Este viernes Camilo Romero se bajó de la consulta del Frente por la Vida y se unió a la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico. Desde Santa Marta anunció que presentó antes de las 6:00 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional. "Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.El exgobernador de Nariño tomó la decisión minutos antes de que se cerrara oficialmente el plazo para modificaciones en las consultas interpartidistas. Mientras en la Registraduría se realizaba el sorteo de ubicación de los candidatos en el tarjetón, Romero confirmó públicamente que se bajaba de la contienda y, acto seguido, apareció en tarima junto a Iván Cepeda en un evento político en la capital del Magdalena.“Acabo de radicar esta carta que es mi renuncia a la consulta del Frente por la Vida. Es la consecuencia del mensaje que he traído al país: más coherencia, menos codicia (...) La política hoy se define entre el viejo poder del pasado y el futuro que estamos construyendo”, agregó.Su decisión se da en medio de una fractura dentro de los sectores alternativos. En el Frente por la Vida permanecen Roy Barreras, Daniel Quintero, Marta Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Pineda. La consulta ya había sufrido otros remezones, como la salida del exministro Juan Fernando Cristo, quien cuestionó la falta de unidad y aseguró que la ausencia de ciertos liderazgos debilitaba la opción de construir un bloque progresista sólido.En contraste, Daniel Quintero defendió su permanencia en la consulta y aseguró que, más allá de las diferencias actuales, después del 9 de marzo deberán buscarse mecanismos de unión. La jornada estuvo marcada además por el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien informó que no votará en la consulta del 8 de marzo y que solo participará en la elección al Congreso.“Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió el mandatario en X.
El panorama político de la izquierda en Colombia atraviesa un momento de alta tensión tras las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los movimientos internos de sus precandidatos. Camilo Romero, precandidato presidencial avalado por el Partido de los Trabajadores, ha manifestado su profunda preocupación por lo que considera un "atentado a la democracia" que busca golpear al sector progresista.El impacto del CNE y la retirada de Iván CepedaLa crisis se agudizó cuando Iván Cepeda anunció que no participará en la consulta de marzo y que irá directamente a la primera vuelta presidencial. Romero respaldó esta decisión calificándola como "lo correcto" ante las acciones del CNE, que no solo afectan la candidatura presidencial sino también las listas al Congreso del Pacto Histórico. Según Romero, el organismo electoral insiste en "golpear al progresismo", lo cual representa una alerta democrática que debe ser atendida tanto nacional como internacionalmente.El choque con Roy BarrerasUno de los puntos más críticos de la entrevista fue el fuerte cuestionamiento de Romero hacia Roy Barreras, quien decidió mantenerse en la consulta de manera independiente. Romero describió a Barreras como un político "circunstancial", comparándolo con figuras "esenciales" como Gustavo Petro o incluso Álvaro Uribe, quienes mantienen una línea ideológica clara a lo largo del tiempo.Para Romero, Barreras está actuando de manera "egoísta, individualista y personalista", sin tener en cuenta una estrategia conjunta del sector progresista. "El país conoce quién es Roy y cómo ha actuado toda la vida", afirmó Romero, señalando que mientras unos se juegan la vida por el cambio, otros simplemente orbitan según la conveniencia política del momento.A pesar de las críticas, Romero no descarta participar en la consulta, pues le preocupa dejar el "terreno libre" a otros sectores como la coalición de centroderecha o el sector liderado por Claudia López.Escuche aquí la entrevista:
En entrevista en Sala de Prensa Blu, el exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero confirmó su participación en la consulta del llamado “pacto amplio”, una coalición de sectores progresistas e independientes que busca definir una candidatura unitaria para las elecciones de 2026. Romero aseguró que el ambiente entre los precandidatos es positivo y que existe una “responsabilidad histórica” para consolidar un proyecto de país incluyente, transparente y con enfoque ciudadano.“Hemos avanzado en dos cosas básicas: las mecánicas de la consulta y, sobre todo, en proteger, cuidar y corregir un gobierno progresista para este país”, afirmó Romero, quien propuso llamar este ejercicio electoral “la consulta de la gente”, en contraste con lo que describió como una denominación elitista de otros sectores. “Prefiero llamarle la consulta de la ciudadanía”, enfatizó.Sobre la eventual participación del senador Iván Cepeda, cuya situación jurídica aún genera debate, Romero fue claro en que el grupo respalda su presencia en la contienda. “Los cuatro estamos de acuerdo en que esa consulta es con Iván Cepeda. Hacemos un llamado mancomunado al Consejo Nacional Electoral para que la democracia tenga como sustento la voluntad de la gente”, dijo, al tiempo que pidió no perder de vista el objetivo político de construir mayorías más allá de la izquierda tradicional.Romero defendió su trayectoria como exsenador, exgobernador y exembajador, y aseguró que su campaña no se limita a respaldar al actual Gobierno, sino a profundizar un proyecto democrático con nuevos componentes. “Nuestra tarea es más que defender un legado: es defender la propia democracia, la historia de nuestro país y el acceso de las mayorías nacionales con justicia social a una verdadera democracia”, sostuvo.El precandidato destacó su experiencia en Nariño como ejemplo de un “nuevo progresismo” basado en gobierno abierto, participación ciudadana y uso de tecnología para combatir la corrupción. Recordó, por ejemplo, la implementación de herramientas digitales para vigilar el Programa de Alimentación Escolar: “La gente nos reportaba cómo llegaba el complemento alimentario a cada institución y entre todos cuidábamos que los recursos públicos, que son sagrados, llegaran realmente a los territorios”.Consultado sobre los errores del actual gobierno, Romero reconoció la necesidad de autocrítica, pero resaltó el valor simbólico de que el presidente Gustavo Petro haya pedido perdón al país por hechos de corrupción. “Nadie podrá decir que Petro es un tipo corrupto ni que hace política para negocios. Esa es una garantía fundamental para la gente”, afirmó, aunque admitió que “ha habido cosas en las que no ha salido bien el ejercicio de gobierno y está bien reconocerlo”.En temas sensibles como salud y seguridad, Romero planteó un debate estructural sobre el papel de lo público y lo privado. “La plata de la salud ha sido un negociado de billones de pesos. Se inventaron que unos privados manejaran los recursos y ¿qué ocurrió? Se los robaron”, señaló, aunque aclaró que no se trata de “satanizar al sector privado”, sino de construir un sistema eficiente y transparente.Finalmente, el precandidato resumió su apuesta en dos grandes objetivos nacionales: “Necesitamos construir un país viable, y eso se logra desatando dos nudos: el de la desigualdad y el de la violencia”. Con ese mensaje, Romero cerró una entrevista en la que insistió en que su proyecto político busca corregir errores, fortalecer lo público y poner en el centro “la defensa de la vida y la defensa de la gente”.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que se suma a la consulta del Pacto Amplio junto a Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda. “Gracias por la invitación; vamos a trabajar para que esta consulta sea la más votada y derrote a la planteada por la extrema derecha”, afirmó.Quintero tendría un impedimento para participar, ya que la Registraduría considera que hizo parte de la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre. Aunque presentó su renuncia, esta se dio fuera de los plazos y sin que un partido confirmara formalmente su dimisión. Además, apareció en el tarjetón y obtuvo más de 1,7 millones de votos.Según Quintero, su inscripción a esa consulta estaba condicionada a que el CNE aprobara la personería jurídica del Pacto Histórico. Tras una medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá, en septiembre, que permitió la inscripción de precandidatos, se registró ante la Registraduría. Sin embargo, en octubre el tribunal dejó sin efectos esa decisión y declaró improcedente una tutela previa. Esto también le impidió postularse a la Presidencia recolectando firmas.Cabe mencionar que la Registraduría sostiene que la consulta del Pacto Histórico fue interpartidista, lo que impediría también la participación en la contienda de Iván Cepeda y le obligaría a ir solo a primera vuelta, fraccionando los votos de la izquierda. Cepeda asegura que esto no es verdad, pero la decisión final está en manos del CNE.
Este lunes se cumple el plazo para que los partidos y precandidatos presidenciales decidan si van a ir o no a una consulta interpartidista. Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda anunciaron que irán a una consulta denominada 'Pacto Amplio'.“Este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que comparten la tarea histórica de la unidad y estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas”, dice el comunicado de los precandidatos.Es importante recordar que desde algunos sectores han planteado la duda de si Iván Cepeda podría ir o no a esta consulta. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pasado mes de octubre se realizó la consulta del Pacto Histórico, en la que él fue elegido candidato presidencial.Hasta el momento no se sabe si otros precandidatos, como Luis Gilberto Murillo o Juan Fernando Cristo, se unirían a esta consulta del Pacto Amplio.
Tras la audiencia del lunes, 20 de octubre, contra Camilo Romero, precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de licores en el departamento, su defensa emitió un comunicado en el que pidió respeto por su derecho a elegir libremente a su abogado de defensa.En el pronunciamiento, respaldado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de continuar el juicio sin el defensor de confianza de Romero, Miguel Ángel del Río, quien no pudo asistir a múltiples sesiones por incapacidad médica.Según el magistrado Ariel Torres, la decisión se tomó conforme a la ley al designar una defensora adscrita a la Defensoría del Pueblo identificada como Ruth Marina Pulido, ante las reiteradas inasistencias de Miguel Ángel y la falta de un suplente de confianza.Sin embargo, la Defensoría del Pueblo aclaró que, aunque la medida era jurídicamente procedente, la figura del defensor público suplente no existe en el ordenamiento colombiano.Además, recordó que su labor se rige por los principios de subsidiariedad y residualidad, y que su función busca garantizar la defensa técnica en casos de imposibilidad económica, no reemplazar al abogado elegido por el acusado.Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, a través de la procuradora delegada Martha Luz Canabal, señaló que la dilación del proceso no se debía a la incapacidad médica del abogado de Romero, sino a decisiones del magistrado que, según ella, vulneraban la continuidad de la defensa y podían generar nulidades futuras: “El artículo 121 del Código de Procedimiento Penal establece que la designación de un defensor suplente corresponde al defensor principal, con autorización del acusado. No se puede sustituir esta voluntad mediante una designación judicial”, afirmó.La defensa de Camilo Romero afirma que pese al pronunciamiento de estas entidades, la cual se encarga de velar por los derechos fundamentales en el proceso penal, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ariel Torres mantuvo su decisión de continuar con las audiencias la cual fue rechazada por Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y por reconocidos juristas como Iván Cincino y Francisco Bernate.
El tira y afloja entre el hoy precandidato presidencial Camilo Romero y el magistrado Ariel Torres de la Corte Suprema de Justicia no para, pese a que Romero alegara una supuesta vulneración de su derecho de defensa porque su abogado de confianza, Miguel Ángel del Río Malo, presentó incapacidades médicas y no pudo asistir a las sesiones programadas entre el 8 y el 11 de septiembre.Ante esa ausencia, la Corte Suprema ordenó que la diligencia continuara con una abogada suplente, decisión que Camilo Romero rechazó y que tiene enfrentado al exgobernador de Nariño con el alto tribunal.El magistrado Ariel Torres explicó que la Sala actuó conforme a la ley al designar una defensora adscrita a la Defensoría del Pueblo, ante las repetidas inasistencias del abogado principal y la falta de designación de un suplente de confianza.En la audiencia hubo un “enfrentamiento” entre Romero y Torres, el primero alegando una vulneración, mientras que el magistrado dice que solo necesitan continuar con el proceso. El exgobernador de Nariño incluso aseguró que en el pasado tuvo que “defenderse” de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y que ahora le tocaba de un magistrado de la Corte que no era “garantista”, dijo Romero.“Para despejar cualquier manto de duda sobre la supuesta dilación del proceso, las fechas y los tiempos de las audiencias coinciden con las contiendas electorales, pues en el año 2021, en plena época preelectoral, lo citaron durante nueve veces. Por lo cual se pregunta, ¿cuál es la razón para que en los años no electorales no se hable de dilación ni de celeridad del proceso?”, indicó la Corte.Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia ratificó que el proceso contra Camilo Romero continuará, pese a las objeciones del acusado, quien sostiene que solo su defensor de confianza está facultado para representarlo.
El nombre de Pedro Rodríguez era prácticamente desconocido para la opinión pública, pero en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ejerció un papel central. Fue asesor jurídico y la mano derecha de Olmedo López, exdirector de la entidad, en medio del escándalo por el supuesto pago de coimas con recursos destinados a atender a poblaciones vulnerables.Desde la cárcel, Rodríguez decidió colaborar con la justicia y entregó a la Fiscalía una matriz de colaboración que revela un entramado de direccionamientos contractuales, sobrecostos y favorecimientos que salpican a figuras políticas y exfuncionarios de alto nivel, reveló Noticia Caracol.Uno de los casos más delicados corresponde a la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la avalancha de 2017. Según Rodríguez, Olmedo López y Alethia Arango, quien llegó a la UNGRD tras ocupar cargos en la Alcaldía de Medellín, modificaron convenios interadministrativos para adjudicar a dedo contratos millonarios. Entre ellos, el de casi mil viviendas en el predio Sauces 2, entregado al contratista Ramón España Gutiérrez, un arquitecto cuestionado por su falta de idoneidad.Noticias Caracol reveló que España visitó en repetidas ocasiones la sede de la UNGRD en Bogotá y también participó en reuniones en Mocoa, siempre acompañado de figuras políticas vinculadas a Antioquia. Según la matriz, la selección de este contratista fue avalada directamente por López y facilitada jurídicamente por Arango.Las confesiones de Rodríguez no se detienen allí. En su declaración también involucra al precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Señala que durante su administración se habría direccionado un contrato de licores en favor de empresarios locales, entre ellos Richard Portilla, quien habría aportado recursos y apoyo logístico a su campaña de 2015. Según el testimonio, Romero habría delegado a su primo Andrés Arango Romero como enlace para concretar esos acuerdos.Rodríguez, condenado en mayo pasado por falsedad en documento público y concierto para delinquir, pidió perdón y firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En este marco, se comprometió a revelar detalles de cómo operaba el esquema de corrupción dentro de la UNGRD y en la Gobernación de Nariño.Camilo Romero, por su parte, niega las acusaciones. Asegura que el proceso en su contra responde a una persecución política y recuerda que el propio Rodríguez, en un audio en poder de su defensa, reconoció que el exgobernador nunca le dio instrucciones ilegales. “Podrán intentar usar a Rodríguez como testigo en mi contra, pero no existe una sola prueba”, afirmó.El próximo 25 de septiembre un juez definirá si avala el principio de oportunidad de Pedro Rodríguez, una decisión que podría marcar un nuevo capítulo en el escándalo de la UNGRD.
El precandidato presidencial Camilo Romero salió en su defensa tras conocerse que Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de Olmedo López y vinculado en el caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), testificará en su contra en medio de un principio de oportunidad que está bajo evaluación pero sobre el proceso judicial que enfrenta Romero cuando fue Gobernador.“Rodríguez, que traicionó la confianza de todos y se hundió en un entramado criminal, ahora se ofrece como testigo en el caso de licores, un proceso fabricado por el nefasto Néstor Humberto Martínez, que desde hace años he denunciado como un montaje para destruir un liderazgo político distinto”, cuestionó Romero.El proceso en el que testificaría Rodríguez es el juicio que adelanta la Corte Suprema por supuestas irregularidades en la comercialización de licores en Nariño, cometidas entre 2016 - 2019, cuando él era gobernador y Rodríguez funcionario departamentalAnte esto, Romero aseguró que su defensa, liderada por el abogado Miguel Ángel del Río, tenían audios en el “que el propio Rodríguez reconoce que jamás recibió de mí ninguna instrucción ni en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ni en el caso de licores”.Romero puntualizó sus argumentos señalando que esto era una estrategia política a propósito de las contiendas electorales que están en curso.Cabe recordar que, este martes, la Fiscalía presentó ante un juez la solicitud de principio de oportunidad para Pedro Rodríguez Melo y, de ser avalado, pasará a ser testigo clave en procesos de investigación relacionados.Rodríguez Melo fue señalado de haber llevado a la UNGRD al contratista Luis Eduardo López, alias 'El Pastuso', quien se quedó con el contrato de más de 46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados a mitigar la crisis de agua en La Guajira.Sin embargo, la colaboración de Rodríguez no solo toca el caso de los carrotanques. Su matriz de colaboración también apunta al exembajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien aparece mencionado en documentos y chats revelados meses atrás. En ellos, se evidencia que Romero habría recomendado a Rodríguez para un cargo dentro de la UNGRD, lo que refuerza la cercanía entre ambos en este escándalo.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez la solicitud de principio de oportunidad para Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de Olmedo López en la UNGRD. La figura, que debe ser avalada, busca su colaboración eficaz como testigo clave en procesos de investigación relacionados.Rodríguez Melo fue señalado de haber llevado a la UNGRD al contratista Luis Eduardo López, alias 'El Pastuso', quien se quedó con el contrato de más de 46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados a mitigar la crisis de agua en La Guajira.Sin embargo, la colaboración de Rodríguez no solo toca el caso de los carrotanques. Su matriz de colaboración también apunta al exembajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien aparece mencionado en documentos y chats revelados meses atrás. En ellos, se evidencia que Romero habría recomendado a Rodríguez para un cargo dentro de la UNGRD, lo que refuerza la cercanía entre ambos en este escándalo.La Fiscalía explicó que uno de los principales aportes de Rodríguez será declarar en la investigación contra Romero por hechos ocurridos durante su gestión como gobernador de Nariño. Según la delegada del ente acusador, la adjudicación del contrato a la Organización de Licores de Nariño (OLN) no se realizó mediante un proceso transparente ni competitivo.“El interés de beneficiar a la empresa O.L.N surgió a raíz de compromisos previamente adquiridos por el entonces candidato a la Gobernación, Camilo Ernesto Romero Galeano, con los señores Richard Giovanni Portilla y Pedro Miguel Bastidas, como contraprestación a los aportes hechos a su campaña”, indicó la Fiscalía en audiencia.Rodríguez, en su calidad de director jurídico de la Gobernación en ese periodo, habría participado en ese proceso que restringió la libre concurrencia de oferentes.“Camilo Romero recibió de Richard Portilla aportes económicos y en especie, a cambio de asegurar y garantizar la adjudicación del contrato de compraventa de licores de Nariño. Asimismo, precisará que Camilo Romero, a través de su primo Andrés Felipe Arango Romero, quien a pesar de no ostentar cargo oficial en el ente territorial, actuó como enlace directo del gobernador con Richard Portilla, con el propósito de materializar el acuerdo pactado por estos en la campaña", describió la fiscal delegada.En 2024, la Procuraduría sancionó disciplinariamente a Camilo Romero con cuatro meses de suspensión por no vigilar ni controlar adecuadamente este proceso. Ahora, la investigación continúa su curso y la Corte Suprema de Justicia retomará en octubre el juicio en su contra, luego del polémico aplazamiento por la designación de una abogada de oficio.Con este paso, el principio de oportunidad otorgado a Rodríguez Melo podría convertirse en una pieza clave para esclarecer no solo el caso de la UNGRD, sino también los presuntos vínculos de corrupción que salpican al precandidato presidencial Camilo Romero.
La empresa Air-e Intervenida debió denunciar penalmente a un usuario que en las últimas horas atropelló, al parecer de forma intencional, a uno de sus técnicos en el norte de Barranquilla.Los hechos tuvieron lugar en el barrio La Concepción, en la calle 76 con carrera 71, cuando un grupo de técnicos de la empresa estaban revisando el medidor de energía de una vivienda, porque el consumo registrado venía mostrando aparentes alteraciones desde hace varios días.En medio de ese proceso, reporta la operadora que una mujer empezó a insultarlos y hasta llegó a golpear a de ellos con una piedra. “Me borras eso, me lo borras”, eran los gritos de la mujer, según se puede apreciar en videos que se han hecho virales por las redes sociales.Después, esa persona llamó a un familiar, quien llegó al lugar en un carro y lo usó para atropellar a otro de los técnicos. Ambos trabajadores, identificados como Darío Romero y Yaceth Conrado, fueron llevados a una clínica en el norte de la ciudad.Por su parte, el gerente Territorial Experto de Air-e Intervenida, Victor De Luque Vidal, dijo que las autoridades ya conocen el caso y que no lo dejarán pasar. También pidió la captura de los responsables, quienes ya están siendo identificados.“Desde Air-e Intervenida rechazamos de manera contundente los hechos de violencia ocurridos contra dos de nuestros técnicos mientras realizaban labores de inspección en el barrio La Concepción, en la ciudad de Barranquilla. Nuestros trabajadores y contratistas salen todos los días a cumplir una labor esencial para garantizar la prestación del servicio de energía y ninguna diferencia o inconformidad puede justificar una agresión que ponga en riesgo su integridad o su vida. En este momento nuestra prioridad es la recuperación de nuestros compañeros Darío y Yaceth, a quienes, junto con sus familias, expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo”, declaró inicialmente.“Los hechos ya están siendo puestos en conocimiento de las autoridades competentes y la compañía adelantará las acciones correspondientes. Queremos reiterar un mensaje muy claro. En Air-e Intervenida no toleramos la violencia. El diálogo siempre será el camino y proteger la integridad y la vida de nuestra gente es una prioridad innegociable”, finalizó.
Estos fueron los temas tratados en La Nube:Paramount compró los estudios de Warner por 110.000 millones de dólares. Se espera fusión en la que se mantendrían las marcas para así no violar la ley antimonopolio de Estados Unidos.Rafael Erazo Ramírez, director ejecutivo y cofundador de Kaleido Lab, habló sobre el cortometraje 'El nido vacío', el cual busca enviar un mensaje sobre la fauna y su cuidado en las ciudades.Las novedades que tendrá el FC27: aparece Ted Lasso, mundo abierto para interactuar con otros usuarios en línea y mantiene la licencia de la Champions League.El juego con identidad colombiana que tiene como protagonismo a Sutatausa, municipio de Cundinamarca. Está enfocado para niños entre 4 a 9 años.
Luego de las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, el Tribunal Superior Militar y Policial, el Tribunal Superior Militar respondió y le pidió aportar las pruebas que sustenten sus afirmaciones.La magistrada Díaz en una entrevista con El Espectador cuestionó públicamente el papel que ha cumplido la Justicia Penal Militar en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y sostuvo que esta jurisdicción habría sido utilizada como un “mecanismo de encubrimiento”.Frente a esas declaraciones, el Tribunal Superior Militar aseguró que respeta la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y la libertad de expresión de sus magistrados, pero rechazó que se hagan generalizaciones sobre toda la Justicia Penal Militar y Policial.“Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’. Esa afirmación desconoce la labor de los funcionarios y los resultados judiciales de los últimos años, de los cuales puede dar fe la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de esta jurisdicción”, señaló el Tribunal en un comunicado.La Justicia Penal Militar y Policial invitó a la magistrada Díaz Gómez a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y, además, a aportar los datos que respalden sus afirmaciones.El Tribunal sostuvo que la jurisdicción tiene autonomía e independencia de carácter constitucional y que sus actuaciones se desarrollan bajo los principios de imparcialidad, respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el debido proceso.Como respaldo a su posición, entregó cifras sobre sus resultados judiciales. El Tribunal aseguró que entre 2022 y lo corrido de 2026 ha proferido 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias en segunda instancia.Según el Tribunal, estas decisiones no corresponden únicamente a delitos relacionados con la actividad militar, sino también a procesos por homicidio, lesiones personales y delitos contra la administración pública, entre otros.La institución también comparó estas cifras con las decisiones de la JEP y aseguró que existen diferencias importantes, teniendo en cuenta los más de ocho años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El exciclista colombiano Nairo Quintana pidió inversión al Gobierno nacional y al sector privado ante la "crisis" del ciclismo nacional e hizo un llamado para garantizar que los corredores tengan "tranquilidad" económica durante sus carreras deportivas."En cualquier momento van a seguir saliendo jóvenes. Tenemos que impulsar, hacer proyectos, presentárselos a las empresas, a los gobiernos. Proyectos serios donde podamos darles a ellos la tranquilidad de que el dinero que invierten o que están dando tiene sentido", expresó Quintana a EFE en Cartagena de Indias.El boyacense, que culminó su carrera profesional el fin de semana pasado en el Giro de Emilia, señaló que en muchas ocasiones los ciclistas van "solamente a pedir favores sin un buen proyecto en la mano"."Creo que también eso ha sido parte de esta crisis, una falta de liderazgo de diferentes, valga la redundancia, líderes que quieran apoyar, impulsar el ciclismo, con buenos proyectos", añadió.El retiro de Quintana a sus 36 años, sumado al de Rigoberto Urán en diciembre de 2024, empieza a dar cierre a la era dorada de ciclistas colombianos, de los que siguen activos Egan Bernal, Sergio Higuita y Daniel Martínez, entre otros.Sin embargo, Colombia lleva varios años sin sacar una promesa en este deporte y el mejor resultado reciente fue el subcampeonato de Martínez en el Giro de Italia de 2024. Del resto, los ciclistas del país andino han figurado poco en las grandes competencias internacionales.En ese sentido, Quintana aseguró que hay "varias problemáticas", pero hizo un llamado a los colombianos: "En cuanto entre todos logremos un poco impulsar, ustedes puedan transmitir lo importante que es el deporte y lo importante que ha sido el ciclismo para Colombia, seguramente sacaremos muchos más campeones".
Tras casi tres meses después del terremoto que afectó cinco departamentos de Colombia, el Gobierno nacional anunció nuevos alivios para las familias de estratos 1, 2 y 3 que hayan resultado afectadas por esta emergencia y que tengan dificultades para asumir el pago de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo.La medida quedó establecida mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026, expedido en el marco de las acciones de recuperación para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.Según el Ministerio de Vivienda, los hogares de estratos 1, 2 y 3 que normalmente reciben subsidios podrán acceder a un subsidio adicional para el pago de estos servicios por hasta seis facturas mensuales o tres facturas bimestrales.El beneficio no será automático para todos los hogares de esos estratos. Desde la entidad señalan que ella será la encargada de definir las zonas que podrán acceder a la medida, así como el porcentaje del subsidio y el periodo durante el cual se aplicará.El decreto también contempla una medida para las familias cuya vivienda haya quedado destruida, demolida o inhabitable y, por esa razón, no pueda recibir alguno de los servicios.En esos casos, los hogares no tendrán que pagar por un servicio que no están recibiendo mientras permanezca esa situación.Además, el Gobierno podrá apoyar la reparación o reconstrucción de las conexiones de agua y alcantarillado que hayan resultado afectadas por el desastre, con el objetivo de facilitar la recuperación del acceso a estos servicios durante el proceso de reconstrucción de las viviendas.