El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones afirmó que el proyecto Universidad Montes de María no cuenta todavía con las condiciones necesarias para la firma del convenio que permitiría su ejecución. Este pronunciamiento se da cerca de que comenzara la ley de garantías electorales en donde se estipulan los plazos para la suscripción de proyectos.Según informó la entidad, la Gobernación de Bolívar radicó la documentación del proyecto el pasado 4 de noviembre; sin embargo, tras una revisión técnica preliminar, se concluyó que la propuesta no cumple aún con el nivel de maduración requerido en materia técnica, financiera y jurídica.Es importante aclarar que para este proyecto de 80.000 millones de pesos estaba previsto para ser suscrito entre la Gobernación de Bolívar, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Cartagena. Aunque todas las instituciones involucradas han expresado su intención de participar, el MinTIC señaló que esas cartas de intención no representan un cierre financiero ni garantizan la adquisición en su totalidad de los recursos necesarios para desarrollar la universidad.Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, rechazó la decisión tomada por el ministerio, denunciando que “el ministerio se gastó la plata de la Universidad de los Montes de María en otros proyectos y dejó a las víctimas del conflicto sin universidad. Esa es la realidad del asunto y eso es lo que hoy vive una persona azotada por el conflicto en el departamento de Bolívar. Muy triste, eso es lo que a uno le desmotiva de este ejercicio”.Además, en entrevista para Blu Radio, añadió que este proyecto ya había sido conversado en medio de 13 mesas de trabajo en donde se había estipulado por parte del Ministerio de Educación que había viabilidad técnica, y se acordó que MinTIC debía aportar una contrapartida de 30.000 millones de pesos; sin embargo, a hoy se negó su ejecución.Por parte del ministerio, enfatizaron que su actuación ha sido completamente transparente y que cada decisión se ha tomado con rigor técnico y responsabilidad, respetando las competencias institucionales y los principios de legalidad que rigen la función pública.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, denunció que el Ministerio de las TIC (MinTic) negó la financiación para la Universidad de los Montes de María, un proyecto clave prometido por el presidente Gustavo Petro. Arana calificó la decisión como una "desconexión" entre el ministerio y las directrices presidenciales, lamentando que se dejen sin fondos a una región "azotada por el conflicto" que esperaba una transformación social a través de la educación.El mandatario departamental expresó su frustración en una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor MOrales, donde detalló el revés que sufrió el proyecto educativo, considerado vital para las víctimas del conflicto en esa subregión del Caribe colombiano.Frenazo a proyecto de $80 mil millonesEl gobernador Arana explicó que el proyecto total para la Universidad de los Montes de María ascendía a 80 mil millones de pesos. Señaló que, tras un largo proceso de estructuración, se había acordado que el MinTic aportaría una contrapartida de 30 mil millones de pesos, un compromiso que, según él, había sido ratificado por el propio presidente Petro.El mandatario de Bolívar criticó la decisión, comparando la negativa a su departamento con la reciente aprobación de grandes proyectos para otras regiones, como Cundinamarca.La contradicción técnica: MinEducación vs. MinTicEl argumento del MinTic para negar los recursos fue que el proyecto no cumplía con la "etapa de maduración" técnica necesaria. Sin embargo, Yamil Arana desmintió esta justificación, asegurando que el Ministerio de Educación, que actuaba como sector líder del proyecto, ya había otorgado la viabilidad técnica.Arana relató que, tras 13 mesas de trabajo previas, la decisión del MinTic fue sorpresiva y se tomó "el último día", contradiciendo al sector educativo. “El último día dijeron que el proyecto no alcanzaba la madurez técnica, cuando el Ministerio de Educación, que era el sector líder, había dicho que sí”."Desconexión" con las promesas de Gustavo PetroAl ser consultado por el periodista Néstor Morales sobre si consideraba la decisión una "retaliación política", similar a las tensiones del gobierno con el Valle del Cauca, el gobernador Arana lo descartó. En su lugar, atribuyó el problema a una falta de coherencia interna en el Gobierno Nacional.“Nosotros lo tomamos como una desconexión entre los ministerios y las propuestas realizadas del Presidente. El Ministerio de las TIC está totalmente desconectado con las instrucciones o con las promesas que hace el señor presidente”.Arana fue enfático en que la decisión ministerial ignora un compromiso directo del presidente Gustavo Petro con una de las regiones más golpeadas por la violencia, afectando la credibilidad de los gobernantes locales que gestionan los proyectos en el territorio.Montes de María: víctimas del conflicto afectadasEl gobernador subrayó el impacto social de la decisión, destacando que la Universidad de los Montes de María beneficiaría a más de 4.000 estudiantes y representaba una "reivindicación histórica" para las víctimas del conflicto armado.“El ministerio se gastó la plata de la Universidad de los Montes de María en otros proyectos y dejó a las víctimas del conflicto sin universidad. Esa es la realidad del asunto”.Arana cuestionó directamente las prioridades del MinTic, preguntando qué proyecto podría ser más importante que saldar una deuda social con una población que ha sufrido las peores épocas de violencia en el departamento.El mandatario concluyó su intervención expresando una profunda desmotivación, calificando la situación de "muy triste" y como un ejemplo de las dificultades que enfrenta la política desde las regiones.
La Corte Suprema de Justicia otorgó la libertad condicional al exsenador Álvaro García Romero por vencimiento de términos en el proceso que enfrenta por desaparición forzada. La decisión fue tomada por dos de los tres magistrados de la sala de juzgamiento tras avalar la petición de la defensa.Álvaro García había sido condenado en 2010 por ese mismo alto tribunal a 40 años de prisión, tras determinar que fue uno de los responsables de la masacre de Macayepo, región de los montes de María, cometida por paramilitares en octubre del 2000. En ese momento, 15 campesinos fueron asesinados en medio de una sangrienta incursión armada.A partir de esa condena, la justicia inició otro proceso contra García por desplazamiento forzado y ordenó su recaptura en julio del año pasado luego de que un juez de Bogotá, días antes, le diera la libertad argumentando que había alcanzado el “cumplimiento de tres quintas partes de su pena y por haber redimido una parte de su condena”.Dice la Corte en su acusación que, producto de esa masacre cometida por integrantes del bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, más de 4.000 personas, entre ellas familiares de los asesinados, se vieron obligadas a desplazarse por temor a represalias.Desde ese momento, la defensa del exsenador interpuso varios recursos que este miércoles tuvieron resultado pues, dicen, el pasado 4 de agosto, venció el plazo que tenía la Corte para dar culminar el juicio y determinar si también era culpable o no.Ahora las autoridades están en el proceso de verificación para revisar si hay más procesos pendientes, de lo contrario, se notificará la orden de salida de la cárcel La Picota.
¿Se imagina poder prender una estufa usando agua en lugar de gas, gasolina o carbón? Pues ese es uno de los planes que estudia el Gobierno para impulsar los programas de sustitución de leña y de transición energética en los Montes de María.La idea es comprar unas 2.000 estufas que funcionen con hidrógeno u oxihidrógeno producido en sitio.¿Cómo funcionarían las estufas con agua?El usuario de la estufa tendría que poner agua en una parte de la estufa llamada electrolizador. El electrolizador es un aparato que separa el hidrógeno y el oxígeno (los componentes del agua) usando electricidad.El oxígeno se libera al medioambiente y el hidrógeno se queda dentro de la estufa para ser usado como combustible para generar calor y así poder cocinar.El Gobierno espera que las estufas tengan cómo graduar la temperatura y que el electrolizador, en algunos casos, funcione con baterías y energía solar y en otros se conecte a la red eléctrica.Fenoge, una entidad del Gobierno del sector de Minas y Energía, ya pidió cotizaciones a los empresarios sobre el costo de esas estufas y su viabilidad.
Se trata de 2.160 hectáreas que Argos entregó a la Agencia Nacional de Tierras a través de la fundación Crecer en Paz. Las primeras 1.000 hectáreas se entregaron el 30 de agosto de 2023; las donaciones restantes antes de cerrar el 2023.“La empresa Argos ha decidido entregar todas las tierras que había conseguido en la zona para el campesinado a través de nuestro programa de reforma agraria”, dijo el presidente Gustavo Petro desde El Carmen de Bolívar.Blu Radio consultó con Grupo Argos y conoció que se trata de 2.100 hectáreas que efectivamente entregó la compañía, pero que ya fueron entregadas a los campesinos de la región entre agosto del año pasado y marzo de este año, esto se hizo a través de la fundación Crecer en Paz, que fue creada hace ocho años y su objetivo era entregar tierras a los campesinos en la región cuando estos tuvieran las capacidades para hacerlas productivas. Esa fundación le entregó las tierras a la Agencia Nacional de Tierras.A través de esa misma fundación, Argos ha entregado 1.256 hectáreas a ocho asociaciones campesinas, que benefician hoy en día a 400 familias.Cabe mencionar que este tema de las tierras en esa región ha sido motivo de disputa entre Argos y el presidente Gustavo Petro, que acusa a la compañía de despojar y apropiarse de tierras en la región de los Montes de María, mientras que la compañía siempre ha negado esto, y ha dicho que, por el contrario, nunca se opuso a los procesos de restitución.
Durante el conflicto armado en los Montes de María, en el Caribe colombiano, se registraron decenas de acciones violentas por parte de diferentes grupos armados, siendo una de las regiones más afectadas en su momento, allí tuvieron presencia las Autodefensas Unidas de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc.Algunos líderes de la zona han asegurado que la situación de orden público se ha venido alterando desde hace algunos meses, por lo que piden presencia de las autoridades."Hoy se tiene un SOS en los Montes de María, en la Mojana bolivarense y en la Mojana sucreña por la presencia de autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el mes de enero hubo un enfrentamiento entre la Policía y las Autodefensas, tenemos presencia de ellos -AGC- tenemos extorsiones y amenazas a líderes y exalcaldes del Carmen de Bolívar", señaló Esther Torres líder social de la región.Ante esta situación han hecho un llamado al Gobierno nacional, pues aseguran que no quieren que se repita la historia vivida hace varios años."Queremos por favor pronunciarnos ante el Gobierno nacional y ante nuestro presidente, que eligió el pueblo, que por favor tome medidas urgentes a nuestro territorio, no queremos la repetición, hemos tratado de hacer pronunciamientos a entidades locales, a gobiernos y a alto comisionado, a enlaces que tenemos en el territorio, pero no hemos logrado el objetivo, hay mucho miedo y temor, nuevamente volvieron las noches tenebrosas, ya no podemos transitar en las noches y en las tardes por las vías de los corregimientos", señaló Torres.Por último, Torres señaló que, en Montería, Córdoba, se constituyó la Confederación Baluarte Campesino, allí se reunieron 1.500 asociaciones para trabajar en temas como la reforma rural y otras iniciativas que permitan desarrollar el campo y llevar un cambio a los territorios que han sido afectados por la violencia.
El Grupo Argos fue duramente señalado por el presidente Gustavo Petro en medio del discurso de la entrega de tierras a víctimas del conflicto armando en El Salado, Montes de María. El mandatario lo acusó de quedarse “con la tierra de los desplazados” en ese momento. Según dijo, no son los responsables de masacres, pero sí de “beneficiarse” de esa violencia.Esas palabras provocaron la pronta reacción de varios sectores, incluyendo la de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en cabeza de Gerardo Vega, quien, en diálogo con Mañanas Blu, se refirió a esa compra de tierras a los campesinos y que hoy tiene en la polémica a Argos.De acuerdo con Vega, el Grupo Argos “creó un entramado jurídico para quedarse” con esos predios y, al igual que el presidente Petro, considera que se “aprovecharon” del conflicto para “aumentar su patrimonio” y adquirir más terrenos.“Se aprovecharon de la circunstancia de violencia, se aprovecharon de la violencia y el conflicto armado para hacerse a unas tierras. Ellos (Argos) no causaron de manera directa el despojo, pero sí se aprovecharon, se enriquecieron, crecieron su patrimonio, su número de predios en hectáreas en esa región; se aprovecharon de las circunstancias”, sentenció.Según contó Vega, luego de los hechos y de los varios procesos de reclamación de tierras por parte de las víctimas, se han emitido más de 18 sentencias, 22 en total, que “vinculan a Argos en las responsabilidad que tienen sobre el despojo”.“Entonces, siempre se hizo a través de terceros y por eso el presidente toca el tema ayer (miércoles), porque entregamos unas tierras que fueron donadas a las Agencia Nacional de Tierras para ser entregadas; van 11 predios donados por la Fundación Crecer, creada en 2015. Esa fundación recibió unas tierras de Argos”, explicó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:Le puede interesar:
La Armada de Colombia, a través de su labor de desminado humanitario contribuyendo al uso productivo de 12.971 metros cuadrados de tierra, permitió el retorno de sus pobladores, quienes tienen el firme propósito de convertirse en los líderes de producción agrícola de los Montes de María.Integrantes de la Armada de Colombia participaron de un taller de la OEA para adquirir y profundizar sus técnicas y conocimientos en esta labor preventiva.Esta actividad desarrollada durante el 2022, permitió que el departamento de Sucre fuera declarado territorio libre de minas antipersonal, así como adelantar labores de despeje en los municipios de El Salado, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, María La Baja, Córdoba y Zambrano, en el departamento de Bolívar.669 habitantes de las zonas en las que se desarrollaron las tareas de despeje, fueron capacitados por medio de talleres educativos sobre “Riesgos de Minas”, para inculcar pautas y comportamientos seguros ante municiones sin explosionar y trampas explosivas.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Hay zozobra en los Montes de María por la delincuencia que se ha venido presentado últimamente, incluso, esta problemática está paralizando varias obras de infraestructura en la zona. El pasado martes, durante seis horas, hombres armados tomaron como rehenes a varios operarios que adelantan trabajos en la vía que conduce del municipio de Ovejas al corregimiento de Almagra, en Sucre.Los delincuentes liberaron a los trabajadores el mismo día, sin embargo, hay que decir que quemaron una motoniveladora que había adquirido la Gobernación de Sucre por un valor de 1.200 millones de pesos. Esto, como parte del Banco de Maquinaria para mejorar la malla vial del departamento.Delincuencia traería problemas en obras viales"Esto nos va a traer inconvenientes en la revolución vial que iniciamos, toda vez que con estas máquinas se vienen haciendo unos cronogramas de ejecución y de apoyo a los municipios para atender las distintas necesidades, sobre todo, en las zonas rurales", así lo informó Saúl Martínez, secretario de Infraestructura."Esta máquina que quemaron, después de que terminara su recorrido en Almagra, se iba a dirigir a Flor del Monte y después iba para el municipio de Corozal, pero ahora toca reprogramar y ver con qué vehículo vamos a atender esas necesidades", agregó el funcionario público.Otros ataques en los Montes de MaríaEste ataque se suma al ocurrido la madrugada del pasado 14 de octubre, cuando tres delincuentes armados y encapuchados también quemaron una maquinaria empleada en la construcción de la Transversal de los Montes de María.¿Qué dice la Gobernación de Sucre?La Gobernación de Sucre, por su parte, afirmó que las autoridades iniciaron las investigaciones del caso para determinar quiénes están detrás de estas quemas y cuáles son las oscuras intenciones que motivan a estos ataques vandálicos.La situación mantiene en alerta a la comunidad de los Montes de María, quienes también piden a las autoridades tomar cartas en el asunto de manera pronta.Le puede interesar:
Buscar incansablemente a su madre durante 26 años, al tiempo que ayudaba a sanar a otras mujeres víctimas de la violencia en los Montes de María, es la mejor muestra del coraje de Mayerlis Angarita.Su nombre y el de su natal San Juan Nepomuceno (Bolívar) retumbaron este lunes durante la entrega del Premio Internacional Mujer Coraje, que cada 8 de marzo otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos para reconocer el liderazgo de mujeres en todo el mundo.“Realmente este premio me tomó por sorpresa, porque nosotras somos de territorio, y nuestro trabajo es muy invisibilizado, y ver cómo el gobierno de Estados Unidos lo reconoce y le importa el trabajo de las que estamos donde no llega ni el viento, también es una forma de visibilizarlo”, aseguró la fundadora del colectivo de mujeres ‘Narrar para vivir’.Para Mayerlis, este reconocimiento, lejos de ser un motivo de vanidad, es un nuevo impulso a su trabajo, al tesón con el que ha logrado que más de 800 mujeres de los Montes de María que hacen parte de ‘Narrar para Vivir’ hoy puedan contar otras historias.En octubre de 1994 el conflicto armado tocó muy de cerca a esta defensora de derechos humanos. Su madre, Gloria Robles Sanguino, con tan solo 35 años, fue víctima de desaparición forzada en Montería, Córdoba. 26 años después, el 4 de diciembre del 2020, Mayerlis logró recuperar sus restos.“Yo soy sobreviviente del conflicto, tuve la bendición de encontrar los restos de mi madre y pude hacer ese cierre, ese duelo, después de 26 años de búsqueda. La desaparición forzada es una tortura diaria, y es un descanso saber qué pasó con tu ser querido, aunque es muy doloroso, porque en mi caso, yo esperaba encontrarla con vida”, relató.Mientras se prepara para un viaje de intercambio en el que compartirá experiencias con otras mujeres líderes del mundo ganadoras de este mismo galardón, Mayerlis sigue trabajando, sin descanso, para que los Montes de María sea un territorio seguro para todas las mujeres.“106 lideresas de los Montes de María hacemos parte de la mesa de garantías, y trabajamos desde hace dos años juntas porque entendimos que teníamos un motivo súper poderoso que nos unía y era defender la vida, y no cualquier vida, sino defender nuestra propia vida. Estamos resistiendo desde la fuerza de la palabra, y diciéndole a los violentos que no nos vamos de nuestro territorio, y que no vamos a permitir que los Montes de María sean otra vez un corredor de barbarie”, afirma sin titubeos la lideresa montemariana", dijo.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
