La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, se pronunció sobre un caso de violencia escolar ocurrido en la ciudad, reiterando un rechazo categórico frente a este tipo de hechos, que —según indicó— no deben presentarse en entornos educativos ni en ningún otro espacio.El caso fue visibilizado por el concejal de Bogotá, David Saavedra, quien calificó como “lamentable” el episodio de bullying registrado en un colegio de la localidad de Suba. El cabildante advirtió que, pese a estrategias como la Política de Entornos Escolares Inspiradores, el reto sigue siendo grande ante los cerca de 18 casos de matoneo que, en promedio, se reportan diariamente en la capital.En su pronunciamiento, la secretaria explicó que, una vez conocida la denuncia, la entidad actuó de manera inmediata. Entre las acciones adoptadas, destacó el acompañamiento a la familia de la estudiante afectada, incluida su decisión de cambiar de entorno escolar para garantizar su bienestar.Rubiano también señaló que se inició un proceso con las familias de las estudiantes involucradas, con el fin de establecer compromisos enfocados en el respeto y la convivencia dentro de la comunidad educativa.De igual forma, indicó que se tomaron medidas con la institución para fortalecer la sana convivencia y, en los casos que lo ameritaban, se activaron las rutas de responsabilidad penal adolescente, conforme a los protocolos establecidos.El concejal Saavedra, por su parte, hizo un llamado a la secretaria para actuar en el restablecimiento de los derechos de la menor afectada y aseguró que desde el Concejo de Bogotá se realizará seguimiento al caso, con el objetivo de garantizar que los colegios de la ciudad sean entornos seguros.Finalmente, la secretaria de Educación reconoció que el desafío frente a la violencia escolar es amplio, pero reiteró el compromiso institucional de trabajar diariamente en la prevención de estos hechos y en la protección de niñas, niños y jóvenes en Bogotá.
Bajo la lupa de la Secretaría de Educación, el ICBF y la Personería se encuentra el colegio La Salle de Montería por lo que habría sido un caso de violencia escolar protagonizado por estudiantes de undécimo grado que, no conformes con gritar, tomar por el cuello y abofetear a un alumno menor, decidieron grabar la agresión y difundirla en redes sociales.En el video, que registra el matoneo, se observa a un joven intimidando a un estudiante más pequeño y se escucha la voz de otro joven, al parecer cómplice del ataque, motivando la agresión. Este último le insiste al agresor que lo mantenga sometido hasta que pida perdón, por razones que ni siquiera ellos explican en el video. Sin embargo, el menor se resiste y solo pide que no se metan con él.El caso trascendió cuando la mamá del estudiante víctima de maltrato descubrió este y otros videos en el celular de su hijo en el que se observaba el ataque sistemático al que venía siendo sometido el menor.La mamá denunció que, antes de descubrir estos videos, otra madre de familia le había advertido sobre los constantes episodios de violencia escolar y que ella, inclusive, había pedido explicaciones en el colegio sobre esta situación, pero solo le dijeron que su hijo “lo permitía”.Ahora, con este material en su poder, la situación escaló a las autoridades y el colegio emitió un comunicado en el que confirmó la activación de protocolos para atender esta situación de convivencia escolar, no sin antes insistir en que no se sigan difundiendo estas imágenes, ya que “puede generar afectaciones emocionales y vulnerar los derechos fundamentales de los menores de edad involucrados”.La Alcaldía de Montería aseguró que acompaña el caso y la toma de decisiones respecto de las presuntas faltas disciplinarias, para lo que han sostenido diálogos con los padres de los menores afectados, de modo que se garantice el debido proceso y no se vulneren los derechos.Así mismo, el secretario de Educación de Montería, Marino Gómez, anunció la activación de la ruta del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) para atender la situación.“La administración municipal, en conjunto con la institución educativa, está acompañando la toma de decisiones respecto de las presuntas faltas disciplinarias. Hemos sostenido diálogos con los padres de los menores afectados, con el propósito de ser garantes del debido proceso y asegurar que ninguna de las partes vea vulnerados sus derechos”, informó el funcionario.
Las autoridades de Los Ángeles confirmaron la captura de una menor de edad señalada como presunta responsable de la muerte de Khimberly Zavaleta, una niña de 12 años que falleció tras un caso de presunto acoso escolar. El arresto fue confirmado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, semanas después de los hechos ocurridos en la Reseda High School, que generaron conmoción en la comunidad educativa.De acuerdo con la investigación, el 17 de febrero se registró una riña al interior del plantel. Testimonios y videos, hoy en poder de las autoridades, indican que la menor intervino para defender a su hermana, quien estaba siendo agredida por otros estudiantes. En medio del altercado, recibió un golpe en la cabeza con un termo metálico. Aunque en un inicio no se evidenció la gravedad de la lesión, con el paso de los días presentó síntomas como náuseas y fuertes dolores de cabeza, asociados posteriormente a una hemorragia cerebral que la dejó en estado de coma.La menor falleció el 25 de febrero en un centro médico, tras no recuperarse de las lesiones. En declaraciones entregadas a Telemundo, su madre, Elma Chuquipa, expresó: “Nunca pensé, nunca imaginé que mi niña terminaría así”. En el mismo medio agregó: “A veces pienso que va a regresar... Pero ahora está en un ataúd y nunca la volveré a ver. Sé que no va a regresar”. Además, cuestionó la respuesta de las instituciones educativas: “¿Cuántas madres más tenemos que llorar... y las escuelas hasta el día de hoy no dicen nada?”.Tras el fallecimiento, la familia interpuso una demanda por presunta negligencia contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles el 11 de marzo. En entrevista con N+ Univision, Chuquipa afirmó: “Siento que parte de mi vida se fue con ella... La vida ya no es igual para mí”. También describió el impacto del duelo: “Extraño mucho a Khimberly... veo su cuarto, su cama vacía. La extraño mucho a mijita, a mi tesoro, como le decía”.La familia sostiene que el caso pudo evitarse si las autoridades escolares hubieran actuado frente a denuncias previas de acoso. Además, aseguran que no se trató de un hecho aislado. En declaraciones a la organización Bullying Sin Fronteras, la madre indicó: “No solamente es ella la que la agredió, pues también hay un muchacho que la estaba ahorcando a mi Sharon... ¿qué tal si a él se le pasaba la mano y no solamente mataba a una, sino también mataba a mi otra hija?”.Por ahora, aunque una menor permanece bajo custodia, las autoridades continúan con la investigación para establecer si hay más responsables en los hechos.
Dora Liliana García Echeverry, madre de un menor de 12 años, denunció ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía un presunto caso de bullying que estaría afectando a su hijo en una institución educativa de la ciudad. La mujer aseguró que recurrió a todas las entidades competentes buscando una respuesta efectiva y medidas que garanticen la protección del menor.La secretaria de Educación, Elsa Jeannethe Encinales Mora, señaló que el caso está siendo atendido de manera prioritaria. “Estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Hemos activado los protocolos de atención, reafirmando nuestro compromiso con promover entornos seguros para nuestros estudiantes”, afirmó la funcionaria.La madre del estudiante, Dora Liliana García, relató que las agresiones empezaron desde comienzos del 2025, pero que las directivas del colegio minimizaron los hechos.“Desde principio de año empezó a ser objeto de agresiones. Yo puse la queja correspondiente al coordinador y me dijeron que eso no era agresión ni violencia, que solo era un juego”, explicó la madre.Según el testimonio, el pasado 7 de noviembre el niño tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras presentar visión borrosa, mareo y vómito, luego de que un compañero le diera una patada en la espalda mientras otro menor le golpeaba la cabeza contra el piso, supuestamente en medio de “un juego”.El diagnóstico médico señaló una afectación en la zona cerebral, lo que obligó a hospitalizarlo durante la semana de recuperación académica. Debido a los episodios de violencia y a su estado de salud, el menor perdió el año escolar por el descenso en su rendimiento.
Preocupados están muchos padres de familia del colegio la Normal La Hacienda de Barranquilla, luego de que se conociera que un niño de 9 años que está en cuarto de primaria fue atacado por un estudiante de bachillerato que cursa noveno grado.El lamentable caso ocurrió cuando el niño llamó la atención a tres adolescentes por encontrarse en uno de los baños de los estudiantes de primaria. La situación desencadenó la furia de uno de los menores, quién, según la denuncia de un padre de familia, tiró al pequeño al suelo y empezó a darle patadas por todo el cuerpo e, incluso, a intentar asfixiarlo.“¿Qué le hizo? Lo tiró al piso, lo levantó a patada, le tapó la boca, le tapó la nariz, lo cogió por el cuello, lo estaba asfixiando, le cortó un dedo. Eso no tiene nombre la agresión que sufrió el chico. Estamos hablando de un chico aproximadamente de 14 a 15 años contra un niño de nueve 9 años”, detalló el padre de un estudiante.Fue otro alumno de primaria que iba entrando al baño, quien se percató del brutal ataque y corrió a dar aviso a los docentes, sin embargo, al llegar donde el niño, los agresores ya se habían ido.Inmaculada Solano, rectora del colegio, asegura que el caso ya está siendo investigado para identificar quiénes son los atacantes. Mientras tanto, los padres de familia siguen pidiendo medidas para prevenir que casos como este se repitan.
"Adolescencia" es la miniserie británica de drama criminal que ya está disponible en Netflix y que ha capturado la atención del público y la crítica por su enfoque realista y conmovedor. La trama sigue a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase. Sin embargo, a diferencia de una serie convenciona, que buscaría al responsable del crimen, la serie se enfoca en los cuatro capítulos en profundizar las circunstancias que rodean este trágico evento y las razones que tuvo el joven; abordando así temas como la masculinidad tóxica, la influencia de las redes sociales y la radicalización en línea.Incels, concepto clave usado en la serie Los incels (abreviatura de involuntary celibates o "célibes involuntarios") son una subcultura en línea formada principalmente por hombres que se sienten frustrados por su falta de éxito en las relaciones románticas y sexuales. Se caracterizan por su resentimiento hacia las mujeres y la sociedad en general, a quienes culpan por su situación. Algunos sectores del movimiento han adoptado discursos misóginos y han estado vinculados a episodios de violencia extrema, lo que los ha convertido en un fenómeno preocupante.En la serie "Adolescencia", este oscuro movimiento aparece como un reflejo de los problemas de alienación y toxicidad en comunidades digitales. La representación de los incels en la serie pone en evidencia cómo las redes sociales y foros pueden amplificar ideologías peligrosas, llevando a algunos jóvenes a adoptar narrativas de odio y victimización.Hay que decir, que sus directores ha aclarado que la serie no se basa en una historia real específica, sus creadores se inspiraron en incidentes reales de violencia juvenil en el Reino Unido, buscando reflejar y cuestionar las influencias sociales y digitales que pueden llevar a comportamientos destructivos en los adolescentes. La serie ha recibido críticas positivas y ha generado debates sobre la necesidad de abordar estos temas en entornos educativos y familiares.
A través de redes sociales se hacen virales muchas historias sobre momentos únicos que quedan grabados en video. Esta vez, fue la historia de una usuaria quien contó cómo una mujer estaba pasando un incómodo momento en un viaje a la playa junto a sus amigas.“No tengo ni palabras”, dijo la reconocida influencer española Rocio Camacho, quien subió el video a su cuenta de TikTok y que superó en pocas horas los 135.000 me gusta y los más de 500 comentarios.Camacho relató que estaba en la playa tranquila y había un grupo de seis chicas. Según dijo, todas estaban hablando, riendo, pero una de ellas no, lo que le llamó la atención.“Me he fijado que había una chica que no estaba interactuando tanto ni riendo tanto. He dicho: pues será más cohibida y ya está”, recordó.Fue en ese instante cuando ocurrió lo que muchos usuarios rechazaron a través de comentarios. Rocio mencionó que las demás empezaron a tomarse fotos, pero la joven que ella estaba viendo se quedó sentada.“Ella en un momento se levanta y dice: ‘I want a picture too’ (Yo tam bien quiero una foto). Se ponen las chicas a hacer una foto y ahí se viene el momento que solo de recordarlo me pone mala leche”.“Empiezan a decirle: pero no, no te pongas de lado porque te sale mucha tripa. La chica se pone de espalda (…) Se pone de frente y le dicen: ponte el bikini así que tienes muy poco pecho”, añadió.De acuerdo con su relato, la joven estaba “mega incómoda” e, incluso, estaba a punto de llorar porque sus amigas la estaban “ridiculizando” con sus comentarios.Fue ahí cuando decidió acercarse y darle una voz de aliento. Señaló que nunca había intervenido en una situación así, pero vio todo lo que pasó y no pudo resistir en ayudarla.“Me acerqué para decirle: me pareces super guapa, me encanta tu cuerpo. Si quieres te hago fotos con este sitio lo bonito que es. Cuando me acerqué, tenía los ojos llenos de lágrimas, lo juro”, detalló.Rocio finalizó el video con una reflexión, diciendo que esa fue una situación de bullying que no debería ocurrir y menos en un grupo de amigos.“Dejemos de opinar de los cuerpos ajenos. No sabemos por lo que está pasando otra persona. Este tipo de comentarios, que en este caso estaban hechos con muy mala intención, podemos decirlos de manera super inocente, pero pueden causar complejos en los demás”, recalcó.
La preocupante situación de bullying escolar en Colombia ha venido en crecimiento, dejando al país en el sexto lugar en el mundo de casos reportados de acoso escolar. Las cifras son alarmantes, aproximadamente el 64% de los niños que afirman haber sufrido bullying, y un 86% ha considerado el suicidio como salida a su sufrimiento, por esa razón se hace necesaria una acción inmediata y efectiva.Nicolás Bermúdez, gerente general de Ciprés Bienestar y Mercadeo Educativo, habló sobre la gravedad de este fenómeno social que no solo afecta a los niños, sino también a las instituciones educativas y a las familias. La problemática del bullying va más allá de un simple juego; es una situación crítica que requiere un conocimiento claro y una intervención estructurada.El bullying se origina principalmente cuando hay espectadores y puede afectar a niños que simplemente son diferentes. La arquitectura de este flagelo incluye a los agresores, las víctimas y aquellos que observan sin intervenir, lo que los convierte en complices. El hecho de que un niño sea objeto de burlas y agresiones puede tener efectos devastadores en su salud mental y emocional, por eso para enfrentar esa realidad, se ha implementado en Colombia el Programa KIVA, un enfoque integral que busca la prevención, intervención y monitoreo de los casos de bullying. Es un programa finlandés que ha demostrado ser efectivo en más de 25 países y más de 2000 colegios, a través de la capacitación de profesores y estudiantes, buscando crear un ambiente escolar que prevenga el acoso.La intervención no solo debe centrarse en las víctimas, sino también en los agresores, quienes a menudo enfrentan sus propios problemas. La familia desempeña un papel crucial, y el programa se enfoca en crear un triángulo de colaboración entre instituciones educativas, estudiantes y familias.En este sentido, el programa Cuba representa una oportunidad invaluable para abordar esta crisis en el ámbito educativo. Las autoridades educativas y los padres deben colaborar para asegurar que cada niño tenga un entorno seguro y saludable para crecer y aprender.
Marcela Aristizábal denunció en redes sociales que sus hijos habrían sido, al parecer, víctimas de matoneo dentro del Colegio Hontanares, en Envigado, sur del Valle de Aburrá. La madre manifestó que a su hijo en condición de discapacidad lo habrían acosado varios estudiantes de bachiller, quienes a través de insultos y agresiones físicas atacaron en repetidas ocasiones al menor.La madre expresó que en ocasiones las agresiones eran tantas que el menor tenía que correr para poder escapar de quienes lo atacaban. A pesar de haberle manifestado a la institución la situación que sus hijos vivían, la madre indicó que, presuntamente, fue ignorada en repetidas ocasiones."Una institución completamente negligente que me viene maltratando de manera sistemática después de situaciones que han ocurrido después de que retiré a mis hijos del colegio. La rectora de la institución, que nunca nos dio la cara, que nunca se reunió con nosotros, ni siquiera a preguntarnos cómo estaban", indicó la madre en sus redes sociales.Adicionalmente, la madre aseguró que su caso no sería el único, pues serían varios los padres de familia quienes, al parecer, han denunciado a la institución por situaciones similares, por ejemplo, una allegada a Marcela le comentó que una de las madres incluso interpuso una demanda en la Fiscalía porque presuntamente su hija fue abusada sexualmente por un compañero."Hay una compañera de mi hijo que presuntamente fue abusada sexualmente por uno de sus compañeros y el colegio no ha hecho lo suficiente. Tienen el caso en silencio, no han hecho nada, mi amiga está súper sola... me dio el radicado de Fiscalía donde llevan el proceso de abuso sexual de la niña", expresó la madre.Blu Radio se contactó con la Secretaría de Educación de Envigado, quien manifestó que se reunió con la madre para conocer más en detalle la situación y la denuncia, con presencia activa de la Personería de Envigado y con base en lo obtenido, mencionaron que se procederá conforme al debido proceso. Adicionalmente, indicaron que la secretaría hará acompañamiento y seguimiento a este tipo de denuncias en el colegio.Esta es la versión del colegioEl Colegio Hontanares ya respondió e indicó que, respecto a la denuncia con el hijo de Marcela Aristizabal, sí es cierto que con otro estudiante de la misma edad, de 7 años, se presentó una situación de uso de malas palabras y enfrentamientos, la cual según la institución, ocurrió una sola vez y frente a lo que el colegio realizó la acción de reparación."El colegio realizó la acción de reparación, que nació de la voluntad del otro estudiante y que consistió en que el otro estudiante trajo luego desde casa un regalo para su compañero", detalló la institución."Nuestra prioridad siempre ha sido y será garantizar la protección de nuestros estudiantes y acompañarlos en cada uno de sus procesos, tanto académicos como personales. Este compromiso es la esencia de nuestra institución", añadió.En lo relacionado al acompañamiento que la institución ha hecho con el hijo de la madre denunciante, mencionaron que han involucrado a su asesora, Mónica Cortés, presidenta de Asdown, y donde se incluyeron también acciones de implementar en su proceso una tutora suministrada por la familia, quien acompañaba dos a tres veces por semana el proceso académico. Expresando que no han guardado silencio ante estas situaciones y que, por el contrario, han acompañado todo el proceso."Como institución educativa, no solo hemos atendido todas y cada una de las comunicaciones de los padres de los menores involucrados, sino que hemos atendido las visitas y requerimientos recibidos por parte de las autoridades competentes", indicó el colegio.En lo relacionado con los hechos de un presunto abuso sexual, indican que es cierto que como institución se encuentran acompañando una presunción de abuso y aclaran que este hecho, sucedió durante vacaciones, estando la estudiante en custodia de su familia y que fue notificada al colegio al iniciar el año escolar el 9 de enero de 2025. De este caso, expresan que ya han compartido acciones institucionales que se vienen desarrollando en garantía del debido proceso, tanto a la familia de la estudiante presuntamente abusada como a las diversas instituciones que hasta la fecha lo han requerido para apoyar la investigación.
Un acto de disculpas por parte de la rectora y una campaña para prevenir el matoneo entre los estudiantes marcaron el inicio del calendario académico en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, en cumplimiento de un fallo judicial que ordenó a esta institución resarcir los derechos que le fueron vulnerados a una alumna en 2023.La madre de la estudiante afectada denunció que su hija fue víctima de 'bullying' por parte de sus compañeros cuando cursaba décimo grado y que los profesores y directivos de la institución no actuaron a tiempo para frenar los ataques, sino que el matoneo continuó hasta que la joven empezó a sufrir depresión y perdió el año escolar.Fue tal bullying, que el caso escaló hasta los estrados judiciales con el acompañamiento del abogado Héctor Sarmiento, quien asumió la defensa de la víctima."Eso le afectó psicológicamente, no tenía amigos, de hecho, ella cumplió 15 años y ningún amigo quiso ir. Entonces, estas son cosas que como padres también nos afectan", agregó.Fallo de tutelaEl fallo sobre la tutela interpuesta por la madre de la estudiante declaró que en este caso sí hubo un “daño consumado ante la configuración de bullying en el año 2023, con una respuesta institucional tardía y débil, que afectó la estabilidad emocional de la discente y repercutió negativamente en su desempeño escolar”.En este sentido, “a fin de garantizar el derecho a no repetición” se ordenó a la rectora de la institución presentar “excusas sinceras a la estudiante y a su familia por el dolor y los inconvenientes que causó la gestión tardía en este asunto que no generaron alternativas en el año del 2023 para un acompañamiento preventivo a fin de evitar su afectación emocional y el rendimiento académico”.Igualmente, se ordenó a la rectora “realizar una reflexión dirigida a los estudiantes, para que tomen conciencia sobre la gravedad del matoneo y sobre la urgencia de adoptar correctivos que pongan fin a este fenómeno en el ámbito escolar”, actividades que la institución empezó a cumplir esta misma semana, al inicio de este año escolar.No obstante, la jueza del caso denegó la solicitud de la mamá de la estudiante, que buscaba el “reconocimiento y pago de los servicios médicos sicológicos suministrados de forma particular a la menor, como resultado de la decisión de la progenitora de no aceptar la asesoría institucional”.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
