Cielo Rusinque

Blu Radio conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cerró el expediente que mantenía abierto contra nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quienes investigaba por presunta obstrucción durante una serie de visitas administrativas.Todo comenzó en marzo de 2024, cuando la SIC adelantó siete visitas de inspección a la Registraduría —entre el 12 y el 22 de ese mes— para verificar el cumplimiento de las normas de competencia en la contratación de tecnología electoral. Funcionarios de la entidad, entre ellos Nicolás Farfán, entonces Registrador delegado en lo electoral, cuestionaron desde entonces la forma en que se recaudaron los documentos y, sobre todo, pusieron en duda que la SIC tuviera facultades para hacer ese tipo de control sobre la Registraduría. Esas objeciones llevaron a la Superintendencia, encabezada por Cielo Rusinque, a abrir una investigación formal por obstrucción.El pulso escaló por otra vía: la Procuraduría, a su turno, investigó a los funcionarios de la SIC que ejecutaron las visitas y determinó que habían actuado con dolo y sin competencia para hacerlo.En ese sentido, la Corte Constitucional también se pronunció la semana pasada. Con ponencia del magistrado Miguel Polo, el alto tribunal resolvió una demanda que cuestionaba justamente eso: si la SIC podía vigilar a entidades como la Registraduría o el Banco de la República. Según el alto tribunal, la competencia de inspección y vigilancia de la SIC está reservada a los privados, no a órganos autónomos ni a servidores públicos—, lo que dejó sin piso jurídico la investigación abierta contra los funcionarios de la RNEC y obligó a la SIC a archivarla.Como consecuencia de la decisión de la Corte, la nueva superintendente, María Rocío Cortés, expidió una resolución en la que oficializa el cierre de la investigación por falta de competencia, según el documento conocido por Blu Radio.Pero el caso no termina en el archivo. El exregistrador Farfán ya anunció que demandará a Cielo Rusinque por reparación directa, al considerar que la investigación en su contra —hoy sin fundamento, según el fallo— le generó perjuicios que espera que el Estado le repare.

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