Es por ello que la comunidad internacional reacciona para ayudar a los damnificados, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) habilitó una cuenta bancaria para la realización de donaciones internacionales a favor de Ecuador. (Lea también: Ayude a encontrar a estos colombianos desaparecidos tras terremoto en Ecuador) El número de la cuenta es: 375160139 del Banco de América; en esta se podrán consignar las ayudas que recibirán las familias más afectadas por el desastre natural más grande que ha azotado al vecino país en casi 40 años.
Tal como lo advirtieron en días pasados, los padres de familia de colegios como el Inem y el Itida en el municipio de Soledad (Atlántico) decidieron protestar la mañana de este lunes con un bloqueo sobre la calle 30 que paraliza el tránsito desde y hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz.Los padres atravesaron llantas y se plantaron sobre la carretera con pancartas en las que reclaman la urgente reparación del puente peatonal, a la altura del colegio Inem, así como la instalación de reductores de velocidad en la zona mientras se adelantan las obras, para evitar accidentes como el que sufrió un estudiante de octavo grado del colegio Itida, quien quedó debajo de un vehículo sin frenos y sufrió algunas heridas leves cuando cuando intentaban cruzar esta calle 30.Los padres de familia afirman que la protesta, la cual incluye hasta simulacro de accidentes, seguirá hasta que las autoridades hagan presencia y definan cómo será la intervención."Nosotros vamos a seguir porque tenemos que hacernos sentir. Si nos matan un niño, ¿quién nos lo devuelve el niño? Estaremos hasta que venga el gobernador, la alcaldesa, que alguien dé la cara y se comprometa con el problema", manifestó Warner Rodas, padre de familia.En este corredor están ubicados cinco colegios, con aproximadamente 11.000 estudiantes, lo que representa el 20% de la población estudiantil del municipio de Soledad, quienes a diario están exponiendo sus vidas al atravesar esta vía nacional.Dice Lorena Martínez, rectora del colegio Inem, que el puente está tan deteriorado que se está cayendo a pedazos y la caída de escombros aumenta el riesgo de accidentes sobre la vía."No hay una mesa de trabajo ni un cronograma que sea claro frente a esta problemática, que no solamente afecta la movilidad de los estudiantes, sino también la seguridad de los transeúntes, de buses, de motos, de las personas que transitan por acá, porque el puente literalmente se está cayendo a pedazos. Hace unos días cayó una placa de metal, o sea, podrán imaginar el peligro al que las personas se están exponiendo", advirtió la rectora.El puente fue cerrado de forma preventiva desde junio de 2024 por el deterioro de la estructura y el hurto reiterado de rejillas metálicas. Desde entonces la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, hasta rectores y padres de familia, han pedido al Invías ayuda con la intervención del puente, pero estos afirman que pese a ser una vía nacional, las obras de la estructura corresponden a la Gobernación del Atlántico.
El pasado 13 de septiembre, una avioneta de la Fuerza Aérea colisionó en Chocó y dejó a todos sus tripulantes sin vida. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó posteriormente el hallazgo de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985.El pasado 16 de septiembre, a través de su cuenta de X, el primer mandatario informó que los cinco tripulantes de la aeronave fueron hallados sin vida.La aeronave pertenecía a la Patrulla Aérea Civil Colombiana y había salido de Condoto después de una brigada de salud realizada en el departamento. A bordo viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.¿Qué muestran las primeras imágenes del rescate de la aeronave?En las imágenes reveladas por las autoridades se observa a un grupo de uniformados descendiendo desde un helicóptero para luego acercarse a la avioneta accidentada.En el video, el Ejército ingresó a una zona boscosa para encontrar los restos de la aeronave, que se encontraba destruida. En el lugar también fueron hallados los cuerpos de las personas que viajaban en la avioneta.Las cinco personas habían estado en Condoto participando en una brigada de salud dirigida a habitantes del municipio y comunidades cercanas. Tras finalizar la misión, emprendieron el regreso hacia Bogotá.¿Cómo se accidentó la avioneta en Chocó?La aeronave perdió comunicación el pasado 13 de septiembre, sobre las 9:20 de la mañana, cuando realizaba un recorrido entre Condoto y Guaymaral. Posteriormente, se activó una radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá.La Aeronáutica Civil puso en marcha los protocolos de búsqueda y salvamento, con participación de diferentes organismos. La zona donde fue localizada la aeronave presenta condiciones de acceso complejas por su ubicación montañosa.
La JEP ordenó el diseño de un plan de intervención forense en el área de influencia de Hidroituango, con el apoyo de EPM. El tribunal aseguró que tiene identificados 21 puntos de interés que ya se encuentran inundados por el embalse.La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considera que las actuaciones desarrolladas hasta ahora no han sido suficientes para garantizar la localización y recuperación de posibles cuerpos asociados a hechos de desaparición forzada en la región.La decisión fue adoptada por la Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad, que dispuso la elaboración de un plan de intervención forense para 31 puntos: 21 lugares que actualmente permanecen bajo el agua por efecto del embalse y otros 10 identificados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en jurisdicción del municipio de Sabanalarga.En su decisión, la Sección también pidió poner la lupa sobre el manejo de los restos provenientes de antiguos cementerios comunitarios. En particular, se refirió al traslado de 360 cuerpos procedentes de Orobajo, en Sabanalarga; Barbacoas, en Peque, y Fortuna, en Buriticá. Según la Sección, esas actuaciones no habrían observado de manera adecuada los requerimientos legales y técnicos establecidos para este tipo de procedimientos.Sobre el proceso de exhumación de cuerpos iniciado en 2011 por parte de EPM y la Fundación SOCYA, el tribunal otorgó 15 días al operador de la central de generación de energía para que indique si estructuras que corresponderían a 30 personas siguen bajo custodia de la entidad o permanecen bajo la dirección funcional de fiscales.Ante las determinaciones de la Sección aún caben recursos legales, los cuales fueron aplicados por EPM y ahora será la Sección de Apelación de la JEP la que se pronuncie al respecto en una segunda instancia.
En medio de una tensa discusión en el Concejo de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán ha salido al paso de las críticas y dudas que rodean a la propuesta de reforma tributaria para la capital. El mandatario insistió en que el proyecto no busca simplemente aumentar la carga impositiva, sino dotar a la ciudad de los recursos necesarios para mantener su ritmo de inversión, modernizar su infraestructura tecnológica y asegurar la competitividad frente a otros centros urbanos del país y del mundo.Durante una entrevista con Mañanas Blu, Galán fue enfático al señalar los riesgos de que esta iniciativa sea rechazada en el cabildo distrital. Según el alcalde, el hundimiento de la reforma no solo frenaría proyectos clave, sino que eliminaría beneficios directos para los ciudadanos y empresarios. La apuesta central del proyecto tiene cuatro pilares fundamentales: un salto tecnológico, la atracción de inversión privada, la simplificación del sistema tributario bajo estándares de la OCDE y la garantía de que la ciudad cuente con recursos para la ejecución de obras. Sobre la controversia generada por el ajuste en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para actividades financieras, el alcalde aclaró que las cifras que circulan en el debate político no reflejan la realidad técnica.En la práctica, a partir del 2029 estamos hablando de un aumento de 16% realmente, no del 89 por ciento, explicó Galán al desmentir los cálculos que han presentado sectores de la oposición, como el Centro Democrático. El mandatario argumentó que, al considerar la deducibilidad del impuesto en la renta, el impacto efectivo para el sector es manejable y mantiene a Bogotá por debajo de las tasas vigentes en ciudades como Barranquilla o Cali. Por qué la modernización del alumbrado público es prioridadUno de los puntos más ambiciosos de la reforma es la creación de un cobro independiente para el alumbrado público, un mecanismo que ya existe en más de 840 municipios de Colombia. El alcalde subrayó que este sistema permitiría trascender el modelo arcaico actual hacia uno inteligente, con capacidad de telegestión y una red de internet de las cosas. Esto nos va a permitir además habilitar que la ciudad pase a una red de internet de las cosas, es decir, una red que permita conectar cámaras en todos los postes a futuro de la ciudad, precisó. Según el mandatario, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos está medido y los estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos de este pago, buscando que la modernización sea financiada sin afectar a los hogares de menores ingresos. Qué pierde Bogotá si no se aprueba la reforma El riesgo de un estancamiento financiero es la principal preocupación del Distrito. De acuerdo con el alcalde, el cupo de endeudamiento aprobado al inicio de su gobierno es de 9 billones de pesos, una cifra significativamente menor a los 21 billones obtenidos por la administración anterior. Sin nuevas fuentes de ingresos, el margen de maniobra para el próximo gobierno sería inexistente. Las consecuencias de un eventual fracaso de la reforma serían inmediatas: Se caería la posibilidad de que más de un millón de contribuyentes que tienen deudas pendientes accedan a una reducción del 50 por ciento en sanciones, siempre y cuando se pongan al día. Asimismo, se perdería el impulso para atraer inversiones estimadas en 78 billones de pesos y se vería comprometida la continuidad de programas sociales y obras de infraestructura, incluyendo vivienda, troncales de Transmilenio y el Metro de Bogotá.
La Contraloría lanzó una alerta sobre la financiación de las pensiones en Colombia. De acuerdo con un análisis de la Delegada para el Sector Trabajo, se necesitarían más de $4,2 billones adicionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionales durante 2026.El organismo de control encontró un desbalance entre el comportamiento utilizado para proyectar el presupuesto y el incremento que finalmente tuvo el salario mínimo. Mientras las estimaciones presupuestales contemplaban un crecimiento cercano al 7,5 %, el aumento efectivo del salario mínimo fue del 23 %. Esta diferencia habría generado un incremento no previsto en las obligaciones que debe atender el sistema pensional, particularmente en las mesadas que están vinculadas al salario mínimo. El presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para este año contempló gastos por $75,58 billones. De ese total, $72,80 billones fueron destinados al pago de pensiones y jubilaciones.Una parte importante de estos recursos proviene directamente del Presupuesto General de la Nación. Para 2026 se habían contemplado $33,7 billones en aportes nacionales, equivalentes al 44,6 % de la financiación prevista.Según el análisis de la Contraloría, la ejecución de esos recursos asciende a los mismos $33,7 billones. Es decir, si las transferencias ya fueron efectivamente giradas, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de los recursos nacionales que estaban inicialmente presupuestados. El problema estaría entonces en que las obligaciones aumentaron por encima de las previsiones utilizadas al momento de elaborar el presupuesto. La Contraloría aclaró que el hecho de que exista un posible faltante no significa que actualmente se hayan suspendido los pagos de las pensiones. La advertencia está relacionada con la necesidad de garantizar recursos adicionales para cubrir las obligaciones que se generaron durante la vigencia.Por esta razón, el organismo de control pidió al Gobierno Nacional prever y disponer los recursos necesarios para evitar que las mayores obligaciones pensionales afecten el cumplimiento de los pagos.
