La reciente orden del presidente Gustavo Petro de abrir una licitación para el Canal 1 ha desatado un fuerte debate jurídico y político en Colombia. Mientras el Gobierno sostiene que la concesión vence en 2027, el concesionario Plural Comunicaciones asegura que, tras la Ley 1978 de 2019, la vigencia se extiende hasta 2037. En el centro de la discusión está la tensión entre la libertad de prensa y las facultades del Ejecutivo frente a los contratos estatales.
La disputa jurídica: ¿2027 o 2037?
De acuerdo con el contrato original adjudicado en 2017, la concesión del Canal 1 tenía una duración de 10 años. Sin embargo, la Ley 1978, aprobada durante el gobierno de Iván Duque, modificó la normativa y extendió la duración de las licencias y concesiones de televisión a 20 años.
Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, sostiene que no hay duda sobre la vigencia: “La ley 1978 de la República establece que la concesión va hasta el año 2037. El peligro aquí es el sofisma distractivo de hasta cuándo va más, de qué están queriendo hacer”, aseguró en entrevista radial.
El empresario explica que incluso en el escenario hipotético de que la concesión venciera en 2027, existe la posibilidad de prórroga: “Supongamos por un segundo que ese fuera el caso. Vale, esperemos a 2027. Inclusive en ese escenario, la concesión tiene derecho a prórroga”, afirmó.
No obstante, expertos en telecomunicaciones advierten que el Ministerio de las TIC no puede revocar unilateralmente el contrato. Cualquier eventual terminación anticipada debería estar sustentada en un proceso administrativo sancionatorio, con oportunidad de defensa para el concesionario.
Señal Colombia y el argumento cultural
El presidente Petro ha insistido en que el Canal 1 debería enfocarse en contenidos juveniles y culturales, lo que ha sido interpretado como una justificación para reorientar la concesión. Sin embargo, varios analistas señalan que esa función ya la cumple el canal público Señal Colombia.
“El argumento de quitar algo en contra de la ley y la Constitución, en nombre de los jóvenes y la cultura, es completamente falaz, porque para eso ya existe Señal Colombia”, cuestionó uno de los panelistas en el debate radial.
Este señalamiento abre un interrogante sobre el verdadero trasfondo de la orden presidencial y sobre si se trata de un intento por controlar espacios de comunicación privados.
Libertad de prensa en la mira
Para Ramiro Avendaño, el conflicto trasciende lo jurídico y se inscribe en la tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación:
“No hay una molestia específica con el concesionario, hay una molestia con los medios. Todas las semanas el presidente Petro se ha manifestado contra Semana, contra El Tiempo, contra Caracol, contra La W… lo que pasa es que Canal 1 es el medio grande más vulnerable”, expresó.
El directivo fue más allá al advertir que detrás de esta ofensiva existiría un interés particular: “Ya tienen planeado a quién entregárselo. El grupo de Programar Televisión lleva años con la obsesión del tercer canal y han manifestado que quieren que les adjudiquen el Canal 1”, denunció.
El señalamiento apunta a una posible captura política del espacio televisivo, que debería ser adjudicado bajo licitación pública, con participación de múltiples oferentes.
La orden presidencial también genera un riesgo para los funcionarios que la acaten. Analistas recordaron que el ministro de las TIC no tiene autonomía para revocar contratos vigentes sin fundamento legal. De hacerlo, podría enfrentar sanciones disciplinarias e incluso penales.