El nombre de Pedro Rodríguez era prácticamente desconocido para la opinión pública, pero en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ejerció un papel central. Fue asesor jurídico y la mano derecha de Olmedo López, exdirector de la entidad, en medio del escándalo por el supuesto pago de coimas con recursos destinados a atender a poblaciones vulnerables.
Desde la cárcel, Rodríguez decidió colaborar con la justicia y entregó a la Fiscalía una matriz de colaboración que revela un entramado de direccionamientos contractuales, sobrecostos y favorecimientos que salpican a figuras políticas y exfuncionarios de alto nivel, reveló Noticia Caracol.
Uno de los casos más delicados corresponde a la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la avalancha de 2017. Según Rodríguez, Olmedo López y Alethia Arango, quien llegó a la UNGRD tras ocupar cargos en la Alcaldía de Medellín, modificaron convenios interadministrativos para adjudicar a dedo contratos millonarios. Entre ellos, el de casi mil viviendas en el predio Sauces 2, entregado al contratista Ramón España Gutiérrez, un arquitecto cuestionado por su falta de idoneidad.
Noticias Caracol reveló que España visitó en repetidas ocasiones la sede de la UNGRD en Bogotá y también participó en reuniones en Mocoa, siempre acompañado de figuras políticas vinculadas a Antioquia. Según la matriz, la selección de este contratista fue avalada directamente por López y facilitada jurídicamente por Arango.
Las confesiones de Rodríguez no se detienen allí. En su declaración también involucra al precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Señala que durante su administración se habría direccionado un contrato de licores en favor de empresarios locales, entre ellos Richard Portilla, quien habría aportado recursos y apoyo logístico a su campaña de 2015. Según el testimonio, Romero habría delegado a su primo Andrés Arango Romero como enlace para concretar esos acuerdos.
Rodríguez, condenado en mayo pasado por falsedad en documento público y concierto para delinquir, pidió perdón y firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En este marco, se comprometió a revelar detalles de cómo operaba el esquema de corrupción dentro de la UNGRD y en la Gobernación de Nariño.
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Camilo Romero, por su parte, niega las acusaciones. Asegura que el proceso en su contra responde a una persecución política y recuerda que el propio Rodríguez, en un audio en poder de su defensa, reconoció que el exgobernador nunca le dio instrucciones ilegales. “Podrán intentar usar a Rodríguez como testigo en mi contra, pero no existe una sola prueba”, afirmó.
El próximo 25 de septiembre un juez definirá si avala el principio de oportunidad de Pedro Rodríguez, una decisión que podría marcar un nuevo capítulo en el escándalo de la UNGRD.
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