El Ministerio del Interior informó la instalación de un espacio de diálogo institucional con voceros del Congreso de los Pueblos y organizaciones comunitarias, tras la ocupación del Centro de Protección y Recuperación de Fauna Silvestre Granja UARY, ubicado en Yopal, Casanare, la cual se registra desde el 17 de abril de 2026.El escenario de concertación tiene como objetivo atender las problemáticas sociales y comunitarias expuestas por las organizaciones, al tiempo que busca garantizar la protección de la fauna silvestre que permanece bajo cuidado especializado en el centro, cuya operación se ha visto afectada por la ocupación.El Gobierno también rechazó los señalamientos que lo acusan de permitir el accionar de grupos paramilitares y la afectación a la población civil en la región. La fuerza pública en el departamento de Casanare continuarán desarrollándose en el marco de la Constitución y la ley.La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) lanzó un llamado urgente ante la ocupación del Hogar de Paso de Fauna Silvestre, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta la vida de cientos de animales en proceso de rehabilitación.Según la entidad, este espacio representa mucho más que un predio, ya que está dedicado a la protección de la fauna silvestre de la región de la Orinoquía. Allí, un equipo conformado por médicos veterinarios, biólogos, técnicos y cuidadores trabaja de manera continua en la recuperación de especies afectadas por tráfico ilegal, accidentes y atropellamientos, muchas de ellas en estado crítico y en peligro de extinción.La ocupación de hecho que se mantiene en el lugar ha generado serias dificultades para el desarrollo de las actividades misionales. De acuerdo con Corporinoquia, esta situación ha afectado la continuidad de protocolos clínicos fundamentales, incrementando la vulnerabilidad de los animales, cuyos procesos requieren atención permanente y especializada.Aunque se ha permitido de manera excepcional el ingreso temporal de personal para atender casos urgentes, la corporación advirtió que esta medida no garantiza la protección integral de las especies.Asimismo, la entidad solicitó que, mientras se concreta la terminación de la ocupación, se autorice el acceso permanente, 24 horas al día, de al menos diez profesionales y funcionarios, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos de recuperación.Desde Corporinoquia muestran disposición al diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones, pero el Hogar de Paso cumple una función de interés público superior, orientada a la protección del patrimonio natural y la preservación de especies vulnerables.La corporación solicitó el acompañamiento de autoridades como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para garantizar condiciones que permitan salvaguardar la vida silvestre, el bienestar animal y la continuidad de la atención médico-veterinaria.
El Gobierno Nacional lanzó el plan maestro de la Orinoquía con el fin de realizar una planificación integral del desarrollo del Comercio en materia agrícola de infraestructura con el fin de generar empleo en la región. Según el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, este plan de desarrollo prevé inversiones para esta región entre 2015 y 2018 por 48.5 billones de pesos. "En dicho plan se prevén inversiones por 22,4 billones de pesos para infraestructura estratégica, 19.2 billones de pesos para la movilidad social, 4,6 billones de pesos para la transformación del campo, 1,7 billones de pesos que se destinarán a seguridad y justicia para la paz y el resto de los recursos para el crecimiento verde y buen Gobierno". Este plan maestro incluye intervención de los Llanos orientales colombianos principalmente en los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés, en donde se van a elaborar modelos de desarrollo que incluyan recursos para ordenamiento territorial, recursos hídricos, infraestructura, logística y gobernanza. "La región tiene 15.1 millones de hectáreas con potencial agrícola, ganadero y forestal. La Orinoquía podría convertirse en un potencial agrícola en los cultivos de plátano, cacao, soya, palma de aceite, arroz y maíz", agregó Gaviria.
Para la Contraloría General de la República la situación se evidencia en cuatro contratos de Consultaría, tres adelantados en el año 2013 y uno en el 2014. Se determinaron nueve hallazgos con presunto alcance fiscal por 2590 millones de pesos, 36 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y 11 hallazgos con presunta incidencia penal. Profesionales que supuestamente prestaron servicios de consultoría, contratados por Corporinoquia, certificaron a la Contraloría que no participaron en estas labores y que nunca recibieron los pagos que aparecen a su nombre.
La Contraloría General de la República denunció presuntas irregularidades por 2.590 millones de pesos en la contratación efectuada por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia). Según el organismo de control se detectaron consultores fantasma, pues se evidenció la "celebración de contratos de consultoría con Consorcios y Uniones Temporales por valor de 1.852 millones de pesos, en los cuales dentro de la propuesta y ejecución se relacionaban profesionales con calidades especiales, que supuestamente les prestaban sus servicios". Además, la Contraloría calificó como desfavorable la gestión de Corporinoquia y consideró que no ha ejercido un control y seguimiento adecuado en los otorgamientos de permisos, licencias y concesiones ambientales. "No hace cumplir las medidas de compensación que impone y no inicia los procesos sancionatorios en forma oportuna", agrega el informe de la Contraloría.
A propósito, Jeimar Tapasco, director del Centro Internacional de Agricultura Tropical, dijo en BLU Verde que este plan es una iniciativa que va de la mano con la el acuerdo que se tomó en la cumbre de París. “Este plan va a cubrir el 35 por ciento de la meta y lo importante es que va a entender cómo son las dinámicas sociales y ambientales del territorio. Agregó que la idea es adaptarse a los retos del cambio climático y que para ello es necesario trabajar de la mano con las comunidades. Por su parte, Martha Plazas, directora de Corporinoquía, resaltó que es necesario crear conciencia de que cada uno puede contribuir con esta enorme tarea.
El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, aprobado en segundo debate en el Concejo de Medellín, establecerá en qué sectores de la ciudad se permitirá desarrollar viviendas turísticas y ofrecer apartamentos en plataformas como Airbnb. La regulación busca ordenar esta actividad, reducir los conflictos de convivencia en unidades residenciales y establecer condiciones claras para propietarios y empresarios del sector turístico.Así lo explicó Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, durante una entrevista en Meridiano Blu, de Blu Radio, en la que detalló los alcances de las nuevas disposiciones. Según el concejal, la normativa no busca acabar con los alquileres de corta estancia, sino delimitar los sectores donde podrán funcionar."Este Plan de Ordenamiento Territorial no prohíbe la vivienda turística, sino que la regula y establece unas reglas claras para su desarrollo en nuestra ciudad", aseguró De Bedout. El funcionario señaló que la falta de regulación ha generado dificultades en unidades residenciales tradicionales, especialmente por el ruido, el ingreso y la salida constante de visitantes y los problemas de convivencia.¿En qué barrios de Medellín se permitirá la vivienda turística?El nuevo POT establece que los alojamientos turísticos no podrán funcionar indiscriminadamente en cualquier sector de Medellín. Su operación estará condicionada a los polígonos y las zonas de la ciudad que tengan usos del suelo compatibles con esta actividad.Entre los sectores mencionados por el presidente del Concejo están El Poblado, Laureles y Belén. Sin embargo, aclaró que no todos los inmuebles ubicados en estos barrios podrán destinarse a alquileres turísticos, pues deberán cumplir las condiciones de mixtura establecidas en la normativa.En el caso de El Poblado, De Bedout mencionó específicamente los barrios Manila y Astorga, además del Parque Lleras, como sectores que cuentan con zonas de media o alta mixtura. Estas condiciones permitirían el desarrollo de viviendas turísticas en las áreas que quedaron habilitadas por el POT.Airbnb en Medellín: ¿qué apartamentos podrán ofrecerse como vivienda turística?Las nuevas disposiciones también tendrán incidencia en los propietarios que ofrecen sus apartamentos mediante plataformas digitales como Airbnb y otros servicios de alquiler de corta estancia. Para determinar si pueden continuar con esta actividad, deberán revisar el uso del suelo asignado al inmueble.De Bedout explicó que la clasificación de mixtura será determinante para establecer dónde se permite prestar el servicio de alojamiento turístico. En ese sentido, las zonas de baja mixtura tendrán restricciones, mientras que las de media y alta mixtura podrán admitir esta actividad, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes."Si es una baja mixtura, la normativa no permite desarrollar vivienda turística, porque se busca proteger los barrios tradicionales de Medellín. En cambio, si la vivienda está ubicada en una zona de media o alta mixtura, sí podría prestarse este servicio", explicó el presidente del Concejo.La regulación contempla tanto la construcción de nuevos proyectos destinados a vivienda turística como el aprovechamiento de apartamentos existentes para ofrecer alojamiento a visitantes. El propósito es concentrar esta actividad en sectores definidos y evitar que se extienda a zonas residenciales donde pueda afectar la tranquilidad de sus habitantes.POT de Medellín contempla cerca de 179.000 viviendas turísticasDe acuerdo con De Bedout, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial identifica zonas de media y alta mixtura en las que se podrían desarrollar cerca de 179.000 viviendas turísticas. La intención es que esta oferta crezca bajo criterios de organización y control, sin desconocer las dinámicas de los barrios tradicionales.El concejal sostuvo que la regulación también representa una oportunidad para los empresarios del ecosistema turístico y para los visitantes que llegan a Medellín. No obstante, insistió en que el crecimiento de esta actividad debe responder a las condiciones urbanísticas definidas para cada sector.Déficit de 40.000 viviendas: otro de los objetivos del nuevo POTMás allá de las disposiciones para Airbnb y los alojamientos turísticos, el presidente del Concejo destacó que uno de los principales objetivos del POT es impulsar nuevamente la construcción de vivienda familiar y tradicional en Medellín.Según las cifras entregadas por De Bedout, la ciudad enfrenta un déficit de aproximadamente 40.000 viviendas y completa 12 años sin una reactivación significativa de la construcción. Por eso, considera que las nuevas disposiciones urbanísticas permitirán dinamizar la oferta inmobiliaria.El funcionario sostuvo que aumentar la construcción de vivienda podría contribuir a moderar los precios de los arriendos y el costo de vida, mediante un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda."Este POT realmente le deja a Medellín una herramienta contundente para reactivar la construcción de vivienda familiar y tradicional", concluyó De Bedout durante la entrevista en Meridiano Blu, de Blu Radio.
Este jueves en Barranquilla, la directora de Sociedad de Activos especiales estuvo participando en una charla organizada por la ESAP donde destacan el papel de la mujer en el ámbito público.En este escenario, Diana Bravo contó que desde que llegó a su cargo el pasado 19 de agosto, ha recibido amenazas a través de mensajes anónimos e incluso con drones sobrevolando su casa, e intimidaciones a su familia.“Si a mí me preguntan, "¿Cómo te sientes en la SAE?, pues después de 4 anónimos, un dron a las 10:30 de la noche en el piso 32 al pie de mi ventana, llamadas extrañas a mis hijos, después de una acción en cada territorial, un pasquín, pues ríete de la vida y haz tu trabajo y céntrate, porque en la función pública van a haber muchos distractores que te hacen confundir”, expresó la funcionaria.La directora de la Sociedad de Activos Especiales aseguró que, pese a estos episodios, mantiene su compromiso con la transparencia y con la misión de la entidad.Agregó que la transparencia en la administración pública es una lucha diaria, porque más que lo que hace el funcionario, es poder dormir con la convicción de que no tienen rabo de paja.“Porque somos mujeres estar acá es un reto, pero para los hombres es un logro”, agregó.
La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría del Senado para obtener los contratos que tuvo Deicy Jiménez en el Legislativo. La diligencia fue ordenada por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala de Instrucción, en medio de la investigación por las denuncias sobre una presunta red de contratación pública a cambio de favores sexuales.Con esta inspección, la Corte busca establecer cuáles fueron las vinculaciones contractuales de Jiménez en el Congreso y verificar la información relacionada con los señalamientos que ha hecho contra el presidente Gustavo Petro y otras figuras políticas.Esto se da en medio de su denuncia, presentada hace un par de semanas, en la que sostuvo que el involucrado no solo era el expresidente, sino también que habría recibido beneficios laborales a través de una vinculación en la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces senadora María José Pizarro, a quien también mencionó en sus declaraciones.A la par, se espera que este jueves acuda a la Fiscalía, acompañada de su nueva abogada, para entregar voluntariamente su teléfono celular. La Sala dispuso que un funcionario de la Corte esté presente para realizar una copia espejo del dispositivo y trasladar la información a la investigación.Según su anterior abogado, Felipe Caballero, el teléfono contendría chats, videos y otros elementos que podrían respaldar el testimonio entregado por su defendida ante la Corte.Cabe recordar que hace una semana Jiménez declaró durante más de tres horas ante la Sala de Instrucción y aseguró que los presuntos ofrecimientos de contratos y beneficios laborales estarían relacionados con favores sexuales. También habló de supuestas recomendaciones de mujeres para ocupar cargos públicos y de comunicaciones que, según su versión, respaldarían sus señalamientos.Por su parte, Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, anunció dos denuncias ante la Fiscalía: una contra Jiménez y otra contra el director del Dapre.Ahora, la inspección en el Senado y la información que se obtenga del celular serán parte de los elementos que deberá examinar la Corte para contrastar las versiones y establecer si existieron las irregularidades denunciadas.
La industria de los hidrocarburos le está pidiendo al Gobierno nacional que pise el acelerador y permita el desarrollo de los yacimientos no convencionales sin pasar antes por pruebas piloto, con el fracking en Colombia como principal punto de la discusión."Si nos preguntas qué necesitamos, necesitamos urgentemente transformar ese sentido de urgencia. Los que estamos acá en esta industria tenemos para garantizar esa seguridad energética bajo el liderazgo de este Gobierno, que tiene la decisión firme de resolver los problemas. Necesitamos hacer el primer pozo el próximo año", dijo el country manager de Drummond, Alberto García.Drummond tiene actualmente tres contratos firmados con la ANH para el desarrollo del gas natural asociado a mantos de carbón, una operación que agregaría una nueva línea de actividad a la explotación de carbón que ya hace la compañía en el departamento del Cesar. Los contratos de Drummond Energy fueron suspendidos durante el gobierno anterior por cuenta de la decisión política de no desarrollar el fracking; sin embargo, nunca se liquidaron y podrían reactivarse si así lo deciden la compañía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.Aunque el Gobierno de Gustavo Petro intentó prohibir el fracking, el Congreso de la República nunca aprobó el proyecto de ley que lo proponía y hoy está vigente toda la regulación del Ministerio de Minas y Energía para este tipo de proyectos. El tema ya pasó por manos del Consejo de Estado y el tribunal concluyó que el marco regulatorio del país es suficiente para garantizar la protección ambiental. Por su parte, el Gobierno de De La Espriella ganó las elecciones con la promesa de reactivar la industria petrolera y con la expectativa de hacer fracking."La cantidad de inversiones de capital requeridas en el desarrollo de este tipo de yacimientos es una palanca de crecimiento económico que este país necesita. Creo que estamos convencidos en Drummond: el desarrollo de yacimientos no convencionales no es solo una avenida para volver a ganar seguridad energética, sino que es un camino real y disponible para la recuperación económica del país", agregó García.No se necesitan los pilotos: GeoParkEn apenas nueve meses, GeoPark pasó de haber firmado un contrato para la explotación de petróleo en la provincia de Neuquén (Argentina) a extraer petróleo y gas utilizando fracking. Así de rápido se pueden hacer las cosas, y la invitación de su presidente, Felipe Bayón, es aprovechar la coyuntura con un Gobierno que está dispuesto a hacer fracking y un país que tiene una de las regulaciones más exigentes del mundo."Yo estoy convencido de que no necesitamos hacer los pilotos. Podemos ir directamente a hacer el desarrollo comercial", dijo Bayón durante la cumbre de las petroleras en Cartagena.La visión de la ACPSegún el presidente de la ACP, Frank Pearl, hay contratos "absolutamente listos" para arrancar a los que solo les haría falta una "medida administrativa". Según Pearl, los inversionistas están esperando "el tablero completo" para tomar decisiones, lo que incluye garantías de que los procesos de licenciamiento ambiental y las consultas se harán de forma eficiente y transparente, y un régimen de inversiones "atractivo" frente a lo que hoy ofrecen Venezuela y Argentina a la industria.
El padre de la oficial, el coronel en retiro Bernardo Pantoja, rompió el silencio en Mañanas Blu, tras el secuestro y solicitó a los captores el respeto inmediato a la vida de su hija. Pantoja aclaró que la subteniente no había reportado amenazas previas y que se encontraba desempeñando las labores normales inherentes a su unidad militar."Es una niña de 25 años, apenas iniciando a vivir, a conocer y explorar este mundo... Lo que busca es que le respeten la vida, que no le pase nada y que terminemos con esta dolora y se haga todo lo posible para que regrese a nuestros hogares", manifestó conmovido el coronel (r) Pantoja. En medio de la incertidumbre, el padre de la oficial hizo un llamado vehemente al Gobierno nacional y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos: "Esperamos que no solamente el gobierno, sino todas las entidades, los derechos humanos, las ONG nos apoyen para buscar una respuesta inmediata, una liberación oportuna y que le respeten la vida a mi hija para poder ir al seno familiar".Respecto a las hipótesis sobre los móviles y la mecánica exacta del rapto, el oficial en retiro se mostró cauto para no interferir en las investigaciones de la fuerza pública. "Desconozco realmente cómo fueron los hechos reales, no quiero crear ninguna mala expectativa... Lo importante como padre es que respeten la vida de mi hija y que termine este calvario", señaló, añadiendo que se encuentran a la espera de un desenlace favorable: "aquí hay varias hipótesis y realmente estamos esperando no más que llegue y tengamos un feliz retorno al hogar". El operativo militar y el riesgo de traslado a VenezuelaPor su parte, el gobernador del departamento de Arauca, Renzo Martínez, confirmó que tras recibir la alerta de la comunidad de manera inmediata a la tarde del secuestro, la fuerza pública articuló un plan candado y un anillo de seguridad en torno a Saravena, un municipio de aproximadamente 40.000 habitantes. Martínez explicó que uno de los mayores desafíos tácticos radica en la proximidad con la frontera, ya que la zona urbana de Saravena se encuentra a escasos 15 o 20 minutos de la línea fronteriza con Venezuela a través del río Arauca. Por esta razón, la inteligencia militar contempla que los captores puedan intentar llevar a la subteniente hacia el vecino país."Se cierran todos los puntos, todas las vías de comunicación, las salidas y las entradas a la ciudad... De esa manera se garantiza que estos delincuentes no vayan a trasladar a nuestra oficial hacia el territorio venezolano", enfatizó el mandatario departamental, precisando que se mantiene desplegado un cerco de contención. Recompensa de 100 millones de pesos y señalamientos al ELNDurante el Consejo de Seguridad llevado a cabo en la región, la Gobernación de Arauca anunció oficialmente la entrega de una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información veraz que conduzca al rescate sana y salva de la subteniente María Camila Pantoja y a la captura de los autores del crimen.De acuerdo con los informes de inteligencia presentados en la zona, el secuestro es atribuido al Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura armada que tiene como máximo cabecilla a alias 'Pablito'. Las autoridades recordaron que este grupo mantiene también en cautiverio desde hace más de 18 meses a dos agentes del CTI de la Fiscalía, por lo que reiteraron la exigencia de frenar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y liberar incondicionalmente a todos los secuestrados. Escuche aquí la entrevista:
