La justicia española pide penas de hasta 32 años de cárcel a seis acusados por engañar a mujeres en Colombia entre 2014 y 2019 que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse en lugares en los que también se ofrecían drogas.Los seis procesados se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados en la isla de Mallorca (Mediterráneo), donde se enfrentarán a penas solicitadas por el ministerio público que oscilan, según el grado de participación, entre los 3 y los 32 años y cuatro meses de cárcel.La Fiscalía pide para la principal acusada una pena de 32 años y cuatro meses de prisión por presuntamente captar y prostituir a mujeres a las que hacía creer que habían contraído una deuda.Según el escrito de acusación, se dedicaba, mediante contactos con personas de su confianza asentadas en Colombia, a traer a España a chicas jóvenes desde el país sudamericano a las que ofrecía facilidades a las víctimas para el viaje y falsas promesas de mejoras en sus vidas.Una vez en España, aprovechándose de que no tenían contactos ni papeles, las forzaba a prostituirse para pagar el coste de su viaje.La Fiscalía detalla que las condiciones en que se encontraban las víctimas eran abusivas, "cercanas a la esclavitud", puesto que debían estar disponibles 24 horas todos los días a la semana, dar lo que ganaban hasta haber saldado su deuda y permanecer en el piso que les asignaban durante al menos dos meses.Otro de los acusados se encargaba de que hubiera drogas a disposición de los individuos que pagaban por estar con las víctimas.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, advirtió en Mañanas Blu 10 AM, de Blu Radio, que lo que sucede en el Parque Lleras no se reduce a problemas de orden público o estéticos, sino a un entramado mucho más profundo ligado a mafias y crimen organizado con alcance transnacional.“Lo que estamos enfrentando es mafia, crimen organizado. El problema real en el Parque Lleras es lo que hay detrás: crimen, lavado de dinero y presencia de estructuras de crimen organizado con alcance trasnacional”, señaló el funcionario.Villa aseguró que la ciudadanía no dimensiona la magnitud del fenómeno, en una zona que fue símbolo de turismo y vida nocturna, pero que terminó en manos de estructuras criminales. “Cada estructura tenía una zona. No es prostitución libre y espontánea, son organizaciones que controlan ese ejercicio, lo que raya con trata de personas y explotación. Incluso, algunos establecimientos comerciales tenían piezas y túneles secretos”, explicó.El secretario recordó que los informes de inteligencia fueron trasladados a la Fiscalía, lo que ha permitido incautaciones de droga y capturas de integrantes de estas redes. Sin embargo, sostuvo que no es suficiente. “Cuando empezamos con estos golpes y a denunciar, lo que pedimos es seguir avanzando. No basta con capturar”, subrayó.Villa también reveló que la corrupción ha facilitado la expansión de estas estructuras. “Eso no puede pasar de manera libre y espontánea, tiene que tener muchos actores. De hecho, de momento, se capturó a quien era comandante de la estación de Policía de El Poblado”, advirtió.En sus palabras, lo que ocurre en el Parque Lleras debe entenderse como un fenómeno económico-criminal de fronteras, que exige la acción conjunta de las autoridades locales, nacionales e internacionales para recuperar el control de este icónico sector de Medellín.
En Barranquilla fue capturada una mujer por presuntamente prostituir a su nieta de 13 años. Según la denuncia, la mujer de 55 años recibía dinero por parte de un profesor para sostener relaciones sexuales con la niña. El docente fue el primero en ser capturado y enviado a la cárcel. Sobre los delitos por los que deberá responderUn juez de control de garantías le imputó los delitos de proxenetismo con menor de edad, acceso carnal violento y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, todos agravados.La mujer es señalada de, presuntamente, vender a su nieta de 13 años al coordinador de un colegio en el suroccidente de Barranquilla, quien también es profesor universitario.La mujer no aceptó los cargos y está a la espera de la audiencia de medida de aseguramiento que será realizada el próximo miércoles 23 de julio.Por estos mismos hechos, ya fue enviado a la cárcel, por lo menos mientras se cumple el juicio en su contra, el coordinador y profesor universitario Pablo Rambal Pacheco, al que la Fiscalía imputó por su presunta responsabilidad en el abuso de la menor.Como se ha informado, una enfermedad de transmisión sexual detectada a la víctima fue la que alertó a los médicos, y más tarde a las autoridades, sobre el aberrante abuso al que había sido sometida esta adolescente, al parecer, por parte del mencionado profesor, tras haber sido vendida, supuestamente, por su propia abuela materna.El maestro es señalado de valerse de su condición de directivo docente para, presuntamente, ofrecerle dinero a la familiar de la niña de 13 años, a cambio de sostener encuentros sexuales con la menor, abusos que se habrían repetido una y otra vez, entre diciembre de 2024 y febrero de este año, en la misma casa del docente.Este medio conoció que, incluso, en una ocasión, presuntamente la abuela de la niña habría recibido un pago de 1 millón de pesos por permitir los encuentros sexuales con su nieta.
El Distrito continúa con los operativos para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. En una nueva jornada de Inspección, Vigilancia y Control realizada en la localidad de Tunjuelito, las secretarías de Salud y Seguridad, en compañía de la Policía Nacional, encontraron varias casas de lenocinio y bares que operaban sin corregir irregularidades previamente identificadas.La situación ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes señalan los riesgos sanitarios y el incumplimiento de las normas vigentes como una amenaza para la comunidad.Sancionan establecimientos por violar normas sanitarias y comercialesDurante la jornada del sábado 12 de julio, se intervinieron dos bares y dos casas de lenocinio ubicadas en los barrios San Carlos, San Vicente y El Tunal. Como resultado, se impusieron sanciones que incluyeron cierres temporales y acciones correctivas.El primer bar fue sellado por tener concepto sanitario desfavorable y por ofrecer servicios sexuales sin estar registrados oficialmente, lo que representa una infracción a los artículos 94-01 y 96-09 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. El establecimiento fue cerrado por seis días.El segundo bar presentó inconsistencias entre la actividad registrada ante la Cámara de Comercio y la que realmente ofrecía, razón por la cual fue sancionado con tres días de cierre.En cuanto a las casas de lenocinio, una fue clausurada por seis días por no cumplir con condiciones sanitarias adecuadas. La otra fue cerrada por tres días debido a irregularidades en su objeto comercial, según lo establecido en el artículo 92, numeral 16 del mismo código.Distrito insiste en el control a la ilegalidadCon estos operativos, las autoridades buscan proteger la salud pública, combatir la informalidad y asegurar el cumplimiento de las normas. Las condiciones sanitarias inadecuadas en espacios donde se prestan servicios sexuales representan un riesgo tanto para los trabajadores como para los usuarios.Desde la Alcaldía de Tunjuelito se reiteró el compromiso de seguir realizando este tipo de operativos de manera sistemática, priorizando sectores donde se han identificado conductas reiteradas de incumplimiento. Además, se advirtió que los establecimientos que no se ajusten a la normatividad seguirán enfrentando sanciones contundentes.
Un reciente y extenso reportaje de la BBC ha puesto en el foco internacional a Colombia como el mayor proveedor mundial de sexo a través de streaming, revelando una industria en auge con preocupantes ramificaciones. Según el informe, Colombia alberga unos 12.000 estudios profesionales dedicados a la producción de contenido sexual en vivo, empleando a una cifra estimada de 400.000 mujeres, más que cualquier otro país.Esta industria, que ha crecido de manera desproporcionada, carece de cualquier tipo de regulación en Colombia. Así es el cruel negocio de las webcam en ColombiaLos estudios, a menudo, son casas completas o pisos transformados, con cada habitación diseñada para aparentar ser el espacio personal de la modelo que transmite. Sin embargo, el reportaje subraya una explotación significativa, donde las modelos son obligadas a trabajar hasta 18 horas diarias bajo la vigilancia de cámaras de última tecnología, a pesar de contar con comodidades como spas y tratamientos cosméticos.Uno de los aspectos más alarmantes expuestos es la participación de menores de edad. La BBC encontró a chicas menores de 18 años en Medellín trabajando en esta industria, a quienes las empresas supuestamente proveen documentos falsos para que parezcan mayores de edad. Además de la ilegalidad de la participación de menores, las modelos a menudo son exigidas por los clientes para realizar actos perturbadores que no son necesariamente sexuales, como autolesiones o el uso de cuchillos sobre su cuerpo. Otro detalle inquietante es que muchos de estos estudios están diseñados con entornos infantilizados, con elementos como osos de peluche, a pesar de ser cabinas de transmisión de contenido para adultos.A pesar de las graves acusaciones de explotación y falta de regulación, los empresarios del sector no tienen problema en dar la cara. El reportaje de la BBC entrevistó a Juan Carlos Rivera, quien dirige un negocio familiar con 800 de estos estudios. Rivera defiende el sistema, argumentando que permite a las modelos financiar la educación de sus hijos, comprar coches y casas, beneficiando no solo a las modelos sino también al país en general. El informe también destaca que no solo operan empresarios colombianos, sino que multinacionales con estudios en hasta 23 países distintos se han instalado en Colombia.Ante estas revelaciones, algunas de las principales plataformas de contenido para adultos mencionadas han emitido comunicados a la BBC sobre sus políticas de verificación de edad:BongaCams afirmó a la BBC que no permite la participación de menores de 18 años y que cierran las cuentas que incumplen esta norma. Aseguró que verifican las identificaciones en un sitio web del gobierno colombiano y que facilitan a las modelos sus contraseñas si abandonan un estudio para que puedan cerrar sus cuentas.Chaturbate declaró haber cesado categóricamente el uso de identificaciones falsas. Exige a las modelos enviar regularmente imágenes en vivo con identificaciones con foto emitidas por el gobierno, verificadas digital y manualmente. La plataforma sostiene que tiene un revisor por cada menos de diez emisoras y que el proceso de verificación de edad es continuo, revisándose constantemente cada transmisión.StripChat comunicó tener una "política de tolerancia cero con respecto a los modelos menores de edad" y que los artistas deben someterse a un "exhaustivo proceso de verificación de edad", utilizando equipos de moderación interna y servicios de verificación de terceros. Además, indicó que las cuentas recicladas no pueden usarse y que los cambios recientes en sus reglas exigen la presencia del titular de la cuenta en cada transmisión, lo que inhabilita las cuentas originales vinculadas a un estudio si la modelo se cambia a una nueva cuenta para trabajar de forma independiente.LiveJasmin no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.Escuche el informe completo aquí:
Capturan y envían a la cárcel a proxeneta venezolana que coordinaba red de explotación sexual en Medellín. La mujer engaña a jóvenes de Venezuela para que viajaran a Colombia, y una vez llegaban a la capital antioqueña las obligaba a ejercer actividades sexuales y de mendicidadLa mujer fue identificada como María Alejandra Brancho Sulbarán, de 40 años, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín.La proxeneta fue atrapada gracias a la denuncia de una mujer que fue obligada a ser parte de red de explotación sexual. La víctima narró que Brancho Sulbarán la contactó a ella y a su compañera sentimental por redes sociales y la indujo a viajar a Colombia para que supuestamente trabajara en una confitería.Sin embargo, cuando ambas mujeres llegaron a Medellín, fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures, donde Brancho Sulbarán las amenazó para que estas trabajaran en actos de mendicidad y en servicios sexuales en diferentes municipios del Oriente antioqueño.Finalmente, y luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres lograron escapar y denunciar a su proxeneta. Con el material probatorio en su contra, un fiscal le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Brancho Sulbarán por el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado por la mujer.
El Congreso de Perú prohibió a sus trabajadores el uso de minifaldas, pantalones cortos, pantalones vaqueros o 'jeans' y zapatillas, y les advirtió que "presentarse con vestimenta inadecuada constituye una falta que puede ser sancionada", reveló el Canal N de televisión.El medio señaló que estas restricciones se indicaron en un comunicado enviado al personal del Legislativo con el código de vestimenta que deberá usar durante el verano en el país andino.Agregó que el artículo 89 del reglamento interno de trabajo no permite el uso de esas prendas y señaló que sí se permitirá asistir con vestimenta "acorde a la estación, pudiendo prescindir del uso de saco y corbata".Al respecto, la congresista Susel Paredes, de la bancada progresista del Bloque Democrático Popular, declaró que esta medida le parece "increíble", ya que "es una prohibición que existía en los años 50" del siglo pasado."El tema no es cómo se visten las mujeres, el tema es como entre nosotros, entre todos, nos respetamos", enfatizó antes de afirmar que las personas "pueden vestirse como deseen, salvo la etiqueta propia de cada institución".En ese sentido, la congresista Paredes hizo unas graves denuncias en Mañanas Blu; aseguró que el nuevo código de vestimenta no es más que una distracción frente a serias acusaciones de una red de prostitución que opera dentro del Congreso. "La minifalda es una prenda que tiene más de 60 años. Es inconcebible discutir sobre su uso colisionando con el escándalo actual en el Congreso", afirmó la congresista. La situación se complica con el revelador acto de una extrabajadora del Congreso que fue asesinada poco después de denunciar la supuesta red de prostitución. Según Paredes, el liderazgo del Congreso, específicamente la oficina de Recursos Humanos, está implicado en este escándalo, dado que la directiva del código de vestimenta proviene de la oficina del presidente del Congreso. La congresista detalló que la Oficina de Recursos Humanos no actúa de forma independiente, sino que sigue órdenes del presidente del Congreso. "No podemos permitir que el foco de atención se desvíe de un delito tan grave hacia aspectos superficiales como el vestuario", añadió Paredes, al referirse a la gravedad de un posible intercambio de votos por favores sexuales en la práctica legislativa. La falta de definiciones claras sobre lo que constituye una minifalda es otro punto que ha generado controversia. "Un reglamento que no tiene sentido lógico, como el que solo menciona 'minifalda' sin especificar medidas, es preocupante en un contexto donde se investiga el uso de la prostitución en el Congreso", aseguró. Paredes afirmó que el manejo de este escándalo deberá pasar necesariamente por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ya que los congresistas tienen fuero, lo que complica las investigaciones edilicias. Escuche aquí la entrevista:
Autoridades propinaron un duro golpe a una red de trata de personas que operaba en Medellín y el Valle de Aburrá tras la captura en las últimas horas de su presunto cabecilla y otras dos mujeres que desempañaban ciertos roles en estos procesos.Se trata de alias ‘Juan David’, un hombre que fue sorprendido por el Grupo Investigativo Contra Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en una casa finca de la vereda El Hoyo en el municipio de Barbosa.Las investigaciones de las autoridades indican que ‘Juan David’ lideraba todo un entramado que se encargaba de captar mujeres de escasos recursos, ya fuera de manera virtual o presencial en zonas como el Parque Lleras en Medellín, para mediante engaños y falsas promesas laborales llevarlas desde la capital antioqueña a ciudades como Atenas y Tesalónica en Grecia donde eran sometidas y obligadas a prostituirse.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que la investigación nació a partir de denuncias de víctimas rescatadas, quienes afirmaron que las empezaban a someter a tratos inhumanos, a tal punto de esclavizarlas para que prestaran servicios sexuales con más de 30 hombres al día, incluso si tenían necesidades fisiológicas."La investigación nació a partir de la denuncia de varias víctimas, quienes fueron rescatadas de clubes nocturnos. Les hacían falsas promesas de empleo en el exterior principalmente en Grecia y una vez fuera del país, las víctimas eran despojadas de sus documentos personales y eran notificadas de deudas que superaban los 3.600 euros con la organización criminal", destacó el uniformado.Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien envió a alias 'Juan David' y a una de las mujeres a diferentes centros carcelarios con medidas de aseguramiento privativas de la libertad y a la otra la cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria.La Fiscalía les imputó cargos a cada uno de los capturados con relación a su responsabilidad, por los delitos de trata de personas agravada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En una polémica decisión judicial, un juez en Bucaramanga ordenó la libertad de alias 'La negra', una mujer de 22 años de nacionalidad venezolana, capturada tras una serie de investigaciones que revelaron su presunta participación en una red de explotación sexual que ofrecía servicios a extranjeros mediante redes sociales.La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que 'La negra' reclutaba principalmente a jóvenes y menores de edad, a quienes, presuntamente, engañaba o prometía alojamiento y ayuda para integrarlas en una red de explotación. Según las autoridades, esta captación ocurría cerca de colegios y en barrios vulnerables de la ciudad.Además de la captación de jóvenes, alias 'La negra' organizaba el traslado y la promoción de los servicios sexuales, tanto en redes sociales como en un establecimiento de lenocinio ubicado en el barrio La Victoria, sitio donde se logró su captura.“La implicada operaba en diferentes sectores de la ciudad, donde contactaba a adolescentes y mujeres entre los 18 y 22 años, explotándolas a través de catálogos y redes sociales. En algunos casos hubo menores de edad”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Henry Yesid Bello Cubides.El operativo fue coordinado entre la Policía de Bucaramanga, la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y una organización estadounidense que facilitó la infiltración de agentes para recolectar pruebas contundentes contra 'La negra'.Pese a las acusaciones de proxenetismo con menores y la promoción de la prostitución a través de medios de comunicación, la mujer quedó en libertad mientras avanzan los procesos legales en su contra.
El Ministerio de la Igualdad promovió una mesa de diálogo en el que asistieron organizaciones regulacionistas de actividades sexuales pagas y “hombres dueños de estudios webcam, a los que llamaron empresarios del sexo”.Sara Jaramillo Gómez, coordinadora de la Fundación Empodérame, habló sobre esto en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y dijo que esto lo que hace es generar una alerta. "Desde la Dirección de Actividades Sexuales Pagas realizan 55 encuentros con lo que ellos llaman actores estratégicos y va uno a mirar quiénes son esos actores estratégicos y son dueños de burdeles, dueños de establecimientos, bares y plataformas web, escenarios donde la trata de personas está presente. Esto a nosotras nos prende todas las alarmas", enfatizó Jaramillo.Además, aseguró que llevan tiempo luchando contra el Ministerio de la Igualdad para que les presten atención y escuche a las mujeres sobrevivientes a la explotación sexual."Llevamos un año en una lucha contra el Ministerio de la Igualdad para que nos preste atención, para que escuche a las mujeres sobrevivientes, pero ha sido imposible. Ha sido una disputa tremenda. En el caso de esos actores estratégicos no son más que explotadores sexuales, personas que tienen todo el aparato para mercantilizar mujeres y niñas, que niegan la trata de personas en sus establecimientos", aseveró.Jaramillo cuestionó la agenda que el Gobierno nacional está manejando frente a la prostituciónprostitución."Es muy clara la agenda que está siguiendo el Gobierno nacional frente a la prostitución para regularizarla como un trabajo y, en vez de luchar por la dignidad de las mujeres, por la protección de las mujeres, que sabemos que quienes hoy están en prostitución en su mayoría son mujeres precarizadas, mujeres, inmigrantes, mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema", enfatizó.Escuche la entrevista aquí:
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el presupuesto de 2027, que fue aprobado por $634,9 billones, aún tiene riesgos sin cubrir, incluso en un escenario en el que se concrete buena parte de la reforma fiscal que el Gobierno plantea en el Congreso. Según su presidente, Juan Carlos Ramírez, hay presiones de gasto que no están debidamente contempladas en el presupuesto hoy aprobado.Entre los riesgos, el CARF señaló los gastos de personal, que podrían aumentar por los acuerdos sindicales del sector público, aunque el Gobierno propone que no crezcan por encima de la inflación. También mencionó las pensiones, por el agotamiento de los traslados entre regímenes y el posible impacto de la decisión de la Corte y de las aprobaciones de la Cámara sobre la reforma pensional. A esto se suman la financiación insuficiente del régimen subsidiado de salud, los subsidios de energía ante el fenómeno de El Niño y la falta de recursos suficientes para atender los efectos del terremoto de agosto.Ramírez enfatizó la urgencia del ajuste ante el peso de los intereses. "Hoy una tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno se destina al pago de intereses. Si no se hicieran las reformas importantes de, por lo menos, estas magnitudes, es decir, al cabo de tres años estaríamos dedicando el 50 %, la mitad de cada peso que ingresa al Estado por impuestos, al pago de intereses. De ahí la enorme urgencia".Según el CARF, en el escenario del presupuesto aprobado por decreto, el déficit total de 2027 sería del 9,5 % del PIB y el primario, del 4,5 %. "Son los niveles más altos en la historia del país y, como decía al inicio, en una situación que no podemos calificar de crisis económica especial", afirmó Ramírez. Si el ajuste del Gobierno no se concreta, agregó, el déficit quedaría lejos de lo que recomienda la regla fiscal, que además no estaría en vigencia.El presidente del CARF explicó que el origen del problema está, en buena parte, en la estimación de los ingresos. "Cada año, al presentarse el presupuesto, el Gobierno hace lo que se llama un aforo de ingresos, es decir, la estimación de los ingresos que se van a tener el siguiente año. Uno de los grandes problemas del déficit actual se gestó en 2024, cuando esa estimación tuvo una diferencia de alrededor de 4 puntos del PIB frente a lo que realmente se logró. Ese bache no fue corregido oportunamente y se convirtió en la base de los cálculos de los años siguientes", afirmó Ramírez.Esa sobreestimación, según explicó el dirigente, deja obligaciones sin pagar que se trasladan al año siguiente. "El presupuesto es una autorización de gastos. Si, con base en una sobreestimación de los ingresos, apruebo gastos que no puedo pagar en el año, se me acumulan obligaciones que pasan a la siguiente vigencia, que es lo que llamamos las reservas presupuestales. Eso genera una restricción para los nuevos gastos del año siguiente, porque tengo que estar pagando los compromisos que se generaron en el año anterior". Frente a unas reservas tradicionales de un poco más de 20 billones de pesos, en 2024 se duplicaron hasta los 50 billones y se redujeron un poco en 2025.Ramírez atribuyó la situación a un deterioro institucional. "La situación a la que llegamos se ha debido en gran parte a la pérdida de cierta tradición en la administración pública nacional, que fue la disciplina de las finanzas públicas. Uno de los problemas más importantes, además del déficit en sí mismo, ha sido el debilitamiento de los instrumentos de la planeación fiscal, que han hecho perder credibilidad y compromiso del sector público con sus propias metas".El CARF calcula que, sin ajuste, la deuda del Gobierno central pasaría del 60 % al 67 % del PIB, muy cerca del 71 % que considera el máximo sostenible. Sobre la propuesta oficial, que plantea un ajuste de entre 4 y 5 puntos del PIB en cuatro años, Ramírez la calificó de "relativamente razonable", pues con la regla fiscal vigente se esperaría que se hiciera en un año. Aclaró que el comité aún no evalúa en detalle los componentes ni las estimaciones de ingresos y gastos del proyecto.Por su parte, Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, aseguró que la inflación no comenzaría a mostrar una disminución sino hasta mediados del próximo año.Acosta advirtió que las expectativas de inflación en Colombia siguen aumentando y se mantienen por encima de las proyecciones del Emisor. Según las distintas mediciones del mercado, la inflación podría cerrar 2026 entre el 6,7 % y el 6,91 %, mientras que las expectativas de inflación básica también se mantienen elevadas.
La inflación anual en el país se ubicó en 6,30 % en octubre de 2026, lo que representa un aumento de 0,79 puntos porcentuales frente al 5,51 % registrado en octubre de 2025, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) completó tres meses consecutivos al alza, después de pasar de 6,29 % en septiembre a 6,30 % en octubre de 2026.En cuanto a la variación mensual, el indicador fue de 0,20 % en octubre de 2026, en comparación con septiembre de este mismo año. Por su parte, la inflación acumulada entre enero y octubre de 2026 llegó a 5,94 %.Estas cifras mantienen la inflación por fuera del rango meta establecido por el Banco de la República, que se encuentra entre el 2 % y el 4 %.Entre enero y octubre de 2026, los mayores aportes a la variación del IPC se concentraron en cinco divisiones: alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte, y educación.En conjunto, estos grupos contribuyeron con 4,94 puntos porcentuales a la variación acumulada de 5,94 %.Para octubre, los mayores aportes a la variación mensual de 0,20 % correspondieron a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles. Estas tres divisiones aportaron conjuntamente 0,15 puntos porcentuales al resultado del mes.Inflación anual por ciudades: octubre de 2025 a octubre de 2026En la comparación anual, Armenia registró la mayor inflación, con 7,29 %, seguida de Bucaramanga (7,15 %), Medellín (7,11 %), Santa Marta (6,88 %), Pereira (6,82 %), Villavicencio (6,77 %), Ibagué (6,71 %), Cali (6,68 %), Cartagena de Indias (6,40 %), Popayán (6,38 %), Neiva (6,34 %), Florencia (6,32 %), Cúcuta (6,28 %), Tunja (6,12 %), Barranquilla (6,02 %), Manizales (5,99 %), Sincelejo (5,94 %), Bogotá (5,89 %), Montería (5,57 %), Pasto (5,34 %), Riohacha (4,93 %) y Valledupar (4,02 %).Inflación acumulada por ciudades: enero a octubre de 2026En lo corrido del año, Armenia también presentó la mayor variación, con 6,93 %, seguida de Bucaramanga (6,69 %), Ibagué (6,65 %), Medellín (6,57 %), Villavicencio (6,51 %), Santa Marta (6,38 %), Cali (6,37 %), Tunja (6,33 %), Neiva (6,23 %), Florencia (6,21 %), Pereira (6,18 %), Popayán (6,16 %), Cúcuta (6,06 %), Cartagena de Indias (6,04 %), Manizales (5,76 %), Bogotá (5,58 %), Sincelejo (5,45 %), Barranquilla (5,42 %), Montería (5,41 %), Pasto (5,40 %), Riohacha (4,47 %) y Valledupar (3,75 %).
Se acerca la temporada de Navidad y Fin de Año, una época en la que suelen aumentar los precios de los vuelos y hospedajes en diferentes ciudades del país. Cada año, destinos como Medellín, Santa Marta, Cartagena y San Andrés figuran entre los más apetecidos por los viajeros. Sin embargo, un reciente informe de Kayak destacó una ciudad cuyo interés creció un 31 %, posicionándola entre los destinos más buscados para esta temporada de 2026.Detrás de Cancún (México) y Río de Janeiro (Brasil), Bogotá se ubicó como el tercer destino más buscado para la temporada decembrina entre los turistas nacionales y la primera ciudad colombiana del listado. Este incremento en las búsquedas convierte a la capital en una de las sorpresas de Fin de Año.¿Por qué Bogotá se convirtió en un destino tendencia para Fin de Año?Aunque durante la temporada decembrina suele ocurrir lo contrario y muchos habitantes salen de Bogotá para visitar otros destinos, su importancia como punto de conexión hacia diferentes lugares y su oferta cultural podrían explicar el aumento en el interés de los viajeros.“Bogotá, pues, al ser la capital, es el centro, tiene una gran conectividad y también es cierto que mucha gente que se ha ido puede regresar en esta temporada a pasarla con su familia, con sus amigos. También, seguramente, a nivel de conectividad, tal vez pasar unos días en Bogotá y de ahí irse a un destino internacional. Seguramente, por ese tipo de cosas es que vemos ese tipo de destinos apareciendo en este ranking”, explicó Alejandro Lombana, director para Latinoamérica de Kayak, en entrevista con Blu Radio.También la música podría influir en esta tendencia, en especial por Karol G que tendrá triple concierto en El Campín lo cual habría aumentado las búsquedas la capital para diciembre.¿Qué ofrece Bogotá durante diciembre?Alumbrados navideños: diferentes sectores de la ciudad se llenan de luces, decoraciones y escenarios temáticos para recorrer en familia.Actividades culturales: museos, teatros, centros culturales y espacios públicos suelen desarrollar una programación especial durante la temporada.Ciclovía nocturna: tradicionalmente, Bogotá organiza jornadas especiales para recorrer la ciudad en bicicleta durante la época navideña.Gastronomía: restaurantes, cafeterías y mercados ofrecen experiencias especiales, además de platos tradicionales como natilla, buñuelos y otros productos de temporada.Compras navideñas: centros comerciales y zonas comerciales preparan actividades, decoraciones y eventos para los visitantes.Turismo y naturaleza: lugares como Monserrate, La Candelaria y el Jardín Botánico son alternativas para quienes quieren conocer diferentes facetas de la capital.Conciertos y espectáculos: escenarios como El Campín, el Movistar Arena y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo reciben eventos musicales y culturales durante la temporada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes e integrantes de los estados mayores de las extintas Farc por hechos de violencia sexual, violencia basada en género y agresiones por prejuicio contra la población civil durante el conflicto armado.La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad señala a estos comparecientes como máximos responsables por su posición de mando o por su participación directa en los crímenes investigados. La jurisdicción les atribuye responsabilidad por delitos como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, asesinato, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, persecución y traslado forzoso de población.La JEP aclaró que, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.El tribunal asegura que los comparecientes pertenecieron a diferentes estructuras de las extintas Farc, la decisión incluye a antiguos comandantes de frente, integrantes de estados mayores y otros responsables de estructuras regionales.Los 11 imputados son: Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’; Élmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Bertulfo Caicedo Garzón, conocido como ‘Alberto Pitufo’; Jaime Vásquez Calderón, alias ‘Arquímedes’, responsable de la llamada oficina de quejas y reclamos de las Farc en Vista Hermosa, Meta. Además de Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, excomandante del Frente 21; y Gustavo Bocanegra Ortegón, conocido como ‘Donald’, encargado de la organización política y de masas de esa estructura; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, alias ‘Javier Guzmán’ o ‘Chugo’, y Reinel Natalio García Mojica, conocido como ‘Ricardo el Pija’.De acuerdo con la JEP, ninguno de los 11 comparecientes había estado en prisión por estos crímenes. La sala determinó su responsabilidad individual al examinar sus posiciones de mando, las funciones que desempeñaron y su participación en los hechos. En algunos casos, la imputación responde a que no previnieron, investigaron ni sancionaron las agresiones cometidas por sus subordinados; en otros, se les atribuye autoría directa.La investigación, que comenzó en septiembre de 2023, identificó que las agresiones no fueron hechos aislados. La sala encontró dos patrones principales de criminalidad.El primero corresponde a la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres, en donde la JEP documentó violaciones, esclavitud sexual y otras agresiones utilizadas para controlar, castigar o someter a las víctimas. También encontró casos de violencia sexual contra mujeres señaladas de colaborar con grupos enemigos, incumplir órdenes de la guerrilla o resistirse al reclutamiento forzado.Entre los hechos documentados está el de una niña de 12 años que fue llevada a un campamento guerrillero, donde durante cuatro años sufrió violencia sexual, física y reproductiva. Según la investigación, fue obligada a abortar y a realizar labores domésticas, mientras que su padre fue torturado y asesinado cuando intentó rescatarla.El segundo patrón corresponde a la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. La jurisdicción encontró amenazas, agresiones sexuales, desplazamientos y asesinatos contra personas que no encajaban en las normas de comportamiento impuestas por la guerrilla.La imputación tuvo en cuenta los testimonios de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, las versiones de 54 comparecientes de las extintas Farc y las observaciones presentadas por las víctimas.Ahora, los 11 comparecientes tienen 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades que les atribuyó la JEP.Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la jurisdicción podrá convocar una audiencia de reconocimiento. Después, la Sala de Reconocimiento emitirá una resolución de conclusiones para continuar con el trámite de las posibles sanciones propias o restaurativas, que incluyen restricciones efectivas de libertad y otros derechos, pero no cárcel.En caso de que nieguen su responsabilidad, los expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y avanzar hacia un juicio. Si son encontrados responsables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación confirmó la desvinculación de una persona que había sido contratada durante la administración de Gustavo Petro y que habría presentado títulos académicos falsos para ingresar a la entidad.La información fue confirmada por la ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, quien aseguró que la actual administración tomó medidas inmediatas después de identificar la irregularidad y reveló que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes desde el pasado 9 de septiembre.La ministra cuestionó que una persona hubiera recurrido a documentos académicos falsos para acceder a un contrato estatal y señaló que este comportamiento representa una falta de respeto hacia quienes realizan esfuerzos económicos y personales para obtener una formación universitaria.“Un título académico representa años de estudio, esfuerzo y sacrificios. Hay familias que lo dan todo para que uno de sus hijos pueda llegar a una universidad. Ese esfuerzo merece respeto”, manifestó Benavides.De acuerdo con la ministra, la persona involucrada fue desvinculada y el expediente quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar si hubo responsabilidades penales por la presunta falsedad de los documentos presentados. Sin embargo, Benavides no reveló la identidad de la persona.En su pronunciamiento, la ministra también se refirió al manejo de los recursos públicos destinados a la investigación y al desarrollo científico. Aseguró que estos dineros deben utilizarse exclusivamente para fortalecer el trabajo de los investigadores, generar oportunidades para los jóvenes y buscar soluciones a las necesidades del país.“La plata de la ciencia es de todos los colombianos. Debe servir para que nuestros investigadores trabajen, para que los jóvenes tengan oportunidades y para encontrar soluciones a los problemas del país. Cada peso merece cuidado”, afirmó.Por su parte, el Ministerio de Ciencia señaló que continuará identificando y denunciando posibles irregularidades para garantizar la transparencia en la contratación y el funcionamiento de la entidad.
