Tierras recuperadas son baldíos, no propiedad de campesinos: SuperNotariado

El presidente Juan Manuel Santos anunció la recuperación de 278 mil hectáreas en los departamentos de Meta y Caquetá, en el marco de la operación Espada de Honor Tres. Las tierras habían sido ocupadas ilegalmente por los bloques Oriental y Sur de las Farc, en zonas próximas a La Macarena, zona estratégica en la que confluyen estos dos bloques. (Lea también: 280 mil hectáreas recuperadas a Farc se usaban en ganadería y proceso de drogas) A propósito del operativo que permitió esta recuperación, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, pasó por los micrófonos de El Radar, de Blu Radio. “Después de un trabajo de inteligencia en terreno y revisión documental, se logró la recuperación de esos baldíos del Estado”, señaló el funcionario. Vélez reiteró que esas tierras no tienen ningún tipo de título de propiedad, como se había manifestado, y aseguró que esos terrenos inician el proceso para anexarse al Banco de Tierras, del cual se sacan los terrenos a entregar a las víctimas y campesinos en el marco de la restitución. Las tierras recuperadas, dedicadas a la ganadería extensiva, están avaluadas en más de 400 mil millones de pesos, debido a su alto estado de conservación. Sin embargo, asegura el funcionario que solo se encontraron 12 campesinos en la zona al momento de la operación. El abogado e integrante del equipo que redactó el acuerdo de tierras entre el Gobierno y la guerrilla en La Habana, Alejandro Reyes, cuestionó esta recuperación y su pertenencia a las Farc, asegurando que “en Colombia 50 por ciento o más de los campesinos no tienen título de propiedad; son informales”. (Lea también: No es quitando tierras a campesinos como habrá fondo acordado en Cuba: A. Reyes) Al respecto, el superintendente señaló que no hubo expropiación porque las Farc no tienen títulos de tierras en Colombia y, al tratarse de baldíos, el proceso que se desarrolló fue de recuperación. “El doctor Reyes conoce a fondo el tema de desarrollo rural en Colombia, pero en este caso creo que lo asesoraron mal jurídicamente, y se equivocó en buena fe”, finalizó el superintendente.