El caso que se sigue en contra del exalcalde de Montería y exministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa por presuntos hechos de corrupción que investiga la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, ahora pasará al juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Montería.La decisión tiene que ver con el fuero que ejercía Carlos Correa cuando se desempeñaba como ministro de Ambiente en la finalizada Presidencia de Iván Duque.El proceso había pasado a la Corte Suprema en el año 2021 cuando Correa fue designado como ministro de Ambiente.Al exalcalde se le investiga por presuntos sobrecostos en la remodelación del Coliseo de Combate Miguel Happy Lora en Montería, en el año 2012. Coliseo que debía entregarse para la realización de los Juegos Nacionales y que contó con una inversión final de 12.000 millones de pesos, pero solo fue hasta el año 2017 que pudo ser entregado.Cabe recordar que Correa fue capturado por este proceso en junio de 2017 cuando se desempeñaba como alto consejero presidencial para las regiones.Ahora será el juzgado de Montería el que decida la responsabilidad de Correa en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en torno al tema de posibles sobrecostos en la construcción del coliseo.Escuche y siga el podcast El Mundo Hoy
El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, asegura que "Colombia no es un país peligroso para defender la naturaleza", aunque sigue a la cabeza de la triste lista de líderes ambientales asesinados, mientras que se muestra "feliz" por el trabajo realizado a pocos meses de entregar el cargo."No es peligroso defender el medio ambiente en Colombia. Todo lo contrario", explica Correa en una entrevista con Efe, para precisar que "cada caso (de muertes de líderes ambientales) que se ha presentado es un caso totalmente diferente".Por esto insiste en que "no se puede generalizar que defender el medio ambiente en Colombia es riesgoso", a lo que agregó que es necesario que el Congreso ratifique, en el que será el segundo intento, el Acuerdo de Escazú.Este es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales que tiene un componente importante de protección de los líderes ambientales.Los últimos datos de la organización Global Witness sitúan a Colombia como el país más letal para defender el medioambiente por segundo año consecutivo.Solo en 2020, 65 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en Colombia.En cuanto a la agenda ambiental, de cambio climático y diversidad impulsada por el Gobierno para afrontar la triple crisis que enfrenta el planeta, Colombia "está mostrando un liderazgo muy importante, no solamente regional sino a nivel global", celebró.Correa también defendió que "el medioambiente no puede tener banderas ni colores políticos", algo que "ha demostrado este Gobierno", en su opinión."Los temas de cambio climático y de medio ambiente son de interés global", insistió Correa al recordar que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y pedir que las tres crisis que amenazan al planeta estén en la agenda electoral que vive el país andino ante la inminente renovación del Gobierno.ACIERTOS Y RETOSLa pandemia de covid-19 no ha permitido "estar en el territorio por casi año y medio", pero el Gobierno ha apostado por crear políticas públicas e implementarlas, especialmente en los últimos doce meses en los que las restricciones se redujeron.Uno de los grandes aciertos de este Gobierno, agregó Correa, ha sido la prohibición de la pesca de tiburón, "que apunta a ese objetivo de reducir la pérdida de biodiversidad", así como la aprobación de una Política Nacional de Áreas Protegidas y un decreto "muy importante" de no maderables, que busca frenar la deforestación y ayudar a las comunidades a hacer un uso sostenible del bosque.Por último, el ministro dijo que la cúspide de estos cuatro años en materia ambiental llegó con la aprobación de la Ley de Acción Climática, un "hito histórico para el país" que estipula como delito la deforestación, que ahora tiene penas de entre cinco y quince años de cárcel; la pesca ilegal, y el comercio ilegal de fauna.Las políticas ambientales "no quedan solo como un programa de gobierno de cuatro años, sino una hoja de ruta de Colombia hacia los próximos 30 años", asegura el ministro, que a pocos meses de dejar su cargo celebra que deja el sector ambiental "organizado, con unas líneas claras en el largo plazo y en un proceso de transformación tecnológica muy importante".Por otra parte, Correa considera que su sucesor en el cargo tras las elecciones presidenciales tendrá el reto de aplicar la Ley de Acción Climática, así como "la implementación y la buena gestión de las áreas protegidas" que pretenden llegar a un 30 % del territorio terrestre y marítimo.La siempre presente lucha contra la deforestación, la restauración de hectáreas para el 2030 y la protección de los océanos también marcarán las líneas de la próxima gestión ambiental, con otro "reto muy importante: madurar el mercado de carbono, no solamente el voluntario, sino también el mercado regulado".OPERACIÓN ARTEMISACon relación a la Operación Artemisa, que ha recibido fuertes críticas por considerarse una militarización de la conservación del medioambiente, Correa defendió que es "una campaña importante de Defensa Nacional, con las fuerzas militares y la Policía, así como con la Fiscalía para poder llegar al territorio y tener control sobre todo de las actividades ilícitas que impactan en la deforestación".Correa enumeró la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la expansión de la frontera agrícola como actividades estrechamente relacionadas con la deforestación, que año tras año acaba con millones de hectáreas de tierra.Este desafío cuenta con una particularidad, según Correa, que es el narcotráfico como una de sus principales causas.El narcotráfico "financia la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y hace lavado de activos y de dinero a través de ganadería ilegal"."Cada litro cada galón de gasolina, de ácidos, de químicos que usan para preparar y procesar cocaína está afectando el medio ambiente. El mercurio para la minería ilegal está afectando el medio", lamenta.Todo esto, continua Correa, "es un tema de Defensa Nacional" y por lo tanto se tienen que encargar las fuerzas militares, ya que "a pesar de que Colombia solo tiene el 6 % de toda la Amazonía, esta representa el 34 % del territorio nacional y hay que protegerlo y hay que cuidarlo".Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, habló en Mañanas BLU sobre la Resolución 110 del 28 de enero 2022 que facilitaría la sustracción en reservas forestales para proyectos extractivos en Parques Nacionales y reservas forestales.“En el año 1974 se crea el Código de recursos Naturales de Colombia donde se establece que se pueden hacer sustracciones de bosques cuando son proyectos de interés comunitario o público. Lo que se hizo en esta resolución es reglamentar ese procedimiento de sustracciones, pero en ningún momento se está permitiendo hacer exploración, ni explotación en nuestras áreas protegidas.”, indicó el funcionario.El ministro Correa aclaró que lo que se reglamentó en la resolución, criticada por ambientalistas, fue la sustracción en bosques por interés comunitario o público y que las reservas forestales no son áreas protegidas. "En ningún momento se está permitiendo hacer exploración ni explotación en nuestras áreas protegidas. Estamos pasando de un 15% de áreas protegidas a un 30%", sostuvo el funcionario. "Las reservas forestales no son áreas protegidas, en algunas de estas zonas puede no haber árboles ni bosque. Si una persona y quiere hacer la exploración, tiene que comunicarle al Ministerio, que va y revisa el área y puede permitir una sustracción temporal, si no toca, en lo absoluto, ninguna cuenca hidrográfico, fuente hídrica, si no hay árboles. En ningún momento se permite la flexibilización ni la facilitación para que haya esa exploración ni explotación", complementó. Correa habló de los requisitos para adelantar la sustracción de áreas, los interesados deben surtir un proceso que se hace en Ministerio de Ambiente con muchos requisitos que hoy se solicitan.El ministro de Ambiente también habló sobre la contaminación del uso del tapabocas y si hay estudios o cifras que muestren cómo se ha afectado el ambiente por este elemento que se ha vuelto imprescindible en la pandemia del COVID-19.“Definitivamente como colombianos nos toca tener mayor conciencia del reciclaje y de la clasificación de nuestros residuos, algunos tipos de tapabocas son más contaminantes no tenemos cifras para saber cómo impactan, pero ya hay empresas que trabajan con estos materiales para hacer otro tipo de productos. Creo que será uno los temas importantes de aquí en adelante en materia de reciclaje y clasificación de residuos que es toda la estrategia de economía circular que se viene trabajando desde el Ministerio y que queremos elevar a una Ley”, indicó el jefe de cartera de Ambiente.Correa se refirió a la polémica sobre los hipopótamos y habló de la reproducción que han tenido estos animales desde 1982 cuando fueron traídas ilegalmente cuatro especies por el capo del narcotráfico Pablo Escobar. “Son casi 130 animales que tenemos georreferenciados en toda la ribera del río Magdalena que empiezan a desplazarse amenazando a las demás especies. El primer paso que se acordó con ONG´'s, exministros, la academia y demás estudios es que son amenazas para los demás animales y para la población cercana y si no se hace nada en ocho años tendremos una población que superará los 400 hipopótamos (…) Lo primero que hicimos es declararlos como especie invasora”, indicó.Teniendo en cuenta esta clasificación, se hará un plan de manejo para evitar que los hipopótamos se sigan reproduciendo, se habla de castración y de esterilización. Lo cierto es que los sectores involucrados son claros en decir que son especies territoriales y que se deben tomar medidas para evitar estragos en las zonas donde se encuentran estos animales.Escuche la entrevista en Mañanas BLU:
El pasado viernes, 29 de octubre, a las 5: 00 de la tarde, fue radicado el proyecto de Escazú por el viceministro Francisco Cruz, encargado mientras el ministro de Ambiente, Carlos Correa, se encuentra en la COP26.A pensar del revuelo que ha tenido el retraso en la presentación de este proyecto, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, confirmó que no irá con mensaje de urgencia.“Se presentó sin mensaje de urgencia el acuerdo. El viernes, a las 5:00 de la tarde, lo presentamos al Congreso”, afirmó. De igual manera, el jefe de la cartera insistió en que defenderán la radicación ante el Congreso.Recordemos que este proyecto contaba con mensaje de urgencia por parte del Gobierno en la pasada legislatura, pero se hundió por falta de trámite en las comisiones segundas conjuntas.Antes de que se radicara el proyecto se socializó desde el 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, y el Gobierno esperaba tener el último diálogo y presentar el acuerdo.Ese ejerció de socialización se hizo con miembros de distintas bancadas, con organizaciones no gubernamentales y gremios, y el objetivo, según dijo Correa, es aclarar todas las dudas para fijar la ratificación del acuerdo de Escazú.El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia como la protección de líderes ambientales.
Carlos Eduardo Correa llega en remplazo de Ricardo Lozano, quien hace unos días presentó su renuncia al cargo debido a problemas de salud y a una reciente cirugía que le realizaron.El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque a través de sus redes sociales. El mandatario resaltó la experiencia del nuevo ministro de Ambiente en proyectos sostenibles.“He designado como nuevo ministro de Medio Ambiente al exalcalde de Montería, Carlos Correa. Experto en temas de ciudades y territorios sostenibles, fue asesor del BID, ONU Hábitat y CAF. Ha liderado proyectos de energía solar y acciones de cultura hacia sostenibilidad”, escribió el mandatario.El jefe de Estado, agradeció el trabajo de Ricardo Lozano, quien inició en esta cartera en el 2018, cuando llegó al gobierno de Iván Duque.Este es el perfil del nuevo ministro de Ambiente:Fue alcalde de Montería en el período 2012-2015, es administrador de empresas de la Universidad Eafit de Medellín y se ha convertido en un referente para los líderes regionales, nacionales e internacionales en temas de sostenibilidad.Es experto en temas desarrollo social, planeación urbana y desarrollo territorial. Fue asesor y conferencista en temas de ciudades y territorios sostenibles en el BID, ONU Hábitat y CAF, entre otros.Fue viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico y alto consejero Presidencial para las regiones.
La defensa del alto consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa, asegura que cuenta con pruebas de la DNP en las que se corrobora la entrega de la obra de remodelación del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora. Tras la detención este viernes del alto consejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa, y del alcalde de Montería, Carlos Pineda, el abogado Andrés Garzón, quien defiende a Correa, asegura que tienen pruebas, incluso, de la Dirección Nacional de Planeación en las que se corrobora con satisfacción la entrega de la obra de remodelación del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora en Montería. “Dentro de la ejecución tenemos pruebas de distintas entidades del Estado, como la DNP, que recibieron a satisfacción dichas obras. No solamente con certificado, sino con análisis profundos en donde se verifica el cumplimiento del contrato”, señaló el abogado. Según Correa, quien se desempeñaba como alcalde de Montería durante la época de los hechos investigados, no es responsable de ningún delito y dice en un comunicado que espera “aclarar lo antes posible las dudas del ente investigador (Fiscalía General)” y demostrar su “transparencia en todas mis actuaciones como servidor público”.
Según Correa, quien se desempeñaba como alcalde de Montería durante la época de los hechos investigados, no es responsable de ningún delito. El alto consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa, emitió un comunicado luego de ser capturado este viernes tras resultar implicado en un caso de irregularidades en contratación en la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora, de Montería. Según Correa, quien se desempeñaba como alcalde de Montería durante la época de los hechos investigados, no es responsable de ningún delito. “Espero aclarar lo antes posible las dudas del ente investigador (Fiscalía General) y demostrar mi total transparencia en todas mis actuaciones como servidor público”, dice el comunicado emitido por Correa.Además, asegura que fue él quien se puso a disposición de las autoridades y no que fue capturado. “He decidido de forma inmediata y voluntaria acudir antes las autoridades competentes para ponerme a disposición y asegurar mi comparecencia en el proceso”, añade el funcionario. El caso en el que Carlos Eduardo Correa estaría comprometido tiene que ver con un contrato de $4.586 millones del proyecto de rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora, de Montería, obra financiada con recursos de regalías. Por su parte, la Alcaldía de Montería aseguró que su el actual mandatario, Marcos Daniel Pineda García, también implicado en los presuntos actos corruptos, se entregó a las autoridades “de manera voluntaria”. “Compareció ante la autoridad de manera voluntaria en la ciudad de Montería y se dirige a Bogotá, en donde espera ejercer sus derechos para evidenciar ante las instancias competentes, la transparencia de sus actos en todo momento de su vida pública”, dice el comunicado.
El alto consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa Escaf, y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, fueron capturados este viernes, implicados en un caso de irregularidades en contratación. El caso en que ambos funcionarios son relacionados hace referencia a un contrato $4.586 millones del proyecto de rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora, de Montería, obra financiada con recursos de regalías. El coliseo no se pudo rehabilitar para servir de escenario de los torneos de boxeo de los Juegos Deportivos Nacionales de 2012, hecho que constituyó en un presunto daño patrimonial.
En la reanudación del polémico caso de Aguas Vivas, en donde el superintendente de Salud, Daniel Quintero, y otras 12 personas están involucradas en supuestas irregularidades con un enorme predio en el exclusivo sector de El Poblado, varios defensores apelaron la decisión de reconocer como víctima al Distrito de Medellín.Luis Hernández, abogado defensor de Daniel Quintero, aseguró que, aunque no desconoce a la Alcaldía de Medellín como víctima del proceso, Federico Gutiérrez no debe ser el representante debido al posible conflicto de intereses, pues el mandatario ha sido nombrado en el caso."El alcalde Federico Gutiérrez está incurso en un conflicto de intereses que le impide defender los derechos de la víctima, lo cual incluye la designación de apoderado, inclusive si lo hace un miembro de su gabinete", indicó.Otro de los defensores que sumó a la petición fue Emmanuel Goldstein, quien manifestó que debe ser la Contraloría quien asuma la representación de la víctima debido a las facultades que aún puede asumir el actual alcalde de Medellín."Que formalmente revoquen en su integridad el auto, en el cual reconoce como víctima la postulada, Distrito de Medellín, en cabecero, su representante legal, el doctor Férico Gutiérrez. Y, como consecuencia pues, es que se convoque de forma exclusiva y prevalente a la Contraloría General para que haga las veces de víctima dentro de este proceso", explicó.Mientras se toma una decisión de la representación de víctimas, la audiencia por el caso Aguas Vivas continuó con la petición de nulidad de la imputación que realizaron seis abogados, debido a supuestos vicios en la formulación de la Fiscalía General de la Nación.Ante la solicitud se refirió la fiscal del caso, Yarlecy Mena, quien indicó que la petición pudo hacerse en otros instantes de las audiencias que se han adelantado durante varios meses."La Fiscalía General de la Nación solicita respetuosamente negar la totalidad de las solicitudes de nulidades de la formulación de imputación presentada por los 6 defensores ya identificados por no reunir ninguno de de los principios, presupuestos acumulativos de transactividad, trascendencia, protección, residualidad, instrumentalidad y con convalidación", manifestó la fiscal.La audiencia continuará el próximo 14 de julio cuando se espera que los intervinientes hablen sobre la solicitud de nulidad y den sus percepciones sobre el pedido generalizado de varios de los involucrados en este presunto caso de corrupción durante la administración de Daniel Quintero.
La Sociedad Hidroituango no duda en afirmar que el país va directo hacia la tormenta perfecta para que haya un apagón y, por ello, advirtió que en la actualidad hay un déficit en la oferta de energía, que sumado a la entrada del fenómeno de ‘El Niño’ y a las deudas del Gobierno nacional en la materia energética, el país podría llegar a los racionamientos, como los ocurridos en 1992.Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango, celebró las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo De la Espriella, en el sentido de constituir una mesa técnica para hacerle frente a la crisis energética y así evaluar medidas como la “Hora Gaviria”."Vamos a analizar, por ejemplo, la posibilidad de adelantar los relojes de Colombia en una hora, de manera tal que la hora pico de consumo de energía sea entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, pues, cambiando los horarios, adelantando los relojes en una hora, podamos, entonces, disfrutar de una de una hora más de luz natural, de manera tal que esa hora pico se vaya aplanando y el sistema no tenga todo el impacto de consumo concentrado en 3 horas pico", indicó el funcionario.Arbeláez recalcó que, con sentido de urgencia, esta mesa técnica debe ser instalada en los próximos días y no esperar hasta después del 7 de agosto, para que en poco más de cinco semanas de trabajo los actores del sistema eléctrico converjan y encuentren soluciones para encarar el fenómeno de El Niño."Podamos converger los diferentes actores, generadores, transmisores, gremios, entes reguladores y diferentes autoridades para que encontremos, a partir de los diagnósticos que ya se han hecho, cómo trazamos una hoja de ruta", manifestó Arbeláez.Además de revivir la “Hora Gaviria”, que consiste en adelantar una hora los relojes para ahorrar energía, la Sociedad Hidroituango propondrá en esa mesa técnica la creación de incentivos económicos para que las centrales térmicas se puedan activar de inmediato, y que el Gobierno nacional se ponga al día con lo adeudado al sector eléctrico suma que ya supera los $9 billones.
La expectativa por el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 también se siente en el comercio de Bogotá. De acuerdo con Fenalco Bogotá Cundinamarca, los negocios esperan un importante aumento en las ventas gracias al entusiasmo de los hinchas que se reunirán para seguir el encuentro.El gremio calcula que restaurantes, bares, gastrobares y centros comerciales podrían registrar un incremento superior al 50 % en sus ventas frente a los días en los que juegan otras selecciones. Los productos con mayor demanda son alimentos, bebidas, licores y artículos alusivos a Colombia.Para atender el aumento de visitantes, varios centros comerciales ampliarán los horarios de sus zonas gastronómicas y de entretenimiento. Además, ofrecerán pantallas gigantes, promociones, concursos y actividades para que las familias disfruten del partido.Según Fenalco, nueve de cada diez comerciantes consideran que el Mundial ha impulsado sus ventas y que los partidos de la Selección Colombia son los que generan un mayor movimiento económico."Cada que juega Colombia se disparan las ventas. Esperamos tener un incremento superior al 50 %, comparado con los días en que juegan otras selecciones. El comercio está preparado, con ampliación en los horarios de muchos centros comerciales, especialmente en las zonas de comidas", afirmó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, destacó el impacto que ha tenido el campeonato en la economía de la ciudad.El dirigente gremial agregó que, si la Selección continúa avanzando en el torneo, la actividad comercial seguirá fortaleciéndose durante las siguientes fases del Mundial, beneficiando a diferentes sectores de la economía de la capital.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la cifra entregada por Medicina Legal sobre 65 menores de edad muertos en medio de bombardeos durante el Gobierno Petro no se ajusta a la realidad."Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca es los que caen en los conflictos, en el conflicto, pero específicamente bombardeos, ese no es el número", dijo.Según el ministro, prontamente entregarán el dato real de la muerte de menores que han fallecido en medio de estos bombardeos.“El reporte lo informaremos oportunamente, estamos haciendo una revisión para corroborar exactamente las cifras que ha comunicado Medicina Legal. Pero lo que es cierto es que han caído son personas que no tenían protección en ese momento por el DIH, ya que están participando directamente en las hostilidades. Es crudo decir, pero es una realidad”, mencionó.Sin embargo, reiteró que desde el Gobierno han intensificado las estrategias para mitigar en lo posible la afectación a esta población y disminuir los casos de reclutamiento forzado.“Gracias a nuestra inteligencia se logró ubicar los objetivos militares y, con esa precisión, causar el mínimo daño a las menores víctimas del reclutamiento forzado. Nos duele muchísimo que hayan caído menores combatientes de edad. Nos duele muchísimo que estos criminales sigan quitándole la protección a estos menores y los hayan llevado al mundo de la violencia”, agregó.El jefe de cartera también destacó que durante este año el reclutamiento de menores se redujo en un 36% en comparación al año."Hemos salvado la vida de 7000 menores de edad, que es un cruel acto, lo más inhumano que puede existir por parte de esos grupos criminales, y que hemos determinado como objetivos de alto valor a quienes reclutan a los menores", señaló el ministro Pedro Sánchez.Desde el Ministerio de Defensa esperan seguir avanzando en estas operaciones e hicieron un llamado al gobierno entrante para que incremente aún más esa capacidad ofensiva.
Luego de que el Consejo de Estado suspendiera la resolución con la que el Gobierno había autorizado la instalación de la mesa de diálogos de paz con la 'Segunda Marquetalia', desde la Consejería Comisionada para la Paz aclararon que su delegación mantiene diálogos de paz con la Coordinadora Nacional-EB, no con la Segunda Marquetalia.Desde la Consejería aseguran que la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, donde permanecen 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB, así como la mesa de negociación con el grupo, siguen vigente y no se verá afectada por la decisión del alto tribunal.Desde la Consejería señalaron que desde noviembre de 2024 no existe ningún contacto o comunicación y menos aún, una negociación con la Segunda Marquetalia cuya vocería estaba a cargo de Iván Márquez. Situación que quedó formalizada por medio de la Resolución 202 del 09 de julio de 2025.Asimismo, destacaron que los diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional-EB ha tenido avances significativos en el propósito de reducir la violencia en los territorios, promover la superación de las economías ilícitas y fortalecer la convivencia en las comunidades."No obstante, aún es necesario avanzar con mayor determinación para garantizar la plena vigencia del Estado Social de Derecho", se lee en el comunicado.Desde la Consejería, señalan que uno de los avances más recientes fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, en donde han ingresado 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB para su proceso de reintegración a la ciudadanía plena."La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado y como espacio humanitario debe ser protegida por las autoridades públicas", agregó.Finalmente, señalaron que impugnarán esta decisión judicial para proteger los derechos de las 99 personas vinculadas a la Coordinadora.