Transparencia denunció que funcionarios del Gobierno estarían involucrados en caso Las Marionetas

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, por medio de una serie de documentos denunció que al parecer tres personas vinculadas al Gobierno nacional estarían involucradas en el escándalo de Las Marionetas.Andrés Idárraga, le pidió al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, los documentos como hojas de vida y actos administrativos de Juan Mauricio Montealegre Guzmán, quien actualmente ostenta el cargo de Subdirector de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas del IPSE, y de Tatiana Medrano López, quien desde el 10 de octubre al 28 de diciembre de 2023 se desempeñó como contratista de la Subdirección de Contratos y Seguimiento del IPSE para que “se especifique la calidad en la que actuaron dentro del proceso y el estado actual del mismo”.Al ministro de Transporte, William Camargo, le solicitó los expedientes de Carlos Javier Méndez Suárez, exdirector de Infraestructura Social y Hábitat del DPS, tiene vinculación contractual vigente con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).La denuncia también se puso en conocimiento del fiscal general Francisco Barbosa para que desde el ente de control se informe sobre cuál es la posible participación o vinculación de estas tres personas.“En mi calidad de secretario de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, por medio de la presente y de manera respetuosa, conforme al artículo 23 de la Constitución Política, al artículo 13 de la ley 1755 de 2015, al artículo 26 del decreto 2647 de 2022 y de forma especial al artículo 33 de la Ley 2195 de 2022, le solicito respetuosamente informar si las siguientes personas están siendo investigadas dentro del proceso penal conocido como 'marionetas II': 1. Tatiana Medrano López 2. Carlos Javier Méndez Suárez 3. Juan Mauricio Montealegre Guzmán”, indicó Andrés Idárraga en el documento.Cabe recordar que el caso ‘Marionetas 2’ lo investiga la Fiscalía, al parecer, funcionarios del Gobierno y senadores habrían usado al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para redireccionar contratos y conformar un entramado de corrupción.