La diligencia de declaración juramentada se realizará después de Semana Santa. Por lo pronto, este miércoles desde las 9 a.m. ya cumple la misma diligencia Diana Ochoa, la esposa de James Arias, el ‘Zar de la chatarra’, quien también deberá comparecer en la declaración este mismo día a las 2 p.m. en el búnker de la Fiscalía, donde ya se encuentra desde hace varios meses. Según Tomás y Jerónimo, en 2015 recibieron "seis testimonios de diferentes personas sobre presuntos ofrecimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Presidencia de la República" a James Arias, detenido recientemente y acusado de diversos delitos. Arias afronta un juicio por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento ilícito. En su momento, el imputado aceptó cinco cargos por su presunta participación en el desfalco a la Dian mediante registros ilegales de operaciones de importación y exportación ficticias de chatarra a Estados Unidos, China y España. Tomás y Jerónimo declararon "bajo la gravedad de juramento" que "el único vínculo comercial" de la empresa de su propiedad con Arias, "sus empresas, familiares o colaboradores se circunscribió a la compraventa de chatarra en operaciones legales y legítimas". Escuche más información sobre las siguientes noticias: -Con pronóstico reservado permanecen el civil y los dos soldados que cayeron en un campo minado en Arauca. En las próximas horas serán trasladados a diferentes centros médicos para intentar salvarles la vida. -El presidente de la USO dice que le preocupa que el gobierno allane el terreno para la venta de activos del Estado y en especial una posible enajenación de Ecopetrol. -Las autoridades en Norte de Santander analizan los protocolos de seguridad para apagar el incendio que afecta desde hace cerca de dos días el parque nacional natural Catatumbo. -Médicos del hospital universitario del Valle intentan a esta hora salvar la vida de un paciente que llegó a la unidad de urgencias con un cuchillo clavado en el rostro. -Comerciantes del barrio San Roque, centro de Barranquilla, mantienen bloqueada una importante vía por la falta de energía eléctrica. Desde el domingo se encuentran sin el servicio y aseguran que las pérdidas son millonarias. -Las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía se mantuvieron estables en 2015 por segundo año seguido. -Se deterioran aún más las relaciones Estados Unidos-Venezuela. El presidente Nicolás Maduro acusó de nuevo a Barack Obama de estar detrás de un plan golpista contra su Gobierno. -La FIFA presentó un recurso de restitución ante la Fiscalía de los Estados Unidos para pedirle a sus exfuncionarios que le devuelvan el dinero producto de la corrupción. -En las comisarías de familia de Bogotá, se están recibiendo 24 denuncias cada hora, relacionadas con violencia intrafamiliar. -En la mañana de este miércoles hubo dificultades en la carrera 30, frente a la universidad Nacional por disturbios que protagonizaron encapuchados. Ya se restableció el paso y a esta hora ruedan los vehículos normalmente. -En Soacha autoridades y padres de familia están preocupados por el aumento de las riñas entre estudiantes de colegio.
Las tormentas y las fuertes lluvias pueden convertir en cuestión de segundos un lugar aparentemente seguro en un escenario de alto riesgo. La caída de árboles, ramas, postes o estructuras debilitadas por el viento representa uno de los mayores peligros durante estos fenómenos climáticos, incluso para quienes simplemente esperan un vehículo o caminan por la acera.Precisamente, una de estas situaciones quedó registrada en video en Río de Janeiro, Brasil, donde un hombre logró salvarse de forma casi milagrosa después de que un árbol de gran tamaño se desplomara sobre él en plena tormenta.Así ocurrió el accidente que terminó en un milagroLas imágenes muestran que el sujeto se encontraba de pie junto a un árbol, casi al borde de una vía. Al parecer, esperaba un vehículo o el momento adecuado para cruzar la calle, mientras el fuerte viento azotaba la zona.Sin previo aviso, el árbol cedió y cayó directamente sobre él. La escena, captada por una cámara de seguridad, muestra que todo ocurrió en apenas unos segundos, sin que la víctima tuviera tiempo de reaccionar o ponerse a salvo.Sin embargo, el desenlace fue inesperado. En lugar de quedar aplastado por el tronco, el hombre quedó atrapado entre las ramas, lo que amortiguó el impacto y evitó una tragedia.Al percatarse de lo sucedido, varias personas que estaban cerca corrieron a auxiliarlo. Pese a la angustia del momento, el hombre consiguió salir por sus propios medios de entre las ramas y, según se observa en el video, parecía encontrarse en buenas condiciones.De acuerdo con la información conocida posteriormente, el hombre solo sufrió lesiones leves, un resultado que muchos calificaron como un verdadero milagro debido a la magnitud del accidente y las dimensiones del árbol.¿Cómo protegerse durante una tormenta o fuertes vientos?Si se presenta una tormenta con fuertes vientos o lluvias intensas, las autoridades recomiendan:Evitar permanecer o estacionarse debajo de árboles de gran tamaño, especialmente si hay ráfagas de viento.Alejarse de postes, vallas publicitarias y estructuras que puedan desprenderse.Buscar refugio en un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.Si conduce, reduzca la velocidad y deténgase únicamente en un sitio seguro, lejos de árboles y cables eléctricos.Mantenerse atento a las alertas emitidas por las autoridades y organismos de gestión del riesgo.No intentar retirar ramas o árboles caídos si hay cables eléctricos cerca; en ese caso, informe de inmediato a los servicios de emergencia.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico ordenó este jueves 6 de agosto la suspensión provisional de Rafael Castillo Pacheco como rector de la Universidad del Atlántico. La medida, que rige por tres meses prorrogables y sin derecho a salario, se dictó junto con la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por seis meses.“Ordenar la apertura de investigación disciplinaria en contra de Rafael Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional, por el término de seis (6) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”, se puede leer en el documento.“Ordenar la suspensión provisional del señor Rafael Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial adoptadas mediante la resolución No. 022126 del 14 de noviembre de 2025, por el término de tres (3) meses, prorrogables hasta por otro tanto, sin derecho a remuneración”, agrega.De acuerdo con la entidad, todo se remonta al pasado 27 de julio, ya que el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió los efectos de las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que habían sustentado el nombramiento de Castillo Pacheco como rector, en el marco de la vigilancia especial que el Gobierno impuso sobre la universidad. Con esa decisión, el Tribunal reconoció la vigencia de Leyton Daniel Barrios Torres, elegido rector por el Consejo Superior Universitario.Luego, el 5 de agosto, la Procuraduría exhortó formalmente a Castillo Pacheco a entregar el cargo de inmediato a Barrios Torres. Sin embargo, manifestaron que esa misma tarde Castillo Pacheco publicó un comunicado en el que expresó respeto por la decisión judicial y anunció que pediría al Tribunal aclarar y complementar el fallo, sin anunciar en ningún momento la entrega del cargo.Le puede interesar: Uniatlántico: Procuraduría pide salida inmediata del rector Rafael CastilloPor eso, para el ente de control, esto significó que, en la práctica, siguió actuando como rector, pese a que el sustento jurídico de su designación ya no existía.El despacho considera que los hechos podrían constituir falta disciplinaria gravísima, al encuadrarse en delitos como usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial o administrativa. Aclara, eso sí, que se trata de una calificación preliminar y que Castillo Pacheco conserva el derecho a defenderse dentro del proceso.Según la decisión, permitir que el investigado siguiera en el cargo abría el riesgo de que la presunta falta continuara cometiéndose, lo que justificó, para la Procuraduría, apartarlo de forma inmediata mientras avanza la investigación.Finalmente, la Procuraduría le ordenó al Consejo Superior Universitario hacer efectiva la suspensión. Contra la decisión no procede ningún recurso.
Una nueva imagen de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, volvió a generar conversación en redes sociales. La fotografía fue compartida por su abogada, Wendy Herrera, quien acompaña la defensa de la influencer y empresaria desde hace varias semanas, y llamó la atención por el evidente cambio físico de la creadora de contenido durante el tiempo que ha permanecido privada de la libertad.La publicación estuvo acompañada de un mensaje que rápidamente se viralizó. “¡Una cartagenera te liberará, Epa Colombia!”, escribió la jurista, reafirmando su compromiso con la estrategia jurídica que busca obtener la libertad de Barrera Rojas.En la imagen, Epa Colombia aparece sonriendo junto a su defensora, aunque varios usuarios en redes sociales aseguraron que luce diferente a como se le veía antes de ingresar a prisión, lo que dio pie a múltiples comentarios sobre su apariencia.Herrera también aprovechó la publicación para compartir un mensaje que, según indicó, fue enviado por la empresaria a los colombianos. “Daneidy Barrera les envía un mensaje a todos los colombianos: los quiere mucho y seguirá construyendo país y generando oportunidades para muchas personas”, escribió la abogada en sus redes sociales.La situación judicial de Epa Colombia cambió por completo luego de que fuera condenada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019 en Bogotá. En ese entonces se difundió un video en el que aparecía destruyendo parte de una estación de TransMilenio, imágenes que provocaron un amplio debate nacional y derivaron en un proceso judicial que concluyó con una sentencia en su contra.La justicia la declaró responsable de los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. Desde entonces, la influencer permanece recluida, mientras su equipo de defensa continúa adelantando acciones legales para intentar modificar su situación.El caso también ha estado rodeado de pronunciamientos por parte de Wendy Herrera, quien en varias oportunidades ha manifestado que, a su juicio, durante el proceso se habrían presentado vulneraciones a los derechos de su cliente. Incluso, el pasado 3 de julio denunció públicamente que no le fue permitido reunirse con Daneidy Barrera, situación que cuestionó a través de sus redes sociales.La abogada ha reiterado que agotará los mecanismos legales disponibles para buscar la libertad de la empresaria y ha sostenido que existen circunstancias que, según su criterio, deben ser revisadas por las autoridades judiciales.
La Fiscalía compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente de la República, Gustavo Petro, por los presuntos delitos de violación de datos personales agravado, con circunstancias de mayor punibilidad, y homicidio culposo, dentro del proceso relacionado con la filtración de la historia clínica de Kevin Acosta Pico, un menor de edad con hemofilia cuyo fallecimiento dio lugar a denuncias por una presunta negligencia en la atención por parte de la Nueva EPS.En la decisión, la Fiscalía cuestionó las declaraciones realizadas por el mandatario el 17 de febrero de 2026, durante un evento en Uribia, La Guajira, luego de conocerse el fallecimiento del menor y las denuncias sobre presuntas fallas en la prestación del servicio de salud.Según el ente acusador, “es de conocimiento nacional, que el señor presidente de la República, al encontrarse en el departamento de La Guajira, en Uribia el día 17 de febrero de 2026 (…) refirió que la madre del menor era la responsable de estos lamentables hechos, primero, por haberse trasladado al departamento de Santander, por lo cual no recibió la dosis del mes de febrero, situación que no es de recibo, por cuanto la EPS estaba en la obligación de suministrarla”.La Fiscalía agregó que el presidente también atribuyó responsabilidad a la madre del niño por permitir que montara bicicleta y por presuntamente negarse a una intervención quirúrgica, al tiempo que hizo referencia a información contenida en la historia clínica del menor.Sobre ese aspecto, el documento sostiene que el mandatario “divulgó diferentes apartes de la historia clínica del menor, acción que le era prohibida, dado que la historia clínica es reservada y no puede ser divulgada sin consentimiento del paciente y en este caso concreto debía contar con la autorización de la progenitora del menor”.Frente a la presunta divulgación de información reservada, la Fiscalía sostuvo que el presidente “no se encuentra facultado legalmente para divulgar dicha información, sumado a que su propósito era el de obtener un provecho tendiente a señalar que no es responsabilidad del Gobierno Nacional la demora en la entrega de los medicamentos del menor, pretendía con sus afirmaciones imprecisas eximir de responsabilidad al Gobierno Nacional de la crisis actual del sistema de salud y endilgar la responsabilidad a la madre del menor”.El ente investigador también cuestionó el interés del mandatario en obtener información relacionada con la necropsia del niño. Al respecto señaló “pretendía obtener la información relacionada con la base de opinión pericial de necropsia del menor, documento que también se encuentra sometido a reserva (…) información que judicialmente también fue negada, ya que el presidente no se encuentra facultado legalmente para obtenerla ni se encuentra expresamente autorizado por la madre del menor para tal fin”.Adicionalmente, por el delito de homicidio culposo, la Fiscalía solicitó que se analice la eventual posición de garante del presidente frente al nombramiento del interventor de la Nueva EPS. Según la decisión, el funcionario designó a un auditor de concurrencia que “nunca hizo presencia ni atendió las contingencias”, pese a que debía gestionar la obtención inmediata de los factores de coagulación cuando el menor ingresó al Hospital de Pitalito.Para la Fiscalía, “las omisiones y falta de control en el manejo del paciente, sumado a la falta de respuesta en el momento álgido de la contingencia, constituyen factores adicionales y desencadenantes de la complicación que presenta el menor”, ocurrida tras una caída.Finalmente, la Fiscalía confirmó que, dentro de esta misma investigación, avanzará en el llamado a imputación de los presuntos responsables por la muerte del menor.
Cinco hombres privados de la libertad se fugaron de un centro de reclusión transitorio ubicado en el barrio San Joaquín de Manizales. Entre los evadidos está Luis Alberto Galeano, alias ‘Puchi’, confeso asesino de Brenda Kathalehia Mejía Ocampo, operaria de la empresa de aseo Emas.La fuga de alias ‘Puchi’ genera indignación entre los familiares de Brenda Kathalehia Mejía Ocampo. La mujer insistió durante meses en que la justicia mantuviera privado de la libertad a su agresor. Sin embargo, por decisiones judiciales, Galeano recuperó la libertad y el pasado 25 de mayo la asesinó tras atacarla brutalmente dentro de su vivienda, en el barrio Galán de Manizales. Pocos días después la Policía lo capturó y él confesó el crimen.Luis Alberto Galeano también registra un amplio historial judicial. De acuerdo con información de la Policía, presenta antecedentes por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar.Le puede interesar: Hacinamiento derivó en fuga masiva de un centro de detención en el suroccidente de BarranquillaDe los cinco fugados, tres de ellos integraban el cartel de los más buscados en Manizales.El centro de reclusión transitorio fue habilitado por las autoridades locales para albergar a personas privadas de la libertad que no pueden ser trasladadas a establecimientos penitenciarios debido a la crisis de hacinamiento que enfrenta el sistema carcelario.En reiteradas ocasiones, la Personería de Manizales ha advertido que en este sitio se vulneran los derechos humanos de los detenidos y ha cuestionado que la Policía Nacional deba asumir funciones de custodia y vigilancia que no hacen parte de sus competencias.
