El Ministerio de Educación abrió dos nuevas investigaciones administrativas preliminares contra la Fundación de Educación Superior San José, sus directivos y órganos de administración y control. Las actuaciones se basan en hallazgos identificados durante las labores de inspección y vigilancia realizadas por el Ministerio.Entre los aspectos que serán revisados están presuntas fallas en el otorgamiento de títulos, la falta de información al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y el posible funcionamiento de programas en condiciones diferentes a las autorizadas en sus registros calificados.“En dichos informes se consignan hallazgos relacionados con presuntas fallas en el otorgamiento de títulos, omisión de información al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), posible desarrollo de programas en condiciones no autorizadas en sus registros calificados”, dijo el Ministerio en su comunicado.También se investiga la publicidad de programas cuyos registros calificados estarían vencidos y posibles pagos por hora cátedra inferiores al mínimo establecido por la Ley 30 de 1992.El Ministerio también encontró situaciones relacionadas con la conformación y el funcionamiento de los órganos de dirección y control de la institución.Las investigaciones involucran al representante legal, el rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales que hayan tenido responsabilidades en la institución.“La apertura de estas investigaciones no se limita a la revisión de tres casos particulares de posibles otorgamientos de títulos sin el lleno de los requisitos, objeto de actuaciones anteriores, sino que parte de indicios sobre una posible práctica recurrente y sistemática al interior de la institución, cuya existencia y alcance deberán ser esclarecidos”, agregó el Ministerio.Además, el Ministerio advierte que la nueva investigación busca establecer si pudo existir una práctica recurrente o sistemática dentro de la fundación.
El caso de Juliana Guerrero, quien recientemente fue condenada a tres años de prisión por los hechos relacionados con la obtención irregular de su título como contadora pública, continúa generando debate. Tras el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, el cual le permite no cumplir tiempo de reclusión física ni domiciliaria, su abogado defensor, Felipe Alzate, salió al paso para aclarar los alcances de la sentencia.En diálogo con Mañanas Blu, el jurista enfatizó que la responsabilidad penal de Guerrero se centra exclusivamente en el uso del documento para inducir en error a la autoridad nominadora, y no en la fabricación material del diploma. Según Alzate, la justicia no puede sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho, lo que explica por qué el proceso se enfocó únicamente en el delito de fraude procesal.La estrategia de defensa ante el preacuerdoFelipe Alzate explicó que la negociación con la Fiscalía tomó cerca de tres meses, periodo durante el cual se evaluaron las alternativas para una terminación anticipada del proceso. El defensor subrayó que, al reconocer su responsabilidad y evitar un juicio prolongado, su cliente obtuvo beneficios legales estandarizados dentro del ordenamiento jurídico colombiano.Al ser consultado sobre el supuesto doble beneficio por la exclusión del delito de falsedad en documento privado, Alzate fue enfático al señalar que existe una interpretación incorrecta por parte de la opinión pública. “Ella no falsificó el título, solo lo usó”, argumentó el abogado, tras defender que el fraude procesal subsume la conducta delictiva en este caso específico.A su juicio, la condena por fraude procesal, que conlleva una inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa económica, es el resultado de un análisis técnico basado en la jurisprudencia de las altas cortes. El defensor aclaró que la rebaja de pena aplicada no responde a un trato preferencial, sino a una facultad a la que puede acceder cualquier ciudadano que decida colaborar con la administración de justicia.Debate sobre el concierto para delinquirDurante la entrevista, surgieron cuestionamientos sobre por qué no se imputó el delito de concierto para delinquir, considerando que otras personas, como el exsecretario general de la Fundación San José, también fueron condenadas. Ante esto, Alzate descartó la existencia de una empresa criminal organizada y dirigida por su representada.“No hay un solo hecho que permita acreditar que hay una empresa criminal que se ha mantenido en el tiempo con diferentes autores”, puntualizó el abogado. Para la defensa, las condenas individuales no equivalen a la configuración de una estructura delictiva compleja, y cualquier aseveración en contrario, a su juicio, carece de sustento probatorio y se aleja de la realidad procesal del caso.Sobre la ausencia de menciones al expresidente Gustavo Petro en la carta pública escrita por Guerrero, Alzate aclaró que no conoce al exmandatario y que la misiva fue una decisión personal de su defendida. El abogado reafirmó que su rol se ha limitado exclusivamente al ámbito de la defensa técnica, manteniendo reserva sobre los asuntos ajenos al proceso judicial, como las especulaciones sobre posibles colaboraciones futuras con la justicia o situaciones relacionadas con el estatus migratorio de la procesada.
Antes de que la investigación de la Fiscalía avanzara hasta un acuerdo en el que Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por la obtención fraudulenta de dos títulos, la joven defendía públicamente sus estudios y explicó en una entrevista con Mañanas Blu cómo, según su versión de entonces, había llegado a graduarse como contadora pública.En 2025, cuando Guerrero estaba en medio de la controversia por su hoja de vida y su aspiración a ocupar un cargo en el Gobierno aseguró que había estudiado Contaduría Pública inicialmente en la Universidad Popular del Cesar y que posteriormente había realizado un proceso de homologación en Bogotá.Ahora, un año después, Guerrero negoció con la Fiscalía un beneficio jurídico por la obtención fraudulenta de los títulos entregados por la Fundación Universitaria San José.¿Qué decía Juliana Guerrero sobre su título de contadora pública?Durante la entrevista, Guerrero sostuvo que había comenzado sus estudios de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar y que había avanzado hasta quinto semestre antes de trasladarse a Bogotá.Su explicación fue que, después de llegar a la capital, retomó sus estudios y realizó una homologación. También afirmó que previamente había obtenido un título técnico del SENA relacionado con contabilidad.“Yo soy profesional, soy contadora pública”, respondió Guerrero cuando fue preguntada directamente por la naturaleza de su título.En ese momento, además, aseguró que había conseguido el título mediante un proceso académico que describió como regular y explicó que había avanzado simultáneamente en los diferentes niveles de formación."En este momento yo tengo la experiencia para poder desarrollar la política pública de juventudes, cumplo el requisito porque tengo un título académico que lo logré y lo saqué con esfuerzo, y en el tema de la experiencia eso se está revisando", relató.¿Cómo explicó la homologación que había realizado?Guerrero aseguró que las diferencias entre los programas académicos de la Universidad Popular del Cesar y la Fundación Universitaria San José llevaron a que tuviera que realizar una homologación.Según su relato de entonces, su formación técnica en el SENA le permitió obtener créditos para avanzar en el programa de tecnólogo y posteriormente continuar con la carrera profesional.“Yo hice la homologación”, afirmó durante la entrevista, al explicar por qué aparecían distintas etapas de formación en sus antecedentes académicos.También sostuvo que había estudiado Contaduría porque le gustaban los números y que su intención era complementar posteriormente esa formación con una maestría relacionada con la administración pública."Yo hice todo el proceso al tiempo para yo poder graduarme. Hice mi técnico en el SENA, obviamente, y empecé a hacer el tecnólogo homologando, haciendo todos los créditos del tecnólogo, y al mismo tiempo, como estaba cumpliendo esos créditos del tecnólogo, avanzaba con mi carrera", relató.¿Qué decía sobre las dudas alrededor de sus hojas de vida?Otro de los puntos abordados en aquella entrevista fue la existencia de dos versiones de su hoja de vida durante el proceso relacionado con su eventual llegada al Gobierno.Guerrero atribuyó la diferencia a un “error humano”. Explicó que había enviado una hoja de vida a Talento Humano del Ministerio de la Igualdad y que, anteriormente, había remitido otra documentación a Presidencia.Según su explicación, se terminó publicando inicialmente un documento que no correspondía a la versión actualizada y posteriormente se hizo la corrección para incluir el título de contadora pública.Sobre su experiencia profesional, Guerrero reconoció que acababa de graduarse y que no tenía todavía la experiencia profesional requerida para obtener la tarjeta profesional de contadora.En ese momento defendió que el título académico era necesario para cumplir con los requisitos del cargo al que aspiraba y sostuvo que no ejercería funciones propias de la contaduría pública."Para solicitar la tarjeta profesional yo tengo que tener un año de experiencia para poder que el Consejo Nacional de Contaduría Pública me lo dé. Pero hay una particularidad, y es que como yo no voy a dar fe de mi profesión al ser viceministra, yo no voy a firmar una declaración de renta, una actividad contable tributaria, pues yo no necesito firmar como contadora, porque eso yo la requiero en el ejercicio de mi profesión como contadora. Yo no voy a ejercer la contaduría pública, sino que yo necesito el título profesional cumpliendo ese manual de funciones", puntualizó en ese momento.
La senadora Jennifer Pedraza reaccionó a las disculpas y el arrepentimiento expresados por Juliana Guerrero durante la audiencia en la que reconoció su responsabilidad por la presentación de títulos falsos, caso por el que fue condenada. La congresista, quien impulsó las denuncias que destaparon el escándalo, puso en duda la sinceridad de la intervención de Guerrero y fue contundente al referirse a sus declaraciones.“Honestamente me parece un libreto que le mandaron a leer”, dijo en entrevista con Recap Blu.Pedraza explicó que, a su juicio, el discurso de Guerrero habría respondido a una estrategia para obtener el acuerdo judicial y, al mismo tiempo, desvincular a otras personas relacionadas con la Fundación Universitaria San José. “Me parece que le mandaron a decir: 'Esto es lo que usted tiene que decir, y además salve de una vez ahí a Francisco Pareja y Stefany Camacho'”, afirmó la senadora, al cuestionar que durante su intervención Guerrero hubiera señalado que nunca habló con quienes, según Pedraza, tenían posiciones de poder dentro de la institución.Condena por tres añosLa congresista también manifestó reparos frente a la forma en que se produjo el reconocimiento de responsabilidad.“Juliana ni siquiera había ido a las anteriores audiencias, tampoco fue a la audiencia de conciliación de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo. Pedraza aseguró que las pruebas recopiladas durante su investigación fueron determinantes para que Guerrero aceptara su responsabilidad y rechazó que se presente el caso como un simple episodio relacionado con una joven involucrada en un escándalo.Para la senadora, el proceso judicial contra Guerrero no debería cerrar la investigación sobre lo ocurrido en la Fundación Universitaria San José. La senadora aseguró que durante sus indagaciones encontró “770 títulos irregulares” y planteó que podrían existir más personas involucradas. “Aquí puede haber una cosa mucho más profunda”, afirmó, al considerar que el caso de Guerrero podría ser apenas una parte de un problema de mayores dimensiones en el sector educativo.Finalmente, Pedraza relacionó sus cuestionamientos con la defensa del mérito y el acceso a la educación, especialmente entre los jóvenes que realizan esfuerzos económicos para obtener títulos profesionales. “Mientras tanto, los cargos de la función pública, que deberían ser para los mejores, siguen repartiéndose por palanca y no por mérito”, concluyó.
Un juez de conocimiento condenó a Juliana Guerrero a tres años de prisión, además de imponerle una inhabilitación y una multa equivalente a 100 salarios mínimos, tras avalar el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos.Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de documentos que acreditaban los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, con los que buscaba acreditar el cumplimiento de los requisitos para optar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.Aunque el juez confirmó la responsabilidad penal de Guerrero, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al considerar que cumplía con los requisitos establecidos para acceder a ese beneficio. Entre ellos, que la pena impuesta fuera inferior a cuatro años, que no registrara antecedentes y que el delito no estuviera contemplado dentro de las excepciones previstas.Durante la audiencia, el juez señaló que Guerrero actuó con conocimiento de la falsedad de los documentos que fueron cargados en la plataforma de Función Pública. De acuerdo con la decisión, los documentos tenían apariencia de autenticidad y fueron utilizados dentro del proceso de verificación de requisitos, lo que habría inducido en error a los funcionarios encargados de esa labor.El juez hizo además un llamado de atención a Guerrero por la naturaleza del cargo al que pretendía acceder y por la conducta que fue objeto de la investigación.“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad con la juventud de este país muchos de los cuales han tenido que pasar 5, 7, 10 o 15 años en una universidad para tener un título. Esto no se trata de un simple error”, señaló el juez durante la audiencia.La decisión se produjo luego de que Guerrero aceptara responsabilidad y llegara a un preacuerdo con la Fiscalía para recibir una pena de tres años de prisión. La condena contempla además la inhabilitación y el pago de una multa de 100 salarios mínimos.Dentro de la misma investigación, la Fiscalía estableció que los diplomas emitidos el primero de julio de 2025 habrían sido certificados irregularmente por Luis Carlos Gutiérrez, quien para ese momento se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José.Según la investigación, Gutiérrez acreditó en el sistema que Guerrero cumplía con el plan de estudios y con las pruebas Saber Pro y Saber TyT del Icfes, pese a que la solicitud de grado había sido rechazada previamente por los validadores técnicos de la institución.Gutiérrez también fue condenado esta semana a tres años de prisión, tras la celebración de un preacuerdo por los hechos relacionados con esta investigación.Además, Guerrero pidió perdón públicamente por sus actuaciones y aceptó las consecuencias de sus decisiones. Ahora, con la sentencia, queda establecida su responsabilidad penal, aunque la pena de prisión fue suspendida de manera condicional por decisión del juez.
La Fundación San José vuelve a estar envuelta en una polémica ante el ojo público, esta vez por una fuerte denuncia de parte de la representante y futura senadora Jennifer Pedraza, quien expuso presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios en donde también estaría envuelto el representante legal, Francisco Pareja, que estaría en la misma situación."Es una investigación en la que nosotros llevamos varios meses y me sorprende que yo la pueda hacer con mi equipo de 3 personas dedicadas a este trabajo, mientras que el ministro de Educación, que tiene una subdirección para investigar estos casos y para sancionar y para hacer inspección, vigilancia y aseguramiento de la calidad, no sean capaces de hacer nada frente a esta realidad”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.Pedraza fue enfática en señalar que el caso de Juliana Guerrero no es aislado, sino que forma parte de un entramado más amplio. Según explicó, la investigación que lidera evidencia que múltiples títulos habrían sido otorgados sin cumplir requisitos académicos esenciales, como la presentación de las pruebas Saber Pro.“Yo aquí lo que les estoy demostrando es que el ministro de Educación lo que ha hecho es actuar de manera cómplice para no tocar a la San José. ¿Por qué? Porque los dueños de la San José, el mismo representante legal Francisco Pareja, sobre el cual yo estoy haciendo esta denuncia hoy, es aliado político de Armando Benedetti. No olviden que Francisco Pareja fue representante a la Cámara por el partido de la U en fórmula con Armando Benedetti. No olviden que fue concejal de Bogotá. No olviden que a él se le ha presentado siempre como si fuese ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, y la realidad es que no tiene títulos universitarios legales en este momento”, puntualizó.
El rector de la Fundación Universitaria San José, Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, se pronunció sobre el caso de Juliana Guerrero, que puso bajo la lupa a la institución por la expedición irregular de títulos académicos. En medio de la polémica, el directivo insistió en que la universidad fue víctima de una actuación individual y negó que existiera una práctica interna orientada a otorgar diplomas sin cumplir requisitos legales.“La institución se declaró víctima. Es un caso aislado, la institución no participó, no tuvo participación consciente en el otorgamiento del título a Juliana Guerrero”, afirmó Rodríguez Pulido, al explicar que la universidad reaccionó desde el momento en que tuvo conocimiento de lo ocurrido.Según el rector, una de las primeras medidas fue retirar del cargo al funcionario presuntamente implicado en la irregularidad. “La institución inmediatamente tomó unas acciones. En primer lugar, retirar al funcionario que llevó a cabo este hecho”, y añadió que el trabajador habría tenido acceso a procesos internos y sistemas administrativos que pudieron facilitar la expedición del título cuestionado.Rodríguez Pulido confirmó además que la universidad instauró una denuncia penal contra la persona señalada. Los cargos por los cuales deberá responder incluyen extralimitación de funciones, abuso de confianza y falsedad en documento público. “La institución genera o activa los mecanismos jurídicos necesarios y establece una denuncia de carácter penal frente a este funcionario”, indicó.El rector evitó confirmar si existen más implicados, argumentando que el caso permanece bajo reserva procesal. “Sería irresponsable mencionar quiénes podrían estar implicados, eso hace parte de la investigación”, explicó, al insistir en que las autoridades y los entes de control son quienes deberán establecer el alcance real de las responsabilidades.Tras el escándalo, la universidad activó un plan de contingencia enfocado en corregir posibles vacíos internos. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra la revisión de la seguridad del sistema institucional, auditorías a los procesos de grado y la creación de mecanismos de verificación más estrictos. “Desarrollamos un plan de contingencia orientado precisamente a corregir todos esos errores”, dijo el rector.La institución también abrió sus procesos al acompañamiento permanente del Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo con Rodríguez Pulido, el ministerio realiza seguimiento directo a los procedimientos académicos y administrativos. “La institución abre sus puertas y entrega toda la información necesaria para que el ministerio pueda evidenciar la problemática”, aseguró.Rodríguez sostuvo que no se han encontrado otros casos similares dentro de la institución ya que, según él, no es un hecho de costumbre institucional, sino un hecho aislado. También señaló que las auditorías internas continúan y que, si aparecen nuevas responsabilidades, la universidad procederá judicialmente. “Si existe otras personas implicadas, la institución procederá inmediatamente a denunciar”, concluyó.El caso de Juliana Guerrero se convirtió en una controversia nacional luego de que investigaciones señalaran que habría recibido títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública sin cumplir plenamente requisitos académicos obligatorios. Ambos diplomas fueron anulados por la universidad mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales.
La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, al considerar que no existen por ahora los presupuestos procesales suficientes para sustentar esa petición ante un juez de control de garantías.La decisión se conoció en medio de una audiencia que estaba programada para las 9 de la mañana, pero que finalmente fue aplazada. La diligencia tenía como propósito avanzar en la imputación de cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, conductas que serían atribuidas tanto a Guerrero como a Gutiérrez dentro de la investigación relacionada con la presunta expedición irregular de títulos académicos.Según lo informado durante la audiencia, el aplazamiento se produjo luego de que se esperara la conexión virtual de Juliana Guerrero. Tras aproximadamente una hora de espera, el despacho judicial recibió un correo electrónico enviado por Guerrero, en el que solicitaba la reprogramación de la audiencia, argumentando que aún no había contratado un abogado de confianza, pese a que ya contaba con una defensora pública asignada dentro del proceso.En medio de esta situación procesal, la Fiscalía también informó que decidió retirar la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria, que inicialmente había sido contemplada para que Guerrero cumpliera detención en su lugar de residencia mientras avanzaba el proceso judicial. La fiscal del caso explicó que, tras revisar el estado de la investigación, se concluyó que no se cumplían por el momento los requisitos legales para sustentar esa solicitud.Durante la diligencia, la representante del ente acusador precisó que, mediante un oficio dirigido al Juzgado 25 con función de control de garantías, la Fiscalía comunicó formalmente su decisión de desistir de la petición de medida de aseguramiento. Según indicó, “se desistió de las solicitudes de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha en este momento para solicitar la misma”.El proceso contra Juliana Guerrero se mantiene en curso. La investigación señala que la mujer habría presentado dos títulos presuntamente falsos expedidos por la Fundación San José, correspondientes a contaduría pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que habría utilizado para acreditar su formación académica dentro del proceso para acceder al cargo público en el Viceministerio de las Juventudes.Adicionalmente, la Fiscalía sostiene que Guerrero no habría presentado las Pruebas Saber, requisito que forma parte de los procesos de formación académica. En noviembre de 2025, la propia Fundación San José informó que, tras realizar una revisión interna, no encontró registros de actividad académica a nombre de Juliana Guerrero, es decir, no halló evidencia de asistencia a clases ni presentación de evaluaciones.Otro elemento que ha llamado la atención en medio del proceso es que Guerrero no se presentó a una citación judicial realizada en febrero, aunque recientemente fue vista participando en una sesión en la que se escogió al nuevo rector de la Universidad del Cesar. La institución difundió un video del encuentro, en el que se observa a Guerrero interviniendo activamente durante la reunión.El caso también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José. Según las indagaciones, su nombre aparece dentro de la investigación por otros presuntos casos de títulos académicos expedidos de manera irregular desde esa institución.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió este lunes al caso de Juliana Guerrero y a las investigaciones que rodean a la Fundación Universitaria San José, institución señalada por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. En entrevista en Mñanas Blu 10:30, el funcionario fue enfático en que la designación de Guerrero como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar no corresponde al Ministerio de Educación, sino directamente a la Presidencia de la República.“El delegado o delegada del presidente ante los consejos superiores universitarios es una función que no puedo usurpar. Esa nominación la define el presidente o quien él delegue”, aseguró Rojas, al ser consultado por la permanencia de Guerrero en ese cargo pese a que la Fiscalía anunció una imputación de cargos por presunta falsedad en documento público relacionada con su título académico.El ministro explicó que, aunque el Ministerio de Educación sí tiene competencias en materia de inspección y vigilancia sobre instituciones de educación superior, no tiene injerencia en las decisiones de la Presidencia sobre sus representantes en los consejos universitarios. “Juliana Guerrero no ha tenido ningún contrato con el Ministerio de Educación mientras he sido ministro, ni es mi delegada ante ningún consejo superior universitario”, puntualizó.Investigación contra la Fundación Universitaria San JoséEn la entrevista, Rojas también confirmó que desde 2023 el Ministerio adelanta un proceso formal contra la Fundación Universitaria San José, luego de recibir denuncias de estudiantes y usuarios por presuntas irregularidades académicas. Según explicó, la institución enfrenta actualmente dos vías de actuación: una preventiva y otra sancionatoria, amparadas en la Ley 1740.“La medida preventiva incluye vigilancia especial, una inspectora in situ y la formulación de un plan de mejoramiento acompañado por el Ministerio. Paralelamente, avanza el proceso sancionatorio, en el que la rectora y el exsecretario general tienen derecho a presentar descargos, como lo establece la ley”, detalló.Rojas rechazó críticas de sectores políticos que piden una intervención inmediata o la remoción automática de directivos. Aclaró que en Colombia no existe la figura de intervención universitaria como tal, sino medidas graduales de inspección y vigilancia. “No puedo saltarme el debido proceso ni usurpar funciones que corresponden a otras entidades como la Fiscalía”, sostuvo.El nombre de Juliana Guerrero volvió al centro del debate público tras conocerse que habría recibido un título sin cumplir requisitos académicos, lo que derivó en la imputación anunciada por la Fiscalía. Sin embargo, una hora después de hacerse pública esa decisión, el Gobierno confirmó que no sería retirada de su rol como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, lo que generó críticas desde distintos sectores.Frente a esto, el ministro de Educación insistió en que cualquier decisión sobre su permanencia corresponde exclusivamente a la Presidencia. “Mis delegados son funcionarios del Ministerio porque así lo exige la norma. En este caso, la responsabilidad es de Palacio”, reiteró.Mientras avanzan las investigaciones contra la Fundación Universitaria San José y el proceso judicial contra Guerrero, el Ministerio de Educación aseguró que mantendrá una postura de “defensa irrestricta de los derechos de los estudiantes” y que no tolerará irregularidades en el sistema de educación superior.
Luego de que se conociera la decisión por parte del Ministerio de Educación en la que anunció la formulación de cargos a la Fundación San José, a la rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la inspección y vigilancia permanente dentro de la institución, la reacción por parte de las congresistas que denunciaron este hecho no se hizo esperar.Para la representante Jennifer Pedraza, la decisión por parte de la cartera es insuficiente, pues aseguró que, desde marzo del 2025, el Ministerio de Educación ya venía vigilando constantemente la institución y aun así se presentó esta irregularidad de compra de títulos.“Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero”, señaló la congresista.Asimismo, le pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, que organice una mesa de trabajo con estudiantes y egresados de la institución para hablar sobre las alternativas que tienen frente a la desvalorización de sus títulos universitarios.“Le diría al ministro Rojas que formalmente le hemos pedido que establezca una mesa de trabajo para que le ofrezcan alternativas a los actuales estudiantes de la San José y a los egresados que están viéndose afectados por un Ministerio de Educación negligente y que hoy sus títulos universitarios tienen muy poco valor en el mercado laboral”, agregó.Por su parte, la representante Catherine Juvinao señaló que la respuesta más sensata y que ella esperaba tomara el ministerio sería una intervención a la institución educativa.“Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención”, señaló Juvinao.Además, aseguró que es “cantinflesco” que les pidan a las mismas directivas de la institución que haga planes de mejoramiento, luego de permitir la compra dentro de la institución.“Vamos a ver qué sale de los supuestos planes de mejoramiento que le van a pedir a esta institución. Pero a mí me parece casi que cantinflesco que les pidan a las mismas directivas corruptas que han cometido todos estos actos de conocimiento público que ahora se vuelvan buenas, que dejen de ser corruptas y que dejen de cometer tantas barbaridades”, concluyó.Es importante destacar que, pese a la decisión tomada por el ministerio sobre la inspección y la formulación de cargos, la cartera señaló que dichas medidas no implican el cierre de la institución, por lo que podrá continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas.
El número de accidentes de tránsito registrados en Bello durante 2026 encendió las alertas de las autoridades de movilidad, que buscan frenar el crecimiento de la siniestralidad y reducir las consecuencias para quienes se desplazan por las vías del municipio.Con corte al 30 de septiembre, el municipio contabilizó 2.032 siniestros viales, frente a los 1.750 reportados durante el mismo periodo de 2025. La diferencia representa un crecimiento del 16,1 %.Los lesionados también pasaron de 1.990 a 2.354, un aumento cercano al 18,3 %. En contraste, las muertes en las vías bajaron de 35 a 33 casos, aunque el balance mantiene la preocupación por la pérdida de vidas en hechos de tránsito.Ante este panorama, Andrés Camilo Montoya Osorio, secretario de Movilidad, indicó que las autoridades intensificaron sus labores de vigilancia y control. Durante el periodo analizado adelantó 1.934 operativos, en los que se impusieron 29.635 comparendos y se inmovilizaron 9.511 vehículos. Además, las autoridades practicaron pruebas de alcoholemia a 3.624 conductores: 228 dieron positivo y otros 18 se negaron a realizar el procedimiento."Nosotros, como autoridad de tránsito, educamos, controlamos y sancionamos, pero sin el compromiso de los actores viales es imposible mejorar los indicadores. Por eso invitamos a la prudencia y a la responsabilidad, por convicción y no para evitar un comparendo o una multa", aseguró el funcionario.Entre las conductas más recurrentes por las que se han impuesto comparendos en medio de controles están la circulación en lugares u horarios restringidos, incumplir la revisión técnico-mecánica, exceder los límites de velocidad, conducir sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente y no detenerse ante la luz roja o amarilla del semáforo.Hasta ahora 20.159 personas en esta localidad del norte del Valle de Aburrá han participado en actividades de pedagogía y sensibilización sobre seguridad vial, dirigidas a promover conductas responsables entre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.
La Corte Suprema de Justicia aclaró qué ocurre cuando una persona tiene una enfermedad y se encuentra trabajando, pues esta condición no garantiza por sí sola la estabilidad laboral reforzada ni impide que una empresa pueda terminar el contrato.De acuerdo con la entidad, para acceder a esta protección, el trabajador debe demostrar que su condición de salud genera una limitación relevante en el ámbito laboral y que cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia.La aclaración quedó registrada en la sentencia SL2622-2025, en la que la Sala de Casación Laboral estudió la demanda de un hombre contra Weatherford Colombia Limited. El trabajador alegó que su despido era ilegal porque tenía síndrome del túnel carpiano bilateral y una discapacidad moderada.En la demanda, solicitó el reintegro, el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir, los aportes a seguridad social y una indemnización equivalente a 80 días de salario.¿Puede una empresa despedir a un trabajador que tiene una enfermedad?Tras estudiar el caso, la Corte Suprema señaló que, para determinar si una persona está protegida por su condición de salud, es necesario valorar tres factores: la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano o largo plazo; las características del cargo y su entorno laboral; y la interacción entre la condición de salud y las funciones que desempeña.La Corte explicó que, si se demuestra una situación de discapacidad y el contrato termina sin una causa objetiva o justa, la decisión puede ser discriminatoria y declararse ineficaz.Sin embargo, en este caso, la Sala señaló que el demandante no probó que, al momento del despido, tuviera una deficiencia que le impidiera realizar sus labores habituales.La sentencia también precisó que las recomendaciones preventivas o las medidas habituales de gestión de riesgos laborales no son suficientes, por sí solas, para demostrar la existencia de una discapacidad o de discriminación.¿Por qué la Corte Suprema negó la protección laboral en este caso?La Sala de Casación Laboral determinó que las restricciones médicas relacionadas con el trabajo en alturas, el levantamiento de cargas y los movimientos repetitivos de las manos no tenían relación con las funciones que desempeñaba el trabajador en la empresa.Además, no encontró pruebas de que el síndrome del túnel carpiano le ocasionara una limitación prolongada ni de que no existieran perspectivas claras de recuperación.Por esta razón, el caso permite precisar que no toda enfermedad da lugar automáticamente a la estabilidad laboral reforzada. La posibilidad de terminar un contrato debe evaluarse según las circunstancias particulares y las pruebas disponibles. La sentencia no autoriza el despido indiscriminado de trabajadores enfermos.
Un hombre capturado y 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados dejó un operativo de la Policía Nacional contra el tráfico de estupefacientes en el barrio La Hondanada de Medellín.De acuerdo con las autoridades, el resultado representa una afectación a las actividades ilícitas del grupo delincuencial organizado ‘Los Chivos’, estructura que, según las investigaciones, obtendría rentas criminales de hasta 900 millones de pesos mensuales mediante la comercialización de sustancias.Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es el posible destino del cargamento. Las indagaciones preliminares señalan que la cocaína incautada presuntamente sería distribuida y comercializada en inmediaciones de una institución educativa cercana al lugar de la intervención.El coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mencionó que esta situación representa un riesgo para la seguridad y la integridad de niños, niñas y adolescentes, debido a la posible presencia de redes de expendio de drogas en entornos escolares."De acuerdo con nuestras investigaciones, estos estupefacientes estarían destinados a la subcomercialización en inmediaciones de una institución educativa cercana al lugar del procedimiento, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes", indicó el uniformado.Durante el allanamiento, los uniformados también encontraron e incautaron elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte del material probatorio del procedimiento.El hombre capturado registra antecedentes judiciales por los delitos de aprovechamiento de error ajeno y lesiones personales, según el reporte oficial. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga y los demás elementos incautados, para avanzar en el proceso de judicialización.
La Fiscalía judicializó a Juan David Gurrute Luna, acusado de contactar a dos adolescentes de 14 y 17 años en Huila para presuntamente reclutarlos en el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, en el departamento del Cauca.De acuerdo con la investigación, el hombre habría utilizado las redes sociales para acercarse a los menores y ofrecerles remuneraciones de hasta dos millones de pesos, lujos y armas, con el propósito de convencerlos de ingresar a esa estructura armada ilegal.Las pruebas recopiladas por la Fiscalía indican que los jóvenes habrían aceptado las propuestas y abordado un bus intermunicipal en Pitalito, Huila, durante la madrugada del 18 de octubre, con destino al departamento del Cauca.La situación fue advertida por los familiares de uno de los adolescentes, quienes alertaron a las autoridades ante la posibilidad de que el menor fuera entregado a una estructura criminal.A partir de esa información, las autoridades hicieron seguimiento al vehículo y lograron ubicarlo en Popayán. Durante la verificación de los pasajeros, uniformados de la Policía Nacional encontraron a Gurrute Luna junto a los dos adolescentes.Según la Fiscalía, el hombre no pudo acreditar algún vínculo que justificara su presencia con los menores. Además, los jóvenes lo identificaron como la persona que los había contactado por redes sociales, les hizo los ofrecimientos y compró los tiquetes para el desplazamiento.Tras el procedimiento, el señalado fue capturado y los dos adolescentes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes para el restablecimiento de sus derechos.Una fiscal de la Seccional Cauca imputó a Juan David Gurrute Luna el delito de reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó los cargos. Pese a ello, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Dos largas hileras de piedras que parecen extenderse como antenas en medio de una de las zonas más inhóspitas del planeta condujeron a los arqueólogos hacia un hallazgo que permaneció oculto durante más de cuatro milenios. En el Sáhara Occidental, una antigua estructura funeraria permitió recuperar restos humanos y establecer una fecha que ayuda a reconstruir parte de la historia de las comunidades prehistóricas del norte de África.El monumento, de 54,5 metros de longitud, pertenece a un tipo de construcción conocido como túmulo con antenas. Aunque estas estructuras aparecen en distintos sectores del Sáhara, su función y antigüedad no estaban suficientemente documentadas. La investigación permitió confirmar que el ejemplar estudiado fue utilizado como tumba hace aproximadamente entre 4.100 y 4.400 años.Los resultados fueron publicados en la revista científica African Archaeological Review por un equipo de investigadores vinculados a la Universidad de Girona y otras instituciones académicas españolas. El trabajo aporta una referencia cronológica para comprender las prácticas funerarias de los antiguos habitantes de esta región, donde las condiciones ambientales han dificultado durante décadas la conservación de los restos arqueológicos.Los restos humanos que revelaron el secreto de la estructuraEl hallazgo más importante apareció debajo de una cubierta de grandes piedras calizas. Allí se encontraba el esqueleto de una persona que había sido depositada directamente sobre el terreno natural, sin una fosa excavada. El cuerpo estaba boca arriba, con la cabeza hacia el sur y las piernas dobladas hacia el oeste.La conservación de los huesos era deficiente debido a las condiciones del desierto. Los investigadores únicamente pudieron recuperar algunos dientes, falanges y fragmentos de las extremidades, por lo que no lograron establecer el sexo de la persona.El desgaste dental permitió calcular que tenía entre 25 y 35 años cuando murió. Además, el análisis identificó acumulación de sarro en un molar y una pequeña alteración ósea en un dedo, aunque no fue posible determinar con seguridad qué actividad o condición pudo ocasionarla.Junto al cuerpo aparecieron cuatro pequeñas cuentas con forma de anillo fabricadas con cáscara de huevo de avestruz. Los especialistas consideran que pudieron formar parte de un adorno personal. Sin embargo, este tipo de objeto también aparece en otros contextos prehistóricos de la región, por lo que no permite atribuir el enterramiento a una cultura específica.Una construcción de casi 55 metros levantada con piedras localesLa tumba se encuentra en Lawash el Telli, cerca de un uadi, término utilizado para describir un cauce que permanece seco durante buena parte del año y que puede transportar agua cuando llueve.El monumento está compuesto por un montículo ovalado de 12,5 metros de longitud y menos de tres metros de altura. Desde sus extremos norte y sur parten dos alineaciones de losas que avanzan hacia el este. Estas hileras se aproximan progresivamente, pero no llegan a unirse.Los arqueólogos determinaron que la construcción se realizó con piedras calizas de la zona, colocadas sin mortero. La disposición de los materiales indica que la estructura pudo levantarse mediante un trabajo colectivo relativamente sencillo, sin requerir una infraestructura especializada para extraer o trasladar las rocas.La intervención arqueológica se desarrolló entre el 5 y el 8 de abril de 2018. El equipo excavó solo una parte del montículo para estudiar su composición y acceder al enterramiento; posteriormente, protegió el área intervenida y restituyó las piedras y la tierra a su lugar.La técnica científica que permitió fechar el enterramientoEstablecer la antigüedad de la tumba fue uno de los mayores retos del proyecto. Los primeros intentos de datación por radiocarbono no funcionaron porque los huesos habían perdido gran parte del colágeno, una proteína que suele utilizarse para determinar la edad de los restos orgánicos.Ante este inconveniente, los investigadores recurrieron a la bioapatita, el componente mineral que forma buena parte de los huesos. Para realizar el análisis, enviaron al laboratorio especializado CIRAM dos muestras pertenecientes al mismo individuo: una del húmero izquierdo y otra del fémur izquierdo.Las pruebas arrojaron resultados prácticamente coincidentes. Según el estudio, el enterramiento se remonta a un intervalo de entre 4.417 y 4.100 años calibrados antes del presente, equivalente aproximadamente al periodo comprendido entre 2467 y 2150 antes de Cristo.La importancia de estas fechas radica en que constituyen las primeras dataciones obtenidas para un túmulo con antenas en el Sáhara atlántico. Hasta entonces, la falta de materiales adecuados para realizar análisis científicos había impedido determinar con suficiente precisión cuándo se construyeron estos monumentos.El entorno de la tumba también representa un punto de interés para los investigadores. En el área de Sluguilla Lawash se han registrado cerca de 1.140 rocas con grabados, distribuidas a lo largo de aproximadamente 27 kilómetros.Las representaciones incluyen animales como bovinos y avestruces. Otros estudios realizados en la zona también han documentado figuras de jirafas, elefantes y rinocerontes, especies que hoy no se asocian con el paisaje extremadamente árido del lugar.Estas representaciones ofrecen indicios de los cambios ambientales que experimentó el Sáhara a lo largo de miles de años. Sin embargo, establecer una relación directa entre los grabados y la tumba sigue siendo difícil, debido a la ausencia de suficientes fechas arqueológicas que permitan comparar ambos registros.¿Qué significaban las dos antenas de piedra?Aunque la investigación confirmó que el monumento funcionó como tumba, todavía quedan preguntas sobre el propósito de su particular diseño. Las dos alineaciones de losas apuntan aproximadamente hacia el este, con una ligera desviación hacia el sur.En estudios anteriores se ha planteado que la orientación de algunas construcciones funerarias de este tipo podría estar relacionada con observaciones astronómicas. No obstante, los autores de esta investigación no presentan esa interpretación como una explicación demostrada.Tampoco se conoce la identidad de la persona enterrada ni las creencias que llevaron a sus contemporáneos a construir una estructura de estas dimensiones. La escasez de monumentos comparables con dataciones confiables limita las posibilidades de establecer conexiones con otras poblaciones antiguas.Por eso, el descubrimiento de Lawash el Telli representa un avance para la arqueología del Sáhara Occidental: permite conocer la antigüedad de una construcción funeraria hasta ahora poco estudiada y abre nuevas posibilidades para investigar cómo las comunidades prehistóricas honraban a sus muertos en un territorio cuyo pasado todavía guarda numerosos misterios.