Un juez de conocimiento condenó a Juliana Guerrero a tres años de prisión, además de imponerle una inhabilitación y una multa equivalente a 100 salarios mínimos, tras avalar el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos.Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de documentos que acreditaban los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, con los que buscaba acreditar el cumplimiento de los requisitos para optar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.Aunque el juez confirmó la responsabilidad penal de Guerrero, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al considerar que cumplía con los requisitos establecidos para acceder a ese beneficio. Entre ellos, que la pena impuesta fuera inferior a cuatro años, que no registrara antecedentes y que el delito no estuviera contemplado dentro de las excepciones previstas.Durante la audiencia, el juez señaló que Guerrero actuó con conocimiento de la falsedad de los documentos que fueron cargados en la plataforma de Función Pública. De acuerdo con la decisión, los documentos tenían apariencia de autenticidad y fueron utilizados dentro del proceso de verificación de requisitos, lo que habría inducido en error a los funcionarios encargados de esa labor.El juez hizo además un llamado de atención a Guerrero por la naturaleza del cargo al que pretendía acceder y por la conducta que fue objeto de la investigación.“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad con la juventud de este país muchos de los cuales han tenido que pasar 5, 7, 10 o 15 años en una universidad para tener un título. Esto no se trata de un simple error”, señaló el juez durante la audiencia.La decisión se produjo luego de que Guerrero aceptara responsabilidad y llegara a un preacuerdo con la Fiscalía para recibir una pena de tres años de prisión. La condena contempla además la inhabilitación y el pago de una multa de 100 salarios mínimos.Dentro de la misma investigación, la Fiscalía estableció que los diplomas emitidos el primero de julio de 2025 habrían sido certificados irregularmente por Luis Carlos Gutiérrez, quien para ese momento se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José.Según la investigación, Gutiérrez acreditó en el sistema que Guerrero cumplía con el plan de estudios y con las pruebas Saber Pro y Saber TyT del Icfes, pese a que la solicitud de grado había sido rechazada previamente por los validadores técnicos de la institución.Gutiérrez también fue condenado esta semana a tres años de prisión, tras la celebración de un preacuerdo por los hechos relacionados con esta investigación.Además, Guerrero pidió perdón públicamente por sus actuaciones y aceptó las consecuencias de sus decisiones. Ahora, con la sentencia, queda establecida su responsabilidad penal, aunque la pena de prisión fue suspendida de manera condicional por decisión del juez.
La Fundación San José vuelve a estar envuelta en una polémica ante el ojo público, esta vez por una fuerte denuncia de parte de la representante y futura senadora Jennifer Pedraza, quien expuso presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios en donde también estaría envuelto el representante legal, Francisco Pareja, que estaría en la misma situación."Es una investigación en la que nosotros llevamos varios meses y me sorprende que yo la pueda hacer con mi equipo de 3 personas dedicadas a este trabajo, mientras que el ministro de Educación, que tiene una subdirección para investigar estos casos y para sancionar y para hacer inspección, vigilancia y aseguramiento de la calidad, no sean capaces de hacer nada frente a esta realidad”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.Pedraza fue enfática en señalar que el caso de Juliana Guerrero no es aislado, sino que forma parte de un entramado más amplio. Según explicó, la investigación que lidera evidencia que múltiples títulos habrían sido otorgados sin cumplir requisitos académicos esenciales, como la presentación de las pruebas Saber Pro.“Yo aquí lo que les estoy demostrando es que el ministro de Educación lo que ha hecho es actuar de manera cómplice para no tocar a la San José. ¿Por qué? Porque los dueños de la San José, el mismo representante legal Francisco Pareja, sobre el cual yo estoy haciendo esta denuncia hoy, es aliado político de Armando Benedetti. No olviden que Francisco Pareja fue representante a la Cámara por el partido de la U en fórmula con Armando Benedetti. No olviden que fue concejal de Bogotá. No olviden que a él se le ha presentado siempre como si fuese ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, y la realidad es que no tiene títulos universitarios legales en este momento”, puntualizó.
El rector de la Fundación Universitaria San José, Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, se pronunció sobre el caso de Juliana Guerrero, que puso bajo la lupa a la institución por la expedición irregular de títulos académicos. En medio de la polémica, el directivo insistió en que la universidad fue víctima de una actuación individual y negó que existiera una práctica interna orientada a otorgar diplomas sin cumplir requisitos legales.“La institución se declaró víctima. Es un caso aislado, la institución no participó, no tuvo participación consciente en el otorgamiento del título a Juliana Guerrero”, afirmó Rodríguez Pulido, al explicar que la universidad reaccionó desde el momento en que tuvo conocimiento de lo ocurrido.Según el rector, una de las primeras medidas fue retirar del cargo al funcionario presuntamente implicado en la irregularidad. “La institución inmediatamente tomó unas acciones. En primer lugar, retirar al funcionario que llevó a cabo este hecho”, y añadió que el trabajador habría tenido acceso a procesos internos y sistemas administrativos que pudieron facilitar la expedición del título cuestionado.Rodríguez Pulido confirmó además que la universidad instauró una denuncia penal contra la persona señalada. Los cargos por los cuales deberá responder incluyen extralimitación de funciones, abuso de confianza y falsedad en documento público. “La institución genera o activa los mecanismos jurídicos necesarios y establece una denuncia de carácter penal frente a este funcionario”, indicó.El rector evitó confirmar si existen más implicados, argumentando que el caso permanece bajo reserva procesal. “Sería irresponsable mencionar quiénes podrían estar implicados, eso hace parte de la investigación”, explicó, al insistir en que las autoridades y los entes de control son quienes deberán establecer el alcance real de las responsabilidades.Tras el escándalo, la universidad activó un plan de contingencia enfocado en corregir posibles vacíos internos. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra la revisión de la seguridad del sistema institucional, auditorías a los procesos de grado y la creación de mecanismos de verificación más estrictos. “Desarrollamos un plan de contingencia orientado precisamente a corregir todos esos errores”, dijo el rector.La institución también abrió sus procesos al acompañamiento permanente del Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo con Rodríguez Pulido, el ministerio realiza seguimiento directo a los procedimientos académicos y administrativos. “La institución abre sus puertas y entrega toda la información necesaria para que el ministerio pueda evidenciar la problemática”, aseguró.Rodríguez sostuvo que no se han encontrado otros casos similares dentro de la institución ya que, según él, no es un hecho de costumbre institucional, sino un hecho aislado. También señaló que las auditorías internas continúan y que, si aparecen nuevas responsabilidades, la universidad procederá judicialmente. “Si existe otras personas implicadas, la institución procederá inmediatamente a denunciar”, concluyó.El caso de Juliana Guerrero se convirtió en una controversia nacional luego de que investigaciones señalaran que habría recibido títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública sin cumplir plenamente requisitos académicos obligatorios. Ambos diplomas fueron anulados por la universidad mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales.
La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, al considerar que no existen por ahora los presupuestos procesales suficientes para sustentar esa petición ante un juez de control de garantías.La decisión se conoció en medio de una audiencia que estaba programada para las 9 de la mañana, pero que finalmente fue aplazada. La diligencia tenía como propósito avanzar en la imputación de cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, conductas que serían atribuidas tanto a Guerrero como a Gutiérrez dentro de la investigación relacionada con la presunta expedición irregular de títulos académicos.Según lo informado durante la audiencia, el aplazamiento se produjo luego de que se esperara la conexión virtual de Juliana Guerrero. Tras aproximadamente una hora de espera, el despacho judicial recibió un correo electrónico enviado por Guerrero, en el que solicitaba la reprogramación de la audiencia, argumentando que aún no había contratado un abogado de confianza, pese a que ya contaba con una defensora pública asignada dentro del proceso.En medio de esta situación procesal, la Fiscalía también informó que decidió retirar la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria, que inicialmente había sido contemplada para que Guerrero cumpliera detención en su lugar de residencia mientras avanzaba el proceso judicial. La fiscal del caso explicó que, tras revisar el estado de la investigación, se concluyó que no se cumplían por el momento los requisitos legales para sustentar esa solicitud.Durante la diligencia, la representante del ente acusador precisó que, mediante un oficio dirigido al Juzgado 25 con función de control de garantías, la Fiscalía comunicó formalmente su decisión de desistir de la petición de medida de aseguramiento. Según indicó, “se desistió de las solicitudes de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha en este momento para solicitar la misma”.El proceso contra Juliana Guerrero se mantiene en curso. La investigación señala que la mujer habría presentado dos títulos presuntamente falsos expedidos por la Fundación San José, correspondientes a contaduría pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que habría utilizado para acreditar su formación académica dentro del proceso para acceder al cargo público en el Viceministerio de las Juventudes.Adicionalmente, la Fiscalía sostiene que Guerrero no habría presentado las Pruebas Saber, requisito que forma parte de los procesos de formación académica. En noviembre de 2025, la propia Fundación San José informó que, tras realizar una revisión interna, no encontró registros de actividad académica a nombre de Juliana Guerrero, es decir, no halló evidencia de asistencia a clases ni presentación de evaluaciones.Otro elemento que ha llamado la atención en medio del proceso es que Guerrero no se presentó a una citación judicial realizada en febrero, aunque recientemente fue vista participando en una sesión en la que se escogió al nuevo rector de la Universidad del Cesar. La institución difundió un video del encuentro, en el que se observa a Guerrero interviniendo activamente durante la reunión.El caso también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José. Según las indagaciones, su nombre aparece dentro de la investigación por otros presuntos casos de títulos académicos expedidos de manera irregular desde esa institución.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió este lunes al caso de Juliana Guerrero y a las investigaciones que rodean a la Fundación Universitaria San José, institución señalada por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. En entrevista en Mñanas Blu 10:30, el funcionario fue enfático en que la designación de Guerrero como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar no corresponde al Ministerio de Educación, sino directamente a la Presidencia de la República.“El delegado o delegada del presidente ante los consejos superiores universitarios es una función que no puedo usurpar. Esa nominación la define el presidente o quien él delegue”, aseguró Rojas, al ser consultado por la permanencia de Guerrero en ese cargo pese a que la Fiscalía anunció una imputación de cargos por presunta falsedad en documento público relacionada con su título académico.El ministro explicó que, aunque el Ministerio de Educación sí tiene competencias en materia de inspección y vigilancia sobre instituciones de educación superior, no tiene injerencia en las decisiones de la Presidencia sobre sus representantes en los consejos universitarios. “Juliana Guerrero no ha tenido ningún contrato con el Ministerio de Educación mientras he sido ministro, ni es mi delegada ante ningún consejo superior universitario”, puntualizó.Investigación contra la Fundación Universitaria San JoséEn la entrevista, Rojas también confirmó que desde 2023 el Ministerio adelanta un proceso formal contra la Fundación Universitaria San José, luego de recibir denuncias de estudiantes y usuarios por presuntas irregularidades académicas. Según explicó, la institución enfrenta actualmente dos vías de actuación: una preventiva y otra sancionatoria, amparadas en la Ley 1740.“La medida preventiva incluye vigilancia especial, una inspectora in situ y la formulación de un plan de mejoramiento acompañado por el Ministerio. Paralelamente, avanza el proceso sancionatorio, en el que la rectora y el exsecretario general tienen derecho a presentar descargos, como lo establece la ley”, detalló.Rojas rechazó críticas de sectores políticos que piden una intervención inmediata o la remoción automática de directivos. Aclaró que en Colombia no existe la figura de intervención universitaria como tal, sino medidas graduales de inspección y vigilancia. “No puedo saltarme el debido proceso ni usurpar funciones que corresponden a otras entidades como la Fiscalía”, sostuvo.El nombre de Juliana Guerrero volvió al centro del debate público tras conocerse que habría recibido un título sin cumplir requisitos académicos, lo que derivó en la imputación anunciada por la Fiscalía. Sin embargo, una hora después de hacerse pública esa decisión, el Gobierno confirmó que no sería retirada de su rol como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, lo que generó críticas desde distintos sectores.Frente a esto, el ministro de Educación insistió en que cualquier decisión sobre su permanencia corresponde exclusivamente a la Presidencia. “Mis delegados son funcionarios del Ministerio porque así lo exige la norma. En este caso, la responsabilidad es de Palacio”, reiteró.Mientras avanzan las investigaciones contra la Fundación Universitaria San José y el proceso judicial contra Guerrero, el Ministerio de Educación aseguró que mantendrá una postura de “defensa irrestricta de los derechos de los estudiantes” y que no tolerará irregularidades en el sistema de educación superior.
Luego de que se conociera la decisión por parte del Ministerio de Educación en la que anunció la formulación de cargos a la Fundación San José, a la rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la inspección y vigilancia permanente dentro de la institución, la reacción por parte de las congresistas que denunciaron este hecho no se hizo esperar.Para la representante Jennifer Pedraza, la decisión por parte de la cartera es insuficiente, pues aseguró que, desde marzo del 2025, el Ministerio de Educación ya venía vigilando constantemente la institución y aun así se presentó esta irregularidad de compra de títulos.“Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero”, señaló la congresista.Asimismo, le pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, que organice una mesa de trabajo con estudiantes y egresados de la institución para hablar sobre las alternativas que tienen frente a la desvalorización de sus títulos universitarios.“Le diría al ministro Rojas que formalmente le hemos pedido que establezca una mesa de trabajo para que le ofrezcan alternativas a los actuales estudiantes de la San José y a los egresados que están viéndose afectados por un Ministerio de Educación negligente y que hoy sus títulos universitarios tienen muy poco valor en el mercado laboral”, agregó.Por su parte, la representante Catherine Juvinao señaló que la respuesta más sensata y que ella esperaba tomara el ministerio sería una intervención a la institución educativa.“Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención”, señaló Juvinao.Además, aseguró que es “cantinflesco” que les pidan a las mismas directivas de la institución que haga planes de mejoramiento, luego de permitir la compra dentro de la institución.“Vamos a ver qué sale de los supuestos planes de mejoramiento que le van a pedir a esta institución. Pero a mí me parece casi que cantinflesco que les pidan a las mismas directivas corruptas que han cometido todos estos actos de conocimiento público que ahora se vuelvan buenas, que dejen de ser corruptas y que dejen de cometer tantas barbaridades”, concluyó.Es importante destacar que, pese a la decisión tomada por el ministerio sobre la inspección y la formulación de cargos, la cartera señaló que dichas medidas no implican el cierre de la institución, por lo que podrá continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas.
El Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo.En ese sentido, la cartera de Educación formuló pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José, su rectora, Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez por el escándalo de los títulos falsos entregados, entre otros, a Juliana Guerrero.Recordemos que desde inicios de 2025, la entidad fue notificada de posibles irregularidades en la expedición de títulos por parte de la institución, específicamente, en el caso de Juliana Guerrero, quien iba a ser designada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad del Gobierno de Gustavo Petro.Es por esto que el Ministerio de Educación ordenó la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, con objetivo de proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas.La institución quedará bajo seguimiento permanente del Ministerio de Educación, que se encargará de verificar el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras.Así mismo, la universidad deberá crear e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos. Así como el establecimiento de condiciones obligatorias que deberá cumplir para normalizar su funcionamiento y asegurar la prestación legal del servicio educativo.El ministerio aseguró que designó una inspección permanente a la institución para corregir las fallas. Fiscalía imputará a Juliana Guerrero por irregularidades en su título de la San JoséEl lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. Los delitos imputados son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que involucra la acreditación de estudios que habrían sido utilizados para aspirar a un cargo en el Gobierno nacional.De acuerdo con la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, la investigación determinó que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, atribuidos a Guerrero, habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley. Estos documentos fueron registrados en el sistema oficial de empleo público en agosto de 2025.Según la Fiscalía, durante una inspección judicial realizada en la universidad se recopilaron registros académicos y administrativos que indicarían que Juliana Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las evaluaciones necesarias para obtener los títulos.De igual forma, la imputación también alcanza al secretario general de la institución, señalado como el funcionario responsable de la expedición de los títulos por delegación del Ministerio de Educación.Por el momento, la Fiscalía investiga si existió participación directa en la elaboración o validación de documentos que no cumplían los requisitos legales, mientras se consolida la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra ambos imputados mientras avanza el proceso judicial.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación por lo que calificó como una grave negligencia frente a las irregularidades detectadas en la Fundación Universitaria San José, institución señalada de presunta compra y venta de títulos profesionales. En entrevista con Recap Blu, la congresista le respondió al presidente Gustavo Petro al afirmar que ella no está persiguiendo a mujeres empobrecidas y trabajadoras, pues ellas no compran títulos universitarios, por el contrario, lo sucedido , según ella, es un irrespeto hacia las trabajadoras y jóvenes de escasos recursos."Las mujeres trabajadoras, jefas de hogar, empobrecidas están estudiando, presidente, no tienen 9 millones de pesos en el bolsillo para salir a comprar títulos falsos para después ser contratadas en su Gobierno", afirmó la congrista en Blu Radio.Pedraza aseguró que, tras varios meses de investigación, lo más preocupante no es un caso aislado (Juliana Guerrero), sino la inacción institucional. Según explicó, desde marzo el Ministerio de Educación tenía conocimiento de las anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero aun así se habrían presentado al menos 779 registros irregulares de personas que no aparecen correctamente reportadas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), herramienta clave para verificar la legalidad de los títulos."Eso es una traición muy clara a las personas trabajadoras que honestamente están intentando salir adelante para que el Gobierno después termine contratando en altísimos cargos, porque no olviden que Juliana iba a ser viceministra de Juventudes y a ganar 17 millones de pesos con títulos comprados", añadió.Entre esos hallazgos, la representante destacó que 516 personas habrían sido contratadas en 2025, lo que abre la hipótesis de que funcionarios o contratistas del Estado pudieron obtener títulos “exprés” para cumplir requisitos laborales. Aunque aclaró que será la Fiscalía la encargada de establecer responsabilidades penales, Pedraza señaló que la principal carga recae sobre la institución educativa y sobre el ministerio, al no haber intervenido oportunamente.Otro punto crítico revelado en la investigación es la expedición de títulos sin el cumplimiento de requisitos básicos, como la presentación de las pruebas Saber Pro. Pedraza indicó que se identificaron al menos 35 casos con características similares al de Juliana Guerrero, exviceministra designada, quien no habría cursado materias ni presentado exámenes obligatorios antes de recibir su diploma.La congresista también denunció obstrucción a su labor de control político, asegurando que la Fundación Universitaria San José se negó sistemáticamente a responder derechos de petición, obligándola a recurrir a acciones de tutela e incluso a promover un incidente de desacato contra su representante legal. Para Pedraza, esta falta de transparencia refuerza la necesidad de una intervención inmediata del Ministerio de Educación.Pedraza concluyó detallando que las sanciones podrían ir desde multas hasta el retiro de los registros calificados o incluso el cierre de la institución.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto por medio del cual le delega vicepresidente José Manuel Restrepo la coordinación interinstitucional e intersectorial de las diferentes iniciativas estratégicas para el país.Es importante recordar que el presidente Abelardo De La Espriella había dicho en campaña que Restrepo cumpliría varias funciones en el Gobierno.“Confiar al vicepresidente de la República la misión general de coordinación interinstitucional e intersectorial de las iniciativas de interés nacional en materia de transformación del Estado, educación, recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, competitividad, productividad, estabilidad macroeconómica, desarrollo de inversión nacional y extranjera e inserción estratégica de Colombia en el contexto internacional”, señala el decreto firmado por el mandatario.Restrepo deberá buscar la articulación de las distintas entidades del Gobierno y la colaboración con las demás ramas del Estado así como con las entidades territoriales.“El vicepresidente de la República podrá expedir los instructivos, circulares o documentos que considere necesarios para el cumplimiento de las misiones asignadas”, señala el documento.
Comenzó la cuenta regresiva para la Red Bull Batalla Final Nacional 2026, que, esta vez, se llevará a cabo en el Royal Center de Bogotá. La edición anterior tuvo como epicentro el Movistar Arena, pero en esta volvió a un escenario más pequeño para una mayor cercanía a los seguidores y hacer de este evento algo mejor.¿Cuáles son los participantes de la Red Bull Batalla Final?La edición 2026 tendrá además un ingrediente especial: sobre el escenario estarán nuevamente tres nombres que ya dejaron huella en la edición anterior: J1, Marithea y Puppy, quienes harán parte de una nómina que reúne diferentes generaciones y estilos de la escena del freestyle nacional.Axl Evans V’sCoffyColosoHorusJazz MCLit IgnisPandoraJM SernaUrkoVisionarioJ1MaritheaPuppyFat NHunterGanador de Asimétrico Freestyle, BogotáFecha y hora de la Red Bull Batalla Nacional 2026El evento se realizará el sábado, 17 de octubre, en el Royal Center de Bogotá, desde las 4:00 de la tarde que se abren las puertas y a las 6:00 comienzan las batallas de manera formal hasta horas de la noche para conocer al campeón nacional que representará al país.“Y para quienes quieran vivir la experiencia desde el público, las boletas ya están disponibles con dos etapas de precios, además de Piggy, un sistema que permite ahorrar progresivamente para adquirir la entrada”, informaron.Precios y etapas de la boleteríaEtapa I: General $70.000, VIP $81.000 y Platino $93.000. Hasta el 23 de septiembre o agotar existencias.Etapa II: General $81.000, VIP $93.000 y Platino $104.000. Desde el 23 de septiembre hasta el evento o agotar existencias.Piggy: permite pagar la boleta mediante abonos progresivos. El ahorro podrá acumularse hasta el 5 de octubre de 2026.
Las alcantarillas pueden tener explosiones cuando dentro de las tuberías se acumulan gases inflamables, como el metano, y estos entran en contacto con una fuente de ignición. La presencia de basura, incendios, chispas o llamas cerca de los sistemas de drenaje puede provocar que los gases acumulados se enciendan y generen una detonación.Explosiones causan temor en el occidente de MéxicoCerca de 10 alcantarillas explotaron en Tlajomulco, en el estado de Jalisco, en el occidente de México, provocando temor entre la población local, pues el estallido los tomó por sorpresa.Uno de los momentos quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a un hombre que se encontraba en el jardín de su casa arreglando el césped, cuando, de un momento a otro, la alcantarilla que estaba a menos de unos metros explotó.Tras el estallido, el hombre salió de su vivienda y se acercó a otros vecinos para hablar sobre lo ocurrido, mientras la situación generaba preocupación entre los habitantes de la zona.El video también deja ver que no fue solo esa alcantarilla, pues en la zona varias terminaron explotando al mismo tiempo. De acuerdo con Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de la zona, las detonaciones se originaron por la concentración de gas metano dentro de una tubería, aunada a la quema de basura cerca de un domicilio.Asimismo, las autoridades señalaron que no se reportaron personas heridas tras el incidente de las 10 alcantarillas que explotaron.Tras el hecho, la empresa de acueducto de la zona y las entidades encargadas acudieron para atender la emergencia y gestionar el sellado o reposición de las alcantarillas faltantes.
Hablar sobre el ciclo menstrual de las mujeres todavía implica derribar algunos mitos y creencias que han pasado de generación en generación. Desde la idea de que las mujeres deben soportar los dolores y síntomas asociados al periodo hasta las dudas sobre qué productos menstruales pueden utilizar las niñas, la ginecóloga Mónica Lotero explicó cuáles son algunas de esas ideas que deben dejarse atrás y destacó la importancia de conocer el propio cuerpo.Uno de los principales mitos, según la especialista, consiste en pensar que es necesario acostumbrarse a convivir con cualquier síntoma que aparezca durante el ciclo menstrual. Lotero señaló que existen mujeres que presentan dolores intensos durante la menstruación o la ovulación, así como casos de síndrome premenstrual severo, pero advirtió que estos síntomas no deberían normalizarse cuando interfieren con la vida cotidiana. “Tú debes llevar tu ciclo menstrual de una forma que te deje vivir”, explicó la ginecóloga, quien recomendó consultar a un profesional cuando las molestias impidan realizar normalmente las actividades diarias.Para ella, conocer el ciclo menstrual permite identificar qué cambios son habituales y cuáles pueden ser señales de que es necesario acudir a un especialista.Otro de los mitos está relacionado con los productos para la menstruación y la edad para utilizarlos. De acuerdo con la ginecóloga, no existe una edad determinada que, por sí sola, contraindique el uso de productos como tampones o copas menstruales. Incluso, aclaró que haber iniciado o no relaciones sexuales tampoco determina si una persona puede utilizarlos. “Tú puedes usar un tampón cuando tú quieras, así tengas 11 años y te pueda venir la menstruación”, afirmó.Conocer el ciclo menstrual puede tomar varios mesesLa especialista también explicó que conocer el ciclo menstrual no es un proceso que ocurra de un día para otro. Según Lotero, pueden requerirse entre tres y seis meses para comenzar a identificar patrones y reconocer determinados cambios. Sin embargo, aseguró que incluso después de años pueden aparecer nuevas experiencias que permitan entender mejor la relación entre las emociones, los síntomas y las diferentes etapas del ciclo.Esta conversación se dio en el marco de la iniciativa “Para cada fase, un color”, presentada por Nosotras y Masglo, una alianza que busca ampliar la conversación sobre la menstruación para abordar el ciclo menstrual en su totalidad.La iniciativa utiliza distintos colores en esmaltes de uñas como un recurso visual para hablar de las fases del ciclo.La propuesta también pone sobre la mesa las brechas que todavía existen en materia de educación menstrual. De acuerdo con la Encuesta Global de Higiene y Salud de Essity citada en la información base, el 55 % de las personas consultadas afirma tener conocimientos sobre menstruación, mientras que solo el 40 % de los padres ha hablado alguna vez sobre este tema con sus hijas.
A un mes del terremoto con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, el Banco de Alimentos ha entregado 1.300 toneladas de ayuda humanitaria a más de 45 comunidades de los 5 departamentos afectados por las emergencias naturales.Los departamentos que han concentrado el mayor volumen de entregas son Valle del Cauca, con 768 toneladas; Risaralda, con 205; Chocó, con 176 toneladas; Quindío, con 67, y finalmente Caldas, con 84 toneladas.Las entregas en el departamento del Valle del Cauca se concentraron principalmente en Cali, Palmira, Buenaventura, Cartago y La Unión. Mientras que Risaralda recibió 20 entregas.Una de las zonas más afectadas fue Chocó, y allí han llegado ayudas dirigidas a Quibdó, Istmina, San José del Palmar y Tadó, incluyendo comunidades rurales y resguardos indígenas.“La ayuda no se ha limitado a Quibdó, Istmina, San José del Palmar y Tadó; también hemos llegado a comunidades rurales, resguardos indígenas y distintos sectores del departamento”, señaló el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.Entre los elementos enviados se encuentran 33.665 mercados, 320 toneladas de abarrotes, 120 toneladas de agua, 24 toneladas de leche y 27 toneladas de frutas y verduras. Además, se han entregado kits de aseo, pañales, colchonetas, sábanas, cobijas, útiles escolares y alimento para mascotas.Para atender la emergencia, 40.550 personas han realizado donaciones en efectivo, mientras que 6.800 voluntarios han participado en las labores de recepción, clasificación y empaque de los productos, acumulando cerca de 36.000 horas de trabajo.El Banco de Alimentos también mantiene otros frentes de atención, pues informan que hasta el momento ha enviado 538 toneladas de ayuda a Venezuela por el terremoto y, el 9 de septiembre, despachó 17 toneladas de agua hacia El Espinal e Ibagué para apoyar a las comunidades afectadas por los incendios en Tolima.La entidad aseguró que continuará recibiendo ayudas mientras persistan las necesidades de las comunidades. Las personas que quieran realizar aportes pueden hacerlo a través de la página oficial del Banco de Alimentos de Bogotá o mediante la Llave Bre-B 0091677852.