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El expresidente Álvaro Uribe lanzó duras críticas a la propuesta del presidente Gustavo Petro de implementar el "fast track" para modificar la Constitución. Según Uribe, este procedimiento abreviado, utilizado previamente durante el acuerdo con las Farc, representa un abuso y violación a la Constitución de 1991.
Uribe argumenta que la Asamblea Constitucional de 1991 delegó al Congreso la capacidad de modificar la Constitución con un procedimiento que originalmente requería ocho debates. Sin embargo, el Congreso redujo este número por iniciativa del Gobierno, lo cual, según Uribe, dista de los parámetros establecidos por el mandato popular.
“El Fast Track es inconstitucional. El Fast Track, procedimiento abreviado, de menor cantidad de debates adoptado por el Congreso para la modificar la Constitución durante el Acuerdo con la Farc, se constituyó en un abuso violador de la Constitución. Si a alguien le delegan una función y le definen los instrumentos para cumplirla, ese delegatario incurrirá en un abuso si modifica los instrumentos”, escribió Uribe en X.
El expresidente hizo hincapié en que el fast track, al simplificar el proceso de reforma constitucional, limita el debate y la reflexión necesaria para cambios tan trascendentales como los propuestos por Petro.
El Fast Track es inconstitucional. El Fast Track, procedimiento abreviado, de menor cantidad de debates adoptado por el Congreso para la modificar la Constitución durante el Acuerdo con la Farc, se constituyó en un abuso violador de la Constitución. Si a alguien le delegan una función y le definen los instrumentos para cumplirla, ese delegatario incurrirá en un abuso si modifica los instrumentos. La Asamblea Constitucional de 1991, elegida por el pueblo, Constituyente Primario, delegó en el Congreso la posibilidad de modificar la Constitución promulgado ese año. También definió un procedimiento que exigía 8 debate. Sin embargo, el Congreso, por iniciativa del Gobierno, redujo el número de debates para facilitar la Reforma Constitucional. Esto es, el Congreso, como mandatario para reformar la Constitución, se apartó de las reglas que le definió el mandante, el Pueblo, a través de la Asamblea Constitucional. Y los ocho debates tienen la razón de exigir que cualquier Reforma Constitucional tenga más estudio, controversia, reflexión, que la simple aprobación de la ley. Imposible aceptar la exequibilidad del Fast Track si además se tiene en cuenta que la Constituyente del Presidente Alfonso López Michelsen fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de acuerdo con el Plebiscito que regía antes de la Constitución de 1991, el Congreso tenía la competencia exclusiva para Reformar la Constitución. Por iniciativa del Presidente López Michelsen el Congreso aprobó convocar una pequeña Asamblea Constituyente para reformar la Justicia y el Ordenamiento Territorial. La Corte dijo que el Congreso no podía delegar su competencia de reformar la Constitución. Eso significó que los instrumentos, o el procedimiento, que la Constitución le señalaba al Congreso para ejercer su competencia de modificación Constitucional, no podían ser variados por el Congreso. Y ahora otra vez con el dañino Fast Track, con los mismo actores y otros ocultos.
Por otro lado, Petro propone no solo modificar el proceso legislativo sino también buscar apoyo internacional para reducir el "riesgo país" de Colombia y financiar un plan de reconstrucción en zonas marginadas, similar al Plan Marshall en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
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