Lo que empezó como un evento deportivo de talla nacional terminó en un megaoperativo de Coljuegos y la Fiscalía, cuando miembros de la fuerza pública ingresaron al salón del Hotel Barranquilla Plaza, donde se realizaba Campeonato Colombiano de Póker, suspendiendo el torneo muy a pesar de haber sido promovido por el propio Distrito y cofinanciado por Estado Colombiano.Durante la diligencia fueron incautados más de 1.800 elementos relacionados con la actividad, entre ellos fichas de póker, juegos de naipes, relojes de tiempo, tarjetas de corte, mesas y facturas.Tras lo ocurrido, la Federación Colombiana de Póker emitió un duro comunicado calificando la intervención como desproporcionada e intimidatoria al señalar que “Atletas, competidores, organizadores, colaboradores y ciudadanos fueron tratados como delincuentes”.La Federación insistió en que el Póker es un deporte mental que ha sido reconocido por el Ministerio del Deporte.“En la actualidad cofinancia directamente este campeonato mediante el Convenio CAIP-530-2026, vigente y en plena ejecución. El Estado, a través de su propia cartera deportiva, avaló este evento. Coljuegos lo suspendió con fusiles”, detallaron en un comunicado.Por su parte, Coljuegos informó que el operativo obedeció a la presunta operación ilegal del torneo, argumentando que el evento “no contaba con el respectivo contrato de concesión y no pagaba los respectivos derechos de explotación”.El presidente de la entidad, Marco Emilio Hincapié, insistió en que “el póker no es un deporte, es un juego de suerte y azar contemplado en la Ley 643 de 2001, específicamente en el artículo 34”.Coljuegos indicó que de acuerdo con la legislación vigente “el póker es un juego que entra en la modalidad de localizados, puesto que solo puede operar en mesas de casinos autorizados. Así pues, no es reconocido como un deporte mental, toda vez que en su desarrollo intervienen la suerte y el azar”.
Por ejercicio ilícito de actividad monopolística fue intervenido un inmueble en el que presuntamente operaba una fábrica de ensamble de máquinas tragamonedas. En el sitio fueron halladas pantallas, tarjetas board, billeteros y otros elementos necesarios para la producción de estos juegos de azar, sin que estos hicieran parte del registro nacional, evadiendo así el pago de impuestos con su funcionamiento.Se trató de una operación conjunta entre Coljuegos, la Fiscalía, el CTI y el Batallón de Policía Militar número 2 del Ejército, quienes intervinieron para sellar también otros siete establecimientos comerciales que tenían al menos 157 máquinas tragamonedas, módulos de apuestas por internet y ruletas que "operaban sin la respectiva autorización". "Nosotros estimamos que todos estos elementos dejaron de transferir cerca de $40.000 millones anuales en rentas del monopolio. Es decir, todo ese dinero dejó de llegar al sistema de salud por cuenta de estas actividades ilegales”, expresó el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié. Los operativos de incautación, que constaron de diez allanamientos, se desarrollaron el pasado 24 de marzo y no dejó personas capturadas. Se calcula que el valor total de lo decomisado, entre los 239 elementos hallados, supera los tres mil millones de pesos. "Es importante destacar que la operación de juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal. Además, quienes sean hallados culpables podrían recibir una sanción de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, todos los elementos incautados entrarán a ser parte de un proceso administrativo sancionatorio antes de ser destruidos por Coljuegos", manifestó la entidad a través de un comunicado de prensa.
La controversia por el bloqueo temporal del diario sueco Expressen en Colombia continúa escalando, luego de que la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciara presuntas irregularidades en la restricción de acceso al portal, justo después de la publicación de reportajes sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo.En entrevista con Recap Blu, Miranda explicó las "alertas" que le llevaron a investigar el caso, luego de que periodistas y ciudadanos reportaran que, tras los artículos sobre la primera dama, el sitio dejó de funcionar en territorio colombiano. La congresista indicó que, mediante un derecho de petición, el Ministerio de las TIC confirmó que Expressen había sido incluido en una lista de páginas a bloquear el 31 de octubre de 2025, es decir, 15 días antes de la primera publicación sobre Alcocer.Sin embargo, la aclaración del MinTIC contrastó con la versión de Coljuegos, entidad que inicialmente apareció como responsable del bloqueo. Esta aseguró que el portal habría sido incluido en la lista desde 2021, supuestamente por promover juegos ilegales. Miranda insistió en que las fechas no coinciden y que, además, el bloqueo solo se hizo efectivo cuando estalló el debate por las notas periodísticas de Expressen.Para la congresista, la principal preocupación no es lo que el diario sueco haya publicado sobre Alcocer, sino los indicios de un patrón de censura institucional. De hecho, aseguró que tiene pruebas de que la página funcionaba con normalidad antes del 16 de noviembre, y que dos días después de los reportajes fue cuando dejó de abrir.“Es una alerta enorme que tenemos que tener como demócratas. Me angustia que se estén censurando portales de comunicación que cuestionan al Gobierno”, afirmó. La confusión aumentó cuando se comprobó este mismo martes, 2 de diciembre, que el portal sí estaba accesible nuevamente. Para Miranda, este vaivén deja interrogantes sin resolver: “Si está en la lista de bloqueados desde hace años o desde octubre, ¿por qué hoy sí se puede ingresar? ¿Por qué justo cuando había escándalo no se podía?”.Ante la falta de una explicación unificada, Miranda pidió claridad sobre los criterios para determinar qué páginas se bloquean en Colombia y quién tiene la potestad final para ordenar dichas restricciones. Explicó que tanto la Policía como Coljuegos pueden solicitar bloqueos por motivos específicos —como apuestas ilegales o pornografía infantil—, pero que es el MinTIC quien ejecuta la instrucción. Su preocupación, dijo, es que estas figuras del Estado, subordinadas al gobierno nacional, puedan ser usadas con fines políticos.“Me preocuparía encontrar medios nacionales bloqueados por cuestionar al Gobierno”, concluyó.
La viceministra de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gloria Patricia Perdomo Rangel, se refirió al bloqueo del dominio Expressen.se y afirmó que la entidad actúa como garante para prevenir ciberdelitos.Señaló que existen listas publicadas por la Policía Nacional y, en el caso de Coljuegos, listados de sitios asociados a estafas, cuya restricción es ordenada por estas autoridades. Indicó además que el Ministerio no realiza los bloqueos de manera directa, sino que verifica que los proveedores de servicios de internet cumplan las decisiones que les corresponden.El Ministerio TIC precisó que, de acuerdo con la normativa vigente, no tiene facultades para determinar qué contenidos deben ser bloqueados ni puede ordenar la suspensión del acceso a plataformas digitales. Dichas competencias pertenecen únicamente a entidades con atribución expresa como Coljuegos, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Fiscalía y los jueces de la República, que emiten las decisiones que los operadores deben atender.La cartera recordó que el acceso a Internet ha sido reconocido como un derecho fundamental autónomo, por lo que cualquier restricción debe cumplir con requisitos como ley expresa, autoridad competente, finalidad constitucional válida y proporcionalidad. Bajo ese marco, el Ministerio subrayó que su función se limita a garantizar que las órdenes emitidas por las autoridades se implementen correctamente, sin intervenir ni definir los contenidos objeto de bloqueo.Frente al caso del dominio Expressen.se, el Ministerio informó que entre el 14 y el 19 de noviembre de 2025 no emitió ni recibió instrucciones relacionadas con ese sitio. Explicó que las listas de plataformas de juegos de azar son administradas exclusivamente por Coljuegos, conforme a sus competencias establecidas en la Ley 643 de 2001 y en el Decreto Legislativo 175 de 2025. El Ministerio hace disponible esta información para consulta de los operadores, sin modificarla o interpretarla.La entidad afirmó además que no opera firewalls, no gestiona DNS, no realiza filtrado de tráfico ni emplea herramientas de inspección profunda de paquetes. Su papel consiste únicamente en comunicar las decisiones oficiales a los proveedores de servicios de internet, en cumplimiento del principio de legalidad y de las políticas de acceso a la red.
La entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, Coljuegos, aclaró este martes que el bloqueo al portal sueco Expressen.se no tiene relación con las recientes publicaciones del medio sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo. Según la información oficial, la inclusión del sitio en el listado de páginas denunciadas por promover apuestas ilegales ocurrió hace cuatro años, durante la administración del expresidente Iván Duque.Coljuegos señaló que el portal fue incorporado al listado de sitios por bloquear en 2021, tras verificarse que promocionaba apuestas no autorizadas en el país. La entidad recordó que este procedimiento se realiza “conforme a lo contemplado en el artículo 38 de la Ley 643 de 2011”, modificado por la Ley 1753 de 2025, que autoriza a las autoridades a monitorear páginas de internet y ordenar bloqueos cuando estas favorezcan la operación o publicidad de juegos ilegales.El comunicado destaca que la inclusión del dominio www.expressen.se se dio en el marco del proceso regular de actualización mensual que realiza Coljuegos sobre plataformas que operan o promocionan apuestas sin autorización en Colombia. En total, la entidad mantiene más de 34.100 sitios registrados dentro de este listado.Bloqueo activo solo en algunos operadoresColjuegos indicó además que, aunque el portal permanece en la lista de sitios denunciados, el bloqueo se encuentra activo únicamente por parte de los prestadores de servicios de internet Hughesnet, Movistar y Tigo. Otros operadores no mantienen actualmente restricción sobre el dominio.La entidad también precisó que no cuenta con información que confirme si el medio sueco opera bajo otros dominios distintos al registrado en su base de datos.En su comunicado, Coljuegos reafirmó que los bloqueos se aplican exclusivamente con el objetivo de garantizar la legalidad en el ecosistema de juegos de suerte y azar y de proteger los recursos destinados a la salud en Colombia.La aclaración se produce en medio de la controversia generada por reportes ciudadanos sobre dificultades para acceder al portal desde algunos dispositivos y la discusión pública sobre la posible relación entre el bloqueo y los reportajes de Expressen sobre la primera dama. Según la entidad, el procedimiento responde a decisiones adoptadas en 2021 y no está vinculado a hechos recientes.
Los juegos de azar son aquellos en los que las personas deciden apostar para poder ganar una cantidad de dinero mayor a la invertida; no obstante, quedan a merced de las probabilidades y la suerte. Según Coljuegos, actualmente las "apuestas en línea representan el 47% del total del recaudo a nivel nacional, mientras que los juegos localizados como bingos y casinos tienen un 33% de participación en la industria. A estos, le siguen SuperAstro y Baloto, con 13% y 7%, respectivamente".El auge de las apuestas en línea en Colombia ha transformado la manera en que miles de personas disfrutan el deporte y el entretenimiento digital. Sin embargo, este crecimiento también ha traído un desafío, la aparición de operadores ilegales que se aprovechan de la falta de conocimiento de los usuarios.En medio de este panorama, saber cómo distinguir una casa de apuestas legal de una no legal es clave para evitar fraudes, proteger los datos personales y, además, contribuir al financiamiento de la salud pública en el país.¿Cómo identificar una casa de apuestas legal en Colombia?Toda plataforma que ofrezca juegos o apuestas en línea debe tener una licencia otorgada por Coljuegos, la entidad que regula este tipo de actividades. Esta autorización garantiza que la empresa cumple con los requisitos técnicos, financieros y de seguridad que exige la ley.Por lo anterior, una casa legal debe cumplir con lo siguiente:Estar registrada y avalada por Coljuegos (puede verificarse en el sitio web de la entidad).Implementar protocolos de seguridad y sistemas antifraude para proteger los datos de los usuarios.Cumplir con obligaciones tributarias, destinando un porcentaje de sus ingresos al sistema de salud colombiano.Promover el juego responsable, por medio de herramientas para controlar los límites de apuesta o el tiempo de juego.Riesgos de apostar en plataformas ilegalesAunque las casas de apuestas no autorizadas suelen atraer con bonos o cuotas más altas, hay que considerar que los riesgos son bastantes:Pérdida del dinero depositado o de los premios ganados.Robo de datos personales o bancarios, pues no cuentan con sistemas de protección.Falta de respaldo legal ante cualquier reclamo o fraude.Multas o sanciones para quienes participen en juegos no regulados en el país.Contribución indirecta a actividades ilícitas, como lavado de activos.Beneficios de apostar en una casa autorizadaEstos son algunos de los beneficios que las personas pueden tener al momento de apostar en los juegos de azar:Seguridad en las transacciones: las plataformas legales cuentan con sistemas de encriptación que blindan la información personal y financiera.Pagos garantizados: los usuarios reciben sus premios conforme a los términos establecidos, sin riesgo de fraude.Aporte a la salud pública: según Coljuegos, una parte de cada apuesta legal se destina al financiamiento de hospitales y programas de atención médica.Juego responsable: los operadores deben promover prácticas seguras y ofrecer asistencia a quienes lo necesiten.Atención al cliente todos los días y durante 24 horas: las casas legales disponen de canales oficiales para resolver dudas o reclamos.Como ya se mencionó, el sector de apuestas en línea tiene un crecimiento y aporte muy grande, pero la seguridad del jugador depende de la plataforma que elija. Apostar en una casa de azar legal no solo garantiza confianza y pagos seguros, sino que también se apoya la salud pública del país.Plataformas como BetPlay cuentan con sistemas de encriptación que protegen la información personal y financiera del usuario. Los operadores legales tienen la obligación de promover prácticas responsables, evitando que el usuario desarrolle adicciones. Además, a modo de ejemplo, BetPlay tiene una sección de juego responsable para sus usuarios en https://betplay.com.co/juego-responsable.
El presidente de Coljuegos, Marco Hincapié, explicó en entrevista con Mañanas Blu las razones por las que la plataforma Polymarket, que ofrece apuestas sobre resultados electorales, no puede operar legalmente en Colombia. Según indicó, cualquier empresa que pretenda ofrecer este tipo de servicios debe registrarse y contar con la autorización del regulador estatal, algo que no sucede en este caso.“Solamente nosotros como generadores de la política nacional, las normas constitucionales entregaron el monopolio de los juegos de suerte y azar al Estado. Todos los recursos que se generan por estos juegos van para la salud subsidiada de los colombianos. Y el operador principal, el regulador, es Coljuegos”, señaló Hincapié.El funcionario agregó que la ley establece que las apuestas por internet, incluyendo las deportivas y de cualquier tipo, deben estar autorizadas por Coljuegos y pagar las rentas correspondientes por la explotación de estos juegos. En ese sentido, Polymarket no tiene ningún permiso vigente y por eso su operación en el país se considera ilegal.¿Podrían habilitarse apuestas políticas en Colombia?Ante la pregunta de si en el futuro podrían permitirse las apuestas sobre elecciones en Colombia, Hincapié respondió: “Si hay una autorización de Coljuegos en ese sentido, sí podrían hacerlo, pero no le existe. Y en este momento, digamos que esa empresa es ilegal en cuanto que las rentas del monopolio no están llegando a Coljuegos ni a la salud de los colombianos”.El presidente de Coljuegos aclaró que actualmente no hay una regulación específica para apuestas políticas. La normatividad vigente cubre de manera general los juegos en línea y las apuestas deportivas, que son las que más recursos transfieren al sistema de salud.Uno de los puntos que surgió en la conversación fue la posibilidad de manipular las apuestas en línea para inflar artificialmente a ciertos candidatos y crear la sensación de que tienen más opciones de ganar. Sobre esto, Hincapié reconoció que se trata de un riesgo real: “Habría de pronto gente interesada en inflar unos para desinflar otros. Un efecto puede ser político y también un efecto económico”.El presidente de Coljuegos explicó que la entidad también tiene la función de investigar estos casos, pero insistió en que al no tratarse de una plataforma autorizada, no es posible ejercer control en tiempo real sobre sus operaciones.Durante la entrevista también se mencionó que Polymarket opera con criptomonedas. Frente a esto, Hincapié indicó que no tiene confirmación oficial sobre ese detalle, aunque recordó que en Colombia ese tipo de activos digitales no están regulados: “Las criptomonedas no han sido reguladas en el país”.De acuerdo con un comunicado de Coljuegos citado en la conversación, aunque la plataforma se promociona como un sitio de predicciones de eventos futuros, en la práctica cumple con los elementos legales que definen a los juegos de suerte y azar: riesgo patrimonial, expectativa de premio y resultado dependiente de un evento incierto.Bloqueo de sitios ilegalesHincapié recordó que Coljuegos está facultado por la ley para ordenar el bloqueo de sitios de apuestas ilegales en Colombia. “Hemos bloqueado 19.000 sitios de apuestas en línea, de apuestas deportivas, de operadores que en otros países son legales y son muy fuertes, pero que en Colombia no lo son”, aseguró.El presidente de la entidad explicó que, aunque en muchos casos se trata de operadores reconocidos internacionalmente, la ausencia de autorización en Colombia significa que no aportan recursos al sistema de salud y afectan el patrimonio público.Finalmente, ante la hipótesis de que Polymarket solicitara registrarse para operar en Colombia, Hincapié respondió que la solicitud sería estudiada dentro de los requisitos y regulaciones vigentes, y eventualmente también con el Consejo Nacional Electoral.
Coljuegos anunció que solicitó a los proveedores de servicios de internet en Colombia el bloqueo de Polymarket, una plataforma digital que ofrecía apuestas y predicciones sobre eventos electorales utilizando criptomonedas.La entidad explicó que este tipo de actividades no están autorizadas en el país, ya que las apuestas relacionadas con procesos políticos y electorales se consideran una modalidad ilegal de juegos de suerte y azar.“Queremos contarle a los colombianos que este sitio web es ilegal y que no cuenta con los permisos requeridos para operar juegos por internet en Colombia. Por ello, hemos solicitado que el sitio sea bloqueado y hemos abierto una indagación a los responsables de incurrir en esta actividad ilícita”, señaló Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.Aunque Polymarket se promociona como una plataforma de “predicción de eventos futuros”, Coljuegos advirtió que reúne todos los elementos jurídicos que configuran un juego de azar: riesgo patrimonial, expectativa de premio y resultado sujeto a un hecho incierto.“Le recordamos a la ciudadanía que la explotación de los juegos de suerte y azar es un monopolio rentístico del Estado, y que para operar cualquier tipo de apuestas se requiere una autorización por parte de Coljuegos”, agregó Hincapié.La autoridad reguladora indicó que, hasta la fecha, ha tramitado el bloqueo de 28.100 páginas web ilegales, y prevé solicitar cerca de 3.000 bloqueos adicionales en los próximos meses.En cuanto a la importancia del sector legal, Coljuegos precisó que en lo corrido del año las operaciones autorizadas han generado $256.746 millones en aportes para la salud subsidiada y alrededor de $783.000 millones por concepto de IVA.“Nuestro propósito es defender la industria legal que, este año, ya ha aportado $256.746 millones para la salud subsidiada, y cerca de $783.000 millones por concepto de IVA”, puntualizó el presidente de la entidad.Actualmente, en Colombia solo 14 operadores cuentan con permiso oficial para juegos de azar en línea: Rushbet, Stake, BingoCasinos, Betano, Betplay, Wplay, Sportium, Codere, Luckia, Rivalo, YaJuego, Bwin, Zamba y Betsson.
La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, Fecoljuegos, solicitó formalmente a Coljuegos el bloqueo inmediato de la plataforma internacional Polymarket.com, que ofrece apuestas en línea sobre los resultados de las elecciones.“Plataformas como Polymarket se autodenominan mercados de predicción y permiten apostar sobre elecciones presidenciales y legislativas sin controles de acceso, verificación de edad ni medidas de juego responsable. Esto no solo configura una operación ilegal, sino que representa un riesgo directo para la democracia al abrir la puerta a la manipulación de tendencias de opinión, la compra de encuestas y la desinformación en procesos electorales”, señaló Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos.La petición del gremio ya está en manos del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié. El gremio advirtió que este tipo de plataformas vulnera de manera grave el marco legal colombiano, ya que la Ley 643 de 2001 establece que únicamente están permitidas modalidades como casino, ruleta, bingo, póker y apuestas sobre eventos deportivos reales.“Las apuestas de carácter político no están contempladas en la regulación vigente y, por tanto, su operación constituye un delito sancionable con medidas administrativas, procesos legales e incluso sanciones penales”, advirtió el gremio.La Federación también alertó que estas plataformas operan con dinero digital como Bitcoin, medios de pago que no están autorizados en Colombia para juegos de suerte y azar. Esto incrementa los riesgos en materia de trazabilidad, lavado de activos y protección del consumidor, debilitando los principios de transparencia y legalidad que caracterizan al sector formal.“Desde Fecoljuegos solicitamos a Coljuegos y a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas para frenar esta actividad ilegal, proteger a los consumidores y garantizar la transparencia del sistema democrático. El juego legal en Colombia se desarrolla bajo estricta supervisión estatal, aporta directamente al sistema de salud y garantiza entornos seguros para los usuarios. No podemos permitir que plataformas sin control vulneren la confianza ciudadana ni desvíen recursos que deben beneficiar al país”, concluyó Montero Cárdenas.
Autoridades en Antioquia siguen aumentando controles contra actividades ilegales como rifas y apuestas que no cuentan con los respectivos avales de autoridades territoriales y que dejan millonarios fraudes a las rentas públicas.En medio de una de las intervenciones más recientes, la Policía logró la captura de cuatro personas en el municipio de Turbo que estaban utilizando megáfonos para promocionar este tipo de sorteos.Se trata de una mujer de 30 años y un hombre de 35 años, ambos colombianos, así como dos hombres extranjeros de 31 y 27 años de edad, que tenían en su poder un total de 800 boletas sin los respectivos soportes que acreditan la legalidad de las actividades que llevaban a cabo. Así lo expuso "El operativo se desarrolló en vía pública y en el barrio Gaitán, donde la Patrulla de Vigilancia y Uniformado de la Seccional de Investigación Criminal sorprendieron a cuatro ciudadanos cuando utilizaban megáfonos para promocionar boletas de azar sin autorización", reportó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía en Urabá.Los capturados y el material incautado, que al parecer correspondería a tres sorteos diferentes, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de ejercicio ilícito de monopolio rentístico.Las autoridades reiteraron que participar de este tipo de actividades afecta recursos destinados a temas como la salud y la inversión social por parte de entidades territoriales. Aseguraron que estos sorteos se tratan tareas reservadas exclusivamente a entidades autorizadas como la Sociedad de Capital Público Departamental de Antioquia, para el caso del departamento, y Coljuegos.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Barichara, Santander, Milton Edilson Chaparro Jiménez, por presuntas irregularidades en el suministro de agua para consumo humano durante 2024, cuando el municipio afrontaba problemas de desabastecimiento.Según informó el Ministerio Público, la investigación busca establecer si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente denominada La Chorrera, ubicada en el predio Lote 4 de la vereda Santa Helena, de propiedad de un particular, después de que se declarara la calamidad pública por la falta de agua potable en el municipio.La Procuraduría también indaga si, para ese momento, sobre la fuente hídrica existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que habría sido desconocida al permitir el uso del recurso.Otro de los aspectos que busca esclarecer el organismo de control es si la extracción de agua se autorizó sin contar con la concesión, el permiso o la autorización ambiental exigida por la autoridad competente.Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del alcalde como grave, a título de culpa grave.La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario con el que se busca determinar si el mandatario incurrió en alguna irregularidad en el manejo del recurso hídrico.
Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali y hermano del fallecido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para formalizar su disposición de colaborar con el Estado en la identificación y recuperación de bienes que estarían relacionados con estructuras patrimoniales irregulares del extinto grupo criminal.En el documento, Herrera explicó que su intención es aportar información sobre activos, sociedades y estructuras económicas que han sido objeto de investigaciones durante décadas. La primera etapa de la colaboración, según lo expuesto en la comunicación, comprende información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y otros países.“La finalidad de esta autorización es permitir que la Presidencia de la República tenga conocimiento institucional de esta decisión y pueda, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañar las iniciativas estatales que correspondan respecto de la recuperación, destinación social y eventual utilización de los bienes que lleguen legítimamente a favor del Estado”, señaló Herrera en la carta.El exintegrante del Cartel de Cali manifestó que su decisión busca contribuir a los esfuerzos institucionales relacionados con la recuperación de activos y la superación de las consecuencias asociadas a la violencia. En ese sentido, afirmó: “Esta determinación corresponde a mi voluntad de contribuir, en este momento histórico del país, a un proceso de reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.En otro apartado, Herrera sostuvo que pretende que los bienes relacionados con esas estructuras patrimoniales queden bajo conocimiento y control de las autoridades competentes. “El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, expresó.La carta también expone su intención de contribuir al esclarecimiento de la historia de los activos vinculados al denominado ‘Clan Herrera’. “Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, afirmó.La comunicación dirigida al presidente se suma a la declaración que Ramiro Herrera presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en la que formalizó su voluntad de entregar información para avanzar en los procesos de extinción de dominio. En ese documento, aseguró que comparecía para adelantar una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”.Herrera precisó que la información comprende bienes en Colombia y en el exterior, documentación histórica y original, sociedades, inversiones y personas naturales y jurídicas. También señaló que su intención es que los datos puedan ser contrastados con los expedientes y registros disponibles.“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación, confrontándola con los expedientes, registros públicos y privados, documentos originales y demás elementos materiales probatorios legalmente disponibles”, indicó.La colaboración anunciada se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros al servicio de ‘Pacho Herrera’. Las medidas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.De acuerdo con la investigación, durante años se habrían utilizado personas y empresas de diferentes sectores económicos para ocultar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.La carta de Ramiro Herrera plantea una colaboración que abarca información sobre bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el propio exintegrante del Cartel de Cali dejó claro que la decisión sobre cada activo corresponde a las autoridades: “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo y si existe fundamento para adelantar o culminar procesos de extinción de dominio”.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 14 de octubre de 2026:La Profe Mónica, profesora y creadora de contenido educativo con más de 2 millones de seguidores.En Tutoriales Radiales pasó el periodista, escritor y conferencista Germán Díaz Sossa.Escuche el programa completo acá:
El número de vehículos sin SOAT vigente en Colombia se duplicó en los últimos diez años. Entre 2016 y septiembre de 2026, el país pasó de tener 5,3 millones de vehículos sin este seguro obligatorio a 10,7 millones, mientras el parque automotor creció de 13 millones a 22,6 millones de unidades, de acuerdo con un análisis de la empresa de inteligencia de negocios Intempo.El estudio, elaborado a partir de los registros históricos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), encontró que la tasa de evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) aumentó del 40,6 % en 2016 al 47,3 % en 2026. Además, el indicador se ha mantenido entre el 47 % y el 49 % durante los últimos seis años, según el informe.Uno de los datos más relevantes es la participación de las motocicletas en esta problemática. Aunque representan el 64 % del parque automotor colombiano, concentran el 78 % de los vehículos sin SOAT vigente, equivalentes a 8,3 millones de unidades. Intempo también señala que una motocicleta tiene el doble de probabilidad de estar en mora con este seguro que un automóvil particular.Millones de vehículos no tienen SOAT ni técnico-mecánicaLa falta del seguro obligatorio coincide, en numerosos casos, con el incumplimiento de otro requisito: la revisión técnico-mecánica (RTM). De los 18,8 millones de vehículos que, según el estudio, ya están obligados a contar con ambos documentos, 9,8 millones, equivalentes al 52,4 %, no tienen ninguno de los dos al día.En el otro extremo, 8 millones de vehículos, el 42,6 %, mantienen vigentes tanto el SOAT como la revisión técnico-mecánica. Otros 936.000, cerca del 5 %, cuentan solamente con uno de los dos requisitos.El análisis también identificó 1,4 millones de vehículos registrados que nunca han tenido SOAT ni han realizado la revisión técnico-mecánica. Esta cifra corresponde a unidades que figuran en los registros, pero que no han acreditado el cumplimiento de ninguna de las dos obligaciones.Para Santiago Caballero, gerente general de Intempo, estos datos muestran que la pérdida de continuidad en el seguro puede estar relacionada con el abandono de otros trámites obligatorios.“Los datos demuestran que cuando un propietario deja vencer el seguro, al poco tiempo abandona también la revisión”, explicó Caballero. El directivo agregó que las campañas centradas en recordar un trámite a la vez no alcanzan a responder a la dimensión del problema.La primera revisión técnico-mecánica, un momento claveEl estudio identifica la llegada de la primera revisión técnico-mecánica como un punto crítico para la continuidad del SOAT. Durante los primeros años de vida de un vehículo, el 89 % de los propietarios renueva el seguro de manera consistente. Sin embargo, cuando llega la edad legal para realizar la primera RTM, la cobertura cae al 46 %.De los 4,3 millones de vehículos que nunca han acudido a un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), 2,7 millones, equivalentes al 63 %, sí tuvieron SOAT alguna vez mientras eran nuevos.La tendencia también plantea un desafío para los próximos años. Según Intempo, hay 3,9 millones de vehículos jóvenes próximos a cumplir la edad para su primera revisión técnico-mecánica. Este grupo supera en un millón de unidades al registrado en 2024 y representa un segmento que el sector deberá observar para evitar un mayor incumplimiento.Conductores tardan 52 días en renovar el SOATEl informe encontró otro comportamiento entre quienes sí vuelven a comprar el seguro obligatorio: en promedio, pasan 52 días entre el vencimiento de la póliza y su renovación.Este dato refleja que tener SOAT en distintos momentos del año no significa necesariamente mantener una cobertura continua. El periodo señalado corresponde al promedio calculado por el estudio y no constituye un plazo de gracia para circular sin seguro vigente.La diferencia entre tipos de servicio también resulta significativa. En el transporte público, la evasión del SOAT se ubica en el 23,6 %, frente al 47,8 % del servicio particular. Intempo relaciona esta brecha con la existencia de controles empresariales, tarjetas de operación y mecanismos de supervisión de las flotas.
La Fiscalía General de la Nación programó una nueva citación para que la exconsejera presidencial Eva Ferrer rinda declaración jurada, de manera virtual, el próximo miércoles 21 de octubre, en el marco de la indagación por los audios filtrados que relacionarían a la ex primera dama Verónica Alcocer con presuntos hechos de tráfico de influencias y corrupción.La diligencia se realizará mientras la defensa de Ferrer avanza en la coordinación con el ente investigador para entregar información que, según anunció, también será remitida al Departamento de Estado de Estados Unidos. La abogada María Soledad Morales está a cargo de estos acercamientos y de las gestiones relacionadas con la entrega de las pruebas, imágenes y demás datos que tiene previsto aportar su representada a las autoridades americanas.Un día antes de conocerse esta nueva citación, la defensa informó que había acordado con la fiscal delegada contra la corrupción una metodología para la entrega de evidencias. También confirmó que Ferrer permanece fuera del país después de recibir amenazas, situación por la que solicitó un estudio de riesgo y un esquema de seguridad para ella y sus padres. Hasta el momento, no se ha precisado una fecha para su regreso a Colombia.En paralelo, continúa pendiente la respuesta de la Fiscalía a la ex primera dama Verónica Alcocer, quien radicó un derecho de petición para reiterar su disposición a colaborar con las autoridades y solicitar que se investiguen los señalamientos en su contra. En ese trámite, Alcocer aclaró que sus viajes a Venezuela se limitaron a dos desplazamientos oficiales: el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023.Las afirmaciones que han circulado a partir de los audios también han provocado pronunciamientos de personas mencionadas en las controversias. Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, calificó las acusaciones como injuriosas y calumniosas. Por su parte, el catalán Manel Grau y la capitana de la Policía Kelly Lozano rechazaron los señalamientos y anunciaron acciones legales, incluidas demandas civiles.
