El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela en contra el Acuducto Metropolitano de Bucaramanga y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por el incremento de las tarifas del servicio de acueducto que comenzará a reflejarse en los recibos de los usuarios en los próximos meses.La acción judicial cuestiona la legalidad y proporcionalidad del aumento y sostiene que el ajuste podría afectar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y el acceso a un servicio esencial como el agua potable.Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el incremento del componente de consumo, que, de acuerdo con la información presentada en la tutela, alcanza cerca del 37 %, mientras que el aumento promedio proyectado en la factura sería del 25,2 %. El proceso también cuestiona que los usuarios terminen asumiendo costos que, según el accionante, estarían relacionados con gastos administrativos y de funcionamiento de la empresa.La tutela además señala que el aumento podría resultar desproporcionado frente a los ingresos de los hogares y advierte sobre una eventual afectación al mínimo vital, particularmente en familias con menores ingresos.¿Por qué aumentará el agua en Bucaramanga?El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha explicado que el incremento no corresponde a una decisión unilateral de la empresa ni de la administración local, sino a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA mediante la Resolución 1032 de 2026.El gerente del Acueducto, Juan Carlos Suárez, ha señalado que la nueva metodología busca reconocer inversiones realizadas por la empresa que, bajo el esquema tarifario anterior, no habían sido remuneradas completamente a través de las tarifas. Según la información entregada por la entidad, el Acueducto invirtió cerca de 380.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 110.000 millones habían sido cubiertos mediante tarifa.La empresa proyecta que el nuevo marco tarifario genere un incremento promedio de 25,2 %. Sin embargo, el aumento será aplicado de manera gradual entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para evitar que el impacto llegue de una sola vez a los hogares.Según el Acueducto, mientras el cargo fijo tendrá una reducción del 22,6 %, el componente asociado al consumo tendrá un incremento del 37 %. Al combinar ambos factores se obtiene el aumento promedio proyectado en la factura.Ahora será el juez quien deberá analizar los argumentos presentados en la tutela y determinar si existe una vulneración de derechos fundamentales con la aplicación del nuevo esquema tarifario. La admisión de la acción no significa que el incremento haya sido suspendido ni que el juez haya determinado que sea ilegal.Por ahora, los usuarios deberán esperar el avance del proceso judicial mientras el nuevo esquema tarifario continúa con su aplicación gradual, salvo que dentro del trámite de la tutela se adopte alguna medida que modifique o suspenda su implementación.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) realiza este martes 16 de diciembre en Bucaramanga una jornada de participación ciudadana para socializar el proyecto de resolución del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado, dirigido especialmente a pequeños prestadores y acueductos comunitarios.La actividad, que se realiza en el Parque del Agua, hace parte del proceso de consulta y participación previa que adelanta la entidad antes de la expedición definitiva de la resolución, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, tras un periodo de alistamiento técnico para los prestadores del servicio.La directora de la CRA, Nelly Mogollón, explicó que el objetivo es abrir el debate a los prestadores, autoridades locales, academia y ciudadanía en general, para recibir aportes que permitan ajustar la propuesta a las realidades de los territorios, tanto urbanos como rurales.“Estamos adelantando el proceso de participación y consulta del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores de acueducto, alcantarillado y acueductos comunitarios. Queremos que conozcan la visión del proyecto de resolución y puedan hacer observaciones y sugerencias que nos ayuden a enriquecerlo”, señaló Mogollón.La funcionaria indicó que la propuesta busca tarifas justas, es decir, que el valor que pagan los usuarios corresponda con la calidad, continuidad y nivel del servicio recibido, más allá de una reducción automática en los costos. Además, contempla acuerdos sobre niveles de servicio y una revisión de los costos actuales que utilizan los prestadores para definir sus tarifas.El nuevo marco también incorpora criterios relacionados con el uso y manejo del recurso hídrico, en un contexto marcado por la crisis de disponibilidad de agua en varias regiones del país.Según Mogollón, “mejorar indicadores de calidad tendrá un impacto directo en la salud de los colombianos y en la ampliación del acceso al servicio, especialmente en zonas rurales”.Por ley, las tarifas de los servicios públicos deben revisarse cada cinco años; sin embargo, el marco tarifario vigente lleva cerca de nueve años, lo que hace necesaria su actualización.En Colombia se estima que existen alrededor de 33 mil pequeños acueductos comunitarios, principalmente en veredas y corregimientos, que se verán impactados con esta regulación de carácter nacional.El proceso de participación ciudadana estará abierto hasta el 21 de febrero, periodo en el cual la CRA analizará las propuestas recibidas. Posteriormente, se espera la expedición de la resolución definitiva hacia el 30 de junio, para dar paso al proceso de alistamiento antes de su entrada en operación en 2027.La jornada en Bucaramanga está dirigida en la mañana a acueductos comunitarios, y en la tarde a pequeños prestadores, en su mayoría alcaldías de municipios del área de influencia de Bucaramanga, así como representantes de Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. La CRA reiteró la invitación a participar activamente en este ejercicio de construcción colectiva.
Durante las últimas semanas y de manera paulatina, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico completó el cierre de todas las compuertas del Embalse del Guájaro, cuyos niveles del agua alcanzan los 4.60 metros.La cota del Guájaro es de 5.20 metros; sin embargo, desde la CRA afirman que el cierre es una medida preventiva que busca adelantarse a la segunda temporada de lluvias, que suele ser la más fuerte del año y para la cual se busca tener suficiente espacio en el embalse, más aún si se tiene en cuenta el alto caudal que recibe este cuerpo de agua cada vez que llueve.Así lo explicó Ayaris Rojano, bióloga de la CRA, quien indicó que en el Guájaro desembocan cerca de 50 arroyos durante la temporada de lluvias."Por ejemplo, en esta primera temporada de lluvia del año, hubo un día que el nivel subió tres centímetros en una noche. Eso es una muestra de la gran cantidad de agua que le llevan los arroyos al embalse. Entonces, por eso para nosotros es muy importante poder tener ese margen que nos permita garantizar que las poblaciones como Aguada de Pablo o La Peña, que son las más bajitas, pues no vayan a sufrir de ningún inconveniente a final de año", precisó la funcionaria.Rojano indicó que los niveles del río Magdalena y del Canal del Dique están por encima de los niveles del embalse del Guájaro y que, si bien estos siguen altos para la época, tanto el río como el Dique muestran una tendencia a la baja, comportamiento similar al que se registró el año pasado para esta misma temporada.“Esas son buenas noticias para nosotros, quiere decir que vamos a recibir la segunda temporada de lluvias, que entre octubre y noviembre es la más fuerte para nosotros, con suficiente espacio para que no tengamos problemas de inundaciones en la zona”, dijo.
“Bienvenido a la libertad”, fue el mensaje que envió la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en sus plataformas digitales acerca de la reciente aparición del director de Codechocó, Arnold Rincón, quien había sido secuestrado el pasado 26 de abril entre los municipios de Istmina y Quibdó, a mano de hombres armados.El director de la C.R.A, Jesús León, declaró que esto representa “la esperanza para todos los que trabajamos por un ambiente sano“.“Nos encontramos muy contentos, realmente felices de saber que después de 63 días de secuestro volvió a la libertad nuestro compañero, nuestro amigo Arnold Rincón, quien es el director general de la Corporación Codechocó. Se reencontró con su familia, con sus amigos más cercanos y de manera inmediata empezaron a hacerle todos los chequeos de salud”, dijo inicialmente.“Desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico damos gracias a Dios y nos unimos a la celebración por la liberación de nuestro amigo y compañero Arnold Rincón, lo cual representa la esperanza y libertad para todos los que trabajamos por un ambiente sano”, agregó en sus redes sociales.Asimismo, afirmó que los directores de las corporaciones ambientales están a la espera de un reencuentro luego de terminar sus exámenes médicos, de los que sabe que llegó inflamado y deshidratado.“Estamos a la espera de poder conversar y reencontrarnos. Parece que llegó deshidratado, entendemos que está muy inflamado en sus articulaciones por largos trayectos en los que estuvo caminando”, apuntó a Blu Radio.Recordemos que fue el excanciller Luis Gilberto Murillo quien dio a conocer la noticia, confirmada además por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
Tras la denuncia que realizó públicamente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por el vertimiento de residuos a la ciénaga de Mallorquín, la Corporación Regional Autónoma realizó varios operativos junto a la Fiscalía, la Policía Nacional, la Dimar y el Distrito, que concluyeron con sanciones para las empresas responsables de generar olores ofensivos y atentar contra el ecosistema.Una de las empresas sancionadas es Inversiones Ignacio Blanco S.A.S., a la cual le suspendieron sus actividades “por la indebida disposición de residuos sólidos ordinarios, de construcción y demoliciones” en el área de influencia de la ciénaga, por lo que el levantamiento de la medida quedó “condicionada a que en los próximos cinco días calendario presente evidencias de la limpieza de dichos residuos y su debida disposición con un gestor autorizado”.A su vez, la CRA legalizó la medida preventiva de suspensión de actividades que le fue impuesta en flagrancia a la sociedad Soluciones Ambientales del Caribe S.A. ESP, “por disposición inadecuada sobre el suelo, de lodos residuales con características oleosas”, toda vez que sorprendieron a un camión de esta empresa vertiendo una sustancia que, por las características del olor, serían “residuos provenientes de una actividad de sacrificio animal”.Para que le levanten la sanción, esta sociedad “deberá en los próximos cinco días calendario implementar las medidas que incluyen acciones de limpieza, disposición final adecuada del material removido y restauración del medio natural a su estado original”, informó la CRA.Frente a las empresas sancionadas, la Corporación enfatizó “en que el incumplimiento total o parcial de estas medidas preventivas será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, y harán parte del proceso sancionatorio ambiental que adelanta esta Autoridad ambiental”.A propósito de esta situación, la CRA viene realizando recorridos de inspección en los municipios del Atlántico para revisar cómo se está llevando a cabo la recolección y disposición final de residuos sólidos. En este proceso se han hallado puntos críticos de impacto ambiental, por lo que la Corporación requirió intervención inmediata de las autoridades.
Este jueves, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negó a Bogotá la solicitud presentada en septiembre de 2024 para continuar con el actual modelo de disposición de basuras, el cual caduca en febrero de 2026. Según la CRA, la documentación entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) no demuestra con suficiente evidencia la necesidad de mantener dicho esquema.Ante esta decisión, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó respeto por la resolución de la CRA, pero aseguró que el Distrito acudirá a instancias superiores para insistir en la aprobación del modelo actual.“En Bogotá, por sus características, es mejor el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). La ciudad necesita avanzar, y haremos lo necesario para mantener ese sistema. Buscaremos las vías administrativas para presentar los recursos de reposición”, afirmó el mandatario.Galán también aseguró que, independientemente del resultado de esta discusión con la CRA, el servicio de recolección de basuras estará garantizado en la capital una vez finalice la licencia vigente, en febrero de 2026.¿Qué son las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE)?Las ASE son zonas delimitadas en Bogotá en las que solo las empresas adjudicatarias, mediante contrato con el Distrito Capital, pueden ofrecer y prestar el servicio público de aseo por un período de hasta ocho años. Estas compañías están obligadas a ampliar la cobertura para todos los usuarios, incluidos los de menores ingresos, y a cumplir con los niveles de calidad establecidos en los contratos.Actualmente, la ciudad está dividida en cinco ASE, cada una operada por una empresa diferente: Bogotá Limpia, Promoambiental, Ciudad Limpia, Área Limpia y LIME. Además, en el esquema participa un número considerable de recicladores.Críticas al modelo actualUna de las principales críticas al esquema ASE está relacionada con la definición de “áreas limpias” contenida en los contratos. Esta definición, limitada en su alcance, solo obliga a las empresas a garantizar una logística con frecuencias establecidas para recoger los residuos domiciliarios y transportarlos al relleno sanitario Doña Juana.Como consecuencia, al no incluir otros puntos de disposición ni tipos de residuos —como los conocidos como “residuos mixtos” (basura combinada con escombros)—, hay zonas donde los regueros son frecuentes, y su atención queda a cargo del Distrito.Para dimensionar el problema, la ciudad debe destinar cerca de $25.000 millones anuales para limpiar estos regueros.Frente a esto, Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP, indicó que la nueva licitación incluirá servicios adicionales para la recolección de otros residuos, así como la disposición final de muebles y escombros, elementos que actualmente no están contemplados en los contratos vigentes.
En las últimas horas, las alarmas se mantienen encendidas en el Atlántico ante la alerta naranja en el mar Caribe informada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, y la llegada de la temporada de lluvias, con Fenómeno de la Niña y de ciclones tropicales incluidos, adelantados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.De hecho, al despacho de las distintas alcaldías municipales llegó una circular de la C.R.A en donde se les invita a prepararse para mitigar posibles emergencias por la lluvia, llevando a cabo recomendaciones como activar un plan de desarrollo territorial para este tipo de casos, actualizar los procesos de contingencia y abstenerse de otorgar licencias de construcción en zonas de riesgo.“Instó a la verificación de estrategias de respuesta, el monitoreo de puntos críticos, el fortalecimiento de instancias de coordinación, la promoción de participación interinstitucional, el respeto a las rondas hídricas, la revisión de Planes de Gestión de Residuos Sólidos, la limpieza de caños y arroyos, la cooperación entre territorios contiguos, el fortalecimiento de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), la socialización de planes de contingencia, el mantenimiento de infraestructura vital y esencial, la revisión de los mapas de susceptibilidades de amenazas por riesgos naturales, entre otros”, se informa en el comunicado.“Un llamado a la comunidad para realizar acciones preventivas como limpiezas de escombros, aseguramiento de techos, ventanas y puertas, poda de árboles, limpieza de canales de agua y desagües, y no arrojar las basuras y residuos a los arroyos”, agregó la Corporación.Sin embargo, la situación se agravó en las playas de Sabanilla y parte de Puerto Colombia, donde cerca de 20 caseteros llevan semanas sin trabajar por los vientos que alcanzan los 65 kilómetros por hora y provocan olas mayores a los 2.0 metros de altura.La denuncia fue realizada a Blu Radio por Nicanor Ardila, una de las personas más afectadas por las condiciones climáticas.“Ahorita mismo estamos pasando trabajo, le digo la verdad. Somos más de 20 caseteros los perjudicados por la arremetida del mar. De los que tenemos casetas, por lo menos seis fueron completamente arrasadas, destruidas”, dijo inicialmente.“Con esta brisa nadie ha podido trabajar. La gente ya muy poco viene a la playa, le tienen miedo al mar. Todos hemos sido afectados. Le digo nuevamente, las cosas se han reducido en casi un 90%”, añadió.Aunque desde la Alcaldía de Puerto Colombia les han entregado varias ayudas, los caseteros de la zona exigen una intervención en los espolones para controlar la fuerza del mar. De lo contrario, están dispuestos a convocar una protesta para este lunes en la que se logre la atención del Gobierno Nacional.
Desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se viene trabajando con incertidumbre en las últimas semanas, debido a que la falta de recursos y las diferencias que existieron con la ex ministra de ambiente, Susana Muhamad, tiene frenados varios proyectos de restauración, recuperación de suelos y transformación en pro del medio ambiente en diferentes puntos del departamento.El director de la CRA Atlántico, Jesús León Insignares, declaró en las últimas horas que están a la espera de unas regalías con las que fueron beneficiados por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, la llegada de la ministra Lena Yanina Estrada a la cartera de ambiente, volvió a aplazar la llegada de estos dineros.“En el año 2024 se presentaron unas convocatorias para regalías. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico se presentó y salimos favorecidos con unos proyectos de restauración y reforestación de recursos. Sin embargo, hasta el momento no han sido firmadas las resoluciones que inician estos procesos de adjudicación de recursos del Gobierno Nacional para el departamento”, dijo inicialmente.“Por el cambio de ministra (ambiente), la agenda se atrasó. Estamos a la espera de que en los próximos días puedan salir estos actos administrativos”, agregó.Pese a que dichos recursos son necesarios para la ejecución de sus planes, según Jesús León será ganancia para la Corporación tener una mesa de diálogo con la nueva ministra y establecer una buena comunicación en comparación con la pasada persona a cargo.Esa misma idea fue la mencionada por Yesid González, Director ejecutivo de Asocars, quien en Barranquilla describió la relación con Susana Muhamad como “compleja” e invitó a que los sectores comprendan que “el tema ambiental es muy importante”.
La rápida reducción en los niveles del río Magdalena llevó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico a emitir una alerta para advertir a la comunidad en general sobre los posibles inconvenientes en la prestación del servicio de agua potable.La Corporación señaló que, entre las consecuencias, también podrían presentarse “un bajo o nulo intercambio de agua entre el río y las ciénagas, así como la posibilidad de mortalidad de peces en diversos cuerpos de agua, debido a las condiciones climáticas actuales”.En la más reciente medición, realizada este 1 de febrero en la estación San Pedrito, los niveles del río Magdalena se ubicaron en 3,44 metros en su paso por esta zona del sur del Atlántico, lo que evidencia una disminución de casi 50 centímetros solo en esta semana.Asimismo, se observa una reducción aún mayor en comparación con los primeros días del año 2025, cuando los niveles superaban los cinco metros.De mantenerse esta tendencia, la prestación del servicio de agua potable podría verse afectada. Por ello, la subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la CRA, Ayari Rojano, instó a las empresas de acueducto a tomar medidas para garantizar el suministro a los hogares.“Teniendo en cuenta que el río Magdalena también viene descendiendo drásticamente sus niveles, emitimos una alerta a las bocatomas de los municipios y a las bocatomas de los acueductos veredales. Tendrán que estar pendientes, pues el río se va a desconectar de los cuerpos de agua, por lo que debe haber una preparación para acceder a estas zonas de divagación del río y poder captar el agua para consumo humano”, mencionó a Blu Radio.Por otro lado, una situación similar se evidencia en la estación Calamar, en el norte de Bolívar, donde los niveles del río se ubicaron en 3,7 metros este 1 de febrero, frente a los 4,28 metros registrados a comienzos de esta semana.
Al conocerse la posesión de Nelly Mogollón como nueva directora ejecutiva de la CRA, en su hoja de vida quedó consignada la sanción a la que fue acreedora, junto a seis funcionarios más, por el esquema de basuras de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Cabe resaltar, que la multa impuesta fue por 97.654 millones de pesos.Entre tanto, el Tribunal Superior de Cundinamarca, para la fecha del 4 de junio del 2020, emitió la respuesta de la sentencia en segunda instancia, en la que se aceptó la apelación de la demandante en el mes de marzo del 2018, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Cabe resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso la sanción en el 2018 por el escándalo de recolección de basuras en el 2013 en la capital. Ante esto, la Contraloría señaló que la sanción se justificaba bajo la violación de libertad de competencia y concurrencia en la implementación del nuevo esquema de aseo para Bogotá.Dentro de las consideraciones tomadas por el Tribunal, se emitió la decisión de revocar la sentencia en primera instancia del 29 de marzo del 2018; declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 25036 de 21/04/2014 emanada del Superintendente de Industria y Comercio Ad hoc, mediante la sanción a Nely Mogollón Montañez, a pagar una multa de $160.160.000, equivalente a doscientos sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (260 SMMLV). En tercer lugar, se dio la orden de terminar el proceso de cobro de la sanción impuesta y la devolución del expediente al juzgado de origen.
El gigante tecnológico Nvidia anunció que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del gobierno de China, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos"."Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible", señaló.Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados."Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según Axios.El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.El diario reportó que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".
En La Guajira, el Ministerio de Vivienda instaló 28 filtros de agua en dos comunidades indígenas wayuu que enfrentan dificultades para acceder a agua apta para el consumo humano.La entrega se distribuyó en 16 filtros para Wimpiraleim, en Uribia, con capacidad para beneficiar a más de 800 habitantes, y otros 12 para Perratpu, en Riohacha, donde se estima que 600 personas tendrán acceso a agua apta para el consumo humano. En total, los equipos tienen capacidad para beneficiar a cerca de 1.400 personas.Entre los beneficiarios se encuentran niños y niñas atendidos en tres Unidades Comunitarias de Atención (UCA) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Los equipos utilizan el sistema de ultrafiltración ORISA, una tecnología de funcionamiento mecánico que no necesita conexión eléctrica ni requiere la adición de productos químicos durante el proceso de filtración. Según las especificaciones del fabricante, cada unidad tiene una capacidad de tratamiento de hasta 20.000 litros de agua antes de necesitar el cambio de su membrana.La instalación estuvo acompañada de jornadas de capacitación para que los habitantes aprendan a utilizar y mantener los filtros. Estas actividades incluyen instrucciones sobre el montaje de los equipos, la limpieza de sus componentes y el almacenamiento adecuado del agua para evitar su contaminación.Una solución temporal ante la falta de acceso al aguaLa entrega de los filtros constituye una medida provisional para atender las dificultades de abastecimiento de agua que enfrentan estas comunidades, especialmente por las condiciones de sus fuentes inmediatas de suministro.De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la intervención también responde a las medidas cautelares ordenadas por la Corte Constitucional mediante el Auto 1201 del 2 de septiembre de 2026, en el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.Sin embargo, la instalación de los 28 equipos no reemplaza las soluciones estructurales de acueducto y saneamiento básico ordenadas por la Corte. Se trata de una respuesta de emergencia mientras las entidades responsables avanzan en la estructuración, financiación y ejecución de los proyectos definitivos.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, respondió a las denuncias de las madres comunitarias de Pereira por la contratación de un operador del departamento del Cesar para prestar los servicios de atención a la primera infancia en Risaralda. La funcionaria aseguró que la organización seleccionada tiene disposición de contratar a las madres comunitarias de Pereira que venían desarrollando esta labor y cuestionó las presuntas instrucciones del sindicato para que rechacen esas ofertas.Algunas mujeres, entre ellas la presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Risaralda, reclamaron que el ICBF tomó la decisión de contratar a una organización de otro departamento. En respuesta, Restrepo sostuvo que las madres comunitarias tienen la posibilidad de continuar trabajando con el nuevo operador y señaló que es importante que conozcan directamente las condiciones de contratación y las garantías laborales que les ofrecen. En ese sentido, manifestó su preocupación por los reportes sobre supuestas orientaciones sindicales para que no acepten las vinculaciones.“Nos preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación. Si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y, al mismo tiempo, promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando. Invitamos a la dirigencia sindical a explicar públicamente esta situación”, afirmó la directora del instituto. La funcionaria también aclaró que la elección de las organizaciones encargadas de prestar los servicios corresponde al ICBF y se realiza mediante los procedimientos establecidos por la entidad.Los operadores son los responsables de administrar los recursos públicos destinados a la atención de la primera infancia, garantizar aspectos como la alimentación y el acompañamiento a los menores y contratar al personal que trabaja en los hogares comunitarios. Por eso, aunque las madres y sus asociaciones pueden exigir el respeto de sus derechos, no tienen la facultad de decidir qué operador debe quedarse con el contrato.Adicionalmente, la directora informó que el ICBF recibió reportes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias bajo el argumento de donaciones. “Estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones. Invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al ICBF para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan”, señaló.“Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias”, afirmó. La funcionaria aseguró que la entidad mantendrá el diálogo con las madres comunitarias y hará seguimiento a las obligaciones del nuevo operador.
Santa Fe aprovechó una compleja situación del equipo visitante, que se presentó con una nómina integrada mayoritariamente por jugadores juveniles, por la huelga del plantel profesional pastuso ante la deuda de dos meses de salario. Con un marcador final de 5-0, el León se sacó de encima las tres derrotas al hilo y se instaló en las finales de la liga.La gran figura de la jornada fue el ídolo de la parcialidad albirroja Hugo Rodallega, quien lideró la victoria santafereña con un triplete que desbarató cualquier resistencia del cuadro volcánico. El capitán cardenal demostró su vigencia y capacidad goleadora, siendo el eje ofensivo de un conjunto que dominó el terreno de juego de principio a fin ante una defensa rival que mostró muchas licencias durante los 90 minutos.Las claves de la goleada de Santa Fe en BogotáLa diferencia de jerarquía y experiencia entre ambos equipos fue evidente desde los primeros minutos. Mientras que el conjunto de Pablo Repetto saltó al campo con sus principales figuras buscando consolidar su lugar en los cuadrangulares, el Deportivo Pasto afrontó el compromiso con un plantel diezmado, compuesto fundamentalmente por futbolistas de sus categorías inferiores. Esta disparidad permitió que el equipo local manejara los tiempos del partido a su antojo, generando múltiples situaciones de gol que fueron capitalizadas eficazmente.El impacto del triplete de RodallegaMás allá del resultado colectivo, su triplete le permitió a Hugo Rodallega reencontrarse con el gol de cara a las finales y remontar su confianza goleadora. La contundencia mostrada en la red permite al plantel llegar con una alta dosis de confianza a la fase de cuadrangulares, donde la jerarquía suele ser el factor diferenciador.Lo que viene para Santa Fe en el cierre del torneoCon el cupo asegurado en los ocho, Independiente Santa Fe ahora deberá mejorar mucho en la parte defensiva y en la capacidad futbolista sobre todo en varios de sus jugadores que no saben tomar decisiones en espacios reducidos para llegar en plenitud de condiciones a la pelea por la estrella de fin de año.Por su parte, el Deportivo Pasto deberá analizar el desarrollo de esta etapa final de la temporada, entendiendo las dificultades logísticas y deportivas que le impidieron competir en igualdad de condiciones en una fecha decisiva de la Liga BetPlay.
El departamento de Santander se convirtió en uno de los principales puntos de atención para los militares heridos tras el ataque con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.En total, 22 soldados fueron remitidos a centros hospitalarios de Santander para recibir atención médica especializada: 14 permanecen en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga; siete fueron trasladados a instituciones de salud de Barrancabermeja y uno más al Hospital Militar de la Segunda División.Desde Bucaramanga, el Hospital Universitario de Santander entregó un balance sobre la condición de los 14 uniformados que permanecen bajo atención médica en sus instalaciones. Según el reporte, con corte a la tarde de este domingo 8 de noviembre, los pacientes tienen edades entre los 18 y 32 años y presentan lesiones de diferente complejidad.Entre los diagnósticos se encuentran traumas craneoencefálicos, torácicos y abdominales, heridas penetrantes en el cuello, lesiones ocasionadas por cuerpos extraños, fracturas en extremidades y pelvis, además de afectaciones vasculares y oculares.Sobre la condición de los 14 militares atendidos en el HUS, el reporte médico señala que dos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de ser intervenidos quirúrgicamente, con pronóstico reservado.Otros cuatro soldados ya fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos y continúan bajo seguimiento especializado, mientras que uno permanece en cirugía. Los siete restantes están bajo observación médica, valoración de especialistas y estudios complementarios para definir los tratamientos que requieren.El hospital explicó que desde el ingreso de los heridos dispuso de su capacidad asistencial y de un equipo multidisciplinario para garantizar la atención de los militares, teniendo en cuenta la complejidad de las lesiones.Los primeros ocho pacientes llegaron al HUS el sábado 7 de noviembre, entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde. Los otros seis ingresaron este domingo, en la tarde.
