El agente liquidador del grupo Interbolsa, Alejandro Revollo, aseguró que no hay ninguna investigación en su contra y que el CTI de la Fiscalía no ha realizado ninguna inspección a sus oficinas. “No hubo ninguna inspección, vinieron a mis oficinas unos funcionarios del CTI a traer una orden de trabajo emitida por la doctora Alexandra Ladino en la que me pedía una serie de información sobre el proceso de liquidación, información que reposa toda en el expediente de la Superintendencia, pero que la Fiscalía quiso pedírmela a mí; simplemente me radicaron el oficio y yo quedé de entregarles toda la información en el transcurso de los siguientes días”, explicó Revollo. Según el agente liquidador toda la información del proceso que se realiza para la venta de activos y liquidación de Interbolsa es pública e incluso se puede consultar en la página web de la SuperSociedades y hasta el momento no hay ninguna investigación en su contra. “Nunca he sido notificado por parte de la Fiscalía. Sin embargo, de mi parte no tengo ningún inconveniente para rendir las explicaciones que sea, confío plenamente en la labor de la Fiscalía y de la fiscal Ladino, de tal manera que toda esa información la remitiremos, pero quiero insistir que es información pública que reposa en el expediente e incluso se puede consultar en internet”, aseguró Revollo. Tanto la SuperSociedades como el agente liquidador y las víctimas del grupo Interbolsa han señalado que el proceso de liquidación de esta compañía se ha dilatado en varias oportunidades e incluso los dueños del grupo, quienes están recluidos en la cárcel la Picota, han desviado la atención de las audiencias que se adelantan en su contra con el fin de evitar la venta de sus bienes. “Las versiones que yo tengo, no oficiales y por medios de comunicación, es que las personas intervenidas hoy detenidas en la cárcel la Picota y confesos por varios de los delitos que se les imputan han tratado de desviar la atención argumentando una supuesta demora y un incumplimiento de mis obligaciones como liquidador, lo cual es absurdo y carente de toda veracidad y no responde a lo que reposa en el expediente y que puede ser revisado por absolutamente todos”, indicó. Según el expediente, durante todo el trámite de liquidación de Interbolsa los dueños del grupo han interpuesto más de 70 acciones legales entre tutelas, nulidades, incidentes de exclusión, entre otros, en contra del proceso para dilatarlo. “Lo que hemos visto es todo tipo de actuaciones para impedir que el proceso se adelante. Pero ya hoy tenemos presentado ante la Superintendencia el inventario valorado de más del 95 % de los bienes y esperamos es que próximamente la SuperSociedades cite la audiencia donde se aprobará este inventario”, agregó el agente liquidador.
“A mí me llegó de boca de una persona muy conocida en el país, caracterizada por su honestidad, que fue testigo de una conversación de los hijos de Maldonado en donde le cuentan que en voz desesperada decían que no han podido encontrarme nada para afectarme y que era absolutamente indispensable que yo me hiciera al lado del proceso de liquidación y uno de ellos le comentó que no se preocuparan, que para esos efectos ya estaban negociando con el señor JJ Rendón”, reveló Revollo. “Si no lo hubiera oído de la persona que lo oí que es una persona muy seria y reconocida no le hubiera dado credibilidad pero viniendo de él le doy toda la credibilidad y esto demuestra que estas personas están dispuestas a lo que sea con tal de que sus activos no sean tocados”, agregó. El fin de semana fueron publicados avisos publicitarios oponiéndose a la venta de la cadena de restaurantes Archie’s, empresa de Víctor Maldonado, implicado en el desfalco del Fondo Premium y cuyos dineros buscan usarse para reparar a las víctimas del descalabro financiero. Los avisos publicitarios fueron firmados por una empresa panameña que dice no tener ninguna relación con Víctor Maldonado. A propósito, el liquidador de Interbolsa aseguró que “blanco es y gallina lo pone”, asegurando que es altamente sospechoso que sea la firma Narita la que pague la pauta aunque digan que no tienen ninguna relación con Maldonado. “No cabe la más mínima duda que son ellos mismos los que están tratando de torpedear de una manera absurda y sin ningún sentido este proceso que se ha adelantado con toda rigurosidad”, manifestó el liquidador. Incluso, aseguró que Víctor Maldonado “ha hecho hasta lo imposible para no responder por las obligaciones que tiene como persona intervenida”. Archie’s, actualmente perteneciente a una sociedad que es 100 % de Víctor Maldonado, y la idea es vender este lunes los más de 100 restaurantes para recuperar parte de los activos que perdieron los inversionistas del Fondo Premium.
La reducción de la jornada laboral en Colombia sigue siendo uno de los cambios más importantes en las relaciones entre trabajadores y empresas. La medida tiene como objetivo disminuir las horas de trabajo semanales sin afectar el salario de los empleados, por lo que las empresas ahora deben ajustar sus horarios y procesos para cumplir con la normativa.El cambio corresponde a la Ley 2101, que establece una reducción gradual de la jornada máxima laboral en el país. La aplicación inició con una disminución progresiva hasta llegar a las 42 horas semanales, reemplazando el límite anterior de 48 horas.Este ajuste lleva a que las empresas deban revisar la manera en la que distribuyen los turnos y las cargas laborales, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios extendidos o atención permanente al público.Reducción laboral obliga a hacer estos cambiosUno de los principales cambios que deben implementar las empresas está relacionado con la reorganización del tiempo laboral. Es decir, la reducción de horas no significa que los empleados reciban menores salarios ni que se reduzcan sus funciones automáticamente.Las compañías tendrán que analizar sus esquemas internos para garantizar el cumplimiento de las horas establecidas sin afectar la productividad. Entre los ajustes que pueden realizar están:Redistribuir los horarios de entrada y salida de los empleados.Modificar turnos de trabajo según las necesidades de cada área.Optimizar procesos internos para mantener la operación.Revisar la asignación de tareas y responsabilidades.El objetivo es que la disminución de la jornada no genere sobrecargas laborales ni obligue a los empleados a compensar las horas reducidas con mayor presión durante el tiempo restante.Empresas deben mantener el salarioUno de los elementos que más dudas genera entre trabajadores y empleadores es el impacto económico del cambio. De acuerdo con la norma, la reducción de la jornada laboral no puede ser una razón para disminuir el salario.Es decir, los empleados seguirán recibiendo el mismo pago por sus labores a pesar de la reducción de horas trabajadas. Además, las empresas deberán mantener las condiciones laborales establecidas en los contratos vigentes.La medida busca que Colombia avance hacia modelos laborales con mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, siguiendo tendencias internacionales relacionadas con la productividad y el bienestar de los trabajadores.Sin embargo, no se trata únicamente de la reducción de horas, pues también se deben tener en cuenta aspectos como el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, ya que estos cálculos dependerán de la nueva jornada máxima permitida.Norma propone un cambio en la organización del trabajoLa implementación de esta norma representa un reto para diferentes sectores económicos, especialmente aquellos que funcionan con atención continua como comercio, servicios, salud, transporte e industrias.Aunque algunas compañías ya han adelantado ajustes, otras deberán acelerar sus procesos de adaptación para evitar incumplimientos laborales. La recomendación para los empleadores es revisar contratos, horarios y sistemas de control de tiempo para ajustarse a las nuevas reglas.Con esta reducción progresiva, el país busca transformar la relación laboral y promover una jornada más equilibrada, mientras las empresas enfrentan el desafío de mantener su eficiencia con una nueva distribución del tiempo de trabajo.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
Ariana Tirado es una joven venezolana que vive en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, en el Atlántico. En esta coyuntura trágica para su país, su historia tuvo un final feliz cuando se enteró de que su hermano, Gustavo Tirado, no murió en el terremoto del pasado miércoles en Venezuela, que afectó gravemente la ciudad de La Guaira, donde se encontraba.Fueron más de dos días los que vivieron Ariana y su madre sin saber nada de su hermano. Contó que las comunicaciones eran casi imposibles; sin embargo, pudo contactarse con algunos vecinos en La Guaira que le dijeron que Gustavo estaba bien, pero no lograban escucharlo a él de viva voz.“Fue una sensación de alivio muy grande, pasamos más de 48 horas sin saber nada de él y por fin este sábado en la madrugada pudimos hablar telefónicamente y nos contó que estaba bien. Estábamos desesperados. Mi hermano vivía en un conjunto residencial que, afortunadamente, no se vino abajo totalmente, pero sí quedó inhabitable. Varios vecinos quedaron heridos y mi hermano ayudó a sacar a varios. Todos los residentes sobrevivieron”.Pese a que su hermano apareció, la joven cuenta que son muchas las personas cercanas y amistades que siguen perdidas entre los escombros, como la señora Celeste Adriana Pérez Landaeta, quien, según describe, estaba en la residencia Costa Azul, en la ciudad de La Guaira.Por último, Ariana agradeció a todos los barranquilleros y colombianos que se han sumado a la campaña de solidaridad, pero hizo énfasis en que ahora lo que más necesitan sus compatriotas, por las conversaciones que ha tenido con familiares y amigos, son insumos médicos para atender a la gran cantidad de heridos que llegan a los hospitales.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe contra el crimen transnacional con la captura en Medellín de uno de los delincuentes más buscados por la justicia chilena.Se trata del ciudadano venezolano Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como 'Guayo', señalado de integrar estructuras criminales responsables de homicidios y otros hechos de extrema violencia en ese país.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al fugitivo en la capital antioqueña. Al momento del procedimiento, el hombre intentaba ocultar su verdadera identidad: no portaba documentación y utilizaba datos falsos con el propósito de burlar los controles migratorios y evitar ser detectado por las autoridades internacionales.Sobre alias 'Guayo' pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia chilena, quienes lo requieren para responder por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figura el feminicidio de su compañera sentimental, a quien, según la investigación, habría ultimado con arma de fuego. Además, enfrenta procesos por homicidios frustrados y múltiples ataques armados que dejaron varias personas muertas y heridas.Las pesquisas también lo ubican como uno de los presuntos coordinadores de las operaciones delictivas del Tren del Coro en territorio chileno, organización señalada de ejecutar acciones violentas mediante el uso de armas de fuego de alto calibre para atacar a grupos rivales y consolidar su control criminal.Tras su captura, alias 'Guayo' quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición para que responda ante la justicia por el amplio prontuario criminal que se le atribuye.
