“Fundación San José expide títulos a medida de necesidades del Gobierno Petro”: Catherine Juvinao

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció la existencia de un presunto “cartel de títulos irregulares” operado desde la Fundación Universitaria San José, que habría favorecido a funcionarios y contratistas de entidades del actual gobierno. En entrevista con Mañanas Blu, Juvinao aseguró que se trata de un “esquema sistemático para expedir títulos a la medida de las necesidades del Gobierno Petro”.Según la congresista, su equipo de trabajo ya ha identificado 24 casos plenamente documentados, que replican o superan el episodio de Juliana Guerrero, quien recibió un título de contadora pública de la misma institución sin cumplir los requisitos legales establecidos por la Ley 1324 de 2009.“El caso Juliana Guerrero es apenas la punta del iceberg. Encontramos seis casos idénticos al suyo y otros 18 donde las personas presentaron la Prueba Saber Pro semanas o meses después de recibir el título, lo cual invalida completamente esos diplomas”, afirmó Juvinao.Millonarias consecuencias y presunta red de favoresDe acuerdo con la investigación preliminar, los beneficiarios de estos títulos habrían sido posteriormente contratados por entidades del Estado desde 2023, generando contratos que suman más de 1.100 millones de pesos. Entre las instituciones señaladas se encuentran el SENA, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el INVIMA, la DIAN y el Ministerio de Salud, entre otras 16 dependencias nacionales.Aunque la congresista evita señalar nombres concretos, advirtió que “sí puede haber políticos detrás, varios, porque muchas entidades fueron entregadas como cuotas burocráticas”. También aseguró que su equipo continúa rastreando posibles vínculos políticos, pese a las dificultades para obtener testimonios por temor a represalias.Incentivos económicos dentro de la universidadCatherine Juvinao sostuvo que el entramado irregular tuvo un componente de beneficio económico interno. Según explicó, el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José —presunto cerebro del esquema y ya desvinculado de la institución— “ganaba por personas graduadas, así que entre más títulos expedía, más dinero recibía”.Esa estructura de incentivos, dijo, generó un “incentivo perverso” que convirtió a la universidad “en una fábrica de expedir títulos sin requisitos”. Juvinao afirmó que incluso la universidad habría recibido contratos del Gobierno Nacional, lo que refuerza la posible conexión entre la institución y dependencias del Ejecutivo.Críticas a la falta de control estatalLa representante fue especialmente crítica con la inacción del Ministerio de Educación y la Fiscalía General, a quienes responsabilizó de no ejercer su deber de inspección y sanción. “Es inaudito que mi equipo legislativo, siendo pequeño, tenga que hacer la tarea del Ministerio de Educación. Ese Ministerio, con un presupuesto de 80 billones de pesos y una dirección de vigilancia y control, debería haber intervenido ya la universidad”, advirtió.Asimismo, cuestionó el silencio del ministro del ramo, recordando que, tras cuatro meses de haberse anunciado una investigación sobre el caso Juliana Guerrero, “no ha dicho una palabra sobre sanciones o avances”. Para Juvinao, la omisión estatal demuestra un doble discurso frente a las universidades privadas: “Las critican cuando reciben jóvenes con créditos del Icetex, pero no tocan a las que operan al margen de la ley”.“El presidente Petro premia la trampa”La denuncia también alcanza directamente al presidente Gustavo Petro, a quien acusa de proteger a Juliana Guerrero. “Ella es una de las mujeres más cercanas al Presidente. Aunque no la pudieron nombrar, sí está operando políticamente dentro de la Casa de Nariño”, aseguró.Juvinao calificó la situación como “una tragedia ética, educativa y política”, señalando que “el Presidente premia la trampa y les da la espalda a los jóvenes que se esfuerzan, se endeudan y estudian con honestidad”.Falta de vigilancia y advertencia de nuevos casosMás allá del caso San José, la representante alertó sobre un problema estructural de supervisión en el sistema de educación superior colombiano. Reiteró la necesidad de crear una Superintendencia de Educación, figura que ya se discute en el Congreso, para suplir la incapacidad del Ministerio en sus labores de inspección, vigilancia y control.“No es solo la Fundación San José. Hay más universidades involucradas y ya las estamos investigando. Esto podría implicar centenas, incluso miles de títulos irregulares expedidos por instituciones privadas con permisos del Ministerio de Educación”, reveló.La congresista concluyó recordando que su denuncia busca preservar la confianza en la educación superior colombiana y evitar que, bajo el amparo de la autonomía universitaria, se perpetúen prácticas corruptas que afectan tanto a las instituciones como a los jóvenes que cumplen con la ley y el mérito académico.