La reciente orden del presidente Gustavo Petro de abrir una licitación para el Canal 1 ha desatado un fuerte debate jurídico y político en Colombia. Mientras el Gobierno sostiene que la concesión vence en 2027, el concesionario Plural Comunicaciones asegura que, tras la Ley 1978 de 2019, la vigencia se extiende hasta 2037. En el centro de la discusión está la tensión entre la libertad de prensa y las facultades del Ejecutivo frente a los contratos estatales.La disputa jurídica: ¿2027 o 2037?De acuerdo con el contrato original adjudicado en 2017, la concesión del Canal 1 tenía una duración de 10 años. Sin embargo, la Ley 1978, aprobada durante el gobierno de Iván Duque, modificó la normativa y extendió la duración de las licencias y concesiones de televisión a 20 años.Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, sostiene que no hay duda sobre la vigencia: “La ley 1978 de la República establece que la concesión va hasta el año 2037. El peligro aquí es el sofisma distractivo de hasta cuándo va más, de qué están queriendo hacer”, aseguró en entrevista radial.El empresario explica que incluso en el escenario hipotético de que la concesión venciera en 2027, existe la posibilidad de prórroga: “Supongamos por un segundo que ese fuera el caso. Vale, esperemos a 2027. Inclusive en ese escenario, la concesión tiene derecho a prórroga”, afirmó.No obstante, expertos en telecomunicaciones advierten que el Ministerio de las TIC no puede revocar unilateralmente el contrato. Cualquier eventual terminación anticipada debería estar sustentada en un proceso administrativo sancionatorio, con oportunidad de defensa para el concesionario.Señal Colombia y el argumento culturalEl presidente Petro ha insistido en que el Canal 1 debería enfocarse en contenidos juveniles y culturales, lo que ha sido interpretado como una justificación para reorientar la concesión. Sin embargo, varios analistas señalan que esa función ya la cumple el canal público Señal Colombia.“El argumento de quitar algo en contra de la ley y la Constitución, en nombre de los jóvenes y la cultura, es completamente falaz, porque para eso ya existe Señal Colombia”, cuestionó uno de los panelistas en el debate radial.Este señalamiento abre un interrogante sobre el verdadero trasfondo de la orden presidencial y sobre si se trata de un intento por controlar espacios de comunicación privados.Libertad de prensa en la miraPara Ramiro Avendaño, el conflicto trasciende lo jurídico y se inscribe en la tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación:“No hay una molestia específica con el concesionario, hay una molestia con los medios. Todas las semanas el presidente Petro se ha manifestado contra Semana, contra El Tiempo, contra Caracol, contra La W… lo que pasa es que Canal 1 es el medio grande más vulnerable”, expresó.El directivo fue más allá al advertir que detrás de esta ofensiva existiría un interés particular: “Ya tienen planeado a quién entregárselo. El grupo de Programar Televisión lleva años con la obsesión del tercer canal y han manifestado que quieren que les adjudiquen el Canal 1”, denunció.El señalamiento apunta a una posible captura política del espacio televisivo, que debería ser adjudicado bajo licitación pública, con participación de múltiples oferentes.La orden presidencial también genera un riesgo para los funcionarios que la acaten. Analistas recordaron que el ministro de las TIC no tiene autonomía para revocar contratos vigentes sin fundamento legal. De hacerlo, podría enfrentar sanciones disciplinarias e incluso penales.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) archivó una queja interpuesta por el Canal Uno en 2019 en contra de Caracol Televisión por el “presunto abuso de posición de dominio en el mercado de televisión abierta nacional”.En su determinación, la SIC estableció que desde el momento en que se interpuso el recurso, hasta junio de 2022, se adelantaron todas las averiguaciones, actuaciones y análisis que permitieran definir la posibilidad jurídica y fáctica para avanzar en una apertura formal de investigación o el cierre de la queja por ausencia de mérito.En dicho orden de acciones, el organismo de vigilancia concluyó que no existieron méritos para darle curso a la queja, por lo que se ordenó el archivo de la averiguación preliminar.“El representante legal de Canal Uno (…) ha adelantado una serie de acciones encaminadas a ejercer una presión indebida en contra de la Autoridad y en particular en contra del Superintendente de Industria y Comercio, quién es el tomador final de decisión cuando una queja avanza a una investigación formal, y posteriormente amerita la imposición de una sanción”, indicó la SIC.Le puede interesar:Escuche el podcast El Camerino:
La Superintendencia de Industria y Comercio le abrió una investigación a Plural S.A.S, dueña de los portales web de Noticias Uno y Canal 1 por pregunta violación de la normativa de protección de las leyes de tratamiento de datos personales o Habeas Data.La entidad aseguro en un comunicado que la indagación previa arrancó cuando revisó los portales web los canales de televisión abierta, entre los que están canal Canal Caracol y RCNEn la resolución oficial se indica que el problema principal es que no se cumplen los estándares en manejo de las cookies, unos archivos que se descargan automáticamente a los celulares o computadores cuando un usuario ingresa a los portales y que recolectan información."Con respecto a la página web de Noticias Uno, se evidenció la ausencia absoluta de una autorización para efectos de dar a conocer a los titulares usuarios de la página web sobre los datos personales que serán recolectados, la finalidad del tratamiento y los cuáles serán las cookies, propias y de terceros, así como la remisión a la política de tratamiento de información", indica la resolución.En total son tres cargos: uno por no pedir autorización explícita sobre el manejo de cookies, otro por no informar en los términos y condiciones sobre la finalidad del uso de cookies y el último por problemas de seguridad de esos portales que podrían exponer información de sus usuarios.La Superintendencia ordenó a la compañía remitir su información financiera de los últimos tres años. Las multas por infracción a la Ley de Habeas Data pueden llegar hasta los 2.000 millones de pesos.Escuche el podcast Titanes del ciclismo:
En 2013, Noticias UNO reveló el acta de la junta directiva de la Empresa de Acueducto de Bogotá, en la que el entonces alcalde Gustavo Petro reconocía un déficit de 16.000 millones de pesos y un mal desempeño de recordado Plan de Recolección de Basuras.Desde entonces había una investigación en la Fiscalía en curso por el delito de "revelación de secreto", pero ya había sido archivada.Sin embargo, dice la Fiscalía que en 2021 el apoderado del acueducto pidió revivirla y a eso obedece la solicitud al medio para que le faciliten el audio y/o el video de la nota que salió en 2013.La Fiscalía, en un comunicado, señaló que es totalmente falso que se haya ordenado una diligencia de allanamiento a Noticias Uno y que, por el contrario, solo se solicitó información de una noticia que fue divulgada por el mismo noticiero. El ente investigador, además, resalta que este tipo de solicitudes son normales y se han realizado a diferentes medios de comunicación.“Que por su actividad periodística pueden tener información valiosa y clave para procesos que adelanta la Fiscalía, y que al divulgarse se convierte en pública”, aclaró la Fiscalía.En el mismo pronunciamiento, la Fiscalía da más detalles de la solicitud: dice que el investigador del caso realizó tres solicitudes por escrito para que le fuera entregada copia de la emisión del noticiero del 19 de octubre de 2013, fecha en la cual se publicó la información relacionada con la Empresa de Acueducto y que se requería para continuar con el proceso.Finalmente, la Fiscalía insiste en que es un deber constitucional de los ciudadanos y de las empresas privadas, entregar la información pública.Entérese de esta y más noticias en BLU Radio:
Este miércoles, durante un evento de la Alcaldía de Bogotá en Fontibón, donde la alcaldesa Claudia López inauguraba un proyecto social para ayudar a los hogares más vulnerables, se presentó un hecho polémico donde la mandataria estuvo involucrada. Algunas personas molestas le reclamaron a Claudia López por los trancones que se han generado en la calle 13 y por eso le pidieron que desmonte el bicicarril en la zona. El momento quedó registrado en un video y se puede observar cómo un hombre le grita a la mandataria que constantemente los “viven atracando”. “Tengo derecho a hablar porque soy un ciudadano. Usted hizo: hágase, infórmese y decrétese, como Chávez. Estamos tratando de vivir, a un diario”, dice el hombre bastante molesto.A estos reclamos se sumaron los gritos y abucheos de otras personas que se encontraban en el lugar.
Este domingo Noticias Uno destacó que su última emisión será el sábado 30 de noviembre de 2019, noticia que llega luego de que el 1 de septiembre anunciaran que saldrían del aire. Así lo confirmó en su momento Jorge Acosta, gerente de NTC.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.“Luego de un mes de arduas negociaciones con los socios del Canal Uno, lamentablemente no fue posible llegar a un acuerdo para que siguiéramos al aire aquí. Así las cosas, nuestra última emisión será el sábado 30 de noviembre”, comentó Acosta.“Han sido casi 28 años de transmisión ininterrumpida informando al país. Es un anuncio difícil, pero no marca un final sino un nuevo comienzo”, añadió.Le puede interesar: Noticias Uno saldrá del aire desde 2020"": Jorge Acosta, gerente de NTC Asimismo, el gerente de NTC reveló el “nuevo modelo” de Noticias Uno en el que la gente podrá aportar económicamente.“Son bienvenidos a formar parte de la red independiente. Para lograrlo solo necesitan aportar 1.000 pesos por cada emisión del noticiero (…). En el mes tenemos 10 emisiones, pero el monto es de 10.000 pesos mensuales”, afirmó.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
La reconocida actriz Margalida Castro, quien compartió set con el fallecido cantante Legarda en un reality, asegura que soñó con el joven y le envió un mensaje a su novia, la youtuber Luisa Fernanda W.Castro reveló los detalles de su sueño en entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, donde contó que, en su sueño, vio a Legarda “en una cama linda, grandotota, bellísima. De cristal, como yo lo llamo ‘Niño de cristal’, y que estaba dormidito”.La actriz agregó que en su sueño vio a Legarda en una entrevista muy contento, por lo que considera que él está “tranquilito”.“Llamé a María (su hermana). ‘Me soñé con el niño, está en una cama de cristal en el cielo. O sea, mejor dicho, está enseñándoles reguetón a los angelitos’”, agregó Castro.Vea el video y el mensaje para Luisa Fernanda W en este enlace.
El Centro Democrático denunció este miércoles que Paola Rojas, periodista de Noticias Uno, de manera “subrepticia e irrespetuosa”, intentó grabar una conversación entre el expresidente Álvaro Uribe y la senadora Angélica Lozano. El hecho generó el rechazo de la comunicadora, quien, en redes sociales, dijo que el senador sabía que lo estaba grabando y que, en el momento, no le pidió que lo dejara de hacer. “Estaba grabando a la senadora Angélica Lozano, pero era una nota de voz, porque era para tener datos. Ella lo sabía porque estábamos en una conversación informal. Él (Uribe) llega y le hace un reclamo por algo que había comentado al senador. Yo continúo con mi celular, yo me volteo, él me mira todo el tiempo y no me dijo nada. Él termina de hablar y se hace a un lado con el senador Macías (Ernesto). Yo continué hablando con Angélica Lozano”, dijo.Vea también: "Reunión Farc, Petro y Uribe define futuro de sala de juzgamiento de militares en JEP Añadió que dos minutos después, Lozano se fue al baño y, en ese momento, Uribe se le acercó para pedirle, respetuosamente, que por favor no publicara la grabación porque era una conversación privada. Rojas añadió que el comunicado del Centro Democrático “está lleno de imprecisiones” porque ella no estaba acompañada y porque le pidieron no grabar solo después de la conversación: “¿Se imaginan el problema que se hubiera armado si yo hubiera agredido a alguien?”. La periodista pidió revisar las cámaras de seguridad para que el Centro Democrático explique en qué momento hubo una agresión de parte de ella. “Ellos sienten que soy yo los que los persigo”, dijo. El comunicado del partido generó molestias entre Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, quien calificó el hecho como “tergiversación y abuso de poder”. Mientras tanto, Angélica Lozano, en un video publicado en Twitter desmintió la versión que entregó el Centro Democrático.
La Autoridad Nacional de Televisión adjudicó al consorcio Promesa Futura Plural Comunicación la frecuencia del Canal Uno de Colombia, por una cifra de 107 mil 500 millones de pesos. El consorcio reúne a cuatro empresas que actualmente transmiten en el Canal Uno: NTC, RTI, CM& y HMTV. Estos ganadores deberán asumir la programación del canal adjudicado desde primero de mayo de 2017. La licitación otorgada por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) es por los próximos 10 años con opción a ampliarlo una década más. El consorcio ganador fue el único que se presentó ante la ANTV, encabezada por su directora, Ángela María Mora, y el ministro de las Tecnologías e Información, David Luna.
En el Centro de Convenciones de Bogotá comenzó la audiencia pública para la adjudicación de los espacios del Canal UNO. Aunque el Gobierno ha señalado que no se tratará de un tercer canal, los opositores al proceso indican que al adjudicar la totalidad de los espacios a un solo oferente es prácticamente lo mismo. El consorcio al que serán otorgados los espacios está conformado por CM&, Noticias Uno, y RTI. Durante la instalación de la audiencia se conoció que el ciudadano Dagoberto Bohórquez radicó una recusación en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el ministro TIC, David Luna, y contra la directora de la Agencia Nacional de Televisión, Ángela María Mora, al considerar que se ha vulnerado el debido proceso y no ha sido transparente. Con esta acción el demandante es que se suspenda esta licitación mientras se corrigen lo que serían, según opositores, falencias o violaciones al debido proceso en esta adjudicación.
La cuenta regresiva para que el estadio Metropolitano reabra sus puertas en la final de la Copa Sudamericana 2026 está en marcha. Desde la Alcaldía Distrital no solo se pensó en la renovación del escenario para aumentar su capacidad, sino también para mejorar su sistema de videovigilancia. Por tanto, en las últimas horas se conoció que serán instaladas más de 300 cámaras de última generación.Las cámaras serán de 61 megapíxeles, lo que permitirá hacer zoom hasta el último rincón de la tribuna más lejana y ver un rostro o una acción con nitidez. El sistema está equipado con cámaras de tipo profesional, domos y domos duales, balas de 5 MP, multisensores panorámicos, minidomos, ojos de pez de 360 grados, entre otros elementos de videovigilancia.No siendo suficiente, el sistema incluirá un procesador con inteligencia artificial generativa, en el que se identificarán posibles alteraciones para así dar pronto aviso a las autoridades. De hecho, incluye una función de identificación fisonómica capaz de rastrear a una persona entre miles en cuestión de minutos."Estamos poniendo tecnología de punta, con inteligencia artificial generativa, equipos muy modernos y que ningún otro estadio de Colombia tiene. Falta poco para que volvamos abrir las puertas del Supermetro, para que recibamos el fútbol sudamericano. Este estadio está al nivel de los mejores del mundo. Nos infla el pecho a los barranquilleros de orgullo y pronto estará abierto para todos", afirmó el alcalde Alejandro Char.La gerente TIC de Barranquilla, Natali Escorcia, explicó que en estos momentos se trabaja en la instalación de los nuevos canales de internet y antenas 4G y 5G, para que el escenario deportivo cumpla con los estándares internacionales.En la parte superior del escenario, se instalarán nuevas antenas de última tecnología para mejorar la capacidad de conexión cuando se esté frente a la alta demanda de usuarios, lo cual era una de las principales necesidades del estadio.Finalmente, la intervención también contempla cambios en la infraestructura de red interna, en la que se dispondrá de canales de internet, backup de 2,5 gigas cada uno y puntos de acceso distribuidos en diferentes áreas del escenario. Su objetivo será garantizar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos del ‘Supermetro’.
Momentos de tensión se registraron en horas de la tarde de este domingo por un nuevo atentado, en este caso, en el peaje de Villa Rica en el norte del Departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, el ataque se realizó mediante el uso de drones contra la infraestructura del peaje. Las autoridades adelantaron las verificaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido, mientras se recomendó a los conductores evitar transitar por este sector.Otro hecho similar ocurrió en la madrugada del sábado 7 de noviembre donde también fue atacado con explosivos el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Según los primeros reportes, los responsables habrían utilizado drones para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones, ocasionando daños materiales en la infraestructura.Después de la detonación, unidades de la Fuerza Pública adelantaron labores de verificación y seguridad en el corredor vial para descartar nuevas amenazas. Fabián Alonso Romero España, secretario de Gobierno del Cauca, solicitó reforzar la presencia permanente del Ejército en las estaciones de peaje, teniendo en cuenta los riesgos que estas acciones representan para los trabajadores, las comunidades cercanas, los viajeros, y el sector productivo.“Solicitamos de manera reiterativa para que el gobierno haga presencia del departamento del Cauca, protegiendo sectores estratégicos de la economía nacional, en dos ocasiones, desde el 8 de agosto se han reiterado los ataques al peaje con explosivos, lo que pone permanentemente en riesgo la estabilidad económica de nuestro departamento “, expresó el funcionario.A estos hechos se sumó otra acción violenta en el municipio de Suárez, también en el norte del Cauca. Allí, fueron detonados explosivos para atacar un tramo de la carretera que comunica la cabecera municipal con el sector de La Betulia. La detonación se registró en la vereda Playa Rica y ocasionó afectaciones en la infraestructura vial. El alcalde César Lizardo Cerón informó que, de manera preliminar, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.Mientras avanzan las verificaciones por el reporte de Villa Rica y las investigaciones por los demás hechos, las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad de las vías que están siendo atacadas constantemente con el uso de drones que representan una amenaza para la población civil y quienes transitan por las carreteras del sur occidente colombiano.
Las autoridades intensificaron los controles en Cuadra Play, uno de los sectores de rumba de Bucaramanga, donde un operativo de la Alcaldía, con apoyo de la Policía Nacional, Tránsito y el Cuerpo de Bomberos, dejó como resultado la inmovilización de vehículos y el cierre de dos establecimientos comerciales por incumplir los requisitos para su funcionamiento.Durante las intervenciones se llevaron a cabo requisas, verificación de antecedentes y controles a vehículos. Como resultado, fueron inmovilizados varios automotores que se encontraban estacionados en andenes y zonas de espacio público, obstruyendo estos lugares.Asimismo, las autoridades detectaron la presencia de menores de edad en inmediaciones de los establecimientos nocturnos y ordenaron el cierre de dos negocios que no cumplían con los requisitos exigidos para su funcionamiento.De acuerdo con la Administración Municipal, durante los procedimientos algunos conductores se opusieron a los controles, por lo que fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía para garantizar el desarrollo de los operativos.Las autoridades señalaron que estas acciones buscan mantener el orden, recuperar el espacio público y verificar que los establecimientos nocturnos cumplan con las normas para operar en este sector de la ciudad.
El Contralor General Jorge Laverde , ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que suman cerca de $20.783 millones. La decisión, anunciada este 9 de noviembre de 2026 en Bogotá, responde a las denuncias de Noticias Caracol sobre presuntas irregularidades en la compra de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y el uso de recursos públicos.Según la Contraloría General de la República, las denuncias señalan posibles fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y sobrecostos. La revisión buscará establecer si los recursos se administraron conforme a la ley y si hubo afectación al patrimonio del Estado.Los cinco contratos de la DNI bajo revisiónHelicóptero no tripulado por $9.000 millonesEl contrato de mayor valor corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. El ente de control verificará las condiciones de compra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También revisará la aplicación de las garantías contractuales.Tres sistemas antidrones por $8.340 millonesLa Contraloría examinará las condiciones de contratación, las características técnicas, la entrega y el funcionamiento de tres sistemas antidrones, así como su uso efectivo y su correspondencia con las necesidades de la entidad.Computadores y sistema biométricoEl contrato 043 de 2024, por cerca de $1.314 millones, para la compra de 595 computadores, será revisado por denuncias sobre deficiencias de calidad, fallas e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago.En el caso del contrato 053 de 2022, por unos $580 millones, destinado a un sistema de identificación biométrica, el organismo buscará establecer por qué el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI y las condiciones de planeación y ejecución.Mobiliario para la sede de FunzaLa quinta contratación, por aproximadamente $1.549 millones, corresponde a mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza (Cundinamarca). Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y la entrega de los bienes, con atención a los posibles sobrecostos denunciados.Revisión al Sistema Integrado de Inteligencia y ContrainteligenciaAdemás, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el destino de los recursos comprometidos en su desarrollo.Para estas actuaciones se solicitarán estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Si se identifica un presunto detrimento patrimonial, la entidad adelantará las actuaciones fiscales correspondientes. Los hechos con posible relevancia penal o disciplinaria serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción”El contralor Laverde Vargas recordó que los recursos de seguridad e inteligencia del Estado también están sujetos a control fiscal, el cual se ejercerá respetando la reserva de la información y la protección de la seguridad nacional.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó.
Después de un par de meses de esperar, Hidroituango por fin llegó a la cota 420, medida con la que Empresas Públicas de Medellín espera hacerle frente al Fenómeno de El Niño, que tendría en los primeros meses de 2027 su temporada más extrema.El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la represa había llegado al nivel estimado, “aunque no es suficiente frente a los riesgos qué significa el Fenómeno de El Niño”. Hay que recordar que este proceso de llenado se hizo más rápido de lo esperado, debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas.Habían sido las autoridades antioqueñas las que en su momento reconocieron que solo hasta inicios del próximo año se llegaría a la meta propuesta, no obstante, las condiciones climáticas en el Norte del departamento permitieron hacer el proceso más rápido aunque el gerente de EPM, Jhon Maya, explicó que no se hizo de manera inmediata."Que subir como a 40-50 centímetros diario, parar y esperar a hacer unas mediciones a ver cómo responde la presa, cómo responden todos esos indicadores y si no hay ningún problema vuelve y se sube. Entonces tiene que ser muy lento porque eso es un bloque de agua de 12 metros más, que es un volumen de agua muy importante que hace una presión muy fuerte a una presa y a todo lo que eso implica. Entonces eso hay que subirlo muy gradualmente y en eso es lo que vamos muy bien", indicó el funcionario.Sobre la cota 420 y las implicaciones que esto podría tener para la energía de Colombia, hay que recordar que fue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, quien le dio permiso a EPM para remover la cobertura vegetal y así subir el nivel el embalse y estar preparados para la temporada más seca.Durante el transcurso del día, autoridades departamentales y nacional como los ministros de Minas y Energía y Medio Ambiente estarán en las instalaciones de Hidroituango, recorriendo el megaproyecto y se espera que se entreguen nuevos detalles sobre el aporte de la hidroeléctrica para la estabilidad energética del país en los próximos meses.