Recientemente, la JEP abrió la puerta para investigar a Rodrigo Granda, quien fue conocido como el canciller de las Farc, en el caso del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas. La hija del expresidente paraguayo fue secuestrada en 2004 y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida en una casa de la periferia de Asunción.La Jurisdicción está avanzando en el proceso de recolección de información y pruebas para determinar si se asume o no el caso. En ese contexto, los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad, SeRvR, le pidieron a la Fiscalía y al Gobierno que respondan qué información tiene sobre Granda en el caso Cubas."Requerir, a través de la Secretaría Judicial de la SeRVR, a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del presente auto, informe si reposan en sus archivos documentos provenientes de autoridades extranjeras, en especial de la Fiscalía del Paraguay, relacionados con el compareciente Rodrigo Granda Escobar, en el contexto de trámites de extradición o cooperación judicial internacional. En caso afirmativo, se solicita remitir copia de los mismos a esta Jurisdicción para efectos del presente trámite", se lee en la decisión.Además, le pidieron al Gobierno que, dado el caso que no haya respuesta de las autoridades de Paraguay frente a la asistencia judicial para obtener pruebas e información del caso, se vuelva a realizar una petición."REQUERIR, a través de la Secretaría Judicial de la SeRVR, a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, con miras a informar a este trámite, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, si la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público – Fiscalía General del Estado de Paraguay ha dado respuesta a la solicitud de asistencia judicial realizada en el presente trámite. En caso de que no se haya obtenido respuesta a la solicitud referida, se requiere que la entidad oficiada, a la brevedad, reitere dicha petición ante las autoridades paraguayas, haciendo uso, si se estima pertinente, de los canales establecidos en el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales, siempre que dicho mecanismo se encuentre habilitado", dicen los magistrados.La jurisdicción además le hizo un llamado a la defensa de Granda advirtiendo que el compareciente ha pedido muchas pruebas y ha hecho muchas solicitudes por lo que debe haber una actitud colaborativa para que el caso pueda avanzar."La garantía del derecho de defensa en la JEP debe entenderse armónicamente con los principios que rigen su régimen procesal especial. En ese sentido, la Sección de Apelación ha señalado que, si bien esta Jurisdicción tiene el deber de contribuir al esclarecimiento pleno y exhaustivo de los hechos, dicho esfuerzo institucional debe complementarse con una actitud activa y colaborativa por parte de los comparecientes, quienes tienen el deber de aportar de forma veraz, completa y oportuna los elementos que contribuyan a demostrar su compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas", dice la resolución de la JEP.La JEP considera que en algunos casos la defensa de Granda ha reiterado solicitudes sin haber hecho gestiones previas para obtener la información lo que afecta, según los magistrados, los principios de economía procesal, lealtad y racionalidad. El Gobierno ya le ha respondido a la JEP en dos ocasiones que no ha recibido respuesta de las autoridades paraguayas. Sin embargo, la información que tiene la justicia de ese país es necesaria para que la jurisdicción pueda determinar si acepta o no el sometimiento de Granda en el caso Cubas."En el caso particular del compareciente Rodrigo Granda Escobar, esta Sección considera necesario, detenerse en el análisis detallado de la conducta procesal desplegada por su defensa en relación con la reiteración de solicitudes de obtención al expediente penal que, según afirma, cursa en la República del Paraguay por los hechos relacionados con el secuestro y homicidio de la ciudadana Cecilia Cubas Gusinky y otras peticiones conexas a estos hechos. Si bien la defensa ha promovido con insistencia la práctica de pruebas, lo cierto es que no ha acreditado de manera suficiente cuáles han sido las gestiones desplegadas a título personal o mediante representación legal para allegar directamente las piezas procesales que dice requerir, ni ha informado con claridad sobre los trámites adelantados ante canales consulares, instancias internacionales o mecanismos jurídicos ordinarios disponibles", señala la resolución de los magistrados.La defensa de Granda había pedido que se le notificara el auto, en el cual la JEP considera que eventualmente puede asumir la competencia del excomandante de las Farc, a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, a la Fiscalía y embajada de Paraguay y a la Cancillería de Colombia. También pedía que se oficiara a la Fiscalía para que remita la información que tiene en el caso Cubas frente a Granda y que se le compulsara copias a los funcionarios del ente investigador si se determina que omitieron o no enviaron alguna información. El compareciente solicitó además los informes de inteligencia que tenían de él el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, entre otras cosas. Algunas de estas solicitudes, considera la JEP, ya fueron resueltas, otras son genéricas o están en trámite.
La Sección de Apelación de la JEP abrió la puerta a aceptar el sometimiento de Rodrigo Granda, quien fue conocido como el canciller de las Farc, en el caso del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.En primera instancia, la JEP había dicho que no investigaría el caso, asegurando que no tenía competencia para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones.La hija del expresidente paraguayo fue secuestrada en 2004 y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida en una casa de la periferia de Asunción.Sin embargo, en segunda instancia la JEP determinó que sí tiene competencia para conocer el caso, pues Granda no ha sido sometido a juicio por lo que su proceso está en una etapa investigativa.“Es posible sostener que el Estado colombiano tiene jurisdicción sobre este caso, dado que no ha superado la etapa de investigación en el Estado de Paraguay y, por tanto, se cumplen en el caso del señor Rodrigo GRANDA ESCOBAR los requisitos para la aplicación extraterritorial de la Ley penal contenidos en el numeral 4º del artículo 16 de la Ley 599 de 2000. En consecuencia, corresponde a la JEP analizar los factores de competencia para determinar si ejerce su jurisdicción prevalente, como lo solicita el abogado del compareciente”, señala la JEP.Sin embargo, el tribunal se abstuvo de tomar una decisión de fondo en este caso, por falta de pruebas sobre el mismo.“Se puede concluir que con base en las piezas probatorias existentes en este proceso no permiten realizar un análisis de fondo del factor material de competencia y, mientras ellas no sean procuradas por el mismo interesado o las autoridades estatales del Paraguay, que no las ha suministrado pese a la insistencia del Estado colombiano”, explican los magistrados.La Sección de Apelación también señaló que “no se podrá estimar de manera definitiva y con pleno valor vinculante el factor material sin cuya verificación no cabe predicar, en lo que concierne a esta justicia transicional y para sus propósitos específicos, competencia. Los elementos de prueba existentes en el proceso solo apuntan a descartar por el momento la posibilidad de emitir un juicio definitivo sobre la existencia o inexistencia del factor material, puesto que aquellas deben corroborarse con la evidencia judicial que solo puede proveer la parte interesada o el Gobierno de la República del Paraguay”.Por último los magistrados ordenaron revocar la decisión de primera instancia que determinó que la JEP no tenía competencia en el caso.“REVOCAR la orden primera del Auto TP-SeRVR-AI-002-2024 del 11 de abril, proferida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que declaró “la falta de jurisdicción de la JEP” respecto de los hechos relacionados con el secuestro y asesinato de la señora Cecilia Cubas Gusinky, en relación con la solicitud presentada por el apoderado judicial del señor Rodrigo GRANDA ESCOBAR. En su lugar, INADMITIR, de manera provisional, dicha petición por ausencia de elementos probatorios para acreditar el factor material de competencia”, ordena el auto.Es importante recordar que la justicia de Paraguay requirió a Granda por este caso, al señalar que asesoró o colaboró con el secuestro.
Tras la salida de Colombia hacia México de Rodrigo Granda y conocerse que tenía circular roja por parte de Interpol por estar implicado en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas (1998-1999), Emilio Cubas, primo de Cecilia, dijo que “los análisis demostraron que fue sedada y enterrada viva”.“A ella la encontramos en una fosa, calcinada. Los análisis demostraron que fue sedada y enterrada viva: por las investigaciones hemos demostrado la conexión de las Farc con Omar Martínez, que fue la cabeza de ese secuestro, a través de esos varios mails”, comentó en Mañanas BLU.Además, señaló que a pesar del terrible caso “hay que saber perdonar si se sabe que se va a construir algo mejor”.“Yo habló por mí, no por mi familia. Creo que siempre el interés general, si es constructivo, es más importante que la desgracia particular, por más de lo mal que lo pasamos y lo que sufrimos”, añadió.Granda y Orley Jurado Palomino tienen un pedido de captura internacional de Paraguay por participar en ducho secuestro.A su llegada al país este miércoles en la mañana tras ser retenido en México por la circular roja de Paraguay, Rodrigo Granda dijo que esto hace parte de "las conspiraciones contra el proceso de paz". Escuche la entrevista en el audio adjunto:Escuche los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en BLU Radio:
El exguerrillero Rodrigo Granda, que en las últimas horas fue retenido en México por una circular roja de la justicia de Paraguay por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, habló a su regreso a Colombia sobre el caso. Aseguró que no teme salir del país y que los miembros de las Farc "no deben nada". "No le tenemos miedo a salir a ningún lado, ¿por qué si no debemos nada? He salido a otros países. Nosotros pedimos los permisos en la JEP y tenemos libre movilidad", afirmó. El exjefe de las Farc, además, reiteró la acusación formulada del partido Comunes en contra del Gobierno colombiano. "No ha pasado nada del otro mundo, simplemente son acciones contra el proceso de paz. Aquí en el país se ha venido diciendo que fui detenido por las autoridades en México, eso es falso. Simplemente alguna gente muy influyente del Gobierno colombiano activó una orden dormida de Interpol", sostuvo Granda. "La orden estaba dormida, pero se activó por algunos altísimos funcionarios del Gobierno colombiano que no están de acuerdo con el proceso de paz, que no reconocen nuestro esfuerzo. Nosotros decimos que nuestro juez nacional es el sistema integral de la JEP", añadió el exjefe guerrillero. Granda negó que conociera de antemano, antes de viajar a México, la circular roja de Interpol, como aseguró la Policía Nacional a través de la Dijín. Además, sostuvo que "el Gobierno no hace sino, a toda hora, conspirar contra el proceso de paz". "Yo fui personalmente a Interpol y no me aparecía absolutamente nada", aseguró. "Con esto se golpea a la JEP", complementó. Escuche a Rodrigo Granda en entrevista con mañanas BLU:
Dos miembros de las Farc, según un libro del periodista Andrés Colmán sobre la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), asesoraron al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de ese grupo, en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas (1998-1999).Cubas fue hallada sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y tras haber pagado su familia unos 300.000 dólares a sus secuestradores para su liberación.En esa línea, Granda y Orley Jurado Palomino tienen un pedido de captura internacional de Paraguay por participar en el secuestro y homicidio de Cubas.En diálogo con BLU Radio, Emilio Cubas, primo de Cecilia Cubas, relató detalles de este doloroso caso, pues, según contó, a la joven la sedaron, cavaron una fosa y la enterraron viva.“A ella la encontramos en una fosa, calcinada. Los análisis demostraron que fue sedada y enterrada viva: por las investigaciones hemos demostrado la conexión de las Farc con Omar Martínez, que fue la cabeza de ese secuestro, a través de esos varios mails”, manifestó.Dijo que, a Granda, en esos mensajes lo llamaban, entre otro alias, ‘Rosendo López, y que la investigación determinó que el hoy exguerrillero de las Farc participó en el asesoramiento del secuestro.“Él era el asesor de este grupo que secuestró a Cecilia, que la mantuvo en cautiverio y que la asesinó estando en plena negociación”, añadió.Agregó que, por el rescate, la familia pagó inicialmente 300.000 dólares, pero luego pidieron una segunda suma de 3 millones de dólares.“Está 100% comprobada de su participación (de Granda), así como está comprobada la participación de ese grupo de Omar Martínez, que fue condenado a 35 años de prisión, así como están condenadas otras 15 personas por ese caso”, añadió.Cubas, que también fungió como negociador con el grupo armado que secuestró a Cecilia, relató que la participación de las Farc en el secuestro fue comprobada también por la información hallada en el computador de Raúl Reyes, tras la operación en la frontera con Ecuador en 2008.“Fueron correos en los que él hablaba de cómo hacer un seguimiento, de qué perfiles seguir, cómo hacer el secuestro y cómo tenían como usar la logística. Era como un manual de operaciones en línea”, añadió.Agregó que la relación fue tal que Omar Martínez viajó a Colombia a reunirse con Granda, quien, manifestó, sabía quién era la persona que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía secuestrada.La investigación, según Cubas, no determinó cuánto fue el monto que cobró Granda por esa asesoría.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
