El 22 de marzo de 2022, el batallón contra el narcotráfico, se llevó a cabo el No. 05 Mahlón, en la vereda Alto Remanso, Putumayo. El objetivo principal de esta operación era neutralizar a alias 'Bruno', miembro de un grupo armado organizado.Esta operación dejó como saldo la muerte de 11 personas. La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó esta decisión con el argumento de que debe ser un juez penal quien tome este caso, en donde son 25 los militares quienes están siendo investigados por el operativo en el Putumayo.Otro de los fundamentos que dio el alto tribunal es que al tratarse de una investigación relacionada con violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad, deberá ser la justicia ordinaria quien tome las riendas de este caso.La Corte Constitucional resolvió dirimir el conflicto entre jurisdicciones y reiterar que ese caso le corresponde al juzgado municipal de Puerto Leguízamo, Putumayo.Masacre del Alto RemansoAlgunos testimonios que fueron recogidos y publicados por distintas fuentes coinciden en que los hombres que entraron al caserío alrededor de las siete de la mañana y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar donde se llevaba a cabo un bazar. Incluso, se dijo que hay pruebas de que los militares alteraron la escena de los hechos y plantaron armas y ropa de combates en uno de los cuerpos.Así las cosas, será la justicia ordinaria que siga con el curso de esas investigaciones según la determinación que tomó la Corte Constitucional.
Las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales en los casos de soldados presuntamente responsables de matar a civiles durante una operación militar en marzo de 2022 en Alto Remanso, Putumayo, pidió Human Rights Watch al presentar este lunes, 18 de septiembre, un escrito 'Amicus Curiae' ante la Corte Constitucional.En el escrito, Human Rights Watch asegura que la investigación debería llevarse a cabo en el sistema de justicia civil; no en los tribunales militares."Las autoridades colombianas deberían transferir el caso al sistema de justicia ordinario y garantizar justicia para las personas en Alto Remaso (…) La Fiscalía General también debería investigar si algún funcionario intentó deliberadamente obstaculizar la investigación sobre estos asesinatos del ejército”, explica en el escrito Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América.La Corte Constitucional analiza si la justicia militar o la civil conducirán la investigaciónLa operación militar se desarrolló el 28 de marzo de 2022, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron.Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.El presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), José Homero, destacó que en el caserío Alto Remanso "hubo una emboscada el pasado lunes 28 de marzo por parte del Ejército Nacional, que empezó a disparar a la población civil", que estaba reunida participando en "una actividad veredal".Tras la muerte de las 11 personas, el Ejército colombiano procedió a ponerles a los cadáveres "botas (...) para poderlos hacer pasar por integrantes de las disidencias de las FARC", aseguró el indígena que calificó el hecho como un "falso positivo".Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias 'Bruno', parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia.Le puede interesar
Blu Radio revela los detalles de la investigación disciplinaria de la Procuraduría contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo Jiménez, contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares por la masacre de 11 civiles en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo de 2022.El general Giraldo es el actual comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, con jurisdicción en varios municipios y corregimientos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. Según la Procuraduría, la operación militar tenía como objetivo dar de baja a alias 'Bruno', cabecilla de comisión de las disidencias autodenominadas como Comandos de Frontera.De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría, a las 7:13 de la mañana del 28 de marzo de 2022, “los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con GAO-r 48”.En este punto viene la clave de la investigación disciplinaria, pues según el Ministerio Público, los soldados entraron en ese combate “sin discriminar los blancos”, produciendo la muerte de 11 civiles y causando heridas a otros cinco, “afectados por el actuar del Ejército Nacional”.Lo que sigue es grave, porque de acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.De igual forma, el Ministerio Público encontró que los militares que participaron en la operación, “trasladaron los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial”.Dentro de las pruebas que ordena practicar la Procuraduría para adelantar la investigación, está el informe que en su momento le pidió el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, al general Carlos Iván Moreno, sobre lo sucedido.Además, la Procuraduría ordenó escuchar en declaración juramentada al general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector general del Ejército y quien en su momento había defendido el operativo llevado a cabo en Putumayo.En su momento, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, incluso tuvo que defenderse en el Congreso en un debate de moción de censura, en el que ratificó la legalidad de la operación y dijo que las 11 personas muertas fallecieron en una operación contra el narcotráfico.Incluso, en Twitter, el entonces ministro Diego Molano le respondió a Gustavo Petro: “@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima”
Un temblor de magnitud 4.9 sacudió la frontera entre Colombia y Ecuador a las 10:32 de la mañana hora local, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano, SGC.El epicentro del temblor se ubicó a 1 kilómetro al suroeste de La Bonita, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, a una profundidad superficial de menos de 30 kilómetros.El temblor se sintió con fuerza en las poblaciones colombianas de Ipiales y Tumaco, y en las ecuatorianas de La Bonita, Rosa Florida y Santa Bárbara.Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración. Sin embargo, las autoridades locales han pedido a la población que se mantenga alerta y tome las medidas de precaución necesarias en caso de réplicas.Detalles del sismo:Fecha: 6 de mayo de 2024Hora: 10:32 (hora local)Magnitud: 4.9Profundidad: Superficial (menor a 30 km)Ubicación: Frontera entre Colombia y EcuadorEpicentro: 1 km al suroeste de La Bonita, Sucumbíos, EcuadorLugares donde se sintió: Ipiales y Tumaco (Colombia), La Bonita, Rosa Florida y Santa Bárbara (Ecuador)Recomendaciones:Mantener la calma.Ubicarse en un lugar seguro alejado de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.Si se encuentra en un edificio, no use los ascensores.Si está en el exterior, busque un área abierta alejada de árboles, postes de luz y otros objetos que puedan caer.Evite regresar a un edificio que haya sido dañado.Siga las instrucciones de las autoridades locales.
La Fiscalía citó a declaración juramentada a Olmedo López, exdirector de la UNGRD para este martes 7 de mayo. López llegará acompañado de su abogado para hablar con un fiscal sobre su versión de los hechos relacionados con el escándalo de los carrotanques en La Guajira. El miércoles 8 de mayo se espera que Sneyder Pinilla se presente al bunker pero para la diligencia de interrogatorio.Sala de Prensa Blu conoció un audio que grabó en las últimas horas Olmedo López, exdirector de la UNGRD, con el que rompe su silencio frente al escándalo de corrupción que se habría gestado bajo su administración. En el audio, López asegura que solo siguió órdenes y que pronto el país conocerá la verdad de lo que pasó."He tenido que enfrentar duras batallas, quienes han luchado como yo, desde distintas orillas sabrán lo difícil que es seguir órdenes", empieza a decir Olmedo López en ese audio que grabó en horas de la madrugada de este 5 de mayo.Y agrega: "Dije que el país esperaba mil respuestas que di y que seguiré dando sin titubeos, se aprovechan de mi silencio, pues ya no más, no se los voy a permitir. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno, caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional en búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad".El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad del nombramiento de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, quien se encuentra implicado en un escándalo de corrupción que afecta a varios miembros del Gobierno. En su declaración, Petro también intentó vincular a la oposición con el escándalo."Asumo la responsabilidad del nombramiento de Olmedo, en quien creí como dirigente de izquierda antioqueña. Lo que observo es una transferencia ilegal de dinero destinado a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales opuestas a mi Gobierno", escribió Petro en su cuenta de la red social X.
Mujeres de distintas nacionalidades de América Latina representan la mayor parte de quienes se encuentran en situación de prostitución en España, según un informe presentado este lunes.En España hay entre 25.000 y 30.000 personas en situación de prostitución, la mayoría mujeres, de acuerdo a una investigación de la asociación especializada In Género, que calcula que existen alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se practica.Esta asociación, que atiende a víctimas de trata y explotación sexual y a personas en situación de prostitución, elaboró el informe a partir de más de 4.500 cuestionarios.La mayoría de las personas atendidas por la asociación en 2023 tenían entre 23 y 42 años (76,8 %), seguidas de las que tenían entre 43 y 79 (18 %) y entre 18 y 22 años (5,2 %). La media se situó en los 35 años.También una mayoría eran extranjeras: colombianas (29,1 %), paraguayas (15,5 %), dominicanas (13,4 %), venezolanas (7,8 %), rumanas (7 %), brasileñas (6 %), ecuatorianas (3,3 %), peruanas (2,5 %) y cubanas (1,9 %). El 4,5 % eran españolas.Un 36,9 % se encontraba en situación administrativa irregular, un 53,7 % regular, el 2,7 % tenía visado turístico y el 6,7 % estaba tramitando su documentación.El 63,2 % de las personas atendidas afirma que llegaron a España con un objetivo distinto de la prostitución, mientras que el 36,8 % restante sí sabía que lo haría.Las fuerzas de seguridad informan de forma recurrente de casos de mujeres en situación vulnerable en países de América Latina que son captadas para que viajen a España con engaños de un trabajo y luego son explotadas sexualmente.El 40 % lleva menos de un año en contextos de prostitución, el 21,5 % entre uno y tres años, el 13,3 %, entre cinco y diez años y un 12 % más de una década.Más del 95 % de las personas en contextos de prostitución tienen cargas familiares y alrededor de un tercio de ellas ha recurrido a los servicios sociales, mientras que un 47,8 % ni siquiera los conoce.
La Procuraduría General de la Nación anunció que, por posible celebración indebida de contratos indagará a funcionarios de la Alcaldía de Medellín.El Ministerio Público verificará la denuncia anónima y la información en medios de comunicación que aseguran que Andrea Vahos Pérez, la compañera permanente del excandidato a la Alcaldía de Medellín, exsecretario de la no violencia en la administración de Daniel Quintero y actual concejal de la ciudad, Juan Carlos Upegui, habría suscrito dos contratos por prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo.Abren indagación previa contra Juan Carlos Upegui por presunto uso irregular de recursos públicosAdemás, el ente disciplinario verifica si “el contratista subió al Sistema Electrónico para la Contratación Pública -Secop, la documentación exigida por ley, pero tan solo usando su segundo apellido, es decir, como Andrea Pérez y, además, si la evidencia tiene veracidad y autenticidad para la vigencia 2022”.De esta manera, la Procuraduría General de la Nación corrobora los funcionarios públicos que habrían realizado las conductas descritas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria.
Un hombre de 30 años, de nacionalidad colombiana, falleció este lunes 6 de mayo, tras ser arrollado por un tren del metro de Madrid en la estación de Tirso de Molina. Según las primeras investigaciones, el hombre descendió a las vías junto a otra persona para orinar, y no le dio tiempo a regresar al andén antes de la llegada del tren.El hecho ocurrió alrededor de las 9:20 horas de la mañana, según relataron medios españoles. Las autoridades aún se encuentran investigando las causas del accidente, pero la principal hipótesis apunta a que los dos hombres bajaron a las vías con la intención de miccionar. Uno de ellos, lamentablemente, no logró subir al andén a tiempo y fue arrollado por el tren.Los equipos de emergencia, incluyendo personal del Samur-Protección Civil y los bomberos del ayuntamiento, se trasladaron al lugar del accidente. Sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. El incidente provocó la interrupción de la circulación en la línea 1 del metro, entre las estaciones de Sol y Estación del Arte, en ambos sentidos, según reportó la agencia.