Violencia en Montes de María dejó a más de 128.000 personas desplazadas: estudio

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) entregó un informe a la Comisión de la Verdad sobre la barbarie que, durante más de tres décadas, vivió la población de los Montes de María que dejó como resultado a más de 158.000 desplazados.“Montes de María bajo fuego”, así se llama el informe que presentó Codhes junto a la Fundación Cultura Democrática, la Corporación Opción Legal, la Universidad Tecnológica de Bolívar y las Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María.El estudio revela que más de 82.600 hectáreas de tierra fueron abandonadas por 158.000 víctimas que por miedo y la violencia instaurada por grupos armados, tuvieron que huir durante los últimos 30 años.Le puede interesar: Gobierno garantizará participación de Cuba como país garante en acuerdo de paz con FarcEl documento detalla como la violencia en los Montes de María, ocasionada por las Farc y el paramilitarismo, “fue usada como un recurso para mantener y profundizar la concentración de la tierra y dar paso a la industrialización del campo, afectando la vida campesina.”El padre Francisco de Roux, presidenta de la Comisión de la Verdad, aseguró que es de suprema importancia que las víctimas hayan participado directamente en el informe.“Es una decisión de ética pública y política, de extraordinario valor porque nadie como ustedes, nadie tiene la autoridad moral que tienen los sobrevivientes de Montes de María para hablarle a toda Colombia. Nadie va a escuchar con la fuerza que ustedes tienen, eso no es comparable, lo que ustedes le pueden decir al país”, explicó de Roux.El presidente de la Comisión de la Verdad puntualizó a las víctimas que ellas son quienes “saben en el dolor de sus piernas, en la huida aterrada de las familias que fueron sometidas a la violencia, en los silencios profundos de las familias y hablan desde allá, tienen una autoridad moral que nadie tiene en Colombia para decir: por favor el respeto de nuestras vidas”.En el documento, las víctimas responsabilizan al Estado colombiano por no cumplir con su misión de protección y garantía de los Derechos Humanos a la población campesina.Asimismo, piden al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que las masacres, desapariciones, desplazamientos no se queden en la impunidad.