La Fundación San José vuelve a estar envuelta en una polémica ante el ojo público, esta vez por una fuerte denuncia de parte de la representante y futura senadora Jennifer Pedraza, quien expuso presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios en donde también estaría envuelto el representante legal, Francisco Pareja, que estaría en la misma situación."Es una investigación en la que nosotros llevamos varios meses y me sorprende que yo la pueda hacer con mi equipo de 3 personas dedicadas a este trabajo, mientras que el ministro de Educación, que tiene una subdirección para investigar estos casos y para sancionar y para hacer inspección, vigilancia y aseguramiento de la calidad, no sean capaces de hacer nada frente a esta realidad”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.Pedraza fue enfática en señalar que el caso de Juliana Guerrero no es aislado, sino que forma parte de un entramado más amplio. Según explicó, la investigación que lidera evidencia que múltiples títulos habrían sido otorgados sin cumplir requisitos académicos esenciales, como la presentación de las pruebas Saber Pro.“Yo aquí lo que les estoy demostrando es que el ministro de Educación lo que ha hecho es actuar de manera cómplice para no tocar a la San José. ¿Por qué? Porque los dueños de la San José, el mismo representante legal Francisco Pareja, sobre el cual yo estoy haciendo esta denuncia hoy, es aliado político de Armando Benedetti. No olviden que Francisco Pareja fue representante a la Cámara por el partido de la U en fórmula con Armando Benedetti. No olviden que fue concejal de Bogotá. No olviden que a él se le ha presentado siempre como si fuese ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, y la realidad es que no tiene títulos universitarios legales en este momento”, puntualizó.
El rector de la Fundación Universitaria San José, Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, se pronunció sobre el caso de Juliana Guerrero, que puso bajo la lupa a la institución por la expedición irregular de títulos académicos. En medio de la polémica, el directivo insistió en que la universidad fue víctima de una actuación individual y negó que existiera una práctica interna orientada a otorgar diplomas sin cumplir requisitos legales.“La institución se declaró víctima. Es un caso aislado, la institución no participó, no tuvo participación consciente en el otorgamiento del título a Juliana Guerrero”, afirmó Rodríguez Pulido, al explicar que la universidad reaccionó desde el momento en que tuvo conocimiento de lo ocurrido.Según el rector, una de las primeras medidas fue retirar del cargo al funcionario presuntamente implicado en la irregularidad. “La institución inmediatamente tomó unas acciones. En primer lugar, retirar al funcionario que llevó a cabo este hecho”, y añadió que el trabajador habría tenido acceso a procesos internos y sistemas administrativos que pudieron facilitar la expedición del título cuestionado.Rodríguez Pulido confirmó además que la universidad instauró una denuncia penal contra la persona señalada. Los cargos por los cuales deberá responder incluyen extralimitación de funciones, abuso de confianza y falsedad en documento público. “La institución genera o activa los mecanismos jurídicos necesarios y establece una denuncia de carácter penal frente a este funcionario”, indicó.El rector evitó confirmar si existen más implicados, argumentando que el caso permanece bajo reserva procesal. “Sería irresponsable mencionar quiénes podrían estar implicados, eso hace parte de la investigación”, explicó, al insistir en que las autoridades y los entes de control son quienes deberán establecer el alcance real de las responsabilidades.Tras el escándalo, la universidad activó un plan de contingencia enfocado en corregir posibles vacíos internos. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra la revisión de la seguridad del sistema institucional, auditorías a los procesos de grado y la creación de mecanismos de verificación más estrictos. “Desarrollamos un plan de contingencia orientado precisamente a corregir todos esos errores”, dijo el rector.La institución también abrió sus procesos al acompañamiento permanente del Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo con Rodríguez Pulido, el ministerio realiza seguimiento directo a los procedimientos académicos y administrativos. “La institución abre sus puertas y entrega toda la información necesaria para que el ministerio pueda evidenciar la problemática”, aseguró.Rodríguez sostuvo que no se han encontrado otros casos similares dentro de la institución ya que, según él, no es un hecho de costumbre institucional, sino un hecho aislado. También señaló que las auditorías internas continúan y que, si aparecen nuevas responsabilidades, la universidad procederá judicialmente. “Si existe otras personas implicadas, la institución procederá inmediatamente a denunciar”, concluyó.El caso de Juliana Guerrero se convirtió en una controversia nacional luego de que investigaciones señalaran que habría recibido títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública sin cumplir plenamente requisitos académicos obligatorios. Ambos diplomas fueron anulados por la universidad mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales.
La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, al considerar que no existen por ahora los presupuestos procesales suficientes para sustentar esa petición ante un juez de control de garantías.La decisión se conoció en medio de una audiencia que estaba programada para las 9 de la mañana, pero que finalmente fue aplazada. La diligencia tenía como propósito avanzar en la imputación de cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, conductas que serían atribuidas tanto a Guerrero como a Gutiérrez dentro de la investigación relacionada con la presunta expedición irregular de títulos académicos.Según lo informado durante la audiencia, el aplazamiento se produjo luego de que se esperara la conexión virtual de Juliana Guerrero. Tras aproximadamente una hora de espera, el despacho judicial recibió un correo electrónico enviado por Guerrero, en el que solicitaba la reprogramación de la audiencia, argumentando que aún no había contratado un abogado de confianza, pese a que ya contaba con una defensora pública asignada dentro del proceso.En medio de esta situación procesal, la Fiscalía también informó que decidió retirar la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria, que inicialmente había sido contemplada para que Guerrero cumpliera detención en su lugar de residencia mientras avanzaba el proceso judicial. La fiscal del caso explicó que, tras revisar el estado de la investigación, se concluyó que no se cumplían por el momento los requisitos legales para sustentar esa solicitud.Durante la diligencia, la representante del ente acusador precisó que, mediante un oficio dirigido al Juzgado 25 con función de control de garantías, la Fiscalía comunicó formalmente su decisión de desistir de la petición de medida de aseguramiento. Según indicó, “se desistió de las solicitudes de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha en este momento para solicitar la misma”.El proceso contra Juliana Guerrero se mantiene en curso. La investigación señala que la mujer habría presentado dos títulos presuntamente falsos expedidos por la Fundación San José, correspondientes a contaduría pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que habría utilizado para acreditar su formación académica dentro del proceso para acceder al cargo público en el Viceministerio de las Juventudes.Adicionalmente, la Fiscalía sostiene que Guerrero no habría presentado las Pruebas Saber, requisito que forma parte de los procesos de formación académica. En noviembre de 2025, la propia Fundación San José informó que, tras realizar una revisión interna, no encontró registros de actividad académica a nombre de Juliana Guerrero, es decir, no halló evidencia de asistencia a clases ni presentación de evaluaciones.Otro elemento que ha llamado la atención en medio del proceso es que Guerrero no se presentó a una citación judicial realizada en febrero, aunque recientemente fue vista participando en una sesión en la que se escogió al nuevo rector de la Universidad del Cesar. La institución difundió un video del encuentro, en el que se observa a Guerrero interviniendo activamente durante la reunión.El caso también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José. Según las indagaciones, su nombre aparece dentro de la investigación por otros presuntos casos de títulos académicos expedidos de manera irregular desde esa institución.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió este lunes al caso de Juliana Guerrero y a las investigaciones que rodean a la Fundación Universitaria San José, institución señalada por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. En entrevista en Mñanas Blu 10:30, el funcionario fue enfático en que la designación de Guerrero como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar no corresponde al Ministerio de Educación, sino directamente a la Presidencia de la República.“El delegado o delegada del presidente ante los consejos superiores universitarios es una función que no puedo usurpar. Esa nominación la define el presidente o quien él delegue”, aseguró Rojas, al ser consultado por la permanencia de Guerrero en ese cargo pese a que la Fiscalía anunció una imputación de cargos por presunta falsedad en documento público relacionada con su título académico.El ministro explicó que, aunque el Ministerio de Educación sí tiene competencias en materia de inspección y vigilancia sobre instituciones de educación superior, no tiene injerencia en las decisiones de la Presidencia sobre sus representantes en los consejos universitarios. “Juliana Guerrero no ha tenido ningún contrato con el Ministerio de Educación mientras he sido ministro, ni es mi delegada ante ningún consejo superior universitario”, puntualizó.Investigación contra la Fundación Universitaria San JoséEn la entrevista, Rojas también confirmó que desde 2023 el Ministerio adelanta un proceso formal contra la Fundación Universitaria San José, luego de recibir denuncias de estudiantes y usuarios por presuntas irregularidades académicas. Según explicó, la institución enfrenta actualmente dos vías de actuación: una preventiva y otra sancionatoria, amparadas en la Ley 1740.“La medida preventiva incluye vigilancia especial, una inspectora in situ y la formulación de un plan de mejoramiento acompañado por el Ministerio. Paralelamente, avanza el proceso sancionatorio, en el que la rectora y el exsecretario general tienen derecho a presentar descargos, como lo establece la ley”, detalló.Rojas rechazó críticas de sectores políticos que piden una intervención inmediata o la remoción automática de directivos. Aclaró que en Colombia no existe la figura de intervención universitaria como tal, sino medidas graduales de inspección y vigilancia. “No puedo saltarme el debido proceso ni usurpar funciones que corresponden a otras entidades como la Fiscalía”, sostuvo.El nombre de Juliana Guerrero volvió al centro del debate público tras conocerse que habría recibido un título sin cumplir requisitos académicos, lo que derivó en la imputación anunciada por la Fiscalía. Sin embargo, una hora después de hacerse pública esa decisión, el Gobierno confirmó que no sería retirada de su rol como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, lo que generó críticas desde distintos sectores.Frente a esto, el ministro de Educación insistió en que cualquier decisión sobre su permanencia corresponde exclusivamente a la Presidencia. “Mis delegados son funcionarios del Ministerio porque así lo exige la norma. En este caso, la responsabilidad es de Palacio”, reiteró.Mientras avanzan las investigaciones contra la Fundación Universitaria San José y el proceso judicial contra Guerrero, el Ministerio de Educación aseguró que mantendrá una postura de “defensa irrestricta de los derechos de los estudiantes” y que no tolerará irregularidades en el sistema de educación superior.
Luego de que se conociera la decisión por parte del Ministerio de Educación en la que anunció la formulación de cargos a la Fundación San José, a la rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la inspección y vigilancia permanente dentro de la institución, la reacción por parte de las congresistas que denunciaron este hecho no se hizo esperar.Para la representante Jennifer Pedraza, la decisión por parte de la cartera es insuficiente, pues aseguró que, desde marzo del 2025, el Ministerio de Educación ya venía vigilando constantemente la institución y aun así se presentó esta irregularidad de compra de títulos.“Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero”, señaló la congresista.Asimismo, le pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, que organice una mesa de trabajo con estudiantes y egresados de la institución para hablar sobre las alternativas que tienen frente a la desvalorización de sus títulos universitarios.“Le diría al ministro Rojas que formalmente le hemos pedido que establezca una mesa de trabajo para que le ofrezcan alternativas a los actuales estudiantes de la San José y a los egresados que están viéndose afectados por un Ministerio de Educación negligente y que hoy sus títulos universitarios tienen muy poco valor en el mercado laboral”, agregó.Por su parte, la representante Catherine Juvinao señaló que la respuesta más sensata y que ella esperaba tomara el ministerio sería una intervención a la institución educativa.“Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención”, señaló Juvinao.Además, aseguró que es “cantinflesco” que les pidan a las mismas directivas de la institución que haga planes de mejoramiento, luego de permitir la compra dentro de la institución.“Vamos a ver qué sale de los supuestos planes de mejoramiento que le van a pedir a esta institución. Pero a mí me parece casi que cantinflesco que les pidan a las mismas directivas corruptas que han cometido todos estos actos de conocimiento público que ahora se vuelvan buenas, que dejen de ser corruptas y que dejen de cometer tantas barbaridades”, concluyó.Es importante destacar que, pese a la decisión tomada por el ministerio sobre la inspección y la formulación de cargos, la cartera señaló que dichas medidas no implican el cierre de la institución, por lo que podrá continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas.
El Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo.En ese sentido, la cartera de Educación formuló pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José, su rectora, Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez por el escándalo de los títulos falsos entregados, entre otros, a Juliana Guerrero.Recordemos que desde inicios de 2025, la entidad fue notificada de posibles irregularidades en la expedición de títulos por parte de la institución, específicamente, en el caso de Juliana Guerrero, quien iba a ser designada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad del Gobierno de Gustavo Petro.Es por esto que el Ministerio de Educación ordenó la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, con objetivo de proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas.La institución quedará bajo seguimiento permanente del Ministerio de Educación, que se encargará de verificar el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras.Así mismo, la universidad deberá crear e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos. Así como el establecimiento de condiciones obligatorias que deberá cumplir para normalizar su funcionamiento y asegurar la prestación legal del servicio educativo.El ministerio aseguró que designó una inspección permanente a la institución para corregir las fallas. Fiscalía imputará a Juliana Guerrero por irregularidades en su título de la San JoséEl lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. Los delitos imputados son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que involucra la acreditación de estudios que habrían sido utilizados para aspirar a un cargo en el Gobierno nacional.De acuerdo con la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, la investigación determinó que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, atribuidos a Guerrero, habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley. Estos documentos fueron registrados en el sistema oficial de empleo público en agosto de 2025.Según la Fiscalía, durante una inspección judicial realizada en la universidad se recopilaron registros académicos y administrativos que indicarían que Juliana Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las evaluaciones necesarias para obtener los títulos.De igual forma, la imputación también alcanza al secretario general de la institución, señalado como el funcionario responsable de la expedición de los títulos por delegación del Ministerio de Educación.Por el momento, la Fiscalía investiga si existió participación directa en la elaboración o validación de documentos que no cumplían los requisitos legales, mientras se consolida la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra ambos imputados mientras avanza el proceso judicial.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación por lo que calificó como una grave negligencia frente a las irregularidades detectadas en la Fundación Universitaria San José, institución señalada de presunta compra y venta de títulos profesionales. En entrevista con Recap Blu, la congresista le respondió al presidente Gustavo Petro al afirmar que ella no está persiguiendo a mujeres empobrecidas y trabajadoras, pues ellas no compran títulos universitarios, por el contrario, lo sucedido , según ella, es un irrespeto hacia las trabajadoras y jóvenes de escasos recursos."Las mujeres trabajadoras, jefas de hogar, empobrecidas están estudiando, presidente, no tienen 9 millones de pesos en el bolsillo para salir a comprar títulos falsos para después ser contratadas en su Gobierno", afirmó la congrista en Blu Radio.Pedraza aseguró que, tras varios meses de investigación, lo más preocupante no es un caso aislado (Juliana Guerrero), sino la inacción institucional. Según explicó, desde marzo el Ministerio de Educación tenía conocimiento de las anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero aun así se habrían presentado al menos 779 registros irregulares de personas que no aparecen correctamente reportadas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), herramienta clave para verificar la legalidad de los títulos."Eso es una traición muy clara a las personas trabajadoras que honestamente están intentando salir adelante para que el Gobierno después termine contratando en altísimos cargos, porque no olviden que Juliana iba a ser viceministra de Juventudes y a ganar 17 millones de pesos con títulos comprados", añadió.Entre esos hallazgos, la representante destacó que 516 personas habrían sido contratadas en 2025, lo que abre la hipótesis de que funcionarios o contratistas del Estado pudieron obtener títulos “exprés” para cumplir requisitos laborales. Aunque aclaró que será la Fiscalía la encargada de establecer responsabilidades penales, Pedraza señaló que la principal carga recae sobre la institución educativa y sobre el ministerio, al no haber intervenido oportunamente.Otro punto crítico revelado en la investigación es la expedición de títulos sin el cumplimiento de requisitos básicos, como la presentación de las pruebas Saber Pro. Pedraza indicó que se identificaron al menos 35 casos con características similares al de Juliana Guerrero, exviceministra designada, quien no habría cursado materias ni presentado exámenes obligatorios antes de recibir su diploma.La congresista también denunció obstrucción a su labor de control político, asegurando que la Fundación Universitaria San José se negó sistemáticamente a responder derechos de petición, obligándola a recurrir a acciones de tutela e incluso a promover un incidente de desacato contra su representante legal. Para Pedraza, esta falta de transparencia refuerza la necesidad de una intervención inmediata del Ministerio de Educación.Pedraza concluyó detallando que las sanciones podrían ir desde multas hasta el retiro de los registros calificados o incluso el cierre de la institución.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
La expedición de títulos profesionales en Colombia es una función exclusiva de las Instituciones de Educación Superior, en virtud del principio constitucional de autonomía universitaria, aclaró el Ministerio de Educación Nacional ante las denuncias de la representante Jennifer Pedraza. Según la entidad, son las universidades las responsables de garantizar el cumplimiento de sus normas internas y de la legislación vigente en cada proceso de formación y graduación.El ministerio precisó que no tiene competencia directa en la expedición de títulos ni hace parte de los procesos académicos que conducen a su otorgamiento. No obstante, indicó que ejerce labores de inspección y vigilancia conforme a la ley, las cuales se adelantan de manera independiente a las manifestaciones públicas realizadas por distintos actores.En este contexto, la cartera informó que, tras la expedición de la Resolución 021551 del 10 de noviembre, se inició formalmente una investigación administrativa a la universidad San José. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de inspección y vigilancia, la cual se desarrolla siguiendo los tiempos y procedimientos establecidos. Una vez concluida esta fase, el ministerio dará a conocer los resultados y las decisiones que correspondan.De manera paralela, el grupo de Medidas Preventivas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia adelanta revisiones para definir posibles acciones que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo bajo condiciones de calidad. El ministerio reiteró que todas sus actuaciones se rigen por el debido proceso y por los principios constitucionales y legales aplicables.Las aclaraciones se producen luego de que la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunciara la presunta existencia de un esquema de expedición irregular de títulos desde la Fundación Universitaria San José, que habría beneficiado a funcionarios y contratistas del actual gobierno. La congresista aseguró que su equipo ha documentado al menos 24 casos, entre ellos el de una funcionaria que habría recibido un título sin cumplir los requisitos legales.Frente a estos señalamientos, el Ministerio de Educación Nacional subrayó que no mantiene ningún vínculo contractual con la Fundación Universitaria San José y rechazó cualquier afirmación que pretenda relacionar a la entidad con actividades ilícitas asociadas a la expedición de títulos profesionales.
La candidata derechista Keiko Fujimori afirmó este domingo que respetará los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, después de conocer que el conteo rápido le ubica perdedora por un estrecho margen contra el izquierdista Roberto Sánchez, aunque aseguró que "van a ser días largos" hasta que se sepa el resultado final."Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional", dijo Fujimori en un breve pronunciamiento.La candidata, a quien las proyecciones de Ipsos Perú le dan un 49,7 % frente al 50,3 % de Sánchez, aseguró que respetarán los resultados electorales cuando el escrutinio llegue al 100 % y animó a Sánchez a hacer lo mismo."Quiero decir al pueblo peruano no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final", señaló la derechista entre aplausos de miembros de su partido, Fuerza Popular.Además, reiteró que el trabajo de los observadores de su formación, que según sus palabras llegan a 95.000 personas, es "doblemente importante" pues deben contar una a una las actas para respetar la "voluntad popular".En las elecciones de 2021, Fujimori no respetó los resultados que daban como ganador al expresidente Pedro Castillo (2020-2021), quien le ganó por unos 40.000 votos, y denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra, al punto de tratar de anular miles de votos para revertir los resultados a su favor.Este domingo, otra muestra oficial de actas oficiales realizada por la encuestadora Datum, con un margen de error del 1,9 %, situó a Sánchez con un 50,14 % y a Fujimori con un 49,86 %.Los resultados de estas proyecciones confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, a similitud de las dos anteriores elecciones, que se definieron por apenas 40.000 votos de diferencia.
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 7 de junio de 2026.Bárbara Manderfield, misionera y educadora, habló de su decisión de quedarse en Colombia a pesar de la violencia de los años 90, además de temas como la crianza, la educación y la paz.Diana Marcela Acosta, psicóloga clínica y escritora del libro 'Mírame: el autismo, la depresión y yo', explicó su experiencia y la inspiración que tuvo para escribir el libro.Juan Carlos Ramírez, presidente nacional de Acrip (Federación Colombiana de Gestión Humana), contó a qué se dedica la organización y su importancia en la gestión humana del país.Margarita Bello, ginecóloga y obstetra, reveló detalles del acompañamiento en salud a las mujeres embarazadas teniendo en cuenta la situación de cada una, buscando su bienestar y el del bebé; además de los diferentes programas que existen en salud para el acompañamiento de cada persona.Escuche el programa completo acá:
La candidata derechista Keiko Fujimori se mantiene por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez con una ventaja de 5,02 puntos porcentuales al alcanzar el 25,27 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.Tras haberse contabilizado una cuarta parte de los votos emitidos en esta jornada electoral, Fujimori recibe el 52,51 % de los votos válidos al obtener 2.608.002 papeletas, en contraposición al 47,49 % % de Sánchez, que registra 2.358.628 apoyos.Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse.La tendencia de la primera parte del escrutinio va en línea con los sondeos a pie de urna difundidos al cierre de los colegios, donde marcaban un empate técnico con una ligera ventaja para Fujimori, lo que anticipa una definición muy ajustada por pocos miles de votos como ya ocurrió en las dos anteriores elecciones.En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno por apenas 40.000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7 % de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06 %. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3 %, lo que hace que la diferencia en ambos no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección.Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha tenido ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.
La temporada futbolera despierta pasión entre millones de colombianos. Reuniones con amigos, pedidos a domicilio, suscripciones para ver los partidos y hasta compras de camisetas hacen parte de los planes habituales durante estas semanas. Sin embargo, la emoción también puede traducirse en gastos inesperados que terminan afectando las finanzas del hogar.Ante este panorama, expertos en educación financiera recomiendan mantener el control del presupuesto y evitar decisiones impulsivas que puedan generar dificultades económicas una vez termine la celebración deportiva.El fútbol también impacta el bolsillo de los colombianosAunque muchos gastos asociados al fútbol parecen pequeños, su acumulación puede representar una suma importante al cierre del mes. Domicilios, transporte por aplicaciones, plataformas de streaming y compras de último momento suelen convertirse en los principales responsables de los sobrecostos.En un país donde siete de cada diez personas tienen acceso a algún producto crediticio, según DataCrédito Experian, cada decisión financiera cobra relevancia y puede influir en la salud económica a largo plazo.Cinco consejos para disfrutar los partidos sin afectar las finanzasLos especialistas recomiendan aplicar algunas medidas sencillas que permiten disfrutar de la temporada futbolera sin poner en riesgo el presupuesto:Definir un presupuesto para entretenimiento antes de que inicien los encuentros más importantes.Controlar los gastos pequeños, como domicilios, snacks y transporte, que suelen pasar desapercibidos.Evitar compras impulsivas motivadas por promociones o descuentos relacionados con el fútbol.Mantener al día las obligaciones financieras, especialmente tarjetas de crédito y préstamos.Desconfiar de ofertas demasiado atractivas, especialmente aquellas que circulan por redes sociales o aplicaciones de mensajería.Las compras impulsivas pueden jugar en contraDurante los torneos deportivos es común encontrar promociones de camisetas, artículos deportivos y servicios de entretenimiento. Aunque estas ofertas pueden resultar atractivas, los expertos recomiendan evaluar si realmente son necesarias y si se ajustan a la capacidad de pago de cada persona.DataCrédito Experian recuerda que el puntaje crediticio promedio de los colombianos se ubica alrededor de los 630 puntos y está directamente relacionado con los hábitos financieros cotidianos.Cuidado con las estafas durante la temporada futboleraLa emoción por conseguir entradas, promociones o productos exclusivos también puede ser aprovechada por los delincuentes digitales. Según cifras de DataCrédito Experian, el 97,7 % de los colombianos percibe el fraude como una situación frecuente y las estafas en compras en línea representan el 34,5 % de los casos reportados.Por ello, la recomendación es verificar siempre la autenticidad de las ofertas, evitar compartir información financiera por canales no seguros y realizar compras únicamente en sitios confiables.Para Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, la clave está en encontrar un equilibrio entre el entretenimiento y la responsabilidad financiera. Organizar los gastos, conocer la capacidad de pago y planificar las compras permite disfrutar cada partido con tranquilidad y sin que el bolsillo termine pagando el costo de la emoción.
El piloto y el copiloto de un avión privado murieron al estrellarse su aeronave este domingo en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana, ubicado al este de República Dominicana, informó a la AFP una autoridad aeroportuaria.Las autoridades aeronáuticas detallaron que "la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana" y se precipitó al momento de retornar al aeropuerto."No se reportaron pasajeros", aclaró un comunicado del Instituto Dominicano de Aviación Civil.Informaron además que investigan las causas del accidente de esta esta aeronave modelo Gulfstream G200, un jet privado con una capacidad de entre ocho y 18 pasajeros.Un video publicado en redes sociales muestra una enorme columna de humo en el aeropuerto, mientras camiones cisternas esparcen agua para intentar controlar las llamas.República Dominicana, en el Caribe, es conocida por sus paradisíacas playas. El turismo es la principal actividad económica de este país de 11,6 millones de habitantes.El accidente ocurrió en un aeropuerto comercial privado internacional que sirve a la ciudad turística de La Romana.En 2021 murieron nueve personas en un accidente de un avión privado que partía del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo.Entre las víctimas se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie.