La compleja situación humanitaria que atraviesan al menos tres municipios en zonas limítrofes entre el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar ha generado recientes solicitudes para poner fin al bloqueo económico anunciado por parte del Clan del Golfo hace casi un mes.Para analizar la situación derivada de las restricciones impuestas por el grupo armado para el ingreso de combustibles a veredas de Segovia, Remedios y Santa Rosa del Sur se llevó a cabo un encuentro entre representantes de organizaciones sociales y mandatarios de estas tres localidades afectadas.Una de las principales solicitudes planteadas por las comunidades radica en que el acompañamiento a vehículos que transportan estos recursos no se haga a través de la fuerza pública como lo ha planteado la institucionalidad, sino a través de organismos humanitarios, inclusive internacionales.Jonathan Osorio, defensor de derechos humanos y de la organización Cahucopana, advirtió sobre posibles represalias del grupo ilegal para la población civil ante la llegada de la Policía o el Ejército. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo o la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia aparecen como algunas alternativas."Establecer contacto con mecanismos internacionales como la ONU, la MAPP OEA, el CICR, todo lo que tiene que ver con la comunidad internacional, con el acompañamiento también de la defensoría del pueblo y otros mecanismos humanitarios del Estado para que en la medida del tiempo podamos organizar unas caravanas humanitarias", detalló.Osorio insistió en que las acciones deben ser inmediatas ante las graves afectaciones para el comercio y derechos básicos en la región con unos nueve mil habitantes donde persiste la disputa por corredores estratégicos para la movilidad."Ya hay desabastecimiento de víveres, abarrotes, desescolarizaciones. Hay personas que ya no han podido trabajar, porque ya no pueden encender sus máquinas. Una crisis económica también hay con comerciantes y también con los vecinos que trabajan la minería, la pequeña minería ancestral", explicó.Tras las solicitud planteada y acogida por las administraciones locales, en los próximos días continuará la gestión con las entidades que acompañarían las caravanas para definir aspectos logísticos como fechas y rutas.
Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia y más de 5.700 galones de gasolina fueron incautados durante dos operativos adelantados por la Policía de Santander en la vía que comunica a La Fortuna con Bucaramanga.El primer procedimiento se realizó en la vereda La Putana, en el sector del Puente La Paz, donde los uniformados interceptaron dos camiones que transportaban cerca de 3.600 galones de gasolina, cuyo valor comercial se estima en $60 millones.Horas después, en la misma vía, en jurisdicción de Girón, fue detenido otro camión de servicio público. Durante la inspección, los policías encontraron ocho ecotanques plásticos que contenían 2.113 galones de combustible. Los ocupantes no presentaron documentos que demostraran su procedencia legal.En total, fueron 5.713 galones de gasolina incautados y tres camiones inmovilizados. Los cuatro capturados deberán responder inicialmente por el delito de receptación.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, aseguró “que estos controles buscan afectar las estructuras que se lucran del hurto y el comercio ilegal de hidrocarburos”.La Policía señaló además que algunos de los capturados tienen antecedentes judiciales por delitos como receptación, falsedad personal, violencia intrafamiliar y lesiones personales.Los detenidos, los vehículos y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Barrancabermeja, que determinará de dónde provenía la gasolina y si estaría relacionada con alguna estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos.Las autoridades anunciaron que mantendrán los controles en los principales corredores viales del departamento para combatir el contrabando y el hurto de combustible.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó una ofensiva de la Fuerza Pública contra el hurto de crudo y combustibles, tras advertir que cada mes estarían siendo robados cerca de 123.700 barriles de productos refinados como gasolina, diésel y nafta producidos o importados por Ecopetrol.El robo se concentraría principalmente en los departamentos del Cesar y Magdalena, a través de un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, explicó el mandatario. De mantenerse el ritmo, las pérdidas superarían los 1,5 millones de barriles al año y 500.000 millones de pesos para Ecopetrol y la Nación.De La Espriella calificó la situación como “absolutamente alarmante” y exigió una “respuesta inmediata y contundente del Estado”. Para ello, ordenó al Ministerio de Defensa, general en retiro Jorge Mora, a las Fuerzas Militares y la Policía, coordinar una operación con Ecopetrol, la Fiscalía y otras autoridades.“No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa; y, especialmente, determinar qué cantidad termina en las estructuras del narcotráfico y quiénes son sus destinatarios”.También solicitó inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio de vehículos, predios, depósitos y otros bienes utilizados por las organizaciones criminales.Combustible robado para fabricar cocaínaEl presidente alertó que los combustibles robados también podrían estar siendo utilizados para el procesamiento de cocaína. Delincuentes estarían empleando las llamadas “caravanas de la muerte”, con hasta 600 vehículos, para transportar y escoltar el combustible, en algunos casos con destino al Catatumbo. “Cada barril robado es patrimonio de los colombianos”, afirmó De La Espriella, quien advirtió que, si estos productos están llegando a los complejos de producción de cocaína, el país estaría enfrentando una cadena que conecta el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas.En el mensaje también se pone el ojo no solo en los departamentos mencionados, al resaltar que el apoderamiento ilegal de crudo se daría en distintas regiones, particularmente en el Oleoducto Trasandino (OTA) y en el Caño Limón-Coveñas, en el Catatumbo.
Los riesgos de abastecimiento ante un nuevo fenómeno de El Niño, el aumento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y las afectaciones por hechos de orden público en la infraestructura energética son los principales retos que enfrenta Colombia, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). El gremio presentó su informe económico sobre combustibles líquidos y advirtió que el país debe anticiparse a estos escenarios para garantizar la seguridad energética y evitar impactos en la generación eléctrica y en la economía.Uno de los puntos centrales del análisis está relacionado con el papel del diésel durante eventos climáticos extremos. La ACP explicó que este combustible sirve como respaldo para la generación térmica cuando disminuye la disponibilidad de energía hidráulica. Durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, su participación estuvo entre el 2 % y el 6 % de la generación eléctrica, pero ante un escenario similar al de 2016, considerado “muy fuerte”, podría llegar cerca del 9 %.Ante esa posibilidad, el gremio señaló que Colombia necesitaría aumentar en cerca de 30 % la oferta disponible de diésel frente a la demanda actual. Por esta razón, la ACP pidió planificar con anticipación las importaciones y fortalecer la logística de internación para evitar riesgos de suministro durante periodos críticos.Otro de los focos de preocupación está en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Según la ACP, el aumento de los precios internacionales volvió a generar presiones durante el primer semestre de 2026, luego de la reducción registrada en 2025. En ese periodo, el país asumió subsidios aproximados de $1.500 por galón de gasolina y $8.000 por galón de diésel.De mantenerse las actuales condiciones, el déficit acumulado del FEPC podría acercarse a los $6 billones al cierre de 2026. Frente a este panorama, la asociación insistió en la necesidad de contar con reglas claras, previsibles y técnicamente eficientes que permitan reducir distorsiones, proteger las finanzas públicas y darle estabilidad al mercado de combustibles.En materia de seguridad de la cadena, la ACP alertó sobre las afectaciones generadas por hechos de orden público durante 2025. El gremio reportó más de 580 atentados contra oleoductos, principalmente en el sistema Caño Limón-Coveñas, además de más de 490 válvulas ilícitas en poliductos y 837 bloqueos que afectaron la operación del sector.La asociación explicó que estas situaciones pusieron en riesgo cerca de 33 millones de galones de combustibles y generaron afectaciones económicas superiores a $2,4 billones. También advirtió que el robo de combustible mediante conexiones ilegales obliga a aumentar importaciones, genera pérdidas para Ecopetrol, reduce ingresos tributarios y puede afectar el funcionamiento de los vehículos por el uso de productos adulterados.A pesar de estos desafíos, la ACP destacó el impacto económico de los combustibles líquidos. Durante 2025, el sector representó cerca del 1,5 % del PIB, realizó inversiones por $3,1 billones y generó 248.000 empleos, de los cuales 64.000 fueron directos y 184.000 indirectos. Para 2026, el gremio espera inversiones cercanas a $3,3 billones y estima aportes fiscales por aproximadamente $10 billones.Finalmente, la ACP señaló que la demanda de combustibles líquidos crecerá en promedio 1,6 % anual entre 2026 y 2031, impulsada por el transporte, la carga, la aviación y la generación térmica. Ante este escenario, propuso fortalecer puertos, poliductos, almacenamiento y sistemas de importación, además de crear almacenamientos estratégicos, proteger infraestructura crítica y mejorar la coordinación operativa para garantizar la seguridad energética del país.
En un comunicado, la Asociación de Puertos del Atlántico dio a conocer su preocupación por el plan de continuidad de combustibles líquidos derivados del petróleo que presentó el Ministerio de Minas y Energía por las graves consecuencias que este pueda traer para la ciudad."La propuesta restringe injustificadamente el uso de infraestructura de almacenamiento, excluyendo instalaciones privadas plenamente operativas y construidas con recursos privados, tal como es el caso de la zona Portuaria de Barranquilla y su infraestructura portuaria existente para almacenamiento y distribución de combustibles”.Su director, Lucas Ariza, advirtió que en ese sentido se desaprovecha la posibilidad de que, desde Barranquilla, se distribuya combustible hacia el interior del país, a través del Río Magdalena y con las cadenas de abastecimiento que representan la navieras fluviales.Ariza agregó que esta resolución también es restrictiva de la competencia “porque saca de la cadena de almacenamiento y distribución a los actores privados que hoy funcionan y prestan un servicio al país en cuanto a distribución de combustibles”.En ese sentido, recalcó que, de expedirse la resolución del Ministerio de Minas, podría afectarse la “eficiencia logística, al elevar costos e incluso comprometer la seguridad energética del país, concentrando toda la cadena de importación de combustibles para el Plan de Continuidad en un solo actor, dejando por fuera a la zona Portuaria de Barranquilla de los almacenamientos estratégicos”.Desde Asoportuaria, también llamaron la atención sobre “la omisión en el trámite obligatorio de consulta previa ante la SIC, requisito esencial para cualquier regulación con impacto en la estructura del mercado”.El director gremial pidió al gobierno que, con las observaciones presentadas, se corrijan las disposiciones restrictivas y se garantice un proceso regulatorio técnico, transparente y ajustado a la ley.
Más de mil galones de combustible que eran transportados ilegalmente por el río Magdalena fueron incautados por tropas del Ejército en una operación realizada en Barrancabermeja contra las redes dedicadas al hurto y tráfico de hidrocarburos en el Magdalena Medio.La acción se desarrolló en el sector de La Colorada, donde soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, junto con unidades de la Armada Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, interceptaron una canoa que movilizaba aproximadamente 1.030 galones de diésel almacenados en barriles.De acuerdo con el coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, el combustible tendría como destino el municipio de Yondó, Antioquia, y presuntamente sería utilizado para fortalecer economías ilegales de grupos dedicados al robo de hidrocarburos en la región.El oficial explicó que este tipo de actividades ilícitas representan una importante fuente de financiación para estructuras criminales que delinquen en el Magdalena Medio y afectan tanto la seguridad como la economía de la región.Las autoridades señalaron que la embarcación fue detectada durante operaciones militares enfocadas en frenar el tráfico ilegal de combustibles, una problemática recurrente en corredores fluviales utilizados por organizaciones dedicadas al contrabando y al hurto de hidrocarburos.Con esta incautación, ya son más de 11 mil galones de combustible recuperados por tropas de la Quinta Brigada en lo corrido de 2026 en Santander y el nordeste antioqueño.Según el balance entregado por el Ejército, durante el primer semestre del año han sido incautados 7.060 galones de gasolina y 4.085 galones de ACPM, resultados con los que buscan debilitar las finanzas y la capacidad logística de estas estructuras ilegales.El Ejército Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con actividades delictivas a través de las líneas 107 contra el terrorismo y 147 contra la extorsión y el secuestro.
La autoridad aeronáutica de Ecuador anunció este viernes la restricción en la distribución del combustible Jet A1, usado por aviones con propulsión a turbinas, por escasez y retraso en la llegada de los cargamentos que deben reabastecer al país con esta materia.La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) detalló en un comunicado que del 21 al 28 de marzo se realizará el abastecimiento hasta el 50 % de la capacidad habitual, "para proteger el 'stock' disponible en el país, mientras se completa el proceso con la llegada de combustible que viene del exterior"."La DGAC invita a aerolíneas, operadores y pilotos a planificar sus operaciones con anticipación, evaluar sus requerimientos de combustibles y aplicar estrategias de 'tankering' (carga de combustible en aeropuertos de origen o alternos)".De esta forma, la autoridad aeronáutica apuntó que se podrá asegurar la continuidad de las operaciones aéreas de forma ordenada y segura, "dando prioridad a los vuelos de ambulancia aérea, vuelos de Estado y de emergencia".La clausura del estrecho de Ormuz, producto de la guerra en Oriente Medio, también ha causado escasez de combustible en otros países de Europa y Asia.
El Ejército intensificó las operaciones contra el robo de hidrocarburos en la región, especialmente en el área del poliducto Colorados – Galán, donde en el último año se han recuperado más de 130.000 galones de combustible.El reporte fue entregado por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Gerson Molina, quien explicó que estas acciones se realizan de manera coordinada con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOES).De acuerdo con el oficial, en lo que va corrido de este año ya se han recuperado cerca de 30.000 galones de combustible, mientras que solo en la última semana fueron incautados más de 3.500 galones en operativos realizados en zonas limítrofes entre Santander y el sur del Cesar.Durante estos procedimientos también fueron capturadas seis personas señaladas de participar en esta actividad ilícita, en operaciones adelantadas por tropas del Batallón Ricaurte.“Estamos desarrollando operaciones coordinadas con el GOES Hidrocarburos para atacar la economía ilícita relacionada con el robo de combustible. En nuestra área de operaciones del poliducto Colorados – Galán el año pasado recuperamos más de 130.000 galones, y en lo corrido de este año llevamos cerca de 30.000”, señaló el coronel Molina.Según explicó el comandante de la Quinta Brigada, el combustible hurtado es utilizado por grupos armados organizados, entre ellos estructuras del Clan del Golfo, con dos propósitos principales: “el procesamiento de clorhidrato de cocaína y la comercialización ilegal al menudeo, lo que representa una importante fuente de financiamiento para estas organizaciones criminales”.El Ejército indicó que las operaciones continuarán en esta zona del nororiente del país para frenar el robo de hidrocarburos.
La empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, informó que, debido a una perforación ilícita perpetrada por terceros desconocidos, fue necesario activar el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) por pérdida de contención en el Poliducto Galán – Sebastopol, a la altura de la vereda Tenerife, zona rural del municipio de Barrancabermeja.Al conocer la emergencia, Cenit informó sobre la situación al Consejo Municipal Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja y de inmediato iniciaron las labores para superar la emergencia.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales. Los profesionales son acompañados por uniformados de la Policía Nacional, quienes adelantan operaciones para garantizar la seguridad en la zona.Cenit hizo un llamado a la comunidad de esta zona para que “se abstenga de acercarse al lugar del incidente, encender fuego o utilizar cocinas artesanales, hasta tanto culminen las labores de evaluación, atención y reparación a las que haya a lugar”.Cabe recordar que a finales del año pasado se presentó una emergencia en el municipio de Puente Nacional, específicamente en el sector Alto Semisa, donde se produjo un incendio de diésel, que desencadenó en un incendio forestal. En ese momento la empresa confirmó que la razón de esa situación fue válvulas ilegales instaladas en la línea, además de unos recipientes ilegales usados para el almacenamiento del hidrocarburo hurtado,A través de un comunicado, Cenit y Ecopetrol rechazaron estas acciones ilícitas e hicieron un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país.
Desde el 22 de diciembre, más de 12 mil habitantes de Mitú, en el departamento del Vaupés, sufren por la falta de combustible, lo que ha generado cortes de energía y pérdidas en el comercio de hasta 10 millones de pesos por negocio.Es el caso de Sebastián García, propietario de un restaurante, quien se ha visto afectado por el cierre de su negocio. “Desde que estamos en esta contingencia hemos tenido que cerrar siete días. Cuando hay cortes de energía se pierde la cadena de frío y los alimentos se nos han dañado, pero el arriendo y el pago de los empleados sí tenemos que seguir haciéndolos… Entre 8 y 10 millones de pesos son mis pérdidas”, aseguró.La situación obedece a que la sequía en el río Vaupés ha complicado el traslado de combustible hacia esta zona del país, generando intermitencia en el servicio de energía, que por ahora solo se presta cada tres horas.Josué David Matajira, gerente de la Central de Energía Eléctrica del Vaupés, confirmó que el Ministerio de Minas y Energía dispuso aviones para transportar 27 mil galones de gasolina en aeronaves de la Fuerza Aérea, como medida de contingencia mientras se normaliza el traslado fluvial del combustible hacia este municipio, pero por mal tiempo los vuelos no han podido realizarse.“Se necesitan 4 mil galones diarios de gasolina para el suministro de energía en el municipio. Estamos a la espera de que puedan llegar esos 27 mil galones. Actualmente se hace un racionamiento cada tres horas: tres horas con energía y tres horas sin energía por circuito. Tenemos dos circuitos; mientras en uno hay energía, en el otro no, y se va haciendo rotación cada tres horas”, señaló el funcionario.Otro de los sectores afectados son las estaciones de servicio, donde hay enormes filas de conductores buscando algo de combustible para sus vehículos y motocicletas. Además, están sin agua, porque las plantas que bombean el líquido funcionan con energía.Actualmente, el municipio tiene racionamiento de energía cada tres horas y la comunidad pide con prontitud una solución definitiva a esta situación.
Las personas con diabetes tipo 2 podrían reducir hasta en un 53 % el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves si reciben un tratamiento que controle varios factores de riesgo y no solamente los niveles de azúcar en la sangre.Así lo evidencian los resultados de estudios sobre el abordaje integral de esta enfermedad, que también han identificado una reducción cercana al 65 % en la progresión del daño renal cuando se interviene de manera simultánea sobre diferentes condiciones de salud.La recomendación cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según la Federación Internacional de Diabetes, cerca del 90 % de las personas diagnosticadas con diabetes tienen el tipo 2, una enfermedad que aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones en los riñones.Uno de los principales problemas es que estas afectaciones pueden avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes. Por eso, una persona puede sentirse bien y, al mismo tiempo, tener alteraciones en su presión arterial, colesterol o función renal que todavía no han sido identificadas.El estudio Steno-2 también encontró beneficios de este enfoque. En su seguimiento a largo plazo, los pacientes que recibieron una intervención intensiva sobre varios factores de riesgo tuvieron una supervivencia mediana cercana a ocho años mayor frente a quienes recibieron un tratamiento convencional.Esto significa que el manejo de la diabetes no debería limitarse a medir la glucosa. También requiere revisar periódicamente la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, el peso corporal y el funcionamiento de los riñones.En el marco del Mes de la Diabetes, Giovanni Colucci, líder de Asuntos Médicos en Servier, planteó cinco preguntas que los pacientes pueden llevar a sus consultas médicas para ampliar el seguimiento de la enfermedad: cómo está su riesgo cardiovascular, cómo están funcionando sus riñones, qué indicadores deben vigilar además de la glucosa, si están identificando a tiempo posibles complicaciones y qué cambios en sus hábitos pueden ayudar a proteger su salud a futuro.Dentro de estas revisiones también se encuentran los controles de la visión, la sensibilidad en los pies y el funcionamiento de los nervios, debido a que la diabetes puede afectar diferentes partes del organismo.La recomendación es que los pacientes mantengan controles periódicos y conversen con sus médicos sobre la alimentación, la actividad física y el cumplimiento de los tratamientos, con el propósito de identificar riesgos antes de que se conviertan en complicaciones.
La emergencia por las fuertes lluvias mantiene en dificultades a las comunidades rurales de Simacota, Santander. El colapso total de la banca en una vía de la vereda San Pascual dejó sin vía terciaria este sector del municipio.La situación no es aislada. De acuerdo con Diana Jiménez Gutiérrez, secretaria de Gobierno de Simacota, las afectaciones en la movilidad se extienden a siete veredas de la región, lo que tiene en declibe la economía de diferentes campesinos que vienen sorteando trayectos en pésimas condiciones.Considerando que el municipio es el tercero más grande de Santander, la situación es lamentable y se busca el apoyo del Gobierno Departamental para revisar y actuar de manera oportuna en los puntos donde se registran fallas geológicas.Uno de los puntos más afectados es la vereda El Guamo, donde cerca de 200 familias tienen dificultades para transportar y comercializar sus productos, por lo que varios agricultores ya adviertes de pérdidas económicas a falta de vías.En San Pascual, el desplome de la banca dejó interrumpido el tránsito y complicó las actividades cotidianas de los habitantes, especialmente el transporte de la producción agrícola y el desplazamiento de los estudiantes.La secretaria de Gobierno explicó que la Administración Municipal ha intentado atender las emergencias con recursos propios y maquinaria; sin embargo, la intensidad y continuidad de las precipitaciones superaron la capacidad de respuesta del municipio.Ante la magnitud de los daños, durante un comité extraordinario de gestión del riesgo fue declarada la calamidad pública, con el propósito de fortalecer la atención de las emergencias y avanzar en las acciones necesarias para recuperar la movilidad en las zonas rurales.Mientras tanto, las comunidades esperan una intervención urgente de las autoridades departamentales y los organismos competentes para recuperar el paso y evitar que las afectaciones a las vías sigan golpeando la economía y las condiciones de vida de las familias campesinas.Las lluvias también han provocado emergencias en otros municipios de Santander, donde las autoridades mantienen el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal.
El país aspira reglamentar por primera vez el manejo de abejas nativas sin aguijón. La iniciativa busca establecer reglas para quienes desarrollan esta actividad ancestral, facilitar el aprovechamiento sostenible de productos como la miel, el polen y el cerumen, y fortalecer la protección de estas especies, fundamentales para la polinización y la conservación de los bosques.El proyecto contempla un procedimiento único y gratuito para registrar los meliponarios, obtener el permiso de funcionamiento e identificar cada colonia mediante un número único. Además, establece la obligación de llevar un libro de manejo que permita hacer seguimiento a las poblaciones y a las condiciones en las que se desarrolla la actividad.El trámite podrá realizarse ante las autoridades ambientales de cada territorio y estará disponible tanto para quienes ya ejercen la meliponicultura como para las personas interesadas en comenzar.Según el Ministerio de Ambiente, esta reglamentación también busca evitar prácticas que ponen en riesgo las colonias, como la tala de árboles para extraerlas, su traslado a lugares donde no sobreviven y el uso de agroquímicos cerca de las colmenas.En Colombia se ha documentado la existencia de cerca de 166 especies de abejas nativas sin aguijón. Además, se reportan al menos 175 meliponarios activos en 23 departamentos, con 4.823 colonias y 44 especies bajo manejo.Estas abejas cumplen una función esencial en los ecosistemas, pues contribuyen a la reproducción de numerosas especies vegetales. De acuerdo con cifras citadas de la FAO y la plataforma IPBES, cerca del 75 % de los cultivos alimentarios y el 90 % de las plantas silvestres con flor dependen, en alguna medida, de la polinización.Con esta propuesta, el Gobierno busca establecer condiciones para desarrollar esta actividad, generar alternativas económicas para las comunidades y proteger la biodiversidad. El proyecto de resolución se encuentra en etapa de comentarios antes de avanzar en su reglamentación definitiva.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron nuevos daños en la vía que comunica al corregimiento de Nuevo Antioquia con el casco urbano de Turbo, en Urabá. La emergencia dejó tres puntos críticos en la carretera, uno de ellos con pérdida total de la banca, lo que mantiene incomunicadas a varias comunidades rurales.Según denunció el concejal de Turbo, Dairo Vargas, en diálogo con Blu Radio, la afectación más grave se presenta en el sector conocido como La Arenera, donde el terreno cedió y dejó un barranco que impide el tránsito normal de vehículos. Aunque maquinaria trabaja en el lugar para habilitar un paso provisional, las condiciones de movilidad siguen siendo difíciles: en uno de los tramos solamente pueden pasar motocicletas y en otro no hay paso ni siquiera para estos vehículos.El concejal estimó que entre 15.000 y 20.000 personas de las veredas de las partes alta y baja podrían estar afectadas por esta situación. Además de las dificultades para movilizarse, la emergencia compromete el transporte de productos agrícolas y las actividades ganaderas de esta zona rural."En estos momentos pues hay una máquina interviniendo, pero paso provisional pues como para para que las comunidades no queden pues como tan aisladas de del sector urbano y puedan sacar sus productos,.Hay muchos cultivos agrícolas para para este sector, pues va hasta no más hasta allá, también va la ganadería. Incluso a la misma comunidad nos ha tocado desde ayer con algunos enfermos también pasarlos por ahí, arriesgando la vida tanto del enfermo como la de las demás personas tratando de pasarlos por ahí por un por un barranco", detalló. La situación también representa un riesgo para la atención de emergencias. Vargas relató que habitantes tuvieron que trasladar a personas enfermas por un barranco, exponiendo tanto a los pacientes como a quienes los ayudaban, ante la falta de condiciones para transitar. Señaló que esta es la segunda vez que se registra una afectación de estas características en el sector de La Arenera y pidió intervención de la Alcaldía de Turbo y del Instituto Nacional de Vías, Invías, entidad a cargo de esta carretera.Aunque existe una ruta alterna por San José de la Antioquia, el concejal advirtió que tampoco ofrece garantías de movilidad durante las lluvias. Por eso, insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional desembolse los recursos para un proyecto de pavimentación de esta vía, que, según indicó, quedó aprobado desde la administración anterior.
A 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una tragedia que aún tiene muchas incógnitas sin resolver, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) rindió homenaje a Fanny González Franco, la primera mujer en ocupar una magistratura titular de la Corte Suprema de Justicia y una de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.Durante el encuentro conmemorativo, realizado el pasado viernes 6 de noviembre, la entidad entregó a la familia de la magistrada una placa con las palabras que, según sus allegados, pronunció desde su despacho mientras el edificio permanecía tomado por integrantes de la guerrilla del M-19.El reconocimiento fue entregado por D'Mar Córdoba Salamanca, director general del CNMH, a María Jozame González, sobrina nieta de la magistrada, quien ha trabajado en los últimos años por mantener viva su memoria.¿Quién fue Fanny González Franco, la primera magistrada de la Corte Suprema?Nacida en el departamento de Caldas, Fanny González Franco fue una de las mujeres que abrió camino en la justicia colombiana, en una época en la que los principales cargos judiciales estaban ocupados mayoritariamente por hombres.Fue la primera mujer graduada en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y desarrolló parte de su carrera como jueza en Manizales. En 1984 llegó a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una magistratura titular en el alto tribunal.Su trayectoria se vio interrumpida el 6 de noviembre de 1985, cuando integrantes del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Durante la toma y posterior retoma militar, la magistrada perdió la vida junto a otros funcionarios judiciales y personas que se encontraban dentro del edificio.Las últimas palabras de Fanny González que su familia busca preservarUno de los momentos centrales del homenaje fue la entrega de una placa que reproduce las palabras que, de acuerdo con el relato de su familia, la magistrada le transmitió por teléfono a su hermano Otoniel.La conversación habría ocurrido hacia las 4:36 de la tarde del 6 de noviembre de 1985, cuando González Franco permanecía en su despacho."Por voluntad de Dios y autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia. No a llorar ni a pedir clemencia", señala uno de los apartados de su mensaje.Las palabras terminan con una frase que sus familiares han conservado como símbolo de su carácter y compromiso con la justicia."Muero, pero no me doblego".El director del CNMH anunció que la entidad espera llevar una copia de la placa a la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que el mensaje también permanezca en las salas de la corporación.Familia de la magistrada habló sobre la responsabilidad del M-19Durante la conmemoración, María Jozame González también se refirió a las circunstancias de la muerte de su tía abuela y sostuvo que su familia siempre ha atribuido la responsabilidad al M-19."Nosotros nunca pensamos que el Ejército fuera responsable", afirmó durante el encuentro.La familiar cuestionó algunas de las interpretaciones que se han hecho sobre la toma del Palacio de Justicia y pidió que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido durante aquellos días.Para María Jozame González, el homenaje también representa una oportunidad de recordar el papel que desempeñó su tía abuela en la historia judicial del país y la importancia de su trayectoria para las mujeres que posteriormente llegaron a estos cargos."Que sus palabras y su legado sean un mensaje para los jóvenes y para las mujeres, sobre todo", expresó al finalizar el encuentro.
