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El Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo.
En ese sentido, la cartera de Educación formuló pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José, su rectora, Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez por el escándalo de los títulos falsos entregados, entre otros, a Juliana Guerrero.
Recordemos que desde inicios de 2025, la entidad fue notificada de posibles irregularidades en la expedición de títulos por parte de la institución, específicamente, en el caso de Juliana Guerrero, quien iba a ser designada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad del Gobierno de Gustavo Petro.
Es por esto que el Ministerio de Educación ordenó la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, con objetivo de proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas.
La institución quedará bajo seguimiento permanente del Ministerio de Educación, que se encargará de verificar el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras.
Así mismo, la universidad deberá crear e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos. Así como el establecimiento de condiciones obligatorias que deberá cumplir para normalizar su funcionamiento y asegurar la prestación legal del servicio educativo.
El ministerio aseguró que designó una inspección permanente a la institución para corregir las fallas.
El lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. Los delitos imputados son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que involucra la acreditación de estudios que habrían sido utilizados para aspirar a un cargo en el Gobierno nacional.
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De acuerdo con la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, la investigación determinó que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, atribuidos a Guerrero, habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley. Estos documentos fueron registrados en el sistema oficial de empleo público en agosto de 2025.
Según la Fiscalía, durante una inspección judicial realizada en la universidad se recopilaron registros académicos y administrativos que indicarían que Juliana Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las evaluaciones necesarias para obtener los títulos.
De igual forma, la imputación también alcanza al secretario general de la institución, señalado como el funcionario responsable de la expedición de los títulos por delegación del Ministerio de Educación.
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Por el momento, la Fiscalía investiga si existió participación directa en la elaboración o validación de documentos que no cumplían los requisitos legales, mientras se consolida la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra ambos imputados mientras avanza el proceso judicial.
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