por la decisión, el portero dio la espalda al ejecutor y se plantó al lado de un poste, desde donde vio caer su valla.El juez central Carlos Arteaga fue suspendido "por un lapso de tiempo indefinido" a raíz de su polémica determinación, que se ha viralizado en redes sociales, dijo el viernes a la AFP un vocero de la Federación Boliviana de Fútbol.La situación ocurrió el domingo en el encuentro del torneo de ascenso boliviano que Atlético Independiente y Wilstermann Cooperativas disputaron en Cochabamba, sin la asistencia del VAR.A pocos minutos del final, cuando el juego iba empatado 2-2, Arteaga decretó un penal por una supuesta falta en un mano a mano entre el portero argentino Gustavo Tesonotte y un delantero rival.El juez sancionó "un penal inexistente en una jugada de disputa normal", una decisión que "ha incidido en el resultado final del partido", aseguró la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia al justificar la suspensión del referí.El fallo arbitral inmediatamente generó reclamos de los jugadores visitantes del Wilstermann, pero Tesonotte fue más allá y optó por ni siquiera intentar atajar el penal.El guardameta, de 28 años, se puso de espaldas al delantero Ernesto Adiri, se ubicó en la esquina del arco junto al poste y dejó que su contrincante rematara sin ninguna resistencia.Cuando Adiri, de 24 años, anotó el gol que le dio la victoria 3-2 a Atlético Independiente, Tesonotte aplaudió mientras sus compañeros discutían con el árbitro."Me generó muchísima bronca", contó el arquero a Cadena 3 de Argentina tras el partido. Aseguró que la manera en que encaró el penal fue "en forma de protesta" y concertada con sus compañeros y el cuerpo técnico del club.
La Fiscalía General de la Nación avanzó este 23 y 24 de septiembre en los interrogatorios de los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.Las diligencias hacen parte de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde con su realidad financiera y contable.Por la campaña de Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares, quien se desempeñó como gerente, y Libardo Hinestroza Palacios, como contador. Por la campaña de Iván Cepeda fueron llamados Carlos Saúl Garzón, en calidad de gerente, y Sandra Yurany López Cortés, como contadora. Las dos personas vinculadas a la campaña de Corcho no se conectaron a la diligencia, por lo que sus interrogatorios deberán ser reprogramados.El propósito de estas actuaciones es contrastar las declaraciones de quienes tuvieron responsabilidades en el manejo y reporte de los recursos con los registros contables y los soportes recopilados durante la investigación. La Fiscalía busca establecer si los gastos, créditos y aportes registrados ante el CNE corresponden a la realidad financiera de las campañas y verificar quiénes fueron los verdaderos financiadores.Esta etapa se suma a las diligencias de Policía Judicial realizadas previamente. El pasado 15 de septiembre, servidores de la Dijín de la Policía Nacional, con autorización de un juez de control de garantías, realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble utilizado por el Pacto Histórico. Allí se buscó recopilar documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta.De manera paralela, la Fiscalía también adelanta verificaciones sobre la contabilidad de dos organizaciones privadas que están bajo investigación por la posible utilización como intermediarias para canalizar recursos de una eventual fuente prohibida o con un reporte irregular. En este componente fueron practicados nuevos interrogatorios a los 2 contadores de esas organizaciones, con el propósito de establecer el origen y manejo de los recursos que aparecen relacionados con la investigación.Con los interrogatorios y las demás diligencias, los fiscales continúan con el análisis de los documentos, registros contables, declaraciones y demás elementos recopilados. El objetivo será determinar si existieron inconsistencias en la información reportada ante el CNE o si se utilizaron recursos provenientes de una fuente prohibida.A partir de esos resultados, la Fiscalía establecerá por cuáles delitos existen elementos suficientes para avanzar hacia la imputación de cargos por las conductas que logren ser acreditadas durante la investigación.
Una investigación de la Policía permitió capturar en Bogotá a un exmilitar, señalado de haber retenido durante nueve días a su pareja sentimental y de someterla a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.El caso fue conocido el pasado 6 de septiembre, cuando la mujer ingresó a un hospital en el sur de la ciudad y manifestó que había permanecido contra su voluntad en un inmueble de la localidad de Kennedy. Según su relato, durante ese periodo fue sometida a agresiones por parte de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año, aunque nunca habían convivido.El señalado agresor es un exmilitar y permanecía constantemente en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Con estos elementos, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento para lograr su captura y recolectar elementos de prueba.Según la información conocida por las autoridades, el hombre habría utilizado diferentes mecanismos para mantener sometida a la mujer. Entre ellos estaría el suministro de gotas para dormir y la utilización de gas pimienta. La investigación también señala que el hombre habría utilizado el teléfono celular de la víctima para contactar a otras personas y hacerse pasar por ella, con el propósito de solicitarles dinero.Los relatos incorporados al caso describen además presuntas agresiones con elementos cortopunzantes. En uno de los episodios, el señalado victimario habría colocado la mano de la mujer sobre una mesa y clavado cuchillos entre sus dedos para posteriormente cauterizar las heridas.La víctima también denunció que el hombre utilizó un taladro eléctrico para arrancarle cabello y que, en otros momentos, la habría quemado con una pipa. Según su relato, además, le aplicaba alcohol directamente sobre las heridas abiertas.En cuanto a la violencia sexual, la mujer manifestó ante las autoridades que habría sido abusada sexualmente en diez ocasiones durante los nueve días que permaneció retenida. También aseguró que durante ese periodo el señalado agresor no le habría proporcionado alimentación adecuada.Tras su captura, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. La investigación continúa para establecer plenamente las circunstancias de los hechos y recaudar los elementos materiales probatorios correspondientes.
Cuando llegaron a Johannesburgo, unos supuestos turistas mexicanos explicaron a los agentes de migración que iban a descubrir los parques naturales sudafricanos para poder contemplar elefantes, rinocerontes, leones, leopardos y búfalos. En realidad, según la policía, eran químicos enviados por el cártel mexicano de Sinaloa para instalar un laboratorio de metanfetamina a escala industrial en el pueblo de Swartruggens, uno de los siete descubiertos en el sur de África en los últimos dos años.Los investigadores sospechan que este laboratorio forma parte de una red de esa organización para abastecer a Australia y Nueva Zelanda, los mercados de metanfetamina más lucrativos del planeta, con precios entre 65 y 100 veces más altos que en Estados Unidos.Cuando fue desarticulado en mayo, tenía capacidad de producir cinco toneladas al mes de esta droga sintética, que puede venderse al por mayor en Australia por más de mil millones de dólares, agregan estas fuentes.Devon Naicker, jefe de la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes de Sudáfrica, explica que están investigando si un cargamento incautado este año en el país oceánico procedía de Swartruggens, a dos horas y media de Johannesburgo.El hecho de que "pasó por el puerto de Durban", en la costa este de Sudáfrica, y la "manera en que estaba embalada" llevan a pensar que fue fabricada en esa instalación.Sudáfrica es el "lugar perfecto" para producir metanfetamina, declaró a la AFP una fuente de seguridad.Cuenta con enormes extensiones en las que ocultar los laboratorios, conexiones marítimas y aéreas a nivel mundial y "corrupción, que desempeña un papel importante", señaló.Además, casi un tercio del comercio nacional se realiza con China e India, de donde proceden los productos químicos esenciales para fabricar metanfetamina.La policía australiana confirmó a la AFP que había detectado "un aumento del interés de los carteles mexicanos en el mercado de drogas ilícitas de Australia".No obstante, "debido a la sensibilidad de las operaciones, no comentaremos sobre los carteles mexicanos que operan en Sudáfrica", añadió.El contrabando parece no limitarse a la vía marítima. En enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney, en un vuelo procedente de Sudáfrica, con 39 kilos de metanfetamina en polvo en su equipaje.En Australia, "la metanfetamina es la droga ilícita más consumida" detrás del cannabis, según un informe de 2024 elaborado por la agencia antidroga estadounidense DEA y las policías de ese país y Nueva Zelanda.Estos dos cuerpos de seguridad ya habían establecido con anterioridad que secciones locales de la banda de moteros Comancheros se abastecían de drogas del cártel de Sinaloa.La huella mexicanaLas diferentes investigaciones policiales en curso empiezan a arrojar luz sobre la cadena de suministro que el cartel mexicano ha tejido en el sur de África para satisfacer la demanda australiana.El mismo modus operandi se observa en Nigeria, en el oeste de África, donde este año fueron arrestados cuatro mexicanos durante redadas en laboratorios de metanfetamina.En Sudáfrica, la cifra de arrestados mexicanos se eleva a 16 desde 2024. El primer laboratorio con estas características se descubrió en 2020 en la localidad agrícola de Marble Hall, al noreste de Johannesburgo.Cuando se produjo la redada en Swartruggens en mayo, la enorme magnitud de la operación ya apuntaba claramente al sindicato de Sinaloa.Cinco de los 13 detenidos eran mexicanos, todos ellos químicos, según la policía. Habrían empezado a fabricar la droga poco después de llegar en marzo de 2025 con visados turísticos de tres meses.También arrestaron a dos mozambiqueños, un zimbabuense y cuatro sudafricanos, tres de ellos miembros de la familia afrikáner, propietaria de la extensa finca de caza donde se estableció el laboratorio.Los carteles "parecen acercarse a los agricultores que atraviesan dificultades", aunque no siempre es así, declaró a la AFP una fuente cercana al caso.La familia afrikáner compró la finca en 2024. Además, los padres se enfrentaban a un proceso judicial por alquilar terrenos en los que se fabricaba ilegalmente Mandrax, un sedante hipnótico para el mercado local."Huele realmente mal"Según la policía, estos laboratorios suelen encontrarse casi siempre en fincas aisladas pero con fácil acceso a las principales carreteras, lo que es el caso de Swartruggens."Necesitan un suministro continuo de productos químicos" para fabricar los precursores y también "sacar rápidamente la sustancia final del laboratorio", dijo Naicker, de la unidad antiestupefacientes.Eso implica "múltiples cargamentos que llegaban con camiones", señaló.El Cartel de Sinaloa utiliza el método P2P, basado en el compuesto fenil-2-propanona, hasta ahora desconocido en Sudáfrica, y productos químicos importados de China y la India, según afirmó otro agente."Pero la fabricación de los precursores huele realmente mal", declaró Naicker. "Se puede oler a kilómetros de distancia si el viento sopla en esa dirección", explicó.En agosto, la policía incautó cinco toneladas de disolventes, catalizadores y reactivos usados por los carteles en una redada en la frontera con Zimbabue, llevada a cabo con la ayuda de Estados Unidos.Previamente rastrearon un contenedor sospechoso que había entrado por el puerto de Durban hasta dar con cinco naves de almacenamiento llenas de productos químicos en Midrand, a medio camino entre Pretoria y Johannesburgo.Y a principios de este mes, desmantelaron un laboratorio a escala industrial que "parece una instalación mexicana" en una finca de Klipvoor, a unas tres horas al norte de Johannesburgo, explicó Naicker.Los grandes tanques encontrados allí, cada uno con una capacidad de varios cientos de litros, son otro indicio de la mano de los carteles."Se trata de equipamiento industrial, pero fabricado a mano. No se puede encontrar en ninguna tienda", afirmó una fuente cercana a la investigación."Creemos que traen a sus propios caldereros para construir todos estos tanques. Así de característico es", agregó.Enseñando a los localesEl general de brigada Naicker afirma que suelen llegar mexicanos de "alto nivel" para montar los laboratorios. Pero luego "dejan a otros mexicanos a cargo de la operación, personas con formación en química que entienden el proceso (...) para continuar con la fabricación de metanfetamina".A veces enseñan a los locales "cómo llevar a cabo la producción y solo venían a supervisarles", como en un laboratorio desmantelado en 2024 a 35 km de Johannesburgo, precisa.Una fuente de seguridad aseguró que los mexicanos detenidos "se encuentran en la parte inferior de la cadena" de mando, incluidos los arrestados en Swartruggens en mayo, aunque tuvieran conocimientos técnicos.Los cinco declararon a la policía que les vendaron los ojos y los tomaron como rehenes al llegar a Sudáfrica.Pero un investigador se burló de sus afirmaciones y replicó que "se les proporcionó todo lo que querían" para que su "estancia fuera cómoda". "¿Qué secuestrador va a dar a sus rehenes... comida y alcohol caros?"Laboratorios industriales en NigeriaEn Nigeria se observa un patrón similar. Una década después de que las autoridades creyeran haber expulsado a los carteles mexicanos, han comenzado a reaparecer laboratorios de metanfetamina presuntamente vinculados a los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.Como Sudáfrica, Nigeria cuenta con vastas extensiones de terreno remoto en las que ocultar los laboratorios, así como puertos y aeropuertos porosos por los que filtrar la mercancía.En mayo se desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina jamás descubierto en el país, en la zona rural del estado de Ogun.Tres mexicanos fueron detenidos acusados de estar vinculados a los cárteles, además de siete nigerianos. Otro mexicano fue detenido en una redada en junio en el estado de Oyo."La producción a escala industrial descubierta en los dos laboratorios confirma que su objetivo era el mercado internacional, especialmente Europa, el sudeste asiático y Oceanía", declaró a la AFP Femi Babafemi, portavoz de la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas.El laboratorio del estado de Ogun se encontraba en un bosque entre las aldeas de Abidagba y de Iroto. Sus residentes acogieron inicialmente con agrado a los forasteros."Escuchamos rumores de que iban a construir allí una urbanización", dijo Florence Banjo, de 59 años. "Me alegré porque por fin iban a asfaltar la carretera que conduce a nuestra aldea", pero "nos quedamos decepcionados"."Gran capacidad para corromper" Cinco de los 28 laboratorios de metanfetamina desarticulados en Nigeria desde 2016 tenían a mexicanos implicados, señaló Babafemi.Según él, los mexicanos aparecieron por primera vez hace una década. "Vinieron para transmitir sus conocimientos técnicos a sus colaboradores locales. Una vez que fueron expulsados, los colaboradores locales tomaron el relevo".La reactivación de los cárteles en África se debe, en parte, a la presión que ejercen sobre ellos Estados Unidos y los gobiernos regionales de América Latina, afirmó Babafemi."Debemos preocuparnos seriamente por la expansión" de estos grupos "fuera de su principal bastión", dice Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Grupos Armados No Estatales de la Brookings Institution.Según ella, África es "un entorno operativo propicio para los mexicanos, que tienen una gran capacidad para corromper a las personas".Su metanfetamina es mucho más potente y letal que la versión de la droga que solían introducir de contrabando en Australia los grupos criminales procedentes de China y Birmania, añade.En Mozambique, antes considerado un mero país de tránsito de las drogas, dos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Maputo, la capital, en abril.Posteriormente se encontró una gran cantidad de productos químicos utilizados para fabricar metanfetamina en el domicilio de su presunto cómplice local.Consumo localLa producción y el tránsito a gran escala de drogas sintéticas en África también fomentan su consumo local, lo que preocupa a las autoridades de Nigeria y del sur del continente."A menudo se paga a los intermediarios con drogas, en lugar de solo con dinero en efectivo, y posteriormente tienen que colocar ese producto en los mercados locales", afirmó Antonio De Vivo, jefe de la oficina de Maputo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).Paulo Ferrao, de 27 años, un exadicto que trabaja en un centro de desintoxicación cerca de Maputo, es testigo del daño que la metanfetamina cristalina está causando allí."Estamos recibiendo más casos relacionados con la metanfetamina, lo que significa que la heroína ya no es suficiente para quienes están detrás del tráfico de drogas", señaló Ferrao.
Un nuevo ambiente se respira este viernes en el centro de Cali, un día después de la denominada operación Iron, desarrollada durante la madrugada y que permitió, según las autoridades, la desarticulación de siete bandas delincuenciales que venían generando temor entre habitantes y comerciantes de este sector de la capital del Valle del Cauca.Tras el operativo, las autoridades comenzaron una serie de jornadas de intervención social enfocadas en la atención integral de la población habitante de calle. Actualmente, estos espacios permiten atender diariamente a cerca de 300 personas, con servicios orientados no solo a sus necesidades inmediatas, sino también a generar alternativas para quienes buscan superar la vida en las calles.Nigeria Rentería, de la Secretaría de Bienestar Social, explicó que las jornadas se intensificarán durante los próximos días y que la recuperación del centro de la ciudad será uno de los principales objetivos de esta estrategia.Le puede interesar: De La Espriella ordena traslado de personas capturadas durante operación Iron en Cali“Cuando hablamos de recuperar el centro de Cali, hablamos también de recuperar oportunidades, de mirar a las personas más allá de su situación actual, reconocer sus capacidades y acompañarlas en la construcción de nuevos caminos. La dignidad también se construye cuando acercamos los servicios a quienes los necesitan”, manifestó Rentería.La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad y por los propios beneficiarios, quienes encuentran en estos espacios oportunidades para avanzar en sus procesos de recuperación y reintegración social. Además de la atención integral, las jornadas buscan facilitar el acceso a oportunidades laborales para quienes están decididos a dejar atrás la vida en las calles.“Para mí es muy importante ver como la Alcaldía hace todo esto por nosotros, ya que a veces nos sentimos olvidados y discriminados, me siento agradecido por los servicios brindados hoy”, dijo uno de los beneficiarios. Aunque por ahora las intervenciones están concentradas en el centro de Cali, la estrategia contempla llegar posteriormente a otros sectores de la ciudad, especialmente a puntos estratégicos del oriente, donde también se han identificado problemáticas asociadas a la presencia de habitantes de calle y a dinámicas de inseguridad.
