La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuatro.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.En diálogo con Blu Radio, Gladys Rojas, madre de Didier Hernández Rojas, líder de una junta de acción comunal, quien murió junto a su pareja sentimental, “estamos muy contentos de que se inicie a hacer justicia”, dijo Gladys Rojas.Asimismo se refirió a la serie de aplazamientos por parte de un juzgado en Putumayo “El proceso se demoró por un juzgado en Puerto Leguízamo y al final no se hizo nada(…) en parte por lo que decía el Ejército, pero como somos mayoría de testigos que reclamamos la verdad porque es una realidad que masacraron a nuestros hijos, ellos no quieren que esto salga a la luz(...) ellos(militares) actuaron en voluntad propia porque dispararon donde había puros civiles, para hacer pasar esto por un falso positivo”.Por otra parte, Hernández aseguró que no han recibido ningún tipo de reparación “no nos han dado siquiera para los niños que quedaron huérfanos”.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y a un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Cabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares. De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.
La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuarto.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y, un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Masacre de Alto Remanso en Putumayo debe pasar a la justicia ordinaria: HRWCabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares.De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.Le puede interesar:
El 22 de marzo de 2022, el batallón contra el narcotráfico, se llevó a cabo el No. 05 Mahlón, en la vereda Alto Remanso, Putumayo. El objetivo principal de esta operación era neutralizar a alias 'Bruno', miembro de un grupo armado organizado.Esta operación dejó como saldo la muerte de 11 personas. La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó esta decisión con el argumento de que debe ser un juez penal quien tome este caso, en donde son 25 los militares quienes están siendo investigados por el operativo en el Putumayo.Otro de los fundamentos que dio el alto tribunal es que al tratarse de una investigación relacionada con violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad, deberá ser la justicia ordinaria quien tome las riendas de este caso.La Corte Constitucional resolvió dirimir el conflicto entre jurisdicciones y reiterar que ese caso le corresponde al juzgado municipal de Puerto Leguízamo, Putumayo.Masacre del Alto RemansoAlgunos testimonios que fueron recogidos y publicados por distintas fuentes coinciden en que los hombres que entraron al caserío alrededor de las siete de la mañana y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar donde se llevaba a cabo un bazar. Incluso, se dijo que hay pruebas de que los militares alteraron la escena de los hechos y plantaron armas y ropa de combates en uno de los cuerpos.Así las cosas, será la justicia ordinaria que siga con el curso de esas investigaciones según la determinación que tomó la Corte Constitucional.
Las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales en los casos de soldados presuntamente responsables de matar a civiles durante una operación militar en marzo de 2022 en Alto Remanso, Putumayo, pidió Human Rights Watch al presentar este lunes, 18 de septiembre, un escrito 'Amicus Curiae' ante la Corte Constitucional.En el escrito, Human Rights Watch asegura que la investigación debería llevarse a cabo en el sistema de justicia civil; no en los tribunales militares."Las autoridades colombianas deberían transferir el caso al sistema de justicia ordinario y garantizar justicia para las personas en Alto Remaso (…) La Fiscalía General también debería investigar si algún funcionario intentó deliberadamente obstaculizar la investigación sobre estos asesinatos del ejército”, explica en el escrito Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América.La Corte Constitucional analiza si la justicia militar o la civil conducirán la investigaciónLa operación militar se desarrolló el 28 de marzo de 2022, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron.Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.El presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), José Homero, destacó que en el caserío Alto Remanso "hubo una emboscada el pasado lunes 28 de marzo por parte del Ejército Nacional, que empezó a disparar a la población civil", que estaba reunida participando en "una actividad veredal".Tras la muerte de las 11 personas, el Ejército colombiano procedió a ponerles a los cadáveres "botas (...) para poderlos hacer pasar por integrantes de las disidencias de las FARC", aseguró el indígena que calificó el hecho como un "falso positivo".Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias 'Bruno', parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia.Le puede interesar
Blu Radio revela los detalles de la investigación disciplinaria de la Procuraduría contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo Jiménez, contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares por la masacre de 11 civiles en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo de 2022.El general Giraldo es el actual comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, con jurisdicción en varios municipios y corregimientos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. Según la Procuraduría, la operación militar tenía como objetivo dar de baja a alias 'Bruno', cabecilla de comisión de las disidencias autodenominadas como Comandos de Frontera.De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría, a las 7:13 de la mañana del 28 de marzo de 2022, “los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con GAO-r 48”.En este punto viene la clave de la investigación disciplinaria, pues según el Ministerio Público, los soldados entraron en ese combate “sin discriminar los blancos”, produciendo la muerte de 11 civiles y causando heridas a otros cinco, “afectados por el actuar del Ejército Nacional”.Lo que sigue es grave, porque de acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.De igual forma, el Ministerio Público encontró que los militares que participaron en la operación, “trasladaron los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial”.Dentro de las pruebas que ordena practicar la Procuraduría para adelantar la investigación, está el informe que en su momento le pidió el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, al general Carlos Iván Moreno, sobre lo sucedido.Además, la Procuraduría ordenó escuchar en declaración juramentada al general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector general del Ejército y quien en su momento había defendido el operativo llevado a cabo en Putumayo.En su momento, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, incluso tuvo que defenderse en el Congreso en un debate de moción de censura, en el que ratificó la legalidad de la operación y dijo que las 11 personas muertas fallecieron en una operación contra el narcotráfico.Incluso, en Twitter, el entonces ministro Diego Molano le respondió a Gustavo Petro: “@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima”
El Día de los Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una tradición en la que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante ofrendas, flores, fotografías y otros elementos simbólicos. Esta festividad combina costumbres de los pueblos indígenas con tradiciones católicas y se ha convertido en una expresión cultural reconocida por sus colores, símbolos y significado. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre de cada año, además, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.Uno de los personajes más emblemáticos de esta celebración es La Catrina, una figura que representa a la muerte y que se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana. Su imagen, caracterizada por un rostro de calavera, vestimentas elegantes y grandes sombreros, forma parte de la representación moderna del Día de los Muertos.Una muñeca inspirada en La CatrinaEn homenaje a este personaje, Mattel creó la muñeca Catrina, una pieza que combina elementos tradicionales de la celebración mexicana con un estilo inspirado en la moda vintage.De acuerdo con la página web de la compañía, la muñeca destaca por su maquillaje de calavera, un sombrero de gran tamaño y bordados con motivos de esqueleto en el corpiño. Su vestuario incluye una falda amplia de dos capas, decorada con un colorido diseño de calaveras y rosas, además de detalles de encaje, flores y un abanico lenticular con forma de calavera.La muñeca cuenta con brazos articulados y manos con uñas largas; sin embargo, advierten que los colores y la decoración pueden variar.Imágenes de la muñeca La CatrinaLa presentación fue anunciada el pasado 10 de octubre a través de la cuenta oficial de la compañía, donde dieron a conocer esta edición especial de temporada. Estas son algunas imágenes difundidas de la nueva muñeca que conmemora el Día de los Muertos:
Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) y el Ministerio de Defensa japonés, días después de que Seúl realizara su primera prueba de un misil hipersónico.El Ejército surcoreano señaló en un comunicado haber detectado hacia las 9:20 hora local (00:20 GMT) el lanzamiento de varios misiles balísticos desde la zona de Pionyang, que atravesaron más de 900 kilómetros."Las fuerzas armadas surcoreanas han intensificado su vigilancia para prepararse ante posibles lanzamientos adicionales y mantienen un estado de máxima alerta, compartiendo información relevante con Estados Unidos y Japón", indicó el JCS, según la nota recogida por la agencia de noticias local Yonhap.Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés afirmó en la red social X haber detectado la caída del proyectil, y añadió que por el momento no se han confirmado daños materiales.El último lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte fue el pasado 3 de octubre, cuando el hermético país disparó un proyectil hacia el mar de Japón, que cayó fuera de la Zona Económica Exclusiva del archipiélago sin que se reportasen daños.Por otra parte, el pasado jueves, Seúl afirmó haber realizado con éxito una prueba de su primer misil hipersónico, que se encuentra en fase de investigación y desarrollo.Seúl y Pionyang, técnicamente todavía en guerra, se han visto envueltos en una escalada de tensión a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de otro soldado con heridas leves.Corea del Sur ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Seúl de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.
La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado en el que resultaron heridos dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Barranquilla, el sábado 10 de octubre, así como las amenazas dirigidas al presidente de la República, al ministro de Justicia y al director de esa institución.Los funcionarios heridos fueron identificados como Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes trabajan en el establecimiento penitenciario El Bosque. De acuerdo con la entidad, ambos fueron atacados cuando salían de su turno.El pronunciamiento de la Defensoría se produjo luego de que el Ministerio de Justicia hiciera públicas las amenazas contra altas autoridades del Estado y personal penitenciario.La entidad expresó su solidaridad con los funcionarios afectados, sus familias y compañeros de trabajo, y advirtió sobre la persistencia de la violencia contra quienes trabajan en el sistema carcelario.Según la Defensoría del Pueblo, estos hechos ocurren en un contexto en el que el Gobierno ha adoptado medidas para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas en los establecimientos penitenciarios, entre ellas, el traslado de personas privadas de la libertad.La entidad señaló que las amenazas y los ataques buscan condicionar las decisiones de las autoridades, aunque insistió en que las medidas de control penitenciario deben desarrollarse dentro del marco legal y con respeto por los derechos humanos.Además, recordó que la violencia contra funcionarios del INPEC no es un hecho aislado. Entre los antecedentes mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo, en mayo de 2024, y los atentados registrados durante 2025 contra servidores penitenciarios en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.Frente a esta situación, la entidad formuló varias recomendaciones a las autoridades para prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de los funcionarios.Al Ministerio de Justicia y al INPEC les pidió avanzar, en coordinación con la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades territoriales, en un plan de protección que incluya evaluaciones individuales de riesgo, medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias, y rutas de atención inmediata.También solicitó fortalecer los planes de seguridad penitenciaria y revisar los riesgos asociados a los traslados de personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta las condiciones de los establecimientos de destino y los derechos de los internos y sus familias.Por su parte, pidió al INPEC y a la Policía reforzar los protocolos de seguridad durante estos procedimientos.Finalmente, la Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar con celeridad el atentado y las amenazas, verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y llevar ante la justicia a los responsables.
Dos trabajadores fallecieron este domingo 11 de octubre en la mina El Teniente de la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, tras quedar atrapados por un alud de barro que cayó sobre el rajo abierto ubicado en la Región de O'Higgins, en el centro del país, donde un tercer afectado logró ser rescatado, informó la empresa."Con profundo pesar, Codelco informa que en el marco de las labores de búsqueda y rescate desplegadas tras el alud de nieve registrado esta tarde en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente, fueron encontrados los dos trabajadores contratistas que permanecían desaparecidos. Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores", indicaron en un comunicado.La compañía había informado previamente que el accidente se originó "producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona centro del país" y que un tercer trabajador "fue rescatado y trasladado a un centro asistencial".La estatal minera explicó que los trabajadores, que pertenecen a una empresa subcontratista, realizaban labores de inspección en la mina, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo."En este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida", expresaron.Codelco también notificó que al conocer lo ocurrido "inmediatamente se activaron las acciones destinadas a resguardar la integridad de los tres trabajadores que se encontraban en el sector al momento del incidente"."La Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público se encuentra en el sitio de los hechos para realizar las diligencias que correspondan y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias de este accidente", añadieron.Asimismo, afirmaron que continuarán "colaborando en el esclarecimiento de las circunstancias de este accidente y se mantendrá atenta a las medidas que tomen las empresas contratistas en el apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos".Chile actualmente ha sido azotado por fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, y que causaron el jueves pasado un aluvión sin precedentes en el sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, en la capital.
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este domingo suspender unos polémicos anuncios del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que están financiados con fondos públicos, cuando quedan poco más de tres semanas para las elecciones de medio mandato.La jueza federal Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó suspender inmediatamente una campaña de anuncios sobre Trump que se habían financiado con fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al considerar que se podría sufrir un daño irreparable si no los detenía. La magistrada bloqueó también una asignación de 20 millones de dólares destinada a la producción y difusión de anuncios.La orden es efectiva desde las 18:45 hora local de este domingo, y permanecerá vigente durante 14 días, salvo que el tribunal la prorrogue. La jueza anunció que publicará próximamente una resolución con todos los argumentos que le han llevado a tomar esta decisión.Los comerciales combinan elogios al presidente, mensajes contra sus contrincantes políticos y la exaltación de algunas de sus últimas acciones militares como el arresto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, y la guerra contra Irán.Tras la polémica, la Casa Blanca sostuvo que los anuncios son mensajes de servicio público y educativos, y negó que constituyan propaganda electoral. Trump defendió personalmente el gasto y afirmó que no está promocionándose porque no es candidato en las elecciones de noviembre, sino que está "promoviendo el país".El mandatario también dijo que estaría dispuesto a pagar personalmente el dinero si se determinara que el gasto es incorrecto.
