El rector de la Fundación Universitaria San José, Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, se pronunció sobre el caso de Juliana Guerrero, que puso bajo la lupa a la institución por la expedición irregular de títulos académicos.
En medio de la polémica, el directivo insistió en que la universidad fue víctima de una actuación individual y negó que existiera una práctica interna orientada a otorgar diplomas sin cumplir requisitos legales.
“La institución se declaró víctima. Es un caso aislado, la institución no participó, no tuvo participación consciente en el otorgamiento del título a Juliana Guerrero”, afirmó Rodríguez Pulido, al explicar que la universidad reaccionó desde el momento en que tuvo conocimiento de lo ocurrido.
Según el rector, una de las primeras medidas fue retirar del cargo al funcionario presuntamente implicado en la irregularidad. “La institución inmediatamente tomó unas acciones. En primer lugar, retirar al funcionario que llevó a cabo este hecho”, y añadió que el trabajador habría tenido acceso a procesos internos y sistemas administrativos que pudieron facilitar la expedición del título cuestionado.
Rodríguez Pulido confirmó además que la universidad instauró una denuncia penal contra la persona señalada. Los cargos por los cuales deberá responder incluyen extralimitación de funciones, abuso de confianza y falsedad en documento público. “La institución genera o activa los mecanismos jurídicos necesarios y establece una denuncia de carácter penal frente a este funcionario”, indicó.
El rector evitó confirmar si existen más implicados, argumentando que el caso permanece bajo reserva procesal. “Sería irresponsable mencionar quiénes podrían estar implicados, eso hace parte de la investigación”, explicó, al insistir en que las autoridades y los entes de control son quienes deberán establecer el alcance real de las responsabilidades.
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Tras el escándalo, la universidad activó un plan de contingencia enfocado en corregir posibles vacíos internos. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra la revisión de la seguridad del sistema institucional, auditorías a los procesos de grado y la creación de mecanismos de verificación más estrictos. “Desarrollamos un plan de contingencia orientado precisamente a corregir todos esos errores”, dijo el rector.
La institución también abrió sus procesos al acompañamiento permanente del Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo con Rodríguez Pulido, el ministerio realiza seguimiento directo a los procedimientos académicos y administrativos. “La institución abre sus puertas y entrega toda la información necesaria para que el ministerio pueda evidenciar la problemática”, aseguró.
Rodríguez sostuvo que no se han encontrado otros casos similares dentro de la institución ya que, según él, no es un hecho de costumbre institucional, sino un hecho aislado. También señaló que las auditorías internas continúan y que, si aparecen nuevas responsabilidades, la universidad procederá judicialmente. “Si existe otras personas implicadas, la institución procederá inmediatamente a denunciar”, concluyó.
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El caso de Juliana Guerrero se convirtió en una controversia nacional luego de que investigaciones señalaran que habría recibido títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública sin cumplir plenamente requisitos académicos obligatorios. Ambos diplomas fueron anulados por la universidad mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales.
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