Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia y más de 5.700 galones de gasolina fueron incautados durante dos operativos adelantados por la Policía de Santander en la vía que comunica a La Fortuna con Bucaramanga.El primer procedimiento se realizó en la vereda La Putana, en el sector del Puente La Paz, donde los uniformados interceptaron dos camiones que transportaban cerca de 3.600 galones de gasolina, cuyo valor comercial se estima en $60 millones.Horas después, en la misma vía, en jurisdicción de Girón, fue detenido otro camión de servicio público. Durante la inspección, los policías encontraron ocho ecotanques plásticos que contenían 2.113 galones de combustible. Los ocupantes no presentaron documentos que demostraran su procedencia legal.En total, fueron 5.713 galones de gasolina incautados y tres camiones inmovilizados. Los cuatro capturados deberán responder inicialmente por el delito de receptación.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, aseguró “que estos controles buscan afectar las estructuras que se lucran del hurto y el comercio ilegal de hidrocarburos”.La Policía señaló además que algunos de los capturados tienen antecedentes judiciales por delitos como receptación, falsedad personal, violencia intrafamiliar y lesiones personales.Los detenidos, los vehículos y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Barrancabermeja, que determinará de dónde provenía la gasolina y si estaría relacionada con alguna estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos.Las autoridades anunciaron que mantendrán los controles en los principales corredores viales del departamento para combatir el contrabando y el hurto de combustible.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó una ofensiva de la Fuerza Pública contra el hurto de crudo y combustibles, tras advertir que cada mes estarían siendo robados cerca de 123.700 barriles de productos refinados como gasolina, diésel y nafta producidos o importados por Ecopetrol.El robo se concentraría principalmente en los departamentos del Cesar y Magdalena, a través de un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, explicó el mandatario. De mantenerse el ritmo, las pérdidas superarían los 1,5 millones de barriles al año y 500.000 millones de pesos para Ecopetrol y la Nación.De La Espriella calificó la situación como “absolutamente alarmante” y exigió una “respuesta inmediata y contundente del Estado”. Para ello, ordenó al Ministerio de Defensa, general en retiro Jorge Mora, a las Fuerzas Militares y la Policía, coordinar una operación con Ecopetrol, la Fiscalía y otras autoridades.“No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa; y, especialmente, determinar qué cantidad termina en las estructuras del narcotráfico y quiénes son sus destinatarios”.También solicitó inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio de vehículos, predios, depósitos y otros bienes utilizados por las organizaciones criminales.Combustible robado para fabricar cocaínaEl presidente alertó que los combustibles robados también podrían estar siendo utilizados para el procesamiento de cocaína. Delincuentes estarían empleando las llamadas “caravanas de la muerte”, con hasta 600 vehículos, para transportar y escoltar el combustible, en algunos casos con destino al Catatumbo. “Cada barril robado es patrimonio de los colombianos”, afirmó De La Espriella, quien advirtió que, si estos productos están llegando a los complejos de producción de cocaína, el país estaría enfrentando una cadena que conecta el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas.En el mensaje también se pone el ojo no solo en los departamentos mencionados, al resaltar que el apoderamiento ilegal de crudo se daría en distintas regiones, particularmente en el Oleoducto Trasandino (OTA) y en el Caño Limón-Coveñas, en el Catatumbo.
Los riesgos de abastecimiento ante un nuevo fenómeno de El Niño, el aumento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y las afectaciones por hechos de orden público en la infraestructura energética son los principales retos que enfrenta Colombia, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). El gremio presentó su informe económico sobre combustibles líquidos y advirtió que el país debe anticiparse a estos escenarios para garantizar la seguridad energética y evitar impactos en la generación eléctrica y en la economía.Uno de los puntos centrales del análisis está relacionado con el papel del diésel durante eventos climáticos extremos. La ACP explicó que este combustible sirve como respaldo para la generación térmica cuando disminuye la disponibilidad de energía hidráulica. Durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, su participación estuvo entre el 2 % y el 6 % de la generación eléctrica, pero ante un escenario similar al de 2016, considerado “muy fuerte”, podría llegar cerca del 9 %.Ante esa posibilidad, el gremio señaló que Colombia necesitaría aumentar en cerca de 30 % la oferta disponible de diésel frente a la demanda actual. Por esta razón, la ACP pidió planificar con anticipación las importaciones y fortalecer la logística de internación para evitar riesgos de suministro durante periodos críticos.Otro de los focos de preocupación está en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Según la ACP, el aumento de los precios internacionales volvió a generar presiones durante el primer semestre de 2026, luego de la reducción registrada en 2025. En ese periodo, el país asumió subsidios aproximados de $1.500 por galón de gasolina y $8.000 por galón de diésel.De mantenerse las actuales condiciones, el déficit acumulado del FEPC podría acercarse a los $6 billones al cierre de 2026. Frente a este panorama, la asociación insistió en la necesidad de contar con reglas claras, previsibles y técnicamente eficientes que permitan reducir distorsiones, proteger las finanzas públicas y darle estabilidad al mercado de combustibles.En materia de seguridad de la cadena, la ACP alertó sobre las afectaciones generadas por hechos de orden público durante 2025. El gremio reportó más de 580 atentados contra oleoductos, principalmente en el sistema Caño Limón-Coveñas, además de más de 490 válvulas ilícitas en poliductos y 837 bloqueos que afectaron la operación del sector.La asociación explicó que estas situaciones pusieron en riesgo cerca de 33 millones de galones de combustibles y generaron afectaciones económicas superiores a $2,4 billones. También advirtió que el robo de combustible mediante conexiones ilegales obliga a aumentar importaciones, genera pérdidas para Ecopetrol, reduce ingresos tributarios y puede afectar el funcionamiento de los vehículos por el uso de productos adulterados.A pesar de estos desafíos, la ACP destacó el impacto económico de los combustibles líquidos. Durante 2025, el sector representó cerca del 1,5 % del PIB, realizó inversiones por $3,1 billones y generó 248.000 empleos, de los cuales 64.000 fueron directos y 184.000 indirectos. Para 2026, el gremio espera inversiones cercanas a $3,3 billones y estima aportes fiscales por aproximadamente $10 billones.Finalmente, la ACP señaló que la demanda de combustibles líquidos crecerá en promedio 1,6 % anual entre 2026 y 2031, impulsada por el transporte, la carga, la aviación y la generación térmica. Ante este escenario, propuso fortalecer puertos, poliductos, almacenamiento y sistemas de importación, además de crear almacenamientos estratégicos, proteger infraestructura crítica y mejorar la coordinación operativa para garantizar la seguridad energética del país.
En un comunicado, la Asociación de Puertos del Atlántico dio a conocer su preocupación por el plan de continuidad de combustibles líquidos derivados del petróleo que presentó el Ministerio de Minas y Energía por las graves consecuencias que este pueda traer para la ciudad."La propuesta restringe injustificadamente el uso de infraestructura de almacenamiento, excluyendo instalaciones privadas plenamente operativas y construidas con recursos privados, tal como es el caso de la zona Portuaria de Barranquilla y su infraestructura portuaria existente para almacenamiento y distribución de combustibles”.Su director, Lucas Ariza, advirtió que en ese sentido se desaprovecha la posibilidad de que, desde Barranquilla, se distribuya combustible hacia el interior del país, a través del Río Magdalena y con las cadenas de abastecimiento que representan la navieras fluviales.Ariza agregó que esta resolución también es restrictiva de la competencia “porque saca de la cadena de almacenamiento y distribución a los actores privados que hoy funcionan y prestan un servicio al país en cuanto a distribución de combustibles”.En ese sentido, recalcó que, de expedirse la resolución del Ministerio de Minas, podría afectarse la “eficiencia logística, al elevar costos e incluso comprometer la seguridad energética del país, concentrando toda la cadena de importación de combustibles para el Plan de Continuidad en un solo actor, dejando por fuera a la zona Portuaria de Barranquilla de los almacenamientos estratégicos”.Desde Asoportuaria, también llamaron la atención sobre “la omisión en el trámite obligatorio de consulta previa ante la SIC, requisito esencial para cualquier regulación con impacto en la estructura del mercado”.El director gremial pidió al gobierno que, con las observaciones presentadas, se corrijan las disposiciones restrictivas y se garantice un proceso regulatorio técnico, transparente y ajustado a la ley.
Más de mil galones de combustible que eran transportados ilegalmente por el río Magdalena fueron incautados por tropas del Ejército en una operación realizada en Barrancabermeja contra las redes dedicadas al hurto y tráfico de hidrocarburos en el Magdalena Medio.La acción se desarrolló en el sector de La Colorada, donde soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, junto con unidades de la Armada Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, interceptaron una canoa que movilizaba aproximadamente 1.030 galones de diésel almacenados en barriles.De acuerdo con el coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, el combustible tendría como destino el municipio de Yondó, Antioquia, y presuntamente sería utilizado para fortalecer economías ilegales de grupos dedicados al robo de hidrocarburos en la región.El oficial explicó que este tipo de actividades ilícitas representan una importante fuente de financiación para estructuras criminales que delinquen en el Magdalena Medio y afectan tanto la seguridad como la economía de la región.Las autoridades señalaron que la embarcación fue detectada durante operaciones militares enfocadas en frenar el tráfico ilegal de combustibles, una problemática recurrente en corredores fluviales utilizados por organizaciones dedicadas al contrabando y al hurto de hidrocarburos.Con esta incautación, ya son más de 11 mil galones de combustible recuperados por tropas de la Quinta Brigada en lo corrido de 2026 en Santander y el nordeste antioqueño.Según el balance entregado por el Ejército, durante el primer semestre del año han sido incautados 7.060 galones de gasolina y 4.085 galones de ACPM, resultados con los que buscan debilitar las finanzas y la capacidad logística de estas estructuras ilegales.El Ejército Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con actividades delictivas a través de las líneas 107 contra el terrorismo y 147 contra la extorsión y el secuestro.
La autoridad aeronáutica de Ecuador anunció este viernes la restricción en la distribución del combustible Jet A1, usado por aviones con propulsión a turbinas, por escasez y retraso en la llegada de los cargamentos que deben reabastecer al país con esta materia.La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) detalló en un comunicado que del 21 al 28 de marzo se realizará el abastecimiento hasta el 50 % de la capacidad habitual, "para proteger el 'stock' disponible en el país, mientras se completa el proceso con la llegada de combustible que viene del exterior"."La DGAC invita a aerolíneas, operadores y pilotos a planificar sus operaciones con anticipación, evaluar sus requerimientos de combustibles y aplicar estrategias de 'tankering' (carga de combustible en aeropuertos de origen o alternos)".De esta forma, la autoridad aeronáutica apuntó que se podrá asegurar la continuidad de las operaciones aéreas de forma ordenada y segura, "dando prioridad a los vuelos de ambulancia aérea, vuelos de Estado y de emergencia".La clausura del estrecho de Ormuz, producto de la guerra en Oriente Medio, también ha causado escasez de combustible en otros países de Europa y Asia.
El Ejército intensificó las operaciones contra el robo de hidrocarburos en la región, especialmente en el área del poliducto Colorados – Galán, donde en el último año se han recuperado más de 130.000 galones de combustible.El reporte fue entregado por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Gerson Molina, quien explicó que estas acciones se realizan de manera coordinada con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOES).De acuerdo con el oficial, en lo que va corrido de este año ya se han recuperado cerca de 30.000 galones de combustible, mientras que solo en la última semana fueron incautados más de 3.500 galones en operativos realizados en zonas limítrofes entre Santander y el sur del Cesar.Durante estos procedimientos también fueron capturadas seis personas señaladas de participar en esta actividad ilícita, en operaciones adelantadas por tropas del Batallón Ricaurte.“Estamos desarrollando operaciones coordinadas con el GOES Hidrocarburos para atacar la economía ilícita relacionada con el robo de combustible. En nuestra área de operaciones del poliducto Colorados – Galán el año pasado recuperamos más de 130.000 galones, y en lo corrido de este año llevamos cerca de 30.000”, señaló el coronel Molina.Según explicó el comandante de la Quinta Brigada, el combustible hurtado es utilizado por grupos armados organizados, entre ellos estructuras del Clan del Golfo, con dos propósitos principales: “el procesamiento de clorhidrato de cocaína y la comercialización ilegal al menudeo, lo que representa una importante fuente de financiamiento para estas organizaciones criminales”.El Ejército indicó que las operaciones continuarán en esta zona del nororiente del país para frenar el robo de hidrocarburos.
La empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, informó que, debido a una perforación ilícita perpetrada por terceros desconocidos, fue necesario activar el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) por pérdida de contención en el Poliducto Galán – Sebastopol, a la altura de la vereda Tenerife, zona rural del municipio de Barrancabermeja.Al conocer la emergencia, Cenit informó sobre la situación al Consejo Municipal Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja y de inmediato iniciaron las labores para superar la emergencia.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales. Los profesionales son acompañados por uniformados de la Policía Nacional, quienes adelantan operaciones para garantizar la seguridad en la zona.Cenit hizo un llamado a la comunidad de esta zona para que “se abstenga de acercarse al lugar del incidente, encender fuego o utilizar cocinas artesanales, hasta tanto culminen las labores de evaluación, atención y reparación a las que haya a lugar”.Cabe recordar que a finales del año pasado se presentó una emergencia en el municipio de Puente Nacional, específicamente en el sector Alto Semisa, donde se produjo un incendio de diésel, que desencadenó en un incendio forestal. En ese momento la empresa confirmó que la razón de esa situación fue válvulas ilegales instaladas en la línea, además de unos recipientes ilegales usados para el almacenamiento del hidrocarburo hurtado,A través de un comunicado, Cenit y Ecopetrol rechazaron estas acciones ilícitas e hicieron un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país.
Desde el 22 de diciembre, más de 12 mil habitantes de Mitú, en el departamento del Vaupés, sufren por la falta de combustible, lo que ha generado cortes de energía y pérdidas en el comercio de hasta 10 millones de pesos por negocio.Es el caso de Sebastián García, propietario de un restaurante, quien se ha visto afectado por el cierre de su negocio. “Desde que estamos en esta contingencia hemos tenido que cerrar siete días. Cuando hay cortes de energía se pierde la cadena de frío y los alimentos se nos han dañado, pero el arriendo y el pago de los empleados sí tenemos que seguir haciéndolos… Entre 8 y 10 millones de pesos son mis pérdidas”, aseguró.La situación obedece a que la sequía en el río Vaupés ha complicado el traslado de combustible hacia esta zona del país, generando intermitencia en el servicio de energía, que por ahora solo se presta cada tres horas.Josué David Matajira, gerente de la Central de Energía Eléctrica del Vaupés, confirmó que el Ministerio de Minas y Energía dispuso aviones para transportar 27 mil galones de gasolina en aeronaves de la Fuerza Aérea, como medida de contingencia mientras se normaliza el traslado fluvial del combustible hacia este municipio, pero por mal tiempo los vuelos no han podido realizarse.“Se necesitan 4 mil galones diarios de gasolina para el suministro de energía en el municipio. Estamos a la espera de que puedan llegar esos 27 mil galones. Actualmente se hace un racionamiento cada tres horas: tres horas con energía y tres horas sin energía por circuito. Tenemos dos circuitos; mientras en uno hay energía, en el otro no, y se va haciendo rotación cada tres horas”, señaló el funcionario.Otro de los sectores afectados son las estaciones de servicio, donde hay enormes filas de conductores buscando algo de combustible para sus vehículos y motocicletas. Además, están sin agua, porque las plantas que bombean el líquido funcionan con energía.Actualmente, el municipio tiene racionamiento de energía cada tres horas y la comunidad pide con prontitud una solución definitiva a esta situación.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispuso una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para realizar el traslado de combustible desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, hacia los municipios de Puerto Inírida, en Guainía, y Mitú, en Vaupés.De acuerdo con la institución, la tripulación del C-130 ha efectuado dos vuelos humanitarios, uno a cada municipio, transportando más de 6.000 galones de combustible mediante el sistema Batt Bulk Aviation Transport Tank (BATT), diseñado para operaciones logísticas en zonas de difícil acceso.La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en los próximos días continuarán los vuelos hacia Mitú y Puerto Inírida, con el objetivo de mantener el suministro y mitigar la emergencia que afecta a estas poblaciones del suroriente del país."Son dos regiones alejadas que hemos apoyado con apoyo del Ministerio de Minas. Suelen abastecerse vía fluvia y por sequía en este momento no es posible. La FAC apoyó haciéndolo de manera aérea, en un equipo con capacidad de carga de hasta 20 toneladas. En una especie de vejigas se ingresa el combustible y en nuestro destino lo desabastecemos en carrotanques para ser suministrado a la población que lo necesita", señaló el Mayor Víctor Gonzálezm, Piloto C-130 Hércules de CATAM.Esta operación aérea se desarrolla a solicitud y en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Minas y Energía, como respuesta a la crítica situación de desabastecimiento de combustible que enfrentan ambos municipios.Según se explicó, la emergencia se origina por el bajo caudal de los ríos, consecuencia del intenso verano, y por el mal estado de las vías terrestres, factores que han impedido el suministro regular de combustible en la región.El desabastecimiento ha generado riesgos para el funcionamiento de otros servicios públicos esenciales, lo que motivó la activación de este puente aéreo como medida prioritaria para proteger a la población.La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró que continuará empleando sus capacidades distintivas para cumplir la misión de asistir a la población en cada rincón del país, evitando afectaciones mayores y garantizando el bienestar de las comunidades más vulnerables.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
