La rápida reducción en los niveles del río Magdalena llevó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico a emitir una alerta para advertir a la comunidad en general sobre los posibles inconvenientes en la prestación del servicio de agua potable.La Corporación señaló que, entre las consecuencias, también podrían presentarse “un bajo o nulo intercambio de agua entre el río y las ciénagas, así como la posibilidad de mortalidad de peces en diversos cuerpos de agua, debido a las condiciones climáticas actuales”.En la más reciente medición, realizada este 1 de febrero en la estación San Pedrito, los niveles del río Magdalena se ubicaron en 3,44 metros en su paso por esta zona del sur del Atlántico, lo que evidencia una disminución de casi 50 centímetros solo en esta semana.Asimismo, se observa una reducción aún mayor en comparación con los primeros días del año 2025, cuando los niveles superaban los cinco metros.De mantenerse esta tendencia, la prestación del servicio de agua potable podría verse afectada. Por ello, la subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la CRA, Ayari Rojano, instó a las empresas de acueducto a tomar medidas para garantizar el suministro a los hogares.“Teniendo en cuenta que el río Magdalena también viene descendiendo drásticamente sus niveles, emitimos una alerta a las bocatomas de los municipios y a las bocatomas de los acueductos veredales. Tendrán que estar pendientes, pues el río se va a desconectar de los cuerpos de agua, por lo que debe haber una preparación para acceder a estas zonas de divagación del río y poder captar el agua para consumo humano”, mencionó a Blu Radio.Por otro lado, una situación similar se evidencia en la estación Calamar, en el norte de Bolívar, donde los niveles del río se ubicaron en 3,7 metros este 1 de febrero, frente a los 4,28 metros registrados a comienzos de esta semana.
Al conocerse la posesión de Nelly Mogollón como nueva directora ejecutiva de la CRA, en su hoja de vida quedó consignada la sanción a la que fue acreedora, junto a seis funcionarios más, por el esquema de basuras de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Cabe resaltar, que la multa impuesta fue por 97.654 millones de pesos.Entre tanto, el Tribunal Superior de Cundinamarca, para la fecha del 4 de junio del 2020, emitió la respuesta de la sentencia en segunda instancia, en la que se aceptó la apelación de la demandante en el mes de marzo del 2018, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Cabe resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso la sanción en el 2018 por el escándalo de recolección de basuras en el 2013 en la capital. Ante esto, la Contraloría señaló que la sanción se justificaba bajo la violación de libertad de competencia y concurrencia en la implementación del nuevo esquema de aseo para Bogotá.Dentro de las consideraciones tomadas por el Tribunal, se emitió la decisión de revocar la sentencia en primera instancia del 29 de marzo del 2018; declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 25036 de 21/04/2014 emanada del Superintendente de Industria y Comercio Ad hoc, mediante la sanción a Nely Mogollón Montañez, a pagar una multa de $160.160.000, equivalente a doscientos sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (260 SMMLV). En tercer lugar, se dio la orden de terminar el proceso de cobro de la sanción impuesta y la devolución del expediente al juzgado de origen.
En el norte de Bogotá, un numeroso grupo de recicladores realiza una protesta, que busca visibilizar sus demandas por condiciones laborales más dignas y justas, así como la modificación del decreto 596 de 2016, que, según ellos, perjudica gravemente su sector.Esta manifestación, organizada por la Asociación Nacional de Recicladores, está liderada por Yaneth Espinel, representante legal de la organización, quien en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, amplió las razones de la manifestación"Estamos demandando una modificación al decreto que nos reconoce como trabajadores, pero que también permite la intervención de entidades privadas y del gobierno, quienes parecen interesados en quedarse con nuestro negocio”, dijo Espinel en el programa.Asimismo, argumentó que este decreto impone sanciones y no ofrece las garantías adecuadas para el bienestar de los recicladores.“Estamos protestando para que por favor se nos modifique, se permita la modificación del decreto 596 del 2018, que nos reconoce como el trabajo a nosotros, pero y nos entra en un periodo de formalización, pero a la vez es muy amplio y permite que entes privados, inclusive el mismo Gobierno y otros actores que tienen intereses económicos por quedarse con el negocio, el reciclaje, nos quieran sacar”, indicó.La respuesta de la CRA a los recicladoresLa situación en la entrevista se agudizó cuando Ruth Quevedo, directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se negó a dialogar en público con los manifestantes.“Discúlpenme, pero este es un tema sumamente serio como para que yo me disponga en este momento para un diálogo sin las condiciones. Yo ya he solicitado acompañamiento de los diferentes ministerios de la Superintendencia de Servicios Públicos y ustedes en el derecho de registro, si no pues me parece poco serio que lo hagamos de esa manera”, dijo.* Blu Radio se permite actualizar la presente nota periodística, informando que la señora Yaneth Espinel se retractó de las afirmaciones que realizó en contra de la señora Ruth Maritza Quevedo.>>> Vea también: Recicladores a Petro y Francia Márquez: “Hicimos campaña por ellos y ahora no nos reciben"