Al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, al parecer, se le ha dificultado cumplir con el pago de los honorarios de los abogados que desde agosto de 2023 asumieron su defensa ante la Procuraduría General de la Nación por la investigación disciplinaria que le adelantan por la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. Por esto, los abogados Stewing Arteaga y Nixon Torres, enviaron a mediados de abril una carta al presidente de la República para pedirle apoyo en el pago de la deuda, debido a que desde noviembre del año anterior no perciben pagos por sus servicios. "Desde el 5 de noviembre del 2023 nos quedaron a saldar la deuda adquirida a favor nuestro por los servicios que hemos venido realizando en defensa del exdiputado; donde hemos establecido un respeto procesal por los derechos del defendido", exponen los abogados en el documento. Lento avance en audiencias de Nicolás Petro está limitando nueva imputación de cargos: fiscal BurgosEn este mismo, le piden apoyo para lo que sería el pago de la deuda. "Nos dirigimos a usted para que, en la medida de las posibilidades, si a bien lo considera, instruya a quienes considera, de que se nos cancele el saldo insoluto", manifiestan. Al respecto, Nixon Torres, uno de los firmantes, indicó que no se trataba de un cobro al presidente de la República, sino una carta de solicitud al padre de su defendido. "No es un cobro al mandatario, sino para que nos apoye con la diligencia para que nos paguen. Nosotros seguimos en el servicio para Nicolás", comentó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes, 18 de marzo, a Colombia por diversas violaciones a derechos derivados de la persecución y el espionaje a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos.La sentencia fue notificada este lunes por parte del vicepresidente de la CorteIDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, por medio de un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas en el caso."La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de Colombia por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, al derecho a la niñez y al derecho a defender los derechos humanos", dijo Mudrovitsch.El caso se refiere a la persecución, hostigamiento y espionaje por parte del Estado colombiano de la que fue víctima a partir de 1990 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), por su labor de defensa de los derechos humanos.La CorteIDH determinó en la sentencia que desde la década de 1990 "diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de los miembros del CAJAR y sus familiares".En ese contexto "las autoridades recopilaron y conservaron distinta información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y 'hojas de vida' que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos", señaló la CorteIDH."Las actividades de inteligencia continuaron durante la vigencia de la Ley 1621 de 2013, dirigida a regular las funciones que desarrollan los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Asimismo, los miembros del CAJAR, a raíz de las declaraciones de funcionarios estatales y publicaciones de oficinas gubernamentales que los descalificaban y los vinculaban con grupos guerrilleros, fueron objeto de estigmatización", añade el tribunal internacional.La CorteIDH también estableció que las víctimas de este caso "sufrieron distintos hechos de violencia e intimidación, algunos de los cuales fueron ejecutados con intervención directa de agentes estatales".A su vez, indicó que si bien determinados hechos de amenazas fueron cometidos por organizaciones paramilitares, "el Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, en cuanto facilitó a dichas organizaciones información personal de estas últimas".Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos llega a la CorteIDH en calidad de víctima.En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado realizar las investigaciones dirigidas a "esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamiento, así como las actividades de inteligencia emprendidas por diferentes organismos públicos en la década de 1990".Igualmente, la CorteIDH ordenó al Estado "depurar los archivos de inteligencia para garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas con relación a los datos que sobre ellas obren en tales archivos".El Estado también deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y adecuar la Ley 1621 de 2013 a efecto de que su regulación sea compatible con los estándares convencionales sobre la materia".Colombia además deberá "adecuar los manuales de inteligencia y contrainteligencia, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales sobre la materia" y realizar una campaña informativa a nivel nacional, "para sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos".
El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) denunció que la actual presidenta de la organización, Yessika Hoyos Morales, recibió este martes, 23 de enero de 2024, una nueva amenaza contra su vida, la cual estaría relacionada con el caso de Jenner Alfonso Mora, uno de los jóvenes víctima de la masacre de Mondoñedo, cometida por integrantes de la Policía Nacional – Dijin en 1996.A pesar de que la abogada ya no representa a las víctimas ante la JEP, recibió el siguiente mensaje de texto en su celular: “Vemos qué sigue ayudando a ese guerrillero hp en Girardot de Alfonso, ya esta es la segunda que se le dice que no meta sus narices donde no la llaman porque le puede pasar lo del hijo de él".Esta sería la tercera ocasión en que la abogada recibe una amenaza de este tipo en relación con el caso de la Masacre de Mondoñedo. El jueves 26 de mayo de 2022, tanto ella, como el señor Alfonso Mora, padre de Jenner Alfonso Mora, recibieron una amenaza similar. Además, el día anterior, el miércoles 25 de mayo de 2022, la abogada Yessika Hoyos detectó que en horas de la tarde se habría producido un ingreso ilegal a su vivienda. Con relación a estos hechos no se conocen todavía resultados investigativos.Sobre estos hechos, el senador Iván Cepeda se solidarizó con la defensora de derechos humanos y pidió que se adelante una investigación por parte de la Fiscalía.“Ante nuevas amenazas de muerte, expreso mi solidaridad a Jessika Hoyos Morales, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Solicito que su protección sea fortalecida por parte del Estado, y que la Fiscalía investigue el origen de estas acciones criminales”.La masacre de Mondoñedo dejó como víctimas a Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora Moncaleano y Juan Carlos Palacio Gómez. Los jóvenes fueron asesinados por integrantes de la Dijin que los señalaron como miembros de la red urbana Antonio Nariño, de la guerrilla Farc-EP, que en 1995 activó un artefacto explosivo en la sede de la Policía en la localidad de Kennedy en Bogotá, el cual cobró la vida de tres uniformados.
En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que no tiene sentido que se le dediquen los mismos recursos públicos a seguir formando abogados: “Todas las carreras son maravillosas, se necesitan, pero no en los mismos números. Pulular de abogados y adolecemos de programadores, entonces no tiene sentido que le dediquemos los mismos recursos públicos a seguir formando abogados que no van a encontrar más trabajo y, en cambio, no formemos programadores y perdamos 25.000 trabajos al año en eso, solo por un problema de coordinar la oferta y la demanda”, dijo la alcaldesa.Ante estas palabras, algunos abogados se pronunciaron contra la alcaldesa, una de ellas fue Laura García, decana de la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, quien dijo que no se trata de la cantidad de profesionales, sino de calidad y que evidentemente tiene que haber una inversión en recursos públicos para las universidades que ofertan esta carrera.“En realidad creo que es una afirmación un poco injusta y sesgada frente a lo que significa la incidencia de esta profesión en la sociedad. Los abogados tienen ante todo una alta función y compromiso social porque somos los quienes nos ocupamos de defender derechos", manifestó García.Por otra parte, el presidente del colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, reconoció que si bien los profesionales en derecho son importantes, también reconoce que hay sobreoferta de graduados en esa profesión.“Y la pregunta es si el mundo laboral necesita más abogados o necesita otro tipo de profesionales. Por supuesto que también los necesitamos, pero ojalá existiese una política pública para fortalecer profesionales en ciencias exactas”, enfatizó Bernate.García hace hincapié en que estas afirmaciones de la mandataria son descalificadoras para una profesión y Bernate define que la inteligencia artificial tiene que ir ganando espacio en el mundo jurídico.Le puede interesar
El abogado Julio Cesar Ortiz, defensor de Rodolfo Hernández, confirmó a Blu Radio que apelarán la sanción e inhabilidad de 14 años para ejercer cargos públicos que impuso la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Bucaramanga.“Creemos que la Procuraduría no tiene razón y vamos a apelar en términos muy oportunos y procesales. Eso significa que esa decisión no queda en firme por ahora (…) Ad portas de comenzar un proceso político electoral recibe una noticia que debió haber salido mucho antes”, indicó el abogado.“(El fallo) es ilegal e inconvencional, contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.Sanción de la Procuraduría a Rodolfo HernándezLa procuradora Margarita Cabello dio a conocer más detalles sobre la decisión de suspender e inhabilitar por 14 años al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, por su interés indebido en el millonario contrato de basuras conocido como Vitalogic.“Se encontró probado que Rodolfo Hernández tenía un interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”, afirmó la procuradora.Margarita Cabello también señaló que el exalcalde de Bucaramanga se reunió con los representantes de la multinacional Vitalogic en Bogotá con un interés particular.“El exmandatario tuvo contacto directo con los representes de la tecnología que se iba a implementar, no en una reunión de cortesía, sino para entregar información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección a adjudicar”, manifestó Cabello.El exalcalde y excandidato presidencial, según el fallo, también presionó al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga para que omitiera las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras con Vitalogic.En el fallo de primera instancia de la Procuraduría contra Rodolfo Hernández se determinó que las dos conductas reprochadas fueron catalogadas a título de dolo y grave.
El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de un grupo de víctimas del paramilitarismo y el colectivo de abogados Alvear en contra de la elección del hijo de ‘Jorge 40’. Según los demandantes, su curul incumple varios de los requisitos planteados en la ley.Esta es la tercera demanda que acepta el alto tribunal, en este caso es por doble militancia. Otra de las peticiones la elevó Dilo Colombia.“El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y un grupo de víctimas del paramilitarismo alegan que la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar Vélez incurrió en doble militancia, ya que Tovar apoyó la candidatura de Juan Manuel Daza Iguarán, del partido Centro Democrático, realizando actos públicos”, lo que era incompatible con su aspiración por las Curules Especiales de Paz, “ya que las agrupaciones de víctimas que se postularon para ocupar estas curules transitorias actuaron como conglomerados políticos y les estaba claramente prohibido cualquier tipo de alianza o acuerdo con partidos o movimientos políticos”, señaló el colectivo de abogados.Además, pidió que se resolviera lo más pronto posible esta demanda que ya fue admitida.“Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie anulando esta elección que no solo incumple con los requisitos del Acto Legislativo 02 de 2021, sino que haga valer el objetivo de dar voz y participación política a las víctimas del conflicto armado, y no a quienes han desarrollado su trayectoria pública del lado de los victimarios. Las curules de paz son una garantía de no repetición y no deben ser usurpadas a las poblaciones y territorios especialmente afectados por el conflicto armado, la violencia sociopolítica y el abandono institucional, que deben estar allí representados”.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
Ante la JEP, algunas víctimas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentaron un informe con el cual buscan que algunos altos mandos del Ejército sean llamados a rendir versión como coautores de 10 masacres ocurridas entre los años 1999 y 2001 en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.Las masacres fueron perpetradas por los paramilitares, sin embargo, las víctimas insisten en que hubo apoyo directo por acción u omisión por parte de la fuerza pública.En principio, explican que desde los años 70 esta zona del país se ha visto fuertemente afectada por el narcotráfico, y que algunos de estos grupos tuvieron participación en algunas masacres como la de Trujillo, donde murieron al menos 300 personas. Según las víctimas en estos hechos hubo una alianza entre narcotraficantes y miembros del Batallón Palacé, que habría sido probada en la justicia ordinaria por versiones de paramilitares y narcotraficantes."Respecto a la colaboración entre el grupo paramilitar y la fuerza pública, no es constatable, únicamente por las advertencias hechas por los militares a la población civil, existen sendas declaraciones de paramilitares en Justicia y Paz que confirman que no era posible llevar una incursión armada de tal envergadura sin la colaboración de quienes tenían el deber de proteger a la población civil", asegura el informe.En un apartado se refieren al gobierno del expresidente Andrés Pastrana asegurando que en este tiempo hubo un recrudecimiento de la violencia estatal que se habría dado en parte con el fin de combatir el narcotráfico, sin embargo, el informe asegura que durante este tiempo hubo un incremento exponencial de las masacres pues "el Estado coadyuvó a la intensificación de conflictos sociales y al deterioro de su propia legitimidad, generando a la par de desplazamientos masivos de la población, un recrudecimiento de las prácticas paramilitares y el ejercicio privado de sanciones y ajusticiamientos".El informe recopila información de 10 masacres en esa zona del país, menciona las víctimas por estos hechos y el proceso en el que se encuentra la investigación de los mismos, pues en muchos casos, no han sido esclarecidos, incluye además testimonios de exparamilitares que han aceptado haber actuado con ayuda presuntamente de miembros de la fuerza pública para llevar a cabo las masacres.Es por esto que, le piden a la JEP abordar estos hechos en el macro caso en el caso 05, para poder determinar responsabilidades frente a estos hechos y lograr el esclarecimiento de los mismos.Piden además, que sean declarados crímenes de lesa humanidad y el llamado de 13 exmiembros de la fuerza pública de la Tercera División del Ejército Nacional. Asimismo, que se reconozca la condición de víctimas de quienes se vieron afectados por las masacres y que se llame a los paramilitares que ya han reconocido los hechos como testigos.Escuche en el podcast "Zorros y Erizos" cómo avanza la carrera por la Presidencia:
Un lamentable desenlace se registró en el sur de Bogotá. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño.La riña se habría originado tras una discusión entre una mujer y un joven de 17 años, quien presuntamente atacó con un arma cortopunzante a dos personas que intervinieron para evitar que el altercado escalara.Uno de los ciudadanos resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció alrededor de las 2:00 de la madrugada de este jueves 24 de septiembre. El segundo ciudadano también resultó herido durante la pelea, pero no falleció.Por estos hechos, el menor señalado de la agresión fue capturado en flagrancia y las autoridades le incautaron el arma cortopunzante.El joven quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y las circunstancias que rodearon el homicidio.¿Cómo ocurrió la riña?Según las primeras versiones, el enfrentamiento comenzó cuando el adolescente de 17 años habría agredido a una mujer en el sector. Ante la situación, varias personas intervinieron para defenderla, lo que derivó en una confrontación.En medio de la riña, dos hombres intentaron intervenir en el altercado y, presuntamente, fueron atacados con un arma cortopunzante por el menor. Uno de ellos sufrió heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte.
Bogotá tendrá este fin de semana una opción para quienes buscan un plan relacionado con el arte, la música y la gastronomía. Se trata de UN_FAIR, una feria que reúne exposiciones, propuestas culturales y una agenda musical que continuará hasta el domingo 27 de septiembre en el Centro Internacional Tequendama.La feria cuenta con una programación gratuita en los locales del primer piso del Centro Internacional. Allí los asistentes encontrarán obras de arte muy particulares que cuentan historias e incluso flagelos del conflicto armado y otras problemáticas que han ocurrido en el país. Asi como representaciones de la naturaleza y mucho más. Los espacios estarán disponibles para el público durante los últimos días del evento.Arte, música y gastronomía hacen parte del planLa feria comenzó el pasado 22 de septiembre y pocos días después también fueron incluidas galerías ubicadas en las suites de los pisos 27, 28 y 29 del Hotel Tequendama. En estos espacios se pueden recorrer diferentes proyectos y obras dentro de las habitaciones del hotel, como parte de una propuesta que lleva las exposiciones a espacios no convencionales. A diferencia de lo anterior, el acceso a los pisos no es gratuito, por lo que los interesados en subir a las suites tendrán que obtener sus boletas.Por otra parte, desde el 23 de septiembre comenzaron las Noches UN_FAIR, una programación musical que se extenderá durante cinco noches, hasta el domingo 27 de septiembre. La agenda reúne a más de 30 artistas, cantantes y bandas y combina las propuestas musicales con la programación artística de la feria.Otro de los espacios habilitados para el evento es donde se encuentra la gastronomía, allí los asistentes podrán disfrutar de comidas típicas de varios países, entre ellos, México, Japón e Italia.De esta manera, durante este fin de semana estarán disponibles diferentes espacios de UN_FAIR. En el primer piso del Centro Internacional Tequendama continuará la programación artística con acceso gratuito, mientras que en los pisos superiores estarán las galerías instaladas en las suites.La programación del primer piso cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y Cremil (Caja de Retiro de las Fuerzas Militares).
El nombre de Aleks Syntek se viralizó en México en los últimos días luego de una polémica que, finalmente, resultó favorable para el artista con un aumento del 630 % de las reproducciones de sus canciones y llevando a que alcanzara los 6,9 millones de oyentes mensuales.¿Quién es Aleks Syntek, el cantante viral en México?Oriundo de Mérida, Yucatán, México, el cantautor ha construido una importante carrera explorando géneros como el pop, pop rock y balada romántica compartiendo escenario con artistas como Enrique Iglesias, Miguel Bosé, Juan Gabriel, Laura Pausini, David Bisbal, Alejandro Sanz, entre otros.Una carrera que comenzó en 1979 y que hasta la fecha le ha permitido hacer nueve álbumes, recibiendo numerosos discos de Platino y Oro por las altas ventas de los mismos. Ha recibido también tres Billboard Awards, un Latin Grammy Award, multi-nominado al Grammy Latino y multi-nominado en MTV Latino.Su relación Colombia también ha sido cercana, de hecho, en 2024 hizo parte de los entrenadores de La Voz Kids y se mostró muy contento por compartir en el país, además de asegurar que “existe mucho talento colombiano”.¿Cuál es la polémica que lo viralizó?Fue durante un concierto el 15 de septiembre en donde tuvo un cruce con palabras con un asistente, quien, en repetidas ocasiones, le pidió unas canciones y esto no le gusto, pero, según él, estaban teniendo comportamientos como que “borrachos o estaban echando no más relajo, pero aventaron unos elotes y unas cervezas a abuelitas y a niños que estaban ahí a un costado”.Esto hizo que muchas personas lo comenzaran a tildar de “loco” en redes sociales y ante esas críticas respondió con un video que lo viralizó rápidamente: “Sí, sí soy desequilibrado mental. Estoy loco. Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco”.Además, en sus redes comenzó a pedir a la prensa que no especule más de la cuenta ni ataquen su vida, de hecho, aseguró que el espectáculo destruyó a su familia y no hizo bien el trabajo de investigar todo.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció dos grandes operaciones este jueves que golpearon a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En la principal de ellas, se logró la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', señalado cabecilla de la estructura mencionada.Ese operativo se llevó a cabo de forma simultánea en las poblaciones de Santa Marta y Ciénaga, donde la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas.Dentro del mismo fueron incautadas cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. Del mismo modo, anunció el presidente, fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias 'Pinocho'En otra operación que llevó por nombre Kratos, las autoridades de antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturaron en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’. Asimismo, se informó que la red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y, al parecer, lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.“He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”, fueron las palabras del presidente De La Espriella en sus redes sociales.“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”, finalizó.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, con corte al 23 de septiembre, el sismo ha dejado 486.917 personas afectadas, agrupadas en 303.934 familias, en 500 municipios de 16 departamentos del país..Las cifras oficiales también reportan 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas. Además, se contabilizan 36.478 viviendas destruidas, de acuerdo con los reportes que complementan la información del Registro Único de Damnificados.En materia de infraestructura, el balance señala afectaciones en 4.431 centros educativos, 402 centros de salud, 6.094 centros comunitarios y 182 acueductos.Sin embargo, desde la OCHA advierten que estas cifras todavía pueden cambiar debido a las dificultades para consolidar y actualizar la información en algunas zonas.Uno de los principales vacíos está precisamente en la identificación de daños en municipios apartados y zonas rurales dispersas, donde hay baja capacidad técnica y limitada presencia institucional. Esta situación es particularmente evidente en departamentos como Chocó y Valle del Cauca.En Chocó, por ejemplo, existen diferencias entre los registros de las evaluaciones de daños, los reportes de las secretarías departamentales y municipales y otras fuentes sectoriales. Según la OCHA, estas diferencias dificultan conocer oportunamente las necesidades en salud, alojamientos temporales y vigilancia epidemiológica.Además, las dificultades de conectividad, las barreras geográficas y la presencia de grupos armados complican el acceso a comunidades rurales. En zonas como el Atrato, San Juan y Baudó, incluso la movilidad por los ríos presenta dificultades, lo que afecta el reporte oportuno de las necesidades.Otro de los problemas identificados es que personas refugiadas y migrantes que están en algunas de las zonas más afectadas no estarían quedando registradas, lo que puede limitar su acceso a derechos y a las ayudas disponibles.En Risaralda también persiste un vacío importante, el informe señala que la evaluación de estructuras continúa siendo baja, especialmente en Pereira y otros municipios afectados.A esto se suma que algunas familias todavía no tienen suficiente información sobre los resultados de las evaluaciones estructurales ni sobre las rutas disponibles para acceder a soluciones de vivienda y otros servicios.En los alojamientos temporales también continúan las necesidades. La OIM identificó alrededor de 6.903 personas, correspondientes a 1.970 hogares, ubicadas en 105 alojamientos temporales de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas.En Chocó, cerca de 501 personas de 173 familias permanecen en nueve alojamientos temporales ubicados en Quibdó, Istmina, Nóvita y Condoto.Allí se mantienen necesidades relacionadas con agua potable, saneamiento, condiciones de habitabilidad, atención en salud física y mental y prevención de enfermedades como dengue y malaria.En Valle del Cauca, especialmente en Buenaventura, persisten problemas en los alojamientos temporales, con dificultades de acceso a agua potable, saneamiento y servicios básicos, además de afectaciones en infraestructura de salud y educación.El informe también advierte que algunas comunidades continúan enfrentando una doble afectación, debido a que, además de las consecuencias del terremoto, tienen necesidades relacionadas con el conflicto armado, lo que dificulta el acceso a servicios y la recuperación.Hasta la fecha, al menos 31 organizaciones humanitarias han atendido a más de 137.000 personas, unas 32.600 familias, en 53 municipios de los departamentos priorizados.La asistencia ha incluido alimentos, agua, elementos de alojamiento e higiene, atención en salud física y mental, educación en emergencias, protección y transferencias monetarias. Desde la OCHA señalan que los socios humanitarios continúan focalizando acciones en zonas rurales donde persisten vacíos de atención.