Según reveló Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, el general retirado Miguel Maza Márquez negó las acusaciones hechas en su contra por el coronel Hugo Aguilar, quien lo señaló de conocer y estar involucrado con Carlos Castaño para la creación de 'Los Pepes'.Las afirmaciones del coronel Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, se dieron durante una audiencia única de verdad el martes 23 de enero, donde alegó que Miguel Maza Márquez le habría pedido a él y al mayor Danilo González, integrantes de la parte alta del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, que se reunieran con Carlos Castaño y alias 'Don Berna'. Según Aguilar, estas personas tenían información crucial sobre la muerte de lugartenientes de Escobar y querían colaborar con su captura.En respuesta a estas acusaciones, Maza Márquez afirmó en diálogo con Blu Radio que nunca tuvo contacto con Carlos Castaño y que no lo conocía personalmente. Además, desmintió haber recomendado la reunión entre Aguilar, González y los mencionados individuos, alegando que no tenía conocimiento de que fueran narcotraficantes y que supuestamente pretendían colaborar en la búsqueda de Pablo Escobar.Cabe recordar que Hugo Aguilar detalló que, en junio de 1993, cuando formaba parte del Bloque de Búsqueda, Maza Márquez le informó que debían recibir a Carlos Castaño y 'Don Berna'. Sin embargo, la supuesta colaboración no se concretó, ya que Escobar huyó antes de que se pudiera llevar a cabo la reunión. Aguilar afirmó que fue a partir de este momento que inició la relación con dos paramilitares que tenían el control de las autodefensas en el Magdalena Medio.El exgobernador de Santander recordó que a través de los operativos de inteligencia que adelantaron para dar con el paradero del capo relató que esa organización había infiltrado a las autoridades.“Aparecieron Los Pepes, en esa guerra el estado se hizo indiferente, eran ataques terroristas y asesinatos , en ese momento se hablaba en la prensa que en realidad era el bloque de búsqueda, en una reunión determinaban que hacer para que no nos culparan porque iban a terminar judicializándonos a la parte de inteligencia y operaciones especiales”, explicó Aguilar.Cabe destacar que Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, aunque las acusaciones relacionadas con 'Los Pepes' no han sido parte de este proceso judicial.
A Jacinto Alberto Soto Toro, alias 'Lucas', presunto jefe financiero de los Los Castaño Gil, la Fiscalía lo acusó por su participación en la masacre ocurrida en el corregimiento de La Granja, en Ituango, Norte de Antioquia, el 11 de junio de 1996, que dejó 12 personas muertas.Según el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez, alias 'Lucas' también fungía como jefe financiero de las extintas autodefensas y por eso fue capturado en abril de 2021, asesinó a cuatro personas entre ellas a un docente, una mujer y un joven con discapacidad cognitiva."Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), habría dispuesto de recursos, armas, uniformes y otros elementos para organizar a las estructuras paramilitares que irrumpieron al corregimiento La Granja y con lista en mano buscaron a habitantes señalados equivocadamente de apoyar a otras organizaciones ilegales que delinquían en la región", advirtió el fiscal Hugo Tovar.Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000.Le puede interesar:
Durante las cuatro jornadas de la 'audiencia única de aporte de verdad' ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso respondió por su presunta participación de diversos hechos en el país y de las AUC con miembros de la fuerza pública, el origen de las órdenes, los motivos y maneras de caracterizar enemigos por parte de las AUC, entre otros.La Procuraduría General de la Nación intervino durante estas cuatro jornadas y, allí, le pidió a Salvatore Mancuso más información de diversos temas, uno de ellos, por supuesto, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en especial por su cercanía con Carlos Castaño en este hecho. Petición que también llegó de parte del Ministerio Público. Salvatore Mancuso deberá dar detalles de las víctimas del conflictoLa Procuraduría General de la Nación pidió que entregara información sobre fosas comunes donde pueden haber cuerpos de víctimas del conflicto; asimismo, el uso del Canal del Dique por parte de la AUC como "depósito de cadáveres".La entidad le pidió información a Mancuso sobre la operación 'Rastrillo', que involucraría las masacres de Macayepo y El Salado; la desmovilización de la guerrilla del EPL y el paso de combatientes a las AUC, y la posible conformación de un frente internacional de las AUC en la frontera o en Venezuela.Mancuso, a su vez, deberá dar detalles de diversos asesinatos que se dieron de periodistas independiente en los departamentos en que tenía acción y movimiento este grupo armado ilegal.Nexos con ganaderos y empresarios que aún tienen que ser esclarecidosEl representante de la Procuraduría le pidió a Mancuso profundizar en los vínculos de empresarios y ganaderos con la ‘Casa Castaño’ y el paramilitarismo; si conoció o no a David Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, y si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las FARC dentro de su actuar como autodefensas.Sobre el modelo de “franquicias” o bloques paramilitares utilizados por las autodefensas, así como sobre la financiación con cultivos ilícitos y dineros de empresas privadas del país, con aportes voluntarios y forzados.La Procuraduría a Mancuso y de hecho insistió ante la JEP, en la necesidad de que esté aporte una verdad completa, genuina, desprovista de justificaciones o episodios que puedan resultar re victimizantes, pidiéndole a Mancuso visibilizar a quienes, “como servidores públicos, especialmente del DAS, hicieron parte de esa gran empresa del crimen, aquellos que contribuyeron con ustedes”. Así mismo que, de ser admitido por la JEP, entregue una propuesta que contemple la inclusión de la verdad y reparación a las víctimas de Justicia y Paz.Le puede interesar
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue dando su versión de los hechos del conflicto armado que se dieron cuando él pertenecía a las AUC. En sus declaraciones ha dado a conocer muchos nexos que existían con este grupo armado, al igual que la orden de asesinato a algunos personajes en Colombia o la financiación de campañas políticas.Le pidieron a Carlos Castaño que asesinara a Jaime Garzón, revela MancusoAnte la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a homicidios que habrían cometido las AUC contra defensores de derechos humanos y periodistas, entre esos el del humorista Jaime Garzón, asesinado en la ciudad de Bogotá en el año 1999 por sicarios de la banda 'La Terraza', que le dispararon en cinco ocasiones mientras el periodista esperaba un cambio de semáforo.“Carlos Castaño la ejecuta sólo en el caso de Jaime Garzón porque él en algún momento hizo una referencia a Carlos Castaño en una burla, eso para Carlos fue una ofensa tremenda”, dijo Salvatore MancusoMancuso reveló que los periodistas y defensores de derechos humanos habrían recibido amenazas de celulares de coroneles del Ejército, como del extinto DAS: "El asesinato de Jaime Garzón fue una petición directa a Carlos Castaño de altos mandos militares que podré contarle a usted después en una audiencia privada por lo delicado y por la presunción de inocencia", señaló Mancuso ante la JEP.Otras víctimas del seguimiento de las AUCPor otro lado, se refirió a a Jesús María Valle, un abogado y defensor de derechos humanos, asesinado en su oficina en Medellín en 1998. Mancuso reiteró que la orden del homicidio la habría dado Carlos Castaño y habría sido ejecutada por hombres de la banda 'La Terraza'.Tras estos asesinatos, según dijo Mancuso, Carlos Castaño se habría dado cuenta de las repercusiones de los hechos y por eso no habría ordenado el asesinato de Gustavo Gallón, actual embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra."Dada la connotación del señor Gustavo Gallón para este caso específico se reversó la orden que había dado de asesinarlo en la medida en que estos hechos fueron un golpe que las AUC se autoinfringió, cuando ejecutó estas acciones por pedido de altos mandos militares que consideraban a estas personas, en el caso de Jaime Garzón, como un intermediario permanente, constante en las negociaciones que venía adelantando las guerrillas de Farc y ELN con el pago de secuestros y estas situaciones", explicó Mancuso.Por último, el exjefe paramilitar señaló que, en muchos casos, esta información la habría entregado, presuntamente, el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez."Del señor Gustavo Gallón existía una carpeta con información de su desplazamiento, las horas de su desplazamiento, dónde vivía y trabajaba. La orden era asesinarlo", señaló Mancuso.Le puede interesar: 'Lo más relevante esta semana en el FPC'
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue en una diligencia virtual ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) en donde ha hablado sobre la presunta relación entre los paramilitares y miembros de la fuerza pública en el conflicto armado interno.Ante la JEP, Salvatore Mancuso entregó más detalles sobre el conflicto armado en Colombia. Dio a conocer, además, información sobre las Convivir y todos los aliados que habían dentro de las AUC.Las AUC son culpables de la muerte de Eudaldo Tito DíazMancuso este lunes, 15 de mayo, revivió el caso del exalcalde Eudaldo Tito Díaz, quien fue asesinado en 2003. El caso conmocionó a la Costa Caribe por la fuerte participación que, presuntamente, habían tenido grupos paramilitares de la región.“Señor presidente, a mí me van a matar”, enfatizó el alcalde a Álvaro Uribe Vélez en el Consejo Comunal antes de su muerte. Díaz hizo la alerta argumentando que, por no haber permitido la participación de las AUC en su administración, estaba siendo objetivo militar de estos grupos.En este caso, Salvador Arana, exgobernador de Sucre, aceptó su responsabilidad en este homicidio, pues dijo que dio la orden para que los paramilitares lo asesinaran. La familia de Tito Díaz le envió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso una carta en la cual le piden aportar verdad sobre este caso, en el marco de su audiencia única de verdad ante la JEP.Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le preguntaron por el caso a Mancuso y él reiteró que es responsabilidad de las autodefensas, recordando el momento en el que Díaz denunció públicamente que lo iban a asesinar.¿Quién dio la orden?"Eso fue por solicitud directa creo que fue del gobernador. No recuerdo con exactitud en este momento, sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos", señaló Salvatore MancusoEn esta nueva sesión de su audiencia única de verdad, Mancuso ha dicho que desde el DAS les filtraban información de periodistas y defensores de derechos humanos con el objetivo de que las AUC los amenazaran y asesinaran, también aseguró que los paramilitares, supuestamente, financiaron al menos tres campañas presidenciales en el año 2002.Le puede interesar: Lo más relevante de esta semana en el FPC
Salvatore Mancuso entregó ante la JEP información sobre operaciones conjuntas que se habrían hecho entre las Autodefensas Unidas de Colombia y la fuerza pública. En su intervención, explicó que en la región de Tulapas se presentaron desplazamientos debido a este tipo de operativos, pero aseguró que uno de los casos más notorios se dio durante el Gobierno del expresidente Ernesto Samper, cuando se habría coordinado una desmovilización en dos fases de al menos 240 guerrilleros del EPL.Esta operación se habría coordinado presuntamente, segun dijo Mancuso ante la JEP, entre los generales en retiro Iván Ramírez, el general en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, y Carlos Castaño, exjefe paramilitar.Además, aseguró que la idea era mostrar ante el país una desmovilización para que los altos mandos del Ejército pudieran adquirir reconocimiento y así avanzar en sus carreras militares, por eso se habría coordinado que estas 240 personas entregarían las armas públicamente y días después de la desmovilización entrarían a las Autodefensas.Mancuso, además, señaló que incluso algunas de las personas que entregaron las armas y se presentaron como desmovilizados del EPL después hicieron parte del grupo de paramilitares responsable de la masacre de Mapiripán, pues habrían llegado al Meta junto a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, excomandante del Clan del Golfo.En el mismo sentido, aseguró que en esta operación hubo una parte legal y otra ilegal y que, según su relato, era de conocimiento del Gobierno de turno, pues el exministro del Interior Horacio Serpa habría sido informado.“El comandante Carlos Castaño habló directamente con el ministro Serpa antes de que recibiera a Hernan Gómez y le pidió que lo recibiera y ya Hernán Gómez presentó la parte legal, pero el comandante Castaño habló con Serpa, o sea, desde el Gobierno de Samper sabían que esto era una operación de autodefensas, que estaba involucrada en este tema de la desmovilización”, señaló Mancuso.En el mismo sentido, Mancuso aseguró que una parte de la desmovilización se hizo en una finca que pertenecía a los hermanos Castaño y que los guerrilleros del EPL habrían llegado a dicha hacienda transportados por el Ejército.“Ahora la ida de Serpa, Serpa no fue la primera vez que se reunió con nosotros, Serpa estuvo reunido en unas 2 o 3 ocasiones donde yo asistí a las reuniones con Carlos Castaño”, explicó Mancuso.
El exvicepresidente colombiano Francisco Santos tachó este miércoles de "infundio" las declaraciones de Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, quien en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acusó de promover la creación de un bloque paramilitar."Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad y no puede haberla porque nunca sucedió", dijo Santos, quien fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Álvaro Uribe.Mancuso compareció ante la JEP, en una audiencia virtual porque está recluido en una cárcel de EE.UU., para hablar sobre la relación entre los paramilitares y miembros de la fuerza pública en el conflicto armado interno, con la intención de que este tribunal lo acepte en su jurisdicción."Las personas agobiadas por la guerrilla nos pidieron creación de grupos de autodefensas (...) el mismo Francisco Santos solicitó la creación del Bloque Capital", aseguró Mancuso, que no es la primera vez que acusa al exvicepresidente de tener relación con el paramilitarismo.Santos "vino en representación de la oligarquía colombiana en la capital, que estaban preocupados por la presencia de las FARC cerca a Bogotá", advirtió."Hasta sugirió el nombre de Bloque Capital. Eso fue entre 1997 y 1998" , añadió el exparamilitar, quien supuestamente se reunió "varias veces" con él.RESPUESTA DE SANTOSEn ese sentido, el exvicepresidente aseguró que ese "infundio" es publicado "periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno", en referencia a los comicios regionales que se celebrarán en octubre próximo en Colombia."No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehuya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer", añadió.AUDIENCIAS PARA APORTAR A LA VERDADLa comparecencia de Mancuso, la "última oportunidad" que le da la JEP, se desarrolla desde hoy y hasta el 16 de este mes en Montería, capital del departamento de Córdoba (norte), y el exjefe paramilitar deberá "superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones (de la Ley) de Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria", según la JEP.A partir de los aportes "presentes, efectivos, suficientes y, además, novedosos que haga", se resolverá la situación jurídica de Mancuso ante la JEP, añadió ese tribunal creado por el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.Pese a que la JEP lo inadmitió por su rol de paramilitar, pues su jurisdicción es la de juzgar a la guerrilla de las FARC y a agentes del Estado, en febrero pasado ese tribunal le abrió la puerta para que declare como una oportunidad para contribuir la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.Le puede interesar: '¿Prometedor futuro para el Atlético Huila?
El exparamilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, más conocido como 'Monoleche', fue recapturado en la noche de este viernes, 17 de marzo, en Bogotá, en el marco de una investigación por el asesinato de la reclamante de tierras Yolanda Yamile Izquierdo; hecho que ocurrió el 31 de enero de 2007 en Montería, Córdoba.Según la Fiscalía, el hombre, quien era uno de hombres más cercanos a los hermanos Castaño Gil, habría sido el determinador del homicidio de la líder Izquierdo y también del asesinato de Carlos Castaño, al cumplir una orden que le dio el hermano del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vicente Castaño.La recaptura de excombatiente se dio luego de que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró mérito suficiente para resolver la situación jurídica de Roldán Pérez e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, como determinador del homicidio de la líder.“Para hacer efectiva la decisión, personal del CTI de la Fiscalía, con apoyo de unidades del Ejército Nacional, ubicó y capturó a ‘Monoleche’ en Bogotá. La victima representaba a 843 familias que buscaban recuperar varias fincas en Córdoba, que los entonces autodefensas les habían arrebatado. Monoleche seria el responsable de uno de los bienes en disputa y, al parecer, pretendía que se le devolvieran los recursos a la reclamante", manifestó el director especializado contra las violaciones a los derechos humanos, Hugo Tovar Pérez.En ese sentido, según Tovar Pérez, Roldán habría ordenado a un hombre conocido como 'Jagui' para que le causara la muerte a Yolanda Izquierdo. El día del crimen, el compañero sentimental de la lider social recibió varias heridas de gravedad.Los delitos por los que se le acusa a 'Monoleche' son los de homicidio agravado y tentativa de homicidio, en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000, que regia el anterior sistema penal.Roldán Pérez permanece a esta hora en una celda del búnker de la Fiscalía, a la espera que se le defina su situación, luego que en el 2016 un juez de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó la libertad del excomandante.Esto al indicar que cumplió con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz; es decir, ocho años de pena privativa de la libertad; además ayudó con las autoridades al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, con la ubicación de las víctimas de las AUC.Le puede interesar:
Noticias Caracol reveló un informe que da cuenta de cómo la JEP recogió evidencia que demostraría que la desmovilización de 242 guerrilleros en 1996, en el departamento de Córdoba, fue falsa y a estos hombres los convirtieron en paramilitares. Según el informe, detrás de este engaño se encuentran altos oficiales del Ejército Nacional, entre ellos el excomandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, quien en esa época ostentaba el grado de coronel.“Era un falso positivo que le estaban dando el Ejército, porque el Ejército lo que estaba diciendo era que nosotros nos les habíamos entregado a ellos”, dijo alias ‘El Cura’, alto mando del EPL, y luego jefe de las Autodefensas en los Llanos y el Valle.Este testigo detalló lo que pasaba en Córdoba y Antioquia en ese año ante el hostigamiento continuo de las Farc a los últimos miembros del EPL.“Sarley, Ricardo y mi persona dijimos: nosotros sí dejamos, pero directamente a las Autodefensas no nos entregamos porque teníamos miedo de que nos mataran, que nosotros nos entregamos al Ejército. Hicimos contacto con un comandante del Ejército, estaba Sanabria y Barrero. Hoy en día lo mencionan por ahí, a esos coroneles, que eran de Junín, el batallón Junín”, declaró alias ‘El Cura’.Según ‘El Cura’, Sarley es Francisco Morelo, cuñado de ‘Otoniel’ y quien llegó a ser el segundo al mando del Clan del Golfo. ‘El Cura’ en su testimonio habló sobre cómo se entregaron al batallón Junín y al entonces mayor René Sanabria y al coronel Barrero.“A Tierralta, Córdoba, en Frasquillo, y ahí llegamos nosotros uniformados, llegamos con los fusiles, estaba el Ejército, ya nos recibió Sanabria, Barrero”, afirmó.Según este hombre, ese día fueron llevados en helicópteros del Ejército a una finca paramilitar ubicada en el departamento de Córdoba.“Fueron varios viajes y varios helicópteros, como tres helicópteros que nos llevaron, nos bajaron a esa finca, que eso era de las Autodefensas. Ya cuando nosotros llegamos allá, el que estaba allá organizando toda la finca, la comida, la logística donde nos íbamos a quedar era Móvil Cinco, un señor que era de las Autodefensas. Llegó gente del Gobierno, llegó el alcalde de Tierralta, el gobernador de Córdoba”, expresó.Vea el informe de Noticias Caracol:Alias ‘El Cura’ detalló que durante el trayecto estuvieron acompañados por Sanabria y Barrero. Además, concluyó que estos altos mandos militares tenían pleno conocimiento de estar en un predio controlado por paramilitares al mando de los hermanos Castaño.Después, ‘El Cura’ afirmó que fueron llevados a reunirse personalmente con Carlos Castaño en una finca conocida como ‘Las Tangas’.“Llegamos, hablamos con Carlos Castaño, nos presentamos, ya él nos distinguió, bueno ya hablamos y él nos dijo cuál era el proyecto que teníamos, y hablamos del problema que teníamos con las Farc y que, si ya nosotros teníamos un problema con las Farc, desde aquí lo podíamos llevar desde las Autodefensas”, dijo.Sin embargo, ‘El Cura’ aclaró que no eran los primeros líderes guerrilleros en "entregarse" a los paramilitares en esa zona, ya que ‘Otoniel’ y otros altos mandos recién se habían convertido en miembros de las AUC.“Ya estaba Gonzalo, estaba Otoniel, estaba Giovanni, que eran los compañeros de la guerrilla que ya se habían entregado más adelante, y estaba un muchacho de las Farc, James, estaba James, estaba otro muchacho, Perro de Monte, Belisario, que eran unos que habían sido de las Farc, estaban ahí”, detalló.Después de la reunión con Carlos Castaño, alias ‘El Cura’ afirmó que: “Llegó gente del Gobierno, la Fiscalía, cogieron los datos. Dejamos los fusiles ahí y firmamos lo que íbamos a firmar, como eso ya estaba cuadrado con las Autodefensas. En la tarde ya llegaron unas volquetas, nos recogieron, recogimos todos los guerrillos y salimos de ahí por Valencia, San Pedro a la finca La 35 y La 10 en El Tomate. Ya cuando nosotros llegamos allá, eso es una base paramilitar”.Vale la pena mencionar que, durante esta presunta falsa desmovilización, estuvieron funcionarios de la Gobernación de Córdoba, de Antioquia, Fiscalía, el entonces ministro del Interior, Horacio Serpa y altos mandos del Ejército.“Eso fue lo que hoy en día se llama un positivo para el Ejército, para el Gobierno también porque esas personas ya venían haciendo parte de las Autodefensas”, expresó alias ‘El Cura’.Según el informe, no fue solamente alias ‘El Cura’ quien entregó esta versión ante la JEP, pues varios exguerrilleros que participaron en esta falsa desmovilización confirmaron lo dicho en testimonios recogidos por la justicia especial.Por último, la JEP logró evidenciar que varios exguerrilleros se desmovilizaron 10 años después durante el proceso con los paramilitares, pese a que su nombre se encontraba en varias actas de la supuesta desmovilización en 1996.Le puede interesar:
Humberto López, representante de la Unión Nacional Unitaria Agropecuaria, se refirió en Mañanas Blu acerca de la entrega de la finca Támesis, de 590 hectáreas, la cual operó como uno de los mayores centros del accionar paramilitar de las Autodefensas Unidas Campesinas (AUC) de la familia Castaño. "Tiene una historia muy grande a partir de los años noventa. Támesis era un centro de acopio paramilitar. Los Castaño hacían allí fiestas, inclusive puede haber fosas comunes en ese territorio. Ese era uno de los epicentros de las Autodefensas donde descansaban", sostuvo López. De acuerdo con el vocero, Támesis llevaba bastantes años en extinción de dominio y solo hasta el actual Gobierno se entregó a víctimas. "Támesis hace rato que la tenían ahí en extinción de dominio, ahora que llegó este Gobierno de Petro se la están dando a los campesinos. Inclusive, el mismo Estado la tenía arrendada a terceros. No recuerdo el nombre, pero creo que la tenían arrendada para particulares que la utilizaban para la ganadería", sostuvo López. Según López, no tiene claridad sobre si la entidad que tenía la hacienda Támesis en arriendo era la Fiscalía o la Sociedad de Activos Especiales (SAE). "El presidente lo que hizo fue una entrega ese día, la finca en general, pero no hay quien haga divisiones, eso lo tiene que hacer Fensuagro. No sabemos, para las organizaciones que hay, cómo se va a dividir. Entregaron la finca, pero no se ha repartido", indicó López. El representante de la Unión Unitaria Agropecuaria, dijo que aspira a recibir tierra, pero no en la hacienda Támesis, porque estas se priorizarán para mujeres cabeza de familia. "Estoy dentro del asentamiento, del humedal Berlín. Lo cierto es que vamos a ser reubicados", señaló. Acerca del bien recuperado de la mafia y que fue entregado a familias campesinas, el presidente Gustavo Petro aclaró que no se trata de limosnas. "Esto que estamos haciendo aquí es una política social completamente diferente. No estamos entregando una limosna. Estamos entregando el control de uno de los principales activos de la Nación, que es la tierra. La tierra es un instrumento de producción", indicó el mandatario durante el acto de entrega.
Empresas Públicas de Medellín confirmó que continúa en situación de alerta por el nivel de los embalses. Pese a que hay un leve aumento por las lluvias de los últimos días, el consumo también ha tenido un incremento cercano a los 25.000 metros cúbicos.Las últimas cifras entregadas por EPM sobre el sistema de acueducto durante el fenómeno de El Niño evidencian que el consumo de los usuarios incrementó en los últimos días.Precisamente, Empresas Públicas de Medellín informó que registró un incremento leve en los embalses, pero que el consumo del fin de semana hace que no haya un reflejo positivo en las cifras.De momento, en el embalse La Fe hay un incremento en su nivel cercano al 1%, en Piedras Blancas subió casi el 2%, mientras que en Rionegrande II se evidenció una subida del 1%.Sin embargo, y pese a las cifras que comienzan a ser positivas, EPM confirmó que las lluvias disminuyeron en la zona donde está ubicado el embalse La Fe que es el que abastece el 45% del Valle de Aburrá.Por esta situación, EPM indicó que, pese a que las lluvias ya comenzaron en gran parte del departamento y del Valle de Aburrá, los hogares que hacen parte de su sistema deben continuar con el ahorro del líquido hasta que cese el fenómeno del Niño que según estimaciones será en mayo.El propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, invitó a los ciudadanos a dar ejemplo al país, a mostrar el compromiso y cuidado de este pueblo solidario y consciente con sus recursos naturales.
El Gobierno español aprobó este martes un plan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, plan que rechaza la Iglesia.El plan, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo, procede del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y estará vigente entre 2024 y 2027. En rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, el ministro español del ramo, Félix Bolaños, afirmó que este plan busca reparar a las víctimas que "durante décadas han sido olvidadas y orilladas" y a las que "nadie prestó atención".Para ello, el Gobierno contempla indemnizaciones económicas y confía en que la Iglesia sufrague y asuma dicho coste. En este sentido, Bolaños explicó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Conferencia Episcopal (CEE) para que asuma las indemnizaciones a las víctimas."Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno", dijo.El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias del Parlamento, presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440.000 personas."Son cifras muy altas que nos deberían impactar", señaló Bolaños.El titular de Justicia explicó que el plan contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones. Además, y tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura el año pasado, se reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y que la responsabilidad civil no prescriba.Víctimas difíciles de cuantificar No hay cifras oficiales sobre el número de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, entre otras razones, por la falta de denuncias, además, los abusos se prolongaron en el tiempo y las víctimas, en su mayoría, eran menores. La investigación del Defensor del Pueblo cifraba en más de 445.000 personas las que habrían sufrido abusos en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes. Por su parte, la Conferencia Episcopal (CEE) encargó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de abusos a menores y los resultados recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas.El despacho de abogados también proponía una Comisión Independiente de reparación integral para los casos en los que los afectados decidieran no acudir a los tribunales. En estos casos la Comisión fijaría una indemnización en función de una serie de criterios y del tipo de abuso cometido. La Iglesia no acepta el plan del Gobierno La CCE respondió este martes al plan del Gobierno que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia y señaló que la Iglesia "no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales". "El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado", denunció la CEE en un comunicado. Los obispos critican que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, el plan del Ejecutivo aborda únicamente una parte del problema. "Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones" y subraya: "la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales".
Se puede “pensar en proyectos más pequeños, pero con usos más eficientes con energía limpia”, detalló en Mañanas Blu la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez, sobre la crisis energética en el país y la necesidad de construir nuevos embalses en las regiones, pero, ¿está de acuerdo el presidente Gustavo Petro con esto? Dado que una de las banderas del Gobierno es la transición a fuentes más limpias y sostenibles.Según mencionó, Colombia ha dependido en gran medida de la energía térmica, especialmente de los combustibles “fósiles contaminantes y destructivos”. Sin embargo, destacó la importancia de una transición, pero que siga sosteniendo y produciendo la energía suficiente. En ese sentido, habló sobre si el jefe de Estado quiere retomar la construcción de nuevas hidroeléctricas, como Hidroituango.“Lo que se ha dicho y no solo en estas reuniones, sino públicamente, es que gracias a Hidroituango hoy no tuvimos apagón (…) Con todas las dificultades y retos que tuvieron que enfrentar, Hidroituango es el que nos ha hecho pasar este fenómeno de El Niño”, puntualizó Gutiérrez en Blu Radio.En cuanto a los embalses, recalcó que, a pesar de haber expresado previamente su desacuerdo, ahora comprende la necesidad de contar con estos en diferentes zonas del país. Esto permitiría una mayor disponibilidad de energía y una inversión en proyectos hidráulicos, dijo.Gutiérrez también abordó la preocupación por los altos precios de energía en la costa Caribe. Explicó que el fenómeno de El Niño y la dependencia de gas importado han contribuido a estas subidas de precios. Por eso, hizo un llamado al presidente para buscar soluciones que permitan contar con gas nacional a precios más eficientes. "Esta es una lección para poder implementar y evaluar cómo podemos tener disponibilidad de gas barato para próximos eventos de sequía", sentenció. Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
El panorama de las transacciones financieras en Colombia ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, impulsada por el crecimiento exponencial de los servicios digitales. Transfiya hizo un anuncio importante para este tipo de transacciones.Entre estos, Transfiya se destaca como referente en transferencias interbancarias inmediatas, así marcó un paso importante con su última actualización: el aumento del tope diario de transacciones a $3.000.000.Desde su inicio en 2020 con apenas 6 entidades financieras asociadas, Transfiya ha ido consolidándose como el referente en este ámbito. Hoy, con 20 instituciones financieras vinculadas, incluyendo bancos, cooperativas, billeteras móviles y SEDPES, busca revolucionar la manera en que los colombianos mueven su dinero.Según datos recopilados por Raddar en octubre de 2023, el uso del efectivo aún domina con una participación del 86%, pero la adopción masiva de servicios digitales como Transfiya ha desempeñado un papel crucial en la evolución de los hábitos financieros.El impacto de Transfiya se refleja en números impresionantes: al cierre de 2023, la plataforma reportó cerca de 138 millones de transferencias procesadas, con más de 12 millones de usuarios que han utilizado su número de celular para enviar y recibir dinero de manera rápida y segura.Este crecimiento continuo se evidencia aún más en el récord de más de 16.8 millones de transferencias registradas solo en marzo de 2024, consolidando a Transfiya como una pieza clave en el panorama financiero del país."El aumento en las transferencias inmediatas subraya la adaptabilidad del consumidor colombiano y la relevancia de la innovación financiera. Seguiremos liderando este cambio, ofreciendo soluciones cada vez más eficientes y seguras", mencionó Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia, la compañía detrás de Transfiya.¿Desde cuándo Transfiya aumentará el tope de transacciones?En línea con este compromiso, a partir de mayo, Transfiya elevará progresivamente su tope diario a $3.000.000 en la mayoría de las entidades asociadas, beneficiando a miles de usuarios en todo el país.La comodidad y rapidez de las transacciones inmediatas han transformado la manera en que los colombianos gestionan su dinero, consolidando estas herramientas como una de las opciones preferidas en 2023.Beneficios de las plataformas de pagoPlataformas como esta continúan innovando y expandiendo sus servicios para satisfacer las crecientes demandas del mercado, asegurando una experiencia financiera más eficiente y conveniente para todos los usuarios.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) inició un procedimiento administrativo de control contra la empresa de Servicios Públicos Aguas de Puerto Wilches, Santander, por mal desempeño y manejo de los recursos de regalías.Según la Resolución del 3 de abril de 2024, expedida por el DNP, la empresa de servicios públicos Aguas de Puerto Wilches obtuvo un desempeño de 0 puntos en el año 2022 y 49 puntos en el año 2023 en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías.“En consecuencia, no se obtuvo un adecuado desempeño durante dos mediciones anuales consecutivas”, dice el DNP.Así las cosas, la entidad decidió iniciar un procedimiento administrativo de control a Aguas de Puerto Wilches S.A.S ESP e igualmente imponer una “medida de protección inmediata de no aprobación directa de proyectos ni designación como ejecutor hasta tanto se acredite el adecuado desempeño en los términos descritos en la Ley 2056 de 2020 y sus actos reglamentarios”, indica la parte decisoria de la resolución.El representante legal de Aguas de Puerto Wilches ESP tendrá 10 días hábiles a partir de la notificación, para que de respuestas sobre lo señalado en el procedimiento administrativo.En 2022 la empresa de servicios públicos Aguas de Puerto Wilches recibió $9.443 millones por concepto de regalías para la construcción de alcantarillado en 525 viviendas.Esta es la Resolución del DNP.