Al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, al parecer, se le ha dificultado cumplir con el pago de los honorarios de los abogados que desde agosto de 2023 asumieron su defensa ante la Procuraduría General de la Nación por la investigación disciplinaria que le adelantan por la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. Por esto, los abogados Stewing Arteaga y Nixon Torres, enviaron a mediados de abril una carta al presidente de la República para pedirle apoyo en el pago de la deuda, debido a que desde noviembre del año anterior no perciben pagos por sus servicios. "Desde el 5 de noviembre del 2023 nos quedaron a saldar la deuda adquirida a favor nuestro por los servicios que hemos venido realizando en defensa del exdiputado; donde hemos establecido un respeto procesal por los derechos del defendido", exponen los abogados en el documento. Lento avance en audiencias de Nicolás Petro está limitando nueva imputación de cargos: fiscal BurgosEn este mismo, le piden apoyo para lo que sería el pago de la deuda. "Nos dirigimos a usted para que, en la medida de las posibilidades, si a bien lo considera, instruya a quienes considera, de que se nos cancele el saldo insoluto", manifiestan. Al respecto, Nixon Torres, uno de los firmantes, indicó que no se trataba de un cobro al presidente de la República, sino una carta de solicitud al padre de su defendido. "No es un cobro al mandatario, sino para que nos apoye con la diligencia para que nos paguen. Nosotros seguimos en el servicio para Nicolás", comentó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes, 18 de marzo, a Colombia por diversas violaciones a derechos derivados de la persecución y el espionaje a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos.La sentencia fue notificada este lunes por parte del vicepresidente de la CorteIDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, por medio de un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas en el caso."La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de Colombia por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, al derecho a la niñez y al derecho a defender los derechos humanos", dijo Mudrovitsch.El caso se refiere a la persecución, hostigamiento y espionaje por parte del Estado colombiano de la que fue víctima a partir de 1990 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), por su labor de defensa de los derechos humanos.La CorteIDH determinó en la sentencia que desde la década de 1990 "diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de los miembros del CAJAR y sus familiares".En ese contexto "las autoridades recopilaron y conservaron distinta información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y 'hojas de vida' que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos", señaló la CorteIDH."Las actividades de inteligencia continuaron durante la vigencia de la Ley 1621 de 2013, dirigida a regular las funciones que desarrollan los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Asimismo, los miembros del CAJAR, a raíz de las declaraciones de funcionarios estatales y publicaciones de oficinas gubernamentales que los descalificaban y los vinculaban con grupos guerrilleros, fueron objeto de estigmatización", añade el tribunal internacional.La CorteIDH también estableció que las víctimas de este caso "sufrieron distintos hechos de violencia e intimidación, algunos de los cuales fueron ejecutados con intervención directa de agentes estatales".A su vez, indicó que si bien determinados hechos de amenazas fueron cometidos por organizaciones paramilitares, "el Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, en cuanto facilitó a dichas organizaciones información personal de estas últimas".Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos llega a la CorteIDH en calidad de víctima.En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado realizar las investigaciones dirigidas a "esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamiento, así como las actividades de inteligencia emprendidas por diferentes organismos públicos en la década de 1990".Igualmente, la CorteIDH ordenó al Estado "depurar los archivos de inteligencia para garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas con relación a los datos que sobre ellas obren en tales archivos".El Estado también deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y adecuar la Ley 1621 de 2013 a efecto de que su regulación sea compatible con los estándares convencionales sobre la materia".Colombia además deberá "adecuar los manuales de inteligencia y contrainteligencia, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales sobre la materia" y realizar una campaña informativa a nivel nacional, "para sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos".
El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) denunció que la actual presidenta de la organización, Yessika Hoyos Morales, recibió este martes, 23 de enero de 2024, una nueva amenaza contra su vida, la cual estaría relacionada con el caso de Jenner Alfonso Mora, uno de los jóvenes víctima de la masacre de Mondoñedo, cometida por integrantes de la Policía Nacional – Dijin en 1996.A pesar de que la abogada ya no representa a las víctimas ante la JEP, recibió el siguiente mensaje de texto en su celular: “Vemos qué sigue ayudando a ese guerrillero hp en Girardot de Alfonso, ya esta es la segunda que se le dice que no meta sus narices donde no la llaman porque le puede pasar lo del hijo de él".Esta sería la tercera ocasión en que la abogada recibe una amenaza de este tipo en relación con el caso de la Masacre de Mondoñedo. El jueves 26 de mayo de 2022, tanto ella, como el señor Alfonso Mora, padre de Jenner Alfonso Mora, recibieron una amenaza similar. Además, el día anterior, el miércoles 25 de mayo de 2022, la abogada Yessika Hoyos detectó que en horas de la tarde se habría producido un ingreso ilegal a su vivienda. Con relación a estos hechos no se conocen todavía resultados investigativos.Sobre estos hechos, el senador Iván Cepeda se solidarizó con la defensora de derechos humanos y pidió que se adelante una investigación por parte de la Fiscalía.“Ante nuevas amenazas de muerte, expreso mi solidaridad a Jessika Hoyos Morales, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Solicito que su protección sea fortalecida por parte del Estado, y que la Fiscalía investigue el origen de estas acciones criminales”.La masacre de Mondoñedo dejó como víctimas a Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora Moncaleano y Juan Carlos Palacio Gómez. Los jóvenes fueron asesinados por integrantes de la Dijin que los señalaron como miembros de la red urbana Antonio Nariño, de la guerrilla Farc-EP, que en 1995 activó un artefacto explosivo en la sede de la Policía en la localidad de Kennedy en Bogotá, el cual cobró la vida de tres uniformados.
En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que no tiene sentido que se le dediquen los mismos recursos públicos a seguir formando abogados: “Todas las carreras son maravillosas, se necesitan, pero no en los mismos números. Pulular de abogados y adolecemos de programadores, entonces no tiene sentido que le dediquemos los mismos recursos públicos a seguir formando abogados que no van a encontrar más trabajo y, en cambio, no formemos programadores y perdamos 25.000 trabajos al año en eso, solo por un problema de coordinar la oferta y la demanda”, dijo la alcaldesa.Ante estas palabras, algunos abogados se pronunciaron contra la alcaldesa, una de ellas fue Laura García, decana de la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, quien dijo que no se trata de la cantidad de profesionales, sino de calidad y que evidentemente tiene que haber una inversión en recursos públicos para las universidades que ofertan esta carrera.“En realidad creo que es una afirmación un poco injusta y sesgada frente a lo que significa la incidencia de esta profesión en la sociedad. Los abogados tienen ante todo una alta función y compromiso social porque somos los quienes nos ocupamos de defender derechos", manifestó García.Por otra parte, el presidente del colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, reconoció que si bien los profesionales en derecho son importantes, también reconoce que hay sobreoferta de graduados en esa profesión.“Y la pregunta es si el mundo laboral necesita más abogados o necesita otro tipo de profesionales. Por supuesto que también los necesitamos, pero ojalá existiese una política pública para fortalecer profesionales en ciencias exactas”, enfatizó Bernate.García hace hincapié en que estas afirmaciones de la mandataria son descalificadoras para una profesión y Bernate define que la inteligencia artificial tiene que ir ganando espacio en el mundo jurídico.Le puede interesar
El abogado Julio Cesar Ortiz, defensor de Rodolfo Hernández, confirmó a Blu Radio que apelarán la sanción e inhabilidad de 14 años para ejercer cargos públicos que impuso la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Bucaramanga.“Creemos que la Procuraduría no tiene razón y vamos a apelar en términos muy oportunos y procesales. Eso significa que esa decisión no queda en firme por ahora (…) Ad portas de comenzar un proceso político electoral recibe una noticia que debió haber salido mucho antes”, indicó el abogado.“(El fallo) es ilegal e inconvencional, contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.Sanción de la Procuraduría a Rodolfo HernándezLa procuradora Margarita Cabello dio a conocer más detalles sobre la decisión de suspender e inhabilitar por 14 años al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, por su interés indebido en el millonario contrato de basuras conocido como Vitalogic.“Se encontró probado que Rodolfo Hernández tenía un interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”, afirmó la procuradora.Margarita Cabello también señaló que el exalcalde de Bucaramanga se reunió con los representantes de la multinacional Vitalogic en Bogotá con un interés particular.“El exmandatario tuvo contacto directo con los representes de la tecnología que se iba a implementar, no en una reunión de cortesía, sino para entregar información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección a adjudicar”, manifestó Cabello.El exalcalde y excandidato presidencial, según el fallo, también presionó al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga para que omitiera las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras con Vitalogic.En el fallo de primera instancia de la Procuraduría contra Rodolfo Hernández se determinó que las dos conductas reprochadas fueron catalogadas a título de dolo y grave.
El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de un grupo de víctimas del paramilitarismo y el colectivo de abogados Alvear en contra de la elección del hijo de ‘Jorge 40’. Según los demandantes, su curul incumple varios de los requisitos planteados en la ley.Esta es la tercera demanda que acepta el alto tribunal, en este caso es por doble militancia. Otra de las peticiones la elevó Dilo Colombia.“El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y un grupo de víctimas del paramilitarismo alegan que la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar Vélez incurrió en doble militancia, ya que Tovar apoyó la candidatura de Juan Manuel Daza Iguarán, del partido Centro Democrático, realizando actos públicos”, lo que era incompatible con su aspiración por las Curules Especiales de Paz, “ya que las agrupaciones de víctimas que se postularon para ocupar estas curules transitorias actuaron como conglomerados políticos y les estaba claramente prohibido cualquier tipo de alianza o acuerdo con partidos o movimientos políticos”, señaló el colectivo de abogados.Además, pidió que se resolviera lo más pronto posible esta demanda que ya fue admitida.“Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie anulando esta elección que no solo incumple con los requisitos del Acto Legislativo 02 de 2021, sino que haga valer el objetivo de dar voz y participación política a las víctimas del conflicto armado, y no a quienes han desarrollado su trayectoria pública del lado de los victimarios. Las curules de paz son una garantía de no repetición y no deben ser usurpadas a las poblaciones y territorios especialmente afectados por el conflicto armado, la violencia sociopolítica y el abandono institucional, que deben estar allí representados”.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
Ante la JEP, algunas víctimas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentaron un informe con el cual buscan que algunos altos mandos del Ejército sean llamados a rendir versión como coautores de 10 masacres ocurridas entre los años 1999 y 2001 en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.Las masacres fueron perpetradas por los paramilitares, sin embargo, las víctimas insisten en que hubo apoyo directo por acción u omisión por parte de la fuerza pública.En principio, explican que desde los años 70 esta zona del país se ha visto fuertemente afectada por el narcotráfico, y que algunos de estos grupos tuvieron participación en algunas masacres como la de Trujillo, donde murieron al menos 300 personas. Según las víctimas en estos hechos hubo una alianza entre narcotraficantes y miembros del Batallón Palacé, que habría sido probada en la justicia ordinaria por versiones de paramilitares y narcotraficantes."Respecto a la colaboración entre el grupo paramilitar y la fuerza pública, no es constatable, únicamente por las advertencias hechas por los militares a la población civil, existen sendas declaraciones de paramilitares en Justicia y Paz que confirman que no era posible llevar una incursión armada de tal envergadura sin la colaboración de quienes tenían el deber de proteger a la población civil", asegura el informe.En un apartado se refieren al gobierno del expresidente Andrés Pastrana asegurando que en este tiempo hubo un recrudecimiento de la violencia estatal que se habría dado en parte con el fin de combatir el narcotráfico, sin embargo, el informe asegura que durante este tiempo hubo un incremento exponencial de las masacres pues "el Estado coadyuvó a la intensificación de conflictos sociales y al deterioro de su propia legitimidad, generando a la par de desplazamientos masivos de la población, un recrudecimiento de las prácticas paramilitares y el ejercicio privado de sanciones y ajusticiamientos".El informe recopila información de 10 masacres en esa zona del país, menciona las víctimas por estos hechos y el proceso en el que se encuentra la investigación de los mismos, pues en muchos casos, no han sido esclarecidos, incluye además testimonios de exparamilitares que han aceptado haber actuado con ayuda presuntamente de miembros de la fuerza pública para llevar a cabo las masacres.Es por esto que, le piden a la JEP abordar estos hechos en el macro caso en el caso 05, para poder determinar responsabilidades frente a estos hechos y lograr el esclarecimiento de los mismos.Piden además, que sean declarados crímenes de lesa humanidad y el llamado de 13 exmiembros de la fuerza pública de la Tercera División del Ejército Nacional. Asimismo, que se reconozca la condición de víctimas de quienes se vieron afectados por las masacres y que se llame a los paramilitares que ya han reconocido los hechos como testigos.Escuche en el podcast "Zorros y Erizos" cómo avanza la carrera por la Presidencia:
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.
El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que cuenta con una dinámica diferente a la de los chances tradicionales. Para participar, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Ambos datos deben coincidir con el resultado oficial para obtener el premio mayor.Resultado del Super Astro Luna hoy, domingo 8 de noviembre de 2026El resultado del sorteo de este domingo es el 7234 - Tauro. Los participantes podrán comprobar su jugada con los siguientes datos una vez se conozca la combinación ganadora:Número ganador: 7234Dos últimas cifras: 34Tres últimas cifras: 234Signo zodiacal: TauroLos resultados oficiales pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados.¿A qué hora juega Super Astro Luna?El horario de Super Astro Luna cambia según el día de la semana. La programación es la siguiente:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.¿Cómo se juega Super Astro Luna?Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales disponibles:AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpiónSagitarioCapricornioAcuarioPiscisEl premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto las cuatro cifras seleccionadas como el signo zodiacal anunciado en el resultado oficial.¿Qué modalidades de apuesta ofrece Super Astro Luna?Los participantes cuentan con distintas alternativas para registrar sus jugadas. Una de ellas permite apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, de manera que la combinación incluya todas las opciones de signo.Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, lo que permite registrar varias combinaciones de números y signos en una sola compra.¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?El valor de cada apuesta puede ajustarse al presupuesto del participante, dentro de los límites establecidos:Valor mínimo: $500.Valor máximo: $10.000 por apuesta.¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?Después de cada sorteo, los jugadores deben comparar los datos registrados en su tiquete con la combinación publicada por los canales oficiales.La revisión del número y del signo zodiacal permite confirmar si la apuesta fue ganadora y determinar si corresponde iniciar el proceso de reclamación del premio.
El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Su oferta incluye distintas formas de participar y la posibilidad de obtener premios al acertar las cuatro cifras o algunas de las terminaciones del número ganador.Resultado del Sinuano Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este domingo es el 3133 - 3. Los jugadores podrán verificar las cifras ganadoras y compararlas con sus tiquetes una vez se conozca la combinación oficial.Número ganador: 3133Dos últimas cifras: 33Tres últimas cifras: 133Quinta balota: 3La consulta también está disponible en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales.¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?La quinta balota es una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta opción fue incorporada durante 2025 y amplió las alternativas de participación para los apostadores.Su función es complementar la combinación ganadora y permitir nuevas posibilidades de premio cuando coincide con la selección realizada por el jugador, según las condiciones del juego.¿A qué hora juega el Sinuano Noche?El Sinuano Noche se sortea todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada. Los participantes pueden jugar desde $500 hasta $25.000.¿Cuáles son las modalidades de apuesta?El juego cuenta con seis alternativas para quienes buscan acertar el número completo o sus últimas cifras:Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en la secuencia exacta.Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque aparezcan en otro orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?Los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador en los puntos autorizados. Los requisitos básicos son:Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.La documentación adicional depende del monto obtenido:Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requiere la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y la quinta balota como alternativa adicional, el Sinuano Noche mantiene su presencia entre los juegos de chance consultados por los apostadores en Colombia.