El 3 de octubre de 2018, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) le quitó a Colombia el estatus sanitario como país libre de aftosa. Los ganaderos del país fueron los que más sufrieron con esta medida que cerró la puerta a las exportaciones de carne hacia otros países que eran clientes fijos y potenciales compradores. Según el Ministerio de Agricultura, las exportaciones de carne cayeron en un 54 % en 2019 debido a la fiebre aftosa.“Acabamos de recibir una comunicación oficial por parte de la Organización Mundial de la Sanidad animal que nos manifiesta que después de haber visitado el país un grupo de expertos, de haber analizado las medidas que hicimos durante todo el año 2019 y después de que se presentaran los brotes de fiebre aftosa en el año 2018, analizaron todo lo que hicimos, la comisión científica decidió restituirnos el estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación. Eso quiere decir que Colombia hizo una labor muy importante en materia de control sanitario, de vigilancia, de inspección que nos permitió recuperar eses estatus”, dijo a BLU Radio el ministro de Agricultura, Andrés Valencia.Vea también: Por brote del virus en Boyacá, suspenden a Colombia estatus de país libre de aftosa Desde Caquetá el presidente Iván Duque celebró la certificación sanitaria. “Este es un avance muy importante, queremos llegar ahora con esto a los mercados más exigentes, abrirle el mercado a la carne colombiana, estamos haciendo una gran diplomacia sanitaria y nuestra meta es en los próximos años duplicar las exportaciones de carne”, dijo el mandatario.El ministro Valencia explicó que la certificación facilitará el acceso nuevamente a los mercados internacionales de la carne, donde Colombia tiene un gran potencial y de esa manera avanzar en la internacionalización del sector ganadero del país. “Colombia perdió en su momento los mercados que estaban abiertos para nuestra carne, es el caso de Rusia, de las Islas del Caribe. Países como Perú que ya nos iban a dar accesibilidad pues decidieron suspender esos procesos. Eso nos va a permitir también que mercados como China que tienen mucho interés en comprar carne y consumir carne en un país que cada vez tiene una mayor masa crítica de consumidores pues ahora van a volcar eso hacia el país”, dijo el funcionario.Conozca más: Colombia se juega estatus de libre aftosa con visita de la OIE en noviembre El Gobierno buscó la certificación entregando los resultados de los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa. El ministro dijo que el año pasado Colombia exportó 25.000 toneladas, una cifra reducida, precisamente por la afectación de la enfermedad. “Al darse esta verificación al comienzo del año le va a permitir a los ganaderos y los frigoríficos empezar a prepararse para poder reiniciar las exportaciones a los mercados que se perdieron puntualmente a Rusia, islas del Caribe e iniciar la ruta para que el mercado de China se abra rápidamente”, dijo Valencia.
El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, habló en Mañanas BLU sobre la resolución que reversó el permiso para comercializar aletas de tiburón en Colombia. El funcionario no descartó que más adelante se prohíba la pesca de esta especie en el país. “Es posible en la medida en que tengamos una información mucho más profunda sobre cómo es el comportamiento de esta especie”, indicó.Vea también: Nueva resolución de MinAgricultura reversa permiso para comercializar aletas de tiburón El funcionario se refirió al proceso de diálogo entablado con universidades y entidades como Indemar, así como con las fundaciones Malpelo, Escualo y Mar Viva, que permitió reversar el permiso para comercializar aletas de tiburón “Al final logramos entre todos construir una modificación donde se elimina el término ‘aletas’ de los artículos donde se establecían las cuotas para la costa Atlántica y la costa Pacífica”, declaró. Conozca más: Tribunal suspendió parcialmente resolución que permitía el aleteo en Colombia “Se elimina la palabra ‘aleta’ de dicha resolución y se hacen unas aclaraciones”, agregó Valencia. Según el funcionario, se mantendrá de momento la cuota de tiburón de 125 toneladas para la costa Caribe y 350 para la costa Pacífico, la cual lleva vigente más de 10 años.Escuche esta entrevista:
En menos de tres semanas el Gobierno buscará la revancha con el proyecto de ley de tierras y lo radicará nuevamente ante el Congreso, así lo dijo a BLU Radio el ministro de Agricultura, Andrés Valencia."En la legislatura pasada no hubo oportunidad de discutirlo, teniendo en cuenta que la agenda se apretó bastante al final, pero el texto es el mismo que se esperaba discutir", explicó Valencia.De acuerdo con el funcionario, este proyecto es clave para resolver el problema de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, poder destrabar grandes proyectos agroindustriales y lograr que los agricultores accedan con mayor facilidad al crédito.Le puede interesar: Estamos trabajando para que hongo del banano no se propague: MinAgricultura De hecho, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) le había pedido al Congreso que no dejara morir la iniciativa.Ente los temas que aborda el proyecto están la extinción del derecho de dominio por inexplotación de predios, la expropiación y las normas sobre los ocupantes históricos de buena fe.
De acuerdo con el reporte del Sistema de Información de Precios y Alimentos del Sector Agropecuario (Sipsa), que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en las principales centrales de abasto del país hay relativa normalidad en la oferta de alimentos y, aunque se han reportado bajas en los precios de algunas frutas y variedades de papa e incremento en el valor de algunas verduras, hay estabilidad general en los precios promedio.Ante esto, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, señaló que desde su entidad “se mantiene monitoreo permanente de este aspecto para evitar que se presenten desequilibrios, como la especulación, que pudieran afectar la economía de los hogares colombianos en la época de navidad y fin de año”.Sin embargo, el ministerio mantiene la vigilancia del comportamiento de los alimentos en las principales centrales de mercado del país, también teniendo en cuenta los factores climáticos, en vista de que el Ideam ya advirtió sobre variaciones climáticas, como el fenómeno de El Niño, que ya ha empezado, principalmente por el efecto de las heladas, que se presentan normalmente los primeros días del año.El ministro Valencia detalló que la inflación de alimentos para el mes de noviembre refleja que la cifra está incluso por debajo de la tasa de inflación de la economía.De acuerdo con el DANE, la inflación de alimentos en lo corrido del año (enero-noviembre 2018) registró una variación de 2,02%, inferior a la inflación total de la economía que representó un incremento de 2,87%.
El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, en entrevista con Mañanas BLU, dijo que el nombramiento de Claudia Ortiz como presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, sigue en firme, pese a la polémica por no tener un posgrado y no acreditar experiencia en el ramo. De acuerdo con el ministro, Ortiz, quien fue descartada para dirigir la Unidad Nacional de Protección, cumple con los requisitos del manual de funciones de la entidad.Vea también: Claudia Ortiz acreditó la experiencia que no tiene en una notaría, según El Espectador El funcionario negó que la agencia haya intentado cambiar el manual de funciones para justificar el nombramiento: “Se pidió un concepto a la Función Pública para que acreditara la experiencia de la doctora y ese concepto fue afirmativo. Es decir, que la experiencia se podían validar en lo que exigía en ese manual de funciones”. El ministro añadió que Ortiz no tiene experiencia en temas rurales, pero enfatizó que eso no la hace una candidata idónea y no se puede prejuzgar. “La doctora Claudia debe demostrar con su gestión que sí es una persona apta para ese cargo”, añadió. Escuche aquí la entrevista completa:
El ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, habló del impacto en la economía de la propuesta para que todos los productos de la canasta familiar paguen IVA. “La propuesta de ponerle IVA a los alimentos es una propuesta que ha estado discutiendo el presidente Duque con el ministro de Hacienda. Ahí lo que se pretende es capturar un poco más de ingreso para la Nación, teniendo cuenta que el plan de reactivación también ha estado contemplando una disminución en los impuestos de renta”, indicó el funcionario. Sin embargo, Valencia reconoció en entrevista con BLU Radio que esta no siempre ha sido su posición y que desde la presidencia de Fenavi se opuso a la posibilidad de ponerle IVA a los huevos y al pollo. “Hay que ser consecuentes y así es. En ese momento, desde el otro lado de la mesa así es. Y seguramente varios gremios van a pronunciarse en ese sentido. Pero no puedo agregarles más”, dijo Valencia. Le puede interesar: Gobierno devolvería IVA de canasta familiar a hogares con ingresos menores a $282.000“Ahí podía haber un posible impacto en lo que podía ser la generación entre los precios y de los costos a los consumidores. Yo prefiero no opinar sobre un proyecto que todavía no ha sido presentado en el Congreso”, declaró el ministro de Agricultura. Escuche completa esta entrevista:
La Selección Colombia se despide de su hinchada el próximo 1 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, enfrentando a Costa Rica en el evento denominado 'La Recta Final'. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la venta de boletería para el público general iniciará el 19 de mayo, tras finalizar las etapas de preventa exclusiva.Este encuentro amistoso representa la última oportunidad para que los aficionados acompañen al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de su participación en la cita mundialista. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m., en una jornada donde se espera un lleno total para respaldar al combinado nacional.Precios de las boletas para Colombia vs. Costa RicaEl costo de las entradas varía según la ubicación en el escenario deportivo. Para las zonas preferenciales, la tribuna Occidental tiene un valor de $490.000 más $70.000 de servicio. Por su parte, la localidad de Oriental Central se fijó en $390.000 (+$56.000 de servicio) y Oriental Lateral en $270.000 (+$39.000 de servicio).Las opciones más económicas se encuentran en las cabeceras. Tanto para la tribuna Norte como para Sur, el precio de la entrada es de $85.000, con un recargo adicional de $13.000 por concepto de servicio de la tiquetera oficial, TuBoleta.Fecha de venta al público general y preventa BancolombiaEl proceso de adquisición de entradas se dividió en dos fases principales. La primera etapa, dirigida exclusivamente a clientes de Bancolombia, se desarrolla entre el 14 y el 15 de mayo. Una vez agotado este cupo o finalizado el plazo, el resto de la afición podrá comprar sus ingresos a partir del martes 19 de mayo.Desde la FCF se extendió una invitación para que los asistentes vistan los colores de la bandera y hagan sentir el rigor de la localía en la capital. "La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial", señaló la federación.
Mujer le pidió 500.000 pesos a su exnovio policía por no publicar material íntimo y la capturaron en Venecia, Antioquia. Las autoridades en el departamento la sorprendieron cuando recibía el efectivo; otros dos presuntos miembros del Clan del Golfo señalados de ese delito fueron capturados en Barbosa y ConcordiaDurante un operativo de la Policía en el Suroeste de Antioquia fue capturada una mujer, expareja sentimental de un miembro de esa institución, cuando se disponía a recibir 500.000 pesos que le había exigido a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo, lo que es considerado un delito.Según detallaron las autoridades, la víctima corresponde es un patrullero activo, quien venía siendo objeto de presiones y exigencias económicas por parte de la hoy capturada.“Los hechos se registraron cuando la presunta responsable expareja sentimental de la víctima se disponía a recibir la suma de la acción operativa permitió la intervención oportuna y la materialización de la cultura en flagrancia de esta persona. Invitamos de esta manera a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o constreñimiento a través de la línea gratuita nacional 165 del Gaula", señaló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.En otro operativo, en zona urbana de los municipios de Barbosa y Concordia fueron capturados alias 'Sebas' y alias 'Papa', presuntos integrantes del Clan del Golfo requeridos por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional en Antioquia, alias 'Sebas' tendría una trayectoria criminal aproximada de dos años dentro de esta estructura criminal, desempeñándose presuntamente como uno de los principales dinamizadores de cobros extorsivos y acciones de presión contra las víctimas en diferentes sectores.Por su parte, alias 'Papa' registraría una trayectoria criminal cercana a un año y sería el encargado de apoyar la materialización de las exigencias económicas ilegales mediante actos de intimidación dirigidos a las víctimas. Se estableció que las rentas criminales derivadas de estas actividades ilícitas oscilarían entre los 500 mil y 5 millones de pesos mensuales.
La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
El proyecto de ley de jurisdicción agraria está a punto de hundirse en medio de una pelea que se está subiendo cada vez más de tono entre el Gobierno de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, los productores agrícolas y el Congreso de la República. Para la administración de Gustavo Petro, quienes se están oponiendo a su proyecto representan el poder de "gamonales, terratenientes" y son gente que no debería llamarse a sí misma demócrata.Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los críticos de la iniciativa advierten que aquí se quiere dejar a los jueces agrarios de adorno y concentrar poder en el Gobierno, abriéndole paso a decisiones arbitrarias.En el centro de la pelea hay millones de hectáreas de tierras baldías que el Gobierno necesita para sacar adelante su promesa de hacer una reforma agraria. La disputa está en pleno desarrollo y aquí están las claves para entender la pelea.¿El Gobierno busca un poder excesivo?: La polémica por el artículo 9Hoy en día, los procesos sobre baldíos tienen que pasar por un juez de la República, algo que para el Gobierno es engorroso y, en la práctica, ha hecho más lenta la reforma agraria. Por eso, en el artículo 9 del proyecto quieren que se le dé a la Agencia Nacional de Tierras la tarea de decidir todos los procesos relacionados con los baldíos de la Nación, mientras que los jueces agrarios entrarían al tema únicamente cuando exista una oposición. La lista incluye la "recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa".Sin embargo, esa propuesta genera una enorme resistencia, incluso de los propios magistrados."Al atribuir a la Agencia Nacional de Tierras el trámite predominante de procedimientos que inciden directamente en derechos subjetivos consolidados, como la recuperación de baldíos, la reversión de adjudicaciones o la extinción de dominio agrario, el proyecto debilita el control judicial especializado que, precisamente, justifica la creación de esta jurisdicción. No se trata de desconocer las facultades administrativas de la ANT, se trata de garantizar que el juez agrario sea el eje central del control sobre decisiones que afecten derechos fundamentales vinculados a la tierra", explicó la magistrada Martha Patricia Guzmán.Las críticas de los magistrados van en línea con las advertencias de los gremios del sector, que temen que darle superpoderes a la Agencia de Tierras puede prestarse para actuaciones arbitrarias."Si una entidad del Gobierno tiene todo el poder de investigar y tomar las decisiones de la tierra en Colombia, los ciudadanos quedarán totalmente vulnerables frente al poder excesivo del Gobierno nacional. Por eso, es necesario que se respete el acuerdo de paz, que se respete lo que ha dicho la Corte Constitucional y que se brinden las garantías judiciales y el debido proceso a todos los colombianos. La justicia rural la deben definir los jueces de la República y no el Gobierno nacional", explicó el presidente de la SAC, Jorge Bedoya.No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria: la defensa del GobiernoEn un discurso el jueves, el presidente Gustavo Petro dijo que la Corte "ha cerrado el camino de la reforma agraria". Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, escribió en sus redes sociales: "No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria o quien facilita las lógicas de acaparamiento y concentración". Para rematar, el presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que "al poder gamonal y terrateniente" le molestan las facultades administrativas de su entidad y no quieren que se usen.Vale recordar que el Gobierno prometió en su Plan de Desarrollo entregar 1,5 millones de nuevas hectáreas de tierra a través del Fondo de Tierras de la reforma agraria, usando mecanismos como la venta voluntaria de tierras por parte de quienes tienen la tierra en Colombia. A finales de marzo, el Fondo de Tierras tenía apenas 763.545 hectáreas, de las cuales entregó poco más de 303.000.En un panorama de dificultades para sacar adelante la reforma, los baldíos no son un tema menor. El propio Harman dijo recientemente que el Gobierno tiene identificadas 2,85 millones de hectáreas con una "presunta" condición de baldíos y, mientras esa condición no se aclare, el Gobierno no puede comprarlas ni hacer nada con ellas. El Gobierno pretende aclararlas por sí mismo y ponerle el acelerador al proceso.Aunque el centro de la polémica es el artículo 9, el Gobierno ha incluido varios artículos que les atribuyen a los jueces el deber de defender la soberanía alimentaria y otros objetivos de política pública en un proyecto de ley que, en realidad, debería concentrarse en el procedimiento legal.¿Para dónde va la pelea? El Gobierno se acerca a una nueva derrotaSi la ley de jurisdicción agraria no está aprobada para cuando acaben las sesiones ordinarias, se hundirá por tiempos, y ese parece ser el escenario.En la Cámara de Representantes, donde el Gobierno tiene una mayoría cómoda, no se ha votado ni siquiera el primer artículo porque no había quórum suficiente. Se necesitan 94 representantes presentes en la sesión para que la votación sea válida, pero ayer solo estaban 61 y por eso se suspendió el conteo. La discusión quedó aplazada para el próximo martes.Sin embargo, lo más retador para el Gobierno será lograr mayorías en el Senado, que ha hundido varias iniciativas clave, incluyendo dos reformas tributarias.La ley de jurisdicción agraria se perfila como una derrota más para el Gobierno en el Congreso. Si se hunde, la reforma agraria llegará al final del mandato con resultados muy por debajo de lo prometido: menos de la mitad de las hectáreas comprometidas entregadas y 2,85 millones de hectáreas de baldíos sin resolver. El siguiente Gobierno heredará no solo el debate, sino también las tensiones entre el Ejecutivo, la justicia y el sector productivo sobre quién debe tener el poder de decidir el futuro de la tierra en Colombia.
Debido a la crisis en el Hospital Alma Máter de Medellín, desde este viernes, especialistas de 24 áreas anunciaron la suspensión de servicios ambulatorios por la falta de pagos. Mientras profesionales denuncian el cierre de 100 camas de hospitalización, directivos de la entidad responsabilizan a Savia Salud y Nueva EPS que no les han girado los recursos por $162.000 millonesLas deudas asfixian cada vez más al hospital universitario de la Universidad de Antioquia, que aunque ya se conocía que enfrenta una grave crisis financiera, se agudizó en las últimas horas tras el anuncio de un grupo de profesionales de la salud sobre la suspensión desde este viernes 15 de mayo de 24 especialidades médicas ante la insostenibilidad económica y el déficit de talento humano del centro médico.Según el cuerpo médico, se trata de los servicios de consulta externa, cirugía ambulatoria y cirugía electiva o programada. El servicio de hematología mantendrá como única excepción la atención a través de consulta externa de pacientes que requieran la aplicación de esquemas de quimioterapia para enfermedades malignas.De igual manera, en el caso del servicio de urgencias solo recibirán a pacientes clasificados como triage 1 y 2. Además, los pacientes remitidos de otras instituciones deberán ser comentados, sin excepción, con los especialistas correspondientes para definir la aceptación, basada en la disponibilidad de insumos, imágenes diagnósticas y capacidad locativa para su cuidado.Según las cuentas de la gerencia del hospital, la cartera pendiente de las EPS asciende a 330.000 millones de pesos, mientras que lo que está entidad le debe a proveedores, empleados y otros se estima en 420.000 millones, lo que termina afectando a aproximadamente 3.200 familias de empleados, así como a pacientes y estudiantes.Élmer Gaviria Rivera, director general del Hospital Alma Máter, expuso que de cada 10 pacientes ocho son de las dos EPS que acumulan una deuda por 162.000 millones: nueva EPS por 55.000 millones y Savia Salud por 107.000.“Y lo que uno evidencia es una tragedia en cada familia que no está teniendo el mínimo vital para funcionar y vivir. Uno trabaja porque necesita el salario y hoy, producto de esa falta de pago sistemático y progresivo de algunas EPSs, el 80% de los pacientes que nosotros atendemos acá son básicamente de Sabia Salud y de nueva EPS”; afirmó Gaviria Rivera.Gaviria precisó que si bien un grupo importante de especialistas ha decidido suspender procedimientos y consultas ambulatorias, dejando la atención sólo para los pacientes en condiciones críticas que amenacen la vida, otros han optado por continuar con sus labores, en especial porque muchas personas llegan a la institución cuando su salud está seriamente deteriorada, ante la crisis del sistema.“Se dice vamos a atender solamente pacientes de triaje uno y triaje dos. No se va a recibir ni atender a ningún otro paciente. Hay algunos especialistas que han planteado que no, que ellos continúan con el compromiso de atender pacientes porque al final no son los pacientes ni los estudiantes los responsables de la crisis. Es un sistema que no permite que a esta institución le lleguen efectivamente los recursos”, aseveró.Otro punto que abordó es que se han realizado reuniones y diálogos con el Gobierno nacional, en específico con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores de las EPS, pero esto no se ha traducido en desembolsos efectivos, lo que mantiene la crisis.Por lo pronto, hay que mencionar que el hospital también es un centro académico clave, con 1.200 estudiantes al mes, 11.000 prácticas anuales y 1.440 estudiantes de posgrado, lo que agrava el impacto de la crisis en la formación de talento humano en salud.