Tribunal Europeo anula la doctrina Parot y pide excarcelación de miembro de ETA

favorable a la presa etarra Inés del Río Prada, de quien exige su puesta en libertad.

El fallo, que es definitivo y no puede ser recurrido, pide –con 16 votos contra 1-, la excarcelación de la miembro de ETA, y dice -por unanimidad- que España vulneró el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y a la seguridad)y- por 15 votos contra 2- el artículo 7 (No hay pena sin ley).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español conocida como doctrina Parot -toma su nombre del etarra Henri Parot- obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel.

La Corte europea concluye que, desde que se le aplicara la "doctrina Parot" hace más de 5 años, la etarra "ha sido objeto de una privación de libertad irregular".

Por ello, y vista "la necesidad urgente de poner fin a las vulneraciones constatadas, el Tribunal estima que corresponde a las autoridades españolas garantizar la libertad para Del Río Prada a la mayor brevedad posible".

Según el fallo, la demandante "no podía prever" que se modificara la jurisprudencia con la "doctrina Parot", ni que "la Audiencia imputaría las redenciones de pena otorgadas a cada una de las penas impuestas por separado y no a la pena máxima de 30 años".

El fallo sólo hace referencia a Inés del Río y no hay ninguna mención al resto de 76 presos cuyo encarcelamiento se ha prolongado por aplicación de la "doctrina Parot".

Entre estos presos los hay miembros de la banda terrorista ETA y otros que cumplen penas por delitos de violación y otros casos violentos que tuvieron una fuerte repercusión social en España.

El mayor desacuerdo entre los jueces de la Gran Sala se centró en la indemnización que España habrá de abonar a Del Río. La sentencia de la Sala la fijó en 30.000 euros (unos 41.000 dólares) por daños morales y 1.500 euros (unos 2.000 dólares) por gastos y honorarios.

Diez magistrados la apoyaron este lunes, pero siete no.

EFE.