La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a cuestionar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en medio del debate que se adelanta en el Congreso por el recorte de cerca de $170.000 millones de pesos al presupuesto de esta jurisdicción para 2027.
La congresista reveló extractos de una audiencia reservada realizada el 14 de febrero de 2019 entre la magistrada Julieta Lemaitre y el excomandante de las FARC Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, durante su primera comparecencia dentro del macrocaso 01, relacionado con secuestros.
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En uno de los fragmentos divulgados, Londoño se refiere al trato que recibían los secuestrados y asegura que existían instrucciones para garantizarles alimentación y evitar agresiones físicas. Según su relato, incluso las riñas entre integrantes de las entonces FARC eran sancionadas internamente.
Durante la diligencia, el exjefe de las FARC también recordó una conversación con el entonces jefe negociador del Gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle, sobre las penas que enfrentarían los integrantes de la organización tras la firma del acuerdo de paz. Londoño cuestionó en ese momento la posibilidad de que los excombatientes terminaran en prisión y planteó interrogantes sobre quiénes asumirían las responsabilidades por el conflicto.
En otro de los apartes, Timochenko relató que se llegó a hablar de penas más suaves, tomando como referencia el tratamiento dado a los paramilitares, y que estas podrían cumplirse en La Habana. Incluso mencionó que alguien, en tono de broma, habló de la posibilidad de que los condenados tuvieran derecho a ir a la playa de Varadero.
Londoño también se refirió directamente a la JEP y la calificó como una “criatura” surgida de los acuerdos de La Habana, al señalar que él mismo había participado en las negociaciones y en la construcción del mecanismo de justicia transicional.
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Precisamente, la senadora cuestionó que la audiencia de febrero de 2019 tuviera carácter reservado y sostuvo que, por su contenido, debería ser conocida públicamente. Posada afirmó que la diligencia, que se extendió durante cerca de seis horas, no se habría desarrollado como un interrogatorio judicial riguroso, sino como una conversación en la que, según su interpretación, hubo risas, anécdotas y ausencia de preguntas incómodas.
La congresista también relacionó la audiencia con el costo que, según sus cifras, ha tenido la JEP para el Estado y aseguró que lo ocurrido representa una afectación para las víctimas. Estas últimas afirmaciones corresponden a la interpretación y los cuestionamientos planteados por la senadora.