Vía Bogotá-Girardot estaría lista en septiembre de 2015: MinTransporte

La ministra de Transporte, Natalia Abello, explicó en Mañanas BLU qué pasará con las obras de la vía Bogotá-Girardot luego de que la Contraloría declarara en un fallo el inicio de la caducidad del contrato con la concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A., por encontrar un detrimento patrimonial de más de 8900 millones de pesos por concepto de anticipos.

Señaló que las obras se encuentran en un 95 por ciento terminadas y que el Ministerio de Transporte ya está adelantando el proceso de adaptación administrativo para que en el momento en que se dé la declaratoria de caducidad, el Gobierno decida si el Invías o un nuevo consorcio sea el que se encargue de concluir las obras que incluye terminar la ampliación de un tercer carril, la construcción de un túnel y algunos puentes peatonales.

“Estamos hablando que es un 5 por ciento de ejecución de obras que equivalen a aproximadamente unos 100 mil millones de pesos, hay unas sumas que están retenidas y obras no realizadas por 40 mil millones de pesos. Estamos en la cuantificación del tema, pero creo que a través del Invias lo podemos revisar y si no, a través de la concesión nueva. Eso lo sabremos en el momento de la caducidad”, aseguró Abello.

La funcionaria explicó que los recursos que faltan para terminar las obras saldrían de la misma concesión una vez declarada la caducidad, por peajes o recursos de generación de caja, o se acudiría al presupuesto de la nación para que las obras sean entregadas en septiembre del próximo año.

Cabe resaltar que la única forma de que se evite la caducidad del contrato es que el consorcio pague una sanción a la Contraloría de 8924 millones de pesos, cosa que según la ministra no ha ocurrido.

En el caso del Túnel de la Línea, Natalia Abello informó que se está adelantando un proceso de caducidad por incumplimiento de los compromisos y obligaciones previstas para la ejecución de la obra, que debían haberse entregado el 30 de noviembre, y que este viernes habrá una audiencia para evaluar el tema probatorio, con lo que el Gobierno tomará una decisión respecto al contrato.