Seis personas fueron capturadas en Bogotá por su presunta participación en una estructura delincuencial dedicada a vender drogas en pequeñas cantidades y cometer asesinatos por encargo.Sus principales víctimas eran habitantes en condición de calle, a quienes afectaban con la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del sur de la capital. Según las autoridades, el grupo obtenía cerca de 100 millones de pesos mensuales producto de sus actividades ilegales.Se trata del grupo delincuencial ‘Illimani’, desarticulado en desarrollo de la operación Kratos, adelantada por la Policía Nacional, a través de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.La investigación duró un año e incluyó seis allanamientos en la localidad de Ciudad Bolívar, seguimientos, agentes encubiertos y recolección de pruebas para identificar a sus integrantes y establecer cómo funcionaba la organización.Según las autoridades, esta estructura controlaba varios puntos de venta de drogas en el parque Illimani, la zona conocida como la invasión de la 14 y los alrededores del TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Allí comercializaban estupefacientes en pequeñas dosis, distribuidas en cápsulas y papeletas, directamente a los consumidores.Para evitar que la Policía encontrara las drogas, los integrantes las escondían dentro de las paredes y debajo de las escaleras de diferentes viviendas. Además, cuando advertían la presencia policial, suspendían inmediatamente las ventas y se refugiaban en casas cercanas.Pero el negocio de las drogas también estaba acompañado de violencia. Las autoridades atribuyen a esta organización cuatro homicidios cometidos, presuntamente, por disputas para mantener el control de los lugares donde vendían los estupefacientes.Entre los casos investigados está el asesinato de un taxista, ocurrido el 15 de enero de 2025 en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, y un doble homicidio registrado el 9 de abril de ese año cerca del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, que dejó además tres personas heridas.Entre los seis capturados está alias ‘Teresa’, señalada como la cabecilla de la organización y encargada de coordinar las actividades criminales. Según la investigación, habría utilizado su propia vivienda para almacenar y preparar las drogas y presuntamente habría involucrado a integrantes de su familia en el transporte de las sustancias hacia los vendedores.También fue identificado alias ‘Roger’, segundo al mando, quien coordinaba la distribución de los estupefacientes y habría tenido un papel principal en la organización de los homicidios.Mientras tanto, los otros señalados integrantes son alias ‘La Gorda’, ‘Gancho’, ‘Tratra’ y ‘Perro Loco’, quienes se encargaban de vender las drogas. Además, alias ‘Gancho’ y ‘Tratra’ cumplían funciones de campaneros: vigilaban los movimientos de las posibles víctimas y alertaban a los sicarios sobre su ubicación para facilitar los asesinatos.Alias ‘Roger’ ya estaba en prisión desde agosto de 2025, cuando fue capturado en el barrio Sierra Morena por porte ilegal de armas de fuego.La Policía informó que cinco de los seis integrantes registraban anotaciones por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego, hurto y amenazas. La Fiscalía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
Una fuerte controversia política y social se desató en Ciudad Bolívar, luego de que se conocieran unas declaraciones del alcalde León Acevedo, quien cuestionó a las personas del campo y causó indignación entre habitantes de la zona rural del Suroeste antioqueño.Las palabras del mandatario provocaron reacciones de rechazo por parte de líderes agrarios y pobladores, quienes consideraron que sus afirmaciones representan una muestra de desprecio hacia el campesinado."¿Qué más se va a esperar si es esa gente, un diputado hablando de que nos estamos o me estoy robando, partiendo la torta? ¿Qué se va a esperar de un campesino o de un agente ignorante que no consulta y no entiende las cosas?", aseguró Acevedo.La inconformidad llega porque, según se ha señalado, el voto de las comunidades campesinas fue determinante para que Acevedo alcanzara el triunfo en las urnas, por lo que consideran contradictorio este tipo de expresiones.Hay que mencionar que las palabras del alcalde de Ciudad Bolívar se dieron cuando, al parecer, el mandatario se estaba defendiendo de algunas acusaciones desde la Asamblea de Antioquia. Allí se le señala a Acevedo de algunos casos de presunta corrupción que fueron rechazados por el alcalde.Por ahora y a la espera de una respuesta oficial de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, sectores de la población en el Suroeste antioqueño consideran necesaria una rectificación por parte del mandatario, como una señal de respeto hacia los campesinos.
La Fiscalía General de la Nación adicionó a la imputación de cargos contra José Rojas Lares el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía, una niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.Inicialmente, al procesado se le habían imputado los delitos de feminicidio y acto sexual abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, nuevos elementos incorporados al proceso llevaron al ente acusador a ampliar la imputación para incluir el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado por las circunstancias de relación de familiaridad, integración permanente del núcleo doméstico y confianza.Durante la audiencia, el fiscal explicó que los nuevos hallazgos de Medicina Legal permitieron establecer que las conductas atribuidas al procesado no se habrían limitado a los actos sexuales descritos inicialmente. “Ingresa al baño donde estaba la menor niña y realiza actos de contenido sexual que ya fueron descritos en la imputación inicial como adición a esa narración los nuevos hallazgos de Medicina Legal permiten señalar que la conducta presentada no se ha limitado solamente a los actos sexuales previamente comunicados, sino que habían comprometido el acceso carnal con menor de 14 años”, señaló.De acuerdo con la explicación entregada durante la audiencia, esta nueva hipótesis está sustentada en los resultados consignados en el informe pericial de biología forense y en el informe pericial de necropsia. En estos documentos se reportan hallazgos biológicos en las muestras examinadas y hallazgos físicos descritos por la médica forense durante el examen del cuerpo de la menor. Entre los elementos mencionados por el fiscal se encuentra una lesión en la cavidad oral y en el paladar, descrita dentro de los hallazgos compatibles con abuso sexual.Con la adición, la imputación quedó planteada por la Fiscalía como un feminicidio agravado, acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado y, a su vez, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. El fiscal también indicó que los hechos relacionados con las conductas sexuales se habrían presentado de manera sucesiva y que la investigación ubica estos episodios aproximadamente entre junio de 2026 y el 15 de septiembre de 2026, fecha señalada como el último evento antes de la muerte de la niña.Ana Lucía había sido sacada de su residencia, ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, por José Rojas Lares, quien era pareja sentimental de la hermana de la menor y actualmente permanece procesado por estos hechos, quien en audiencia también aceptó la práctica de pruebas de ADN.La representación de víctimas, encabezada por el abogado Daniel Solarte, había solicitado la ampliación de la imputación a partir de los nuevos elementos forenses. El abogado sostuvo que esta adición busca que el procesado responda también por los delitos sexuales que se investigan y señaló que podría tener efectos en el término de la medida de aseguramiento y en la eventual pena.Por otra parte, la defensa de la familia de Ana Lucía hizo pública recientemente una denuncia sobre presuntas presiones ejercidas desde el centro penitenciario donde permanece recluido Rojas Lares. De acuerdo con lo señalado por Solarte, el procesado se habría comunicado telefónicamente desde el centro penitenciario de Cómbita con la hermana de la menor con el propósito de presionarla e inducirla a modificar su testimonio dentro del proceso.
Un joven motociclista fue víctima de un violento robo mientras se movilizaba por el barrio Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El hecho, que habría ocurrido durante la mañana de este jueves 1 de octubre, quedó registrado en video gracias a una cámara Insta360 que llevaba instalada en la motocicleta.En las imágenes se observa cómo el motociclista avanzaba por una de las vías del sector mientras grababa su recorrido. En determinado momento, un hombre vestido de negro se acercó y le preguntó por una dirección, aparentemente con la intención de detenerlo.El motociclista, sin sospechar que se trataba de una estrategia para asaltarlo, decidió detenerse y brindarle indicaciones. Sin embargo, mientras conversaba con este sujeto, otro hombre permanecía a pocos metros de distancia. Vestía también de negro, llevaba una gorra blanca y aparentaba estar hablando por teléfono mientras observaba atentamente los movimientos del conductor.La situación cambió en cuestión de segundos. Cuando el motociclista estaba desprevenido, los dos hombres se acercaron a la motocicleta. El sujeto que inicialmente le había preguntado por la dirección le quitó las llaves del vehículo, aparentemente para impedir que pudiera escapar.Sacaron un arma para intimidar al motociclistaActo seguido, el segundo delincuente, quien llevaba la gorra blanca, sacó un arma de fuego que tenía oculta en el pantalón y amenazó al motociclista para obligarlo a entregar sus pertenencias.En medio del robo apareció además un tercer hombre, quien llevaba un saco de color gris y, inicialmente, parecía ser un peatón que simplemente transitaba por el lugar. Sin embargo, según lo que quedó registrado en las imágenes, este sujeto también habría participado en el asalto y comenzó a despojar al motociclista de sus objetos personales.Los tres hombres terminaron rodeando al joven y le quitaron sus pertenencias. La víctima quedó prácticamente sin posibilidad de reaccionar, mientras los delincuentes actuaban de manera coordinada y bajo la amenaza del arma de fuego.El hecho vuelve a poner la atención sobre los casos de hurto que afectan a ciudadanos en diferentes sectores de Bogotá, especialmente aquellos en los que los delincuentes utilizan armas de fuego para intimidar a sus víctimas y actúan en grupo para evitar que puedan escapar.
La investigación, adelantada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), permitió identificar a dos mujeres y un hombre que estarían relacionados con los hechos ocurridos el pasado 13 de enero de 2026.De acuerdo con la información entregada por la Policía, la víctima se encontraba trabajando en un salón de belleza ubicado en el sector de El Ensueño cuando fue abordada por varias personas. Los presuntos responsables la habrían intimidado con un arma de fuego y obligado a subir a un taxi.La joven permaneció retenida dentro del vehículo durante aproximadamente 20 minutos. Según las autoridades, durante ese recorrido fue golpeada en varias oportunidades en el rostro y la cabeza y sufrió una lesión con arma cortopunzante en una de sus piernas. Posteriormente, los presuntos responsables habrían abandonado a la víctima y escapado del lugar.La investigación se extendió durante ocho meses. En ese periodo, los investigadores analizaron videos de cámaras de seguridad, realizaron reconocimientos mediante álbumes fotográficos e inspecciones judiciales, elementos que, según la Policía, permitieron recopilar material probatorio para solicitar las órdenes de captura.Los operativos se realizaron en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda, donde fueron detenidos los tres señalados. Entre los capturados está alias Zafiro, una mujer a quien las autoridades señalan de haber planeado y ejecutado el secuestro. Su yerno, alias Harold, sería quien conducía el taxi utilizado para trasladar a la víctima.Por su parte, alias Luisa, hija de Zafiro, es señalada de haber golpeado y lesionado a la joven y de participar en el hurto, presuntamente en complicidad con su madre.Según la investigación, el móvil del hecho estaría relacionado con una presunta venganza sentimental, debido a una relación que la víctima habría sostenido con la actual pareja de alias Zafiro. La Policía indicó, además, que uno de los capturados registra anotaciones por tráfico de estupefacientes.Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales.La víctima tuvo una incapacidad médica de 10 días debido a las lesiones sufridas. Posteriormente, durante las audiencias, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en la cárcel.
Mientras avanza la investigación en contra de José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá, han salido a la luz nuevas pruebas que demostrarían su culpabilidad en este crimen registrado el pasado 14 de septiembre. Ahora, en redes sociales, se conoció un video captado por una cámara de seguridad del momento en que este hombre se movilizaba con Ana Lucía en la motocicleta por la localidad de Ciudad Bolívar y, posteriormente, pasa por la misma calle, pero sin ella en el asiento de copiloto tras haber cometido el crimen.Tal como el relato que ha dado a conocer la Fiscalía General de la Nación sobre este caso, este hombre se movilizó en motocicleta desde Mosquera hasta el sur de Bogotá y, en este video, se ve pasar en este vehículo con la pequeña atrás, pero luego regresando sin ella, cerca del sitio en donde posteriormente fue ubicado el cuerpo sin vida. Además, la Fiscalía confirmó durante las audiencias que la causa de muerte de la niña fue asfixia y señaló que existen elementos relacionados con posibles actos sexuales cometidos en su contra. Por estos hechos, Rojas Lárez fue imputado por los delitos de feminicidio y actos sexuales, a partir de elementos de la investigación y de episodios previos relatados sobre la menor, como la exposición de las partes íntimas del imputado a la víctima.El crimen habría sido cometido en horas de la mañana, algo que confirma esta grabación de cámaras de seguridad ya que pasa sobre las 10:30 de la mañana y regresa sin ella media hora después. Es importante recordar que la menor estaba bajo su cuidado y la había trasladado el 14 a Fontibón para el 15 cometer el crimen, horas antes de ser hallada en el interior de una alcantarilla.
Consternada permanece una familia de origen venezolano luego de conocer que una niña de apenas 8 años, quien se encontraba de vacaciones en Colombia, fue hallada sin vida dentro de una estructura de alcantarillado en el sur de Bogotá.El cuerpo de la menor fue encontrado en la tarde del martes 15 de septiembre en el barrio JJ Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información conocida, fueron otros niños que ingresaron a la zona para jugar quienes encontraron el cadáver y dieron aviso a la comunidad.La niña, que cursaba cuarto grado, había viajado desde el estado Zulia, en Venezuela, para pasar unos días en Colombia junto a su hermana. Sin embargo, desde el lunes sus familiares desconocían su paradero.Su tío habló sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y aseguró que la familia conocía un antecedente que ahora hace parte de la investigación: una fuerte discusión entre su hermana y su pareja sentimental.Según el relato entregado por el familiar, el hombre habría reaccionado con violencia durante la pelea y habría destruido varios objetos dentro de la vivienda. Posteriormente, habría salido del lugar en una motocicleta junto con la menor, sin autorización de su familia.Cámaras fueron claves para seguir el recorridoLa reconstrucción realizada por las autoridades permitió establecer que una motocicleta salió del sector de Porvenir Río, en Mosquera, Cundinamarca, con un adulto como conductor y una menor como acompañante.Las cámaras del municipio habrían registrado el desplazamiento hasta Bogotá por el corredor de la calle 13. Posteriormente, la motocicleta ingresó al sector de Casandra, en la localidad de Fontibón.Según explicó el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, la motocicleta permaneció alrededor de tres minutos en ese sector y luego volvió a salir, pero esta vez sin la menor. Siete minutos después, el vehículo habría regresado hacia Porvenir Río.Precisamente, este punto de la investigación es uno de los principales interrogantes para las autoridades: establecer qué ocurrió durante el recorrido y cómo el cuerpo de la niña terminó posteriormente en una estructura de alcantarillado ubicada en Ciudad Bolívar.Las autoridades también buscan determinar si en los hechos participó una segunda persona.El tío de la menor cuestionó además la atención que, según su versión, recibió inicialmente la familia cuando reportó la desaparición.Aseguró que la hermana de la niña acudió al CAI Porvenir del Río, en Mosquera, después de que su pareja se llevara a la menor, pero consideró que no recibió una respuesta inmediata.Sin embargo, el alcalde de Mosquera entregó una versión diferente y aseguró que, una vez la administración municipal tuvo conocimiento de la desaparición, fueron activados los mecanismos de búsqueda. También explicó que inicialmente las autoridades contemplaron la posibilidad de que la menor hubiera sido arrojada al río Bogotá, debido al recorrido registrado por las cámaras.La investigación posteriormente tomó otro rumbo cuando se conoció el hallazgo del cuerpo en Ciudad Bolívar.Capturaron a un hombre por el crimenEn medio de la investigación fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana, de 29 años, quien habría sido identificado a partir de la reconstrucción del recorrido y de los testimonios recopilados por las autoridades.El detenido fue identificado en los reportes entregados por las autoridades como José Larres. De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía le imputaría los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.La captura, sin embargo, hace parte de una investigación en curso y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad del señalado.Mientras avanzan las diligencias, la familia de la niña enfrenta además el proceso para trasladar sus restos a Venezuela. Sus familiares adelantan una colecta con el objetivo de llevar el cuerpo hasta el estado Zulia.En Mosquera, habitantes del municipio realizaron una velatón para acompañar a la familia. Con globos blancos, oraciones y un minuto de silencio, cientos de personas expresaron su solidaridad y pidieron que el caso avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido.Mientras tanto, Medicina Legal continúa con los procedimientos correspondientes y las autoridades buscan establecer cómo llegó el cuerpo de la menor desde el sector de Fontibón hasta el lugar donde fue encontrado en Ciudad Bolívar.
Las autoridades avanzan en la reconstrucción de las últimas horas con vida de Ana Lucía González, la menor de nueve años que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue hallado en una estructura de alcantarillado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.Varias cámaras de video de seguridad se convirtieron en pruebas clave para los investigadores de la Fiscalía General de la Nación.Las grabaciones registraron el momento en que el investigado sacó a la pequeña del sector de Pinar del Río, en Mosquera, a bordo de una motocicleta.El recorrido registrado por las cámaras de seguridadDe acuerdo con el seguimiento de los videos de vigilancia, los dispositivos captaron el desplazamiento del vehículo sobre el corredor de la calle 13 con dirección a la capital del país.Las imágenes muestran el ingreso de la motocicleta al sector de Casandra. Según los investigadores del caso, cámaras posteriores registraron minutos después el paso del mismo conductor en la motocicleta saliendo del sector, pero esta vez sin la compañía de la niña.Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó mediante un comunicado que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra el hombre señalado como presunto responsable.Según la información suministrada por el ente acusador, la investigación indica que el investigado se habría llevado a la menor de edad desde su residencia en Mosquera tras haber sostenido una discusión previa con uno de los familiares de la niña.El hallazgo del cuerpo sin vida de la menor se produjo en un túnel de alcantarillado ubicado en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar.Imputación de cargos ante la justiciaLa Fiscalía confirmó que presentará al detenido ante un juez de control de garantías para legalizar su captura e imputarle cargos formalmente.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por el CTI, y a la espera de los dictámenes y reportes forenses pendientes, el ente de control le imputará los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.
El CTI de la Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles, 16 de septiembre, la captura del presunto responsable de la muerte de una niña de 8 años, quien fue encontrada sin vida el pasado 14 de septiembre dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.La menor había sido reportada como desaparecida en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde residía junto con su hermana y el señalado responsable del crimen. Según la Fiscalía, el hombre sería la pareja sentimental de la hermana de la niña y tenía bajo su cuidado a la menor y a otro niño.De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable habría trasladado el cuerpo de la niña en una motocicleta después de cometer el crimen. La principal hipótesis apunta a que el homicidio estaría relacionado con una escena de celos y una presunta intención de venganza contra la hermana de la víctima.El hombre fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá y será presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía anunció que le imputará los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años.Según la información conocida durante la investigación, la víctima, su hermana y el hombre habían llegado a Mosquera desde Venezuela aproximadamente dos meses antes de los hechos.El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, explicó en diálogo con Recap Blu que la investigación permitió establecer que la menor se encontraba en el barrio Porvenir Río. Además, cámaras de seguridad habrían registrado la salida del hombre hacia la localidad de Fontibón en una motocicleta y su posterior regreso sin la niña.“Estábamos esperando que saliera la orden de captura contra la última persona que tenía contacto (...) Tenía 8 años, llevaban tres meses en la ciudad y es un hecho que tiene enlutada nuestra ciudad. Al final, la mayoría de hechos sucedieron en Bogotá y se vio cuándo salió sobre las 10:00 de la mañana con ella, pero volvió solo”, explicó el mandatario.Parra agregó que, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía, la Policía Judicial y la Sijín durante un consejo extraordinario, los hechos estarían relacionados con una discusión ocurrida minutos antes de que el hombre saliera de la vivienda con la menor.Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte de la niña y determinar la responsabilidad del capturado."Estos hechos no pueden quedar impunes y los culpables deben responder por este tipo de acciones (...) Es una familia que no estaba en las mejores condiciones, hemos buscado cobijarlos en esta difícil situación. Estaba bajo el cuidado de la hermana y con otro menor. ", añadió.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
El Gobierno nacional anunció un aumento en el bloqueo de líneas telefónicas y dispositivos móviles utilizados para cometer extorsiones y otros delitos desde las cárceles del país. La ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguraron que, entre septiembre y octubre de 2026, se registraron incrementos de hasta el 97 % en el bloqueo de líneas telefónicas, como resultado del trabajo conjunto con los operadores de telecomunicaciones y las autoridades penitenciarias.De acuerdo con las cifras entregadas por los ministerios, Tigo aumentó en un 97,08 % el bloqueo de líneas, al pasar de 240 a 473; Claro registró un incremento del 34,65 %, pasando de 303 a 400 líneas bloqueadas; mientras que WOM pasó de 50 a 93, lo que representa un aumento del 86 %.En cuanto al bloqueo de equipos mediante su código de identificación IMEI, Tigo reportó un incremento del 18,96 %, Claro del 51,09 % y WOM del 43,88 %. Las autoridades señalaron que estos resultados buscan reducir la capacidad de las estructuras criminales para operar desde los establecimientos penitenciarios.La ministra Alexandra Falla explicó que, como parte de las nuevas medidas, se impartieron instrucciones a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio TIC para estructurar un protocolo que contará con la participación de la Agencia Nacional del Espectro, que es la entidad encargada de vigilar y controlar el espectro radioeléctrico en el país.El proyecto contempla la creación de un grupo de atención prioritaria para agilizar las verificaciones técnicas en las cárceles, reducir los tiempos de respuesta y acelerar los trámites administrativos frente a las denuncias por comunicaciones no autorizadas. También se solicitaron ajustes técnicos a los operadores para reducir la potencia de las señales al interior de los centros penitenciarios.Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se fortalecerán los controles junto con el Inpec y las demás autoridades para impedir el ingreso y uso de celulares no autorizados en las cárceles.El Gobierno también anunció que continuará impulsando medidas legislativas para combatir este fenómeno y explorar nuevas tecnologías que permitan mejorar el bloqueo de señales.Los ministros insistieron en que el objetivo es recuperar el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que las personas privadas de la libertad continúen coordinando extorsiones, secuestros y otras actividades criminales desde los centros de reclusión.
Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido con los alias de ‘Chapolo’ o ‘Chapullo’, se presentó voluntariamente ante el Ejército Nacional en zona rural de Íquira, Huila, junto con otros cuatro integrantes de la organización armada ilegal. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera su captura. El ministro de Defensa (r), Jorge Mora, confirmó que el cabecilla habría tenido responsabilidad en el atentado que cobró la vida de dos policías en Ataco, en agosto pasado.Jhan Carlos Rodríguez era cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc. Llevaba aproximadamente 14 años dentro de esta organización armada ilegal y ejercía funciones de dirección y coordinación de actividades criminales en los departamentos del Tolima y Huila.Hay que decir que cinco personas se presentaron junto a él ante las unidades militares para acogerse a los procedimientos establecidos por las autoridades. Entre ellas, se encontraba el máximo responsable de la Estructura Ismael Ruiz, su compañera sentimental y tres presuntos integrantes de su anillo de seguridad.La noticia tiene especial relevancia para el Tolima, teniendo en cuenta que alias ‘Chapolo’ era señalado de orientar las acciones criminales de esta estructura en zonas rurales de Planadas, Ataco y Rioblanco, donde las comunidades han denunciado amenazas, extorsiones y presiones de los grupos armados ilegales.Un cabecilla por el que ofrecían 300 millones de pesosLa gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, había advertido desde febrero sobre la peligrosidad de este hombre y la amenaza que representaba para la población civil. Por información que permitiera ubicarlo y capturarlo, el Gobierno departamental ofrecía una recompensa de hasta 300 millones de pesos.Tras conocerse su sometimiento, la mandataria celebró el resultado y destacó lo que representa para las comunidades afectadas por la violencia en el sur del departamento.“Hoy el Tolima recibe una gran noticia que devuelve esperanza a muchas comunidades del sur del departamento y del país entero. Gracias presidente Abelardo De La Espriella por su compromiso con la seguridad del Tolima y Colombia. La seguridad exige decisiones, determinación y acciones contundentes contra quienes amenazan la tranquilidad de los ciudadanos", escribió la mandataria.Por otro lado, el presidente confirmó el sometimiento y el ministro de Defensa reveló su presunta responsabilidad en ataque contra policías.La caída de alias 'Chapolo' se conoce después de los anuncios y advertencias que se habían realizado desde el Gobierno y las autoridades territoriales frente a las acciones violentas de esta estructura en el sur del país. Uno de los aspectos más delicados de este caso tiene que ver con los señalamientos sobre su presunta participación en hechos de sangre contra la Fuerza Pública.El ministro de Defensa (r), Jorge Mora, confirmó que alias ‘Chapolo’ habría sido uno de los responsables del atentado perpetrado en agosto pasado en el municipio de Ataco, Tolima, en el que fueron asesinados dos integrantes de la Policía Nacional.Este señalamiento aumenta la relevancia judicial de su sometimiento, teniendo en cuenta que se trata de un cabecilla al que las autoridades atribuyen no solamente acciones de intimidación y extorsión contra la población civil, sino también ataques terroristas contra la Fuerza Pública.Cabe recordar que, durante la jornada de empalme territorial realizada en julio, antes de la posesión presidencial, el mandatario Abelardo De La Espriella estuvo en el Tolima junto a la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas y la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera.En ese escenario se habían enviado advertencias directas a alias ‘Chapolo’ y a otros integrantes de las disidencias por los hechos violentos registrados en esta región.El arsenal y los elementos entregados por la estructura criminalEl relato de la Quinta División del Ejército Nacional da cuenta de la dimensión del sometimiento y de los elementos de guerra y material logístico que quedaron en poder de las autoridades.Durante la presentación voluntaria, los cinco integrantes entregaron un importante arsenal que estaba en poder de la organización armada ilegal.El material relacionado en el reporte militar comprende, tres fusiles AR-15 calibre 5,56 milímetros, un fusil Galil AR calibre 5,56 milímetros, tres pistolas Glock 17 calibre 9 milímetros, una pistola Pietro Beretta, una pistola Jericho, una pistola calibre 7,65 milímetros, una mira telescópica Bushnell y una mira de precisión ACOG, chalecos multipropósito, más de 1.000 municiones y cartuchos de diferentes calibres, proveedores para las armas, una granada, equipos de comunicación, y un dron.Pero entre los elementos entregados hay uno que reviste especial importancia para las investigaciones, 39 recibos de pagos extorsivos atribuidos a la Estructura Ismael Ruiz, que podrían aportar información sobre las actividades de financiación ilegal, los cobros y las personas o sectores económicos sometidos a las exigencias de esta organización.Extorsiones, reclutamiento, amenazas y control de la minería ilegalDe acuerdo con el comunicado de la Quinta División, alias ‘Chapolo’ era uno de los responsables de orientar y coordinar el accionar criminal de esta estructura, a la que se le atribuyen amenazas contra la gobernadora del Tolima, ataques terroristas contra unidades militares mediante drones acondicionados con artefactos explosivos improvisados, homicidios selectivos, extorsiones sistemáticas y retenciones ilegales.Las autoridades también le atribuyen el direccionamiento de actividades relacionadas con el reclutamiento de personas y el control de la explotación ilícita de yacimientos mineros en territorios del Tolima y Huila.Estas actividades, según el Ejército, habrían sido utilizadas como mecanismos de financiación criminal, intimidación y control territorial, afectando directamente la seguridad, la tranquilidad y los derechos fundamentales de las comunidades.El prontuario judicial del cabecilla también incluye órdenes de captura expedidas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y extorsión.¿Qué sigue en el proceso?Una vez se produjo la presentación voluntaria, el caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), entidad encargada de brindar acompañamiento y atención dentro del procedimiento correspondiente.La salida de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’ de la estructura criminal representa un golpe de especial importancia para las disidencias que delinquen entre el Tolima y Huila. Sin embargo, el desafío para las autoridades ahora será establecer el alcance de las investigaciones, esclarecer los hechos violentos que se le atribuyen y garantizar que las comunidades de Planadas, Ataco y Rioblanco puedan recuperar la tranquilidad.