Luego de que a mediados de febrero un juzgado de Medellín absolviera en primera instancia a Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, por el asesinato de tres funcionarios del CTI, recientemente la justicia cambió su decisión y lo encontró culpable.Se trata del jefe financiero de la Casa Castaño y uno de los protagonistas del caso del Parqueadero Padilla, la reconocida oficina en el centro de Medellín donde se llevaba la contabilidad del paramilitarismo en la región.En la reciente decisión, el Tribunal Superior de Medellín encontró a ‘Lucas’ como el responsable del homicidio de tres funcionarios de la Fiscalía que investigaban el caso: Manuel Guillermo López Umaña, John Jairo Ruiz, Luis Fernando González Jaramillo, hechos ocurridos entre 1997 y 1998.En segunda instancia la justicia además de condenarlo a 40 años de prisión, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia y la prisión domiciliaria. Pero además fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por los próximos diez años.En el prontuario de ‘Lucas’ también se incluye su presunta participación como aportante de recursos para la ejecución de la masacre de La Granja ocurrida en 1996 en el municipio de Ituango y por la que el año anterior el presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado colombiano.
Según reveló Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, el general retirado Miguel Maza Márquez negó las acusaciones hechas en su contra por el coronel Hugo Aguilar, quien lo señaló de conocer y estar involucrado con Carlos Castaño para la creación de 'Los Pepes'.Las afirmaciones del coronel Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, se dieron durante una audiencia única de verdad el martes 23 de enero, donde alegó que Miguel Maza Márquez le habría pedido a él y al mayor Danilo González, integrantes de la parte alta del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, que se reunieran con Carlos Castaño y alias 'Don Berna'. Según Aguilar, estas personas tenían información crucial sobre la muerte de lugartenientes de Escobar y querían colaborar con su captura.En respuesta a estas acusaciones, Maza Márquez afirmó en diálogo con Blu Radio que nunca tuvo contacto con Carlos Castaño y que no lo conocía personalmente. Además, desmintió haber recomendado la reunión entre Aguilar, González y los mencionados individuos, alegando que no tenía conocimiento de que fueran narcotraficantes y que supuestamente pretendían colaborar en la búsqueda de Pablo Escobar.Cabe recordar que Hugo Aguilar detalló que, en junio de 1993, cuando formaba parte del Bloque de Búsqueda, Maza Márquez le informó que debían recibir a Carlos Castaño y 'Don Berna'. Sin embargo, la supuesta colaboración no se concretó, ya que Escobar huyó antes de que se pudiera llevar a cabo la reunión. Aguilar afirmó que fue a partir de este momento que inició la relación con dos paramilitares que tenían el control de las autodefensas en el Magdalena Medio.El exgobernador de Santander recordó que a través de los operativos de inteligencia que adelantaron para dar con el paradero del capo relató que esa organización había infiltrado a las autoridades.“Aparecieron Los Pepes, en esa guerra el estado se hizo indiferente, eran ataques terroristas y asesinatos , en ese momento se hablaba en la prensa que en realidad era el bloque de búsqueda, en una reunión determinaban que hacer para que no nos culparan porque iban a terminar judicializándonos a la parte de inteligencia y operaciones especiales”, explicó Aguilar.Cabe destacar que Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, aunque las acusaciones relacionadas con 'Los Pepes' no han sido parte de este proceso judicial.
A Jacinto Alberto Soto Toro, alias 'Lucas', presunto jefe financiero de los Los Castaño Gil, la Fiscalía lo acusó por su participación en la masacre ocurrida en el corregimiento de La Granja, en Ituango, Norte de Antioquia, el 11 de junio de 1996, que dejó 12 personas muertas.Según el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez, alias 'Lucas' también fungía como jefe financiero de las extintas autodefensas y por eso fue capturado en abril de 2021, asesinó a cuatro personas entre ellas a un docente, una mujer y un joven con discapacidad cognitiva."Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), habría dispuesto de recursos, armas, uniformes y otros elementos para organizar a las estructuras paramilitares que irrumpieron al corregimiento La Granja y con lista en mano buscaron a habitantes señalados equivocadamente de apoyar a otras organizaciones ilegales que delinquían en la región", advirtió el fiscal Hugo Tovar.Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000.Le puede interesar:
Durante las cuatro jornadas de la 'audiencia única de aporte de verdad' ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso respondió por su presunta participación de diversos hechos en el país y de las AUC con miembros de la fuerza pública, el origen de las órdenes, los motivos y maneras de caracterizar enemigos por parte de las AUC, entre otros.La Procuraduría General de la Nación intervino durante estas cuatro jornadas y, allí, le pidió a Salvatore Mancuso más información de diversos temas, uno de ellos, por supuesto, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en especial por su cercanía con Carlos Castaño en este hecho. Petición que también llegó de parte del Ministerio Público. Salvatore Mancuso deberá dar detalles de las víctimas del conflictoLa Procuraduría General de la Nación pidió que entregara información sobre fosas comunes donde pueden haber cuerpos de víctimas del conflicto; asimismo, el uso del Canal del Dique por parte de la AUC como "depósito de cadáveres".La entidad le pidió información a Mancuso sobre la operación 'Rastrillo', que involucraría las masacres de Macayepo y El Salado; la desmovilización de la guerrilla del EPL y el paso de combatientes a las AUC, y la posible conformación de un frente internacional de las AUC en la frontera o en Venezuela.Mancuso, a su vez, deberá dar detalles de diversos asesinatos que se dieron de periodistas independiente en los departamentos en que tenía acción y movimiento este grupo armado ilegal.Nexos con ganaderos y empresarios que aún tienen que ser esclarecidosEl representante de la Procuraduría le pidió a Mancuso profundizar en los vínculos de empresarios y ganaderos con la ‘Casa Castaño’ y el paramilitarismo; si conoció o no a David Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, y si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las FARC dentro de su actuar como autodefensas.Sobre el modelo de “franquicias” o bloques paramilitares utilizados por las autodefensas, así como sobre la financiación con cultivos ilícitos y dineros de empresas privadas del país, con aportes voluntarios y forzados.La Procuraduría a Mancuso y de hecho insistió ante la JEP, en la necesidad de que esté aporte una verdad completa, genuina, desprovista de justificaciones o episodios que puedan resultar re victimizantes, pidiéndole a Mancuso visibilizar a quienes, “como servidores públicos, especialmente del DAS, hicieron parte de esa gran empresa del crimen, aquellos que contribuyeron con ustedes”. Así mismo que, de ser admitido por la JEP, entregue una propuesta que contemple la inclusión de la verdad y reparación a las víctimas de Justicia y Paz.Le puede interesar
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue dando su versión de los hechos del conflicto armado que se dieron cuando él pertenecía a las AUC. En sus declaraciones ha dado a conocer muchos nexos que existían con este grupo armado, al igual que la orden de asesinato a algunos personajes en Colombia o la financiación de campañas políticas.Le pidieron a Carlos Castaño que asesinara a Jaime Garzón, revela MancusoAnte la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a homicidios que habrían cometido las AUC contra defensores de derechos humanos y periodistas, entre esos el del humorista Jaime Garzón, asesinado en la ciudad de Bogotá en el año 1999 por sicarios de la banda 'La Terraza', que le dispararon en cinco ocasiones mientras el periodista esperaba un cambio de semáforo.“Carlos Castaño la ejecuta sólo en el caso de Jaime Garzón porque él en algún momento hizo una referencia a Carlos Castaño en una burla, eso para Carlos fue una ofensa tremenda”, dijo Salvatore MancusoMancuso reveló que los periodistas y defensores de derechos humanos habrían recibido amenazas de celulares de coroneles del Ejército, como del extinto DAS: "El asesinato de Jaime Garzón fue una petición directa a Carlos Castaño de altos mandos militares que podré contarle a usted después en una audiencia privada por lo delicado y por la presunción de inocencia", señaló Mancuso ante la JEP.Otras víctimas del seguimiento de las AUCPor otro lado, se refirió a a Jesús María Valle, un abogado y defensor de derechos humanos, asesinado en su oficina en Medellín en 1998. Mancuso reiteró que la orden del homicidio la habría dado Carlos Castaño y habría sido ejecutada por hombres de la banda 'La Terraza'.Tras estos asesinatos, según dijo Mancuso, Carlos Castaño se habría dado cuenta de las repercusiones de los hechos y por eso no habría ordenado el asesinato de Gustavo Gallón, actual embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra."Dada la connotación del señor Gustavo Gallón para este caso específico se reversó la orden que había dado de asesinarlo en la medida en que estos hechos fueron un golpe que las AUC se autoinfringió, cuando ejecutó estas acciones por pedido de altos mandos militares que consideraban a estas personas, en el caso de Jaime Garzón, como un intermediario permanente, constante en las negociaciones que venía adelantando las guerrillas de Farc y ELN con el pago de secuestros y estas situaciones", explicó Mancuso.Por último, el exjefe paramilitar señaló que, en muchos casos, esta información la habría entregado, presuntamente, el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez."Del señor Gustavo Gallón existía una carpeta con información de su desplazamiento, las horas de su desplazamiento, dónde vivía y trabajaba. La orden era asesinarlo", señaló Mancuso.Le puede interesar: 'Lo más relevante esta semana en el FPC'
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue en una diligencia virtual ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) en donde ha hablado sobre la presunta relación entre los paramilitares y miembros de la fuerza pública en el conflicto armado interno.Ante la JEP, Salvatore Mancuso entregó más detalles sobre el conflicto armado en Colombia. Dio a conocer, además, información sobre las Convivir y todos los aliados que habían dentro de las AUC.Las AUC son culpables de la muerte de Eudaldo Tito DíazMancuso este lunes, 15 de mayo, revivió el caso del exalcalde Eudaldo Tito Díaz, quien fue asesinado en 2003. El caso conmocionó a la Costa Caribe por la fuerte participación que, presuntamente, habían tenido grupos paramilitares de la región.“Señor presidente, a mí me van a matar”, enfatizó el alcalde a Álvaro Uribe Vélez en el Consejo Comunal antes de su muerte. Díaz hizo la alerta argumentando que, por no haber permitido la participación de las AUC en su administración, estaba siendo objetivo militar de estos grupos.En este caso, Salvador Arana, exgobernador de Sucre, aceptó su responsabilidad en este homicidio, pues dijo que dio la orden para que los paramilitares lo asesinaran. La familia de Tito Díaz le envió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso una carta en la cual le piden aportar verdad sobre este caso, en el marco de su audiencia única de verdad ante la JEP.Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le preguntaron por el caso a Mancuso y él reiteró que es responsabilidad de las autodefensas, recordando el momento en el que Díaz denunció públicamente que lo iban a asesinar.¿Quién dio la orden?"Eso fue por solicitud directa creo que fue del gobernador. No recuerdo con exactitud en este momento, sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos", señaló Salvatore MancusoEn esta nueva sesión de su audiencia única de verdad, Mancuso ha dicho que desde el DAS les filtraban información de periodistas y defensores de derechos humanos con el objetivo de que las AUC los amenazaran y asesinaran, también aseguró que los paramilitares, supuestamente, financiaron al menos tres campañas presidenciales en el año 2002.Le puede interesar: Lo más relevante de esta semana en el FPC
Salvatore Mancuso entregó ante la JEP información sobre operaciones conjuntas que se habrían hecho entre las Autodefensas Unidas de Colombia y la fuerza pública. En su intervención, explicó que en la región de Tulapas se presentaron desplazamientos debido a este tipo de operativos, pero aseguró que uno de los casos más notorios se dio durante el Gobierno del expresidente Ernesto Samper, cuando se habría coordinado una desmovilización en dos fases de al menos 240 guerrilleros del EPL.Esta operación se habría coordinado presuntamente, segun dijo Mancuso ante la JEP, entre los generales en retiro Iván Ramírez, el general en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, y Carlos Castaño, exjefe paramilitar.Además, aseguró que la idea era mostrar ante el país una desmovilización para que los altos mandos del Ejército pudieran adquirir reconocimiento y así avanzar en sus carreras militares, por eso se habría coordinado que estas 240 personas entregarían las armas públicamente y días después de la desmovilización entrarían a las Autodefensas.Mancuso, además, señaló que incluso algunas de las personas que entregaron las armas y se presentaron como desmovilizados del EPL después hicieron parte del grupo de paramilitares responsable de la masacre de Mapiripán, pues habrían llegado al Meta junto a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, excomandante del Clan del Golfo.En el mismo sentido, aseguró que en esta operación hubo una parte legal y otra ilegal y que, según su relato, era de conocimiento del Gobierno de turno, pues el exministro del Interior Horacio Serpa habría sido informado.“El comandante Carlos Castaño habló directamente con el ministro Serpa antes de que recibiera a Hernan Gómez y le pidió que lo recibiera y ya Hernán Gómez presentó la parte legal, pero el comandante Castaño habló con Serpa, o sea, desde el Gobierno de Samper sabían que esto era una operación de autodefensas, que estaba involucrada en este tema de la desmovilización”, señaló Mancuso.En el mismo sentido, Mancuso aseguró que una parte de la desmovilización se hizo en una finca que pertenecía a los hermanos Castaño y que los guerrilleros del EPL habrían llegado a dicha hacienda transportados por el Ejército.“Ahora la ida de Serpa, Serpa no fue la primera vez que se reunió con nosotros, Serpa estuvo reunido en unas 2 o 3 ocasiones donde yo asistí a las reuniones con Carlos Castaño”, explicó Mancuso.
El exvicepresidente colombiano Francisco Santos tachó este miércoles de "infundio" las declaraciones de Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, quien en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acusó de promover la creación de un bloque paramilitar."Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad y no puede haberla porque nunca sucedió", dijo Santos, quien fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Álvaro Uribe.Mancuso compareció ante la JEP, en una audiencia virtual porque está recluido en una cárcel de EE.UU., para hablar sobre la relación entre los paramilitares y miembros de la fuerza pública en el conflicto armado interno, con la intención de que este tribunal lo acepte en su jurisdicción."Las personas agobiadas por la guerrilla nos pidieron creación de grupos de autodefensas (...) el mismo Francisco Santos solicitó la creación del Bloque Capital", aseguró Mancuso, que no es la primera vez que acusa al exvicepresidente de tener relación con el paramilitarismo.Santos "vino en representación de la oligarquía colombiana en la capital, que estaban preocupados por la presencia de las FARC cerca a Bogotá", advirtió."Hasta sugirió el nombre de Bloque Capital. Eso fue entre 1997 y 1998" , añadió el exparamilitar, quien supuestamente se reunió "varias veces" con él.RESPUESTA DE SANTOSEn ese sentido, el exvicepresidente aseguró que ese "infundio" es publicado "periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno", en referencia a los comicios regionales que se celebrarán en octubre próximo en Colombia."No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehuya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer", añadió.AUDIENCIAS PARA APORTAR A LA VERDADLa comparecencia de Mancuso, la "última oportunidad" que le da la JEP, se desarrolla desde hoy y hasta el 16 de este mes en Montería, capital del departamento de Córdoba (norte), y el exjefe paramilitar deberá "superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones (de la Ley) de Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria", según la JEP.A partir de los aportes "presentes, efectivos, suficientes y, además, novedosos que haga", se resolverá la situación jurídica de Mancuso ante la JEP, añadió ese tribunal creado por el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.Pese a que la JEP lo inadmitió por su rol de paramilitar, pues su jurisdicción es la de juzgar a la guerrilla de las FARC y a agentes del Estado, en febrero pasado ese tribunal le abrió la puerta para que declare como una oportunidad para contribuir la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.Le puede interesar: '¿Prometedor futuro para el Atlético Huila?
El exparamilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, más conocido como 'Monoleche', fue recapturado en la noche de este viernes, 17 de marzo, en Bogotá, en el marco de una investigación por el asesinato de la reclamante de tierras Yolanda Yamile Izquierdo; hecho que ocurrió el 31 de enero de 2007 en Montería, Córdoba.Según la Fiscalía, el hombre, quien era uno de hombres más cercanos a los hermanos Castaño Gil, habría sido el determinador del homicidio de la líder Izquierdo y también del asesinato de Carlos Castaño, al cumplir una orden que le dio el hermano del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vicente Castaño.La recaptura de excombatiente se dio luego de que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró mérito suficiente para resolver la situación jurídica de Roldán Pérez e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, como determinador del homicidio de la líder.“Para hacer efectiva la decisión, personal del CTI de la Fiscalía, con apoyo de unidades del Ejército Nacional, ubicó y capturó a ‘Monoleche’ en Bogotá. La victima representaba a 843 familias que buscaban recuperar varias fincas en Córdoba, que los entonces autodefensas les habían arrebatado. Monoleche seria el responsable de uno de los bienes en disputa y, al parecer, pretendía que se le devolvieran los recursos a la reclamante", manifestó el director especializado contra las violaciones a los derechos humanos, Hugo Tovar Pérez.En ese sentido, según Tovar Pérez, Roldán habría ordenado a un hombre conocido como 'Jagui' para que le causara la muerte a Yolanda Izquierdo. El día del crimen, el compañero sentimental de la lider social recibió varias heridas de gravedad.Los delitos por los que se le acusa a 'Monoleche' son los de homicidio agravado y tentativa de homicidio, en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000, que regia el anterior sistema penal.Roldán Pérez permanece a esta hora en una celda del búnker de la Fiscalía, a la espera que se le defina su situación, luego que en el 2016 un juez de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó la libertad del excomandante.Esto al indicar que cumplió con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz; es decir, ocho años de pena privativa de la libertad; además ayudó con las autoridades al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, con la ubicación de las víctimas de las AUC.Le puede interesar:
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
