El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela en contra el Acuducto Metropolitano de Bucaramanga y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por el incremento de las tarifas del servicio de acueducto que comenzará a reflejarse en los recibos de los usuarios en los próximos meses.La acción judicial cuestiona la legalidad y proporcionalidad del aumento y sostiene que el ajuste podría afectar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y el acceso a un servicio esencial como el agua potable.Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el incremento del componente de consumo, que, de acuerdo con la información presentada en la tutela, alcanza cerca del 37 %, mientras que el aumento promedio proyectado en la factura sería del 25,2 %. El proceso también cuestiona que los usuarios terminen asumiendo costos que, según el accionante, estarían relacionados con gastos administrativos y de funcionamiento de la empresa.La tutela además señala que el aumento podría resultar desproporcionado frente a los ingresos de los hogares y advierte sobre una eventual afectación al mínimo vital, particularmente en familias con menores ingresos.¿Por qué aumentará el agua en Bucaramanga?El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha explicado que el incremento no corresponde a una decisión unilateral de la empresa ni de la administración local, sino a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA mediante la Resolución 1032 de 2026.El gerente del Acueducto, Juan Carlos Suárez, ha señalado que la nueva metodología busca reconocer inversiones realizadas por la empresa que, bajo el esquema tarifario anterior, no habían sido remuneradas completamente a través de las tarifas. Según la información entregada por la entidad, el Acueducto invirtió cerca de 380.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 110.000 millones habían sido cubiertos mediante tarifa.La empresa proyecta que el nuevo marco tarifario genere un incremento promedio de 25,2 %. Sin embargo, el aumento será aplicado de manera gradual entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para evitar que el impacto llegue de una sola vez a los hogares.Según el Acueducto, mientras el cargo fijo tendrá una reducción del 22,6 %, el componente asociado al consumo tendrá un incremento del 37 %. Al combinar ambos factores se obtiene el aumento promedio proyectado en la factura.Ahora será el juez quien deberá analizar los argumentos presentados en la tutela y determinar si existe una vulneración de derechos fundamentales con la aplicación del nuevo esquema tarifario. La admisión de la acción no significa que el incremento haya sido suspendido ni que el juez haya determinado que sea ilegal.Por ahora, los usuarios deberán esperar el avance del proceso judicial mientras el nuevo esquema tarifario continúa con su aplicación gradual, salvo que dentro del trámite de la tutela se adopte alguna medida que modifique o suspenda su implementación.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) realiza este martes 16 de diciembre en Bucaramanga una jornada de participación ciudadana para socializar el proyecto de resolución del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado, dirigido especialmente a pequeños prestadores y acueductos comunitarios.La actividad, que se realiza en el Parque del Agua, hace parte del proceso de consulta y participación previa que adelanta la entidad antes de la expedición definitiva de la resolución, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, tras un periodo de alistamiento técnico para los prestadores del servicio.La directora de la CRA, Nelly Mogollón, explicó que el objetivo es abrir el debate a los prestadores, autoridades locales, academia y ciudadanía en general, para recibir aportes que permitan ajustar la propuesta a las realidades de los territorios, tanto urbanos como rurales.“Estamos adelantando el proceso de participación y consulta del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores de acueducto, alcantarillado y acueductos comunitarios. Queremos que conozcan la visión del proyecto de resolución y puedan hacer observaciones y sugerencias que nos ayuden a enriquecerlo”, señaló Mogollón.La funcionaria indicó que la propuesta busca tarifas justas, es decir, que el valor que pagan los usuarios corresponda con la calidad, continuidad y nivel del servicio recibido, más allá de una reducción automática en los costos. Además, contempla acuerdos sobre niveles de servicio y una revisión de los costos actuales que utilizan los prestadores para definir sus tarifas.El nuevo marco también incorpora criterios relacionados con el uso y manejo del recurso hídrico, en un contexto marcado por la crisis de disponibilidad de agua en varias regiones del país.Según Mogollón, “mejorar indicadores de calidad tendrá un impacto directo en la salud de los colombianos y en la ampliación del acceso al servicio, especialmente en zonas rurales”.Por ley, las tarifas de los servicios públicos deben revisarse cada cinco años; sin embargo, el marco tarifario vigente lleva cerca de nueve años, lo que hace necesaria su actualización.En Colombia se estima que existen alrededor de 33 mil pequeños acueductos comunitarios, principalmente en veredas y corregimientos, que se verán impactados con esta regulación de carácter nacional.El proceso de participación ciudadana estará abierto hasta el 21 de febrero, periodo en el cual la CRA analizará las propuestas recibidas. Posteriormente, se espera la expedición de la resolución definitiva hacia el 30 de junio, para dar paso al proceso de alistamiento antes de su entrada en operación en 2027.La jornada en Bucaramanga está dirigida en la mañana a acueductos comunitarios, y en la tarde a pequeños prestadores, en su mayoría alcaldías de municipios del área de influencia de Bucaramanga, así como representantes de Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. La CRA reiteró la invitación a participar activamente en este ejercicio de construcción colectiva.
Durante las últimas semanas y de manera paulatina, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico completó el cierre de todas las compuertas del Embalse del Guájaro, cuyos niveles del agua alcanzan los 4.60 metros.La cota del Guájaro es de 5.20 metros; sin embargo, desde la CRA afirman que el cierre es una medida preventiva que busca adelantarse a la segunda temporada de lluvias, que suele ser la más fuerte del año y para la cual se busca tener suficiente espacio en el embalse, más aún si se tiene en cuenta el alto caudal que recibe este cuerpo de agua cada vez que llueve.Así lo explicó Ayaris Rojano, bióloga de la CRA, quien indicó que en el Guájaro desembocan cerca de 50 arroyos durante la temporada de lluvias."Por ejemplo, en esta primera temporada de lluvia del año, hubo un día que el nivel subió tres centímetros en una noche. Eso es una muestra de la gran cantidad de agua que le llevan los arroyos al embalse. Entonces, por eso para nosotros es muy importante poder tener ese margen que nos permita garantizar que las poblaciones como Aguada de Pablo o La Peña, que son las más bajitas, pues no vayan a sufrir de ningún inconveniente a final de año", precisó la funcionaria.Rojano indicó que los niveles del río Magdalena y del Canal del Dique están por encima de los niveles del embalse del Guájaro y que, si bien estos siguen altos para la época, tanto el río como el Dique muestran una tendencia a la baja, comportamiento similar al que se registró el año pasado para esta misma temporada.“Esas son buenas noticias para nosotros, quiere decir que vamos a recibir la segunda temporada de lluvias, que entre octubre y noviembre es la más fuerte para nosotros, con suficiente espacio para que no tengamos problemas de inundaciones en la zona”, dijo.
“Bienvenido a la libertad”, fue el mensaje que envió la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en sus plataformas digitales acerca de la reciente aparición del director de Codechocó, Arnold Rincón, quien había sido secuestrado el pasado 26 de abril entre los municipios de Istmina y Quibdó, a mano de hombres armados.El director de la C.R.A, Jesús León, declaró que esto representa “la esperanza para todos los que trabajamos por un ambiente sano“.“Nos encontramos muy contentos, realmente felices de saber que después de 63 días de secuestro volvió a la libertad nuestro compañero, nuestro amigo Arnold Rincón, quien es el director general de la Corporación Codechocó. Se reencontró con su familia, con sus amigos más cercanos y de manera inmediata empezaron a hacerle todos los chequeos de salud”, dijo inicialmente.“Desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico damos gracias a Dios y nos unimos a la celebración por la liberación de nuestro amigo y compañero Arnold Rincón, lo cual representa la esperanza y libertad para todos los que trabajamos por un ambiente sano”, agregó en sus redes sociales.Asimismo, afirmó que los directores de las corporaciones ambientales están a la espera de un reencuentro luego de terminar sus exámenes médicos, de los que sabe que llegó inflamado y deshidratado.“Estamos a la espera de poder conversar y reencontrarnos. Parece que llegó deshidratado, entendemos que está muy inflamado en sus articulaciones por largos trayectos en los que estuvo caminando”, apuntó a Blu Radio.Recordemos que fue el excanciller Luis Gilberto Murillo quien dio a conocer la noticia, confirmada además por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
Tras la denuncia que realizó públicamente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por el vertimiento de residuos a la ciénaga de Mallorquín, la Corporación Regional Autónoma realizó varios operativos junto a la Fiscalía, la Policía Nacional, la Dimar y el Distrito, que concluyeron con sanciones para las empresas responsables de generar olores ofensivos y atentar contra el ecosistema.Una de las empresas sancionadas es Inversiones Ignacio Blanco S.A.S., a la cual le suspendieron sus actividades “por la indebida disposición de residuos sólidos ordinarios, de construcción y demoliciones” en el área de influencia de la ciénaga, por lo que el levantamiento de la medida quedó “condicionada a que en los próximos cinco días calendario presente evidencias de la limpieza de dichos residuos y su debida disposición con un gestor autorizado”.A su vez, la CRA legalizó la medida preventiva de suspensión de actividades que le fue impuesta en flagrancia a la sociedad Soluciones Ambientales del Caribe S.A. ESP, “por disposición inadecuada sobre el suelo, de lodos residuales con características oleosas”, toda vez que sorprendieron a un camión de esta empresa vertiendo una sustancia que, por las características del olor, serían “residuos provenientes de una actividad de sacrificio animal”.Para que le levanten la sanción, esta sociedad “deberá en los próximos cinco días calendario implementar las medidas que incluyen acciones de limpieza, disposición final adecuada del material removido y restauración del medio natural a su estado original”, informó la CRA.Frente a las empresas sancionadas, la Corporación enfatizó “en que el incumplimiento total o parcial de estas medidas preventivas será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, y harán parte del proceso sancionatorio ambiental que adelanta esta Autoridad ambiental”.A propósito de esta situación, la CRA viene realizando recorridos de inspección en los municipios del Atlántico para revisar cómo se está llevando a cabo la recolección y disposición final de residuos sólidos. En este proceso se han hallado puntos críticos de impacto ambiental, por lo que la Corporación requirió intervención inmediata de las autoridades.
Este jueves, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negó a Bogotá la solicitud presentada en septiembre de 2024 para continuar con el actual modelo de disposición de basuras, el cual caduca en febrero de 2026. Según la CRA, la documentación entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) no demuestra con suficiente evidencia la necesidad de mantener dicho esquema.Ante esta decisión, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó respeto por la resolución de la CRA, pero aseguró que el Distrito acudirá a instancias superiores para insistir en la aprobación del modelo actual.“En Bogotá, por sus características, es mejor el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). La ciudad necesita avanzar, y haremos lo necesario para mantener ese sistema. Buscaremos las vías administrativas para presentar los recursos de reposición”, afirmó el mandatario.Galán también aseguró que, independientemente del resultado de esta discusión con la CRA, el servicio de recolección de basuras estará garantizado en la capital una vez finalice la licencia vigente, en febrero de 2026.¿Qué son las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE)?Las ASE son zonas delimitadas en Bogotá en las que solo las empresas adjudicatarias, mediante contrato con el Distrito Capital, pueden ofrecer y prestar el servicio público de aseo por un período de hasta ocho años. Estas compañías están obligadas a ampliar la cobertura para todos los usuarios, incluidos los de menores ingresos, y a cumplir con los niveles de calidad establecidos en los contratos.Actualmente, la ciudad está dividida en cinco ASE, cada una operada por una empresa diferente: Bogotá Limpia, Promoambiental, Ciudad Limpia, Área Limpia y LIME. Además, en el esquema participa un número considerable de recicladores.Críticas al modelo actualUna de las principales críticas al esquema ASE está relacionada con la definición de “áreas limpias” contenida en los contratos. Esta definición, limitada en su alcance, solo obliga a las empresas a garantizar una logística con frecuencias establecidas para recoger los residuos domiciliarios y transportarlos al relleno sanitario Doña Juana.Como consecuencia, al no incluir otros puntos de disposición ni tipos de residuos —como los conocidos como “residuos mixtos” (basura combinada con escombros)—, hay zonas donde los regueros son frecuentes, y su atención queda a cargo del Distrito.Para dimensionar el problema, la ciudad debe destinar cerca de $25.000 millones anuales para limpiar estos regueros.Frente a esto, Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP, indicó que la nueva licitación incluirá servicios adicionales para la recolección de otros residuos, así como la disposición final de muebles y escombros, elementos que actualmente no están contemplados en los contratos vigentes.
En las últimas horas, las alarmas se mantienen encendidas en el Atlántico ante la alerta naranja en el mar Caribe informada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, y la llegada de la temporada de lluvias, con Fenómeno de la Niña y de ciclones tropicales incluidos, adelantados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.De hecho, al despacho de las distintas alcaldías municipales llegó una circular de la C.R.A en donde se les invita a prepararse para mitigar posibles emergencias por la lluvia, llevando a cabo recomendaciones como activar un plan de desarrollo territorial para este tipo de casos, actualizar los procesos de contingencia y abstenerse de otorgar licencias de construcción en zonas de riesgo.“Instó a la verificación de estrategias de respuesta, el monitoreo de puntos críticos, el fortalecimiento de instancias de coordinación, la promoción de participación interinstitucional, el respeto a las rondas hídricas, la revisión de Planes de Gestión de Residuos Sólidos, la limpieza de caños y arroyos, la cooperación entre territorios contiguos, el fortalecimiento de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), la socialización de planes de contingencia, el mantenimiento de infraestructura vital y esencial, la revisión de los mapas de susceptibilidades de amenazas por riesgos naturales, entre otros”, se informa en el comunicado.“Un llamado a la comunidad para realizar acciones preventivas como limpiezas de escombros, aseguramiento de techos, ventanas y puertas, poda de árboles, limpieza de canales de agua y desagües, y no arrojar las basuras y residuos a los arroyos”, agregó la Corporación.Sin embargo, la situación se agravó en las playas de Sabanilla y parte de Puerto Colombia, donde cerca de 20 caseteros llevan semanas sin trabajar por los vientos que alcanzan los 65 kilómetros por hora y provocan olas mayores a los 2.0 metros de altura.La denuncia fue realizada a Blu Radio por Nicanor Ardila, una de las personas más afectadas por las condiciones climáticas.“Ahorita mismo estamos pasando trabajo, le digo la verdad. Somos más de 20 caseteros los perjudicados por la arremetida del mar. De los que tenemos casetas, por lo menos seis fueron completamente arrasadas, destruidas”, dijo inicialmente.“Con esta brisa nadie ha podido trabajar. La gente ya muy poco viene a la playa, le tienen miedo al mar. Todos hemos sido afectados. Le digo nuevamente, las cosas se han reducido en casi un 90%”, añadió.Aunque desde la Alcaldía de Puerto Colombia les han entregado varias ayudas, los caseteros de la zona exigen una intervención en los espolones para controlar la fuerza del mar. De lo contrario, están dispuestos a convocar una protesta para este lunes en la que se logre la atención del Gobierno Nacional.
Desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se viene trabajando con incertidumbre en las últimas semanas, debido a que la falta de recursos y las diferencias que existieron con la ex ministra de ambiente, Susana Muhamad, tiene frenados varios proyectos de restauración, recuperación de suelos y transformación en pro del medio ambiente en diferentes puntos del departamento.El director de la CRA Atlántico, Jesús León Insignares, declaró en las últimas horas que están a la espera de unas regalías con las que fueron beneficiados por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, la llegada de la ministra Lena Yanina Estrada a la cartera de ambiente, volvió a aplazar la llegada de estos dineros.“En el año 2024 se presentaron unas convocatorias para regalías. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico se presentó y salimos favorecidos con unos proyectos de restauración y reforestación de recursos. Sin embargo, hasta el momento no han sido firmadas las resoluciones que inician estos procesos de adjudicación de recursos del Gobierno Nacional para el departamento”, dijo inicialmente.“Por el cambio de ministra (ambiente), la agenda se atrasó. Estamos a la espera de que en los próximos días puedan salir estos actos administrativos”, agregó.Pese a que dichos recursos son necesarios para la ejecución de sus planes, según Jesús León será ganancia para la Corporación tener una mesa de diálogo con la nueva ministra y establecer una buena comunicación en comparación con la pasada persona a cargo.Esa misma idea fue la mencionada por Yesid González, Director ejecutivo de Asocars, quien en Barranquilla describió la relación con Susana Muhamad como “compleja” e invitó a que los sectores comprendan que “el tema ambiental es muy importante”.
La rápida reducción en los niveles del río Magdalena llevó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico a emitir una alerta para advertir a la comunidad en general sobre los posibles inconvenientes en la prestación del servicio de agua potable.La Corporación señaló que, entre las consecuencias, también podrían presentarse “un bajo o nulo intercambio de agua entre el río y las ciénagas, así como la posibilidad de mortalidad de peces en diversos cuerpos de agua, debido a las condiciones climáticas actuales”.En la más reciente medición, realizada este 1 de febrero en la estación San Pedrito, los niveles del río Magdalena se ubicaron en 3,44 metros en su paso por esta zona del sur del Atlántico, lo que evidencia una disminución de casi 50 centímetros solo en esta semana.Asimismo, se observa una reducción aún mayor en comparación con los primeros días del año 2025, cuando los niveles superaban los cinco metros.De mantenerse esta tendencia, la prestación del servicio de agua potable podría verse afectada. Por ello, la subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la CRA, Ayari Rojano, instó a las empresas de acueducto a tomar medidas para garantizar el suministro a los hogares.“Teniendo en cuenta que el río Magdalena también viene descendiendo drásticamente sus niveles, emitimos una alerta a las bocatomas de los municipios y a las bocatomas de los acueductos veredales. Tendrán que estar pendientes, pues el río se va a desconectar de los cuerpos de agua, por lo que debe haber una preparación para acceder a estas zonas de divagación del río y poder captar el agua para consumo humano”, mencionó a Blu Radio.Por otro lado, una situación similar se evidencia en la estación Calamar, en el norte de Bolívar, donde los niveles del río se ubicaron en 3,7 metros este 1 de febrero, frente a los 4,28 metros registrados a comienzos de esta semana.
Al conocerse la posesión de Nelly Mogollón como nueva directora ejecutiva de la CRA, en su hoja de vida quedó consignada la sanción a la que fue acreedora, junto a seis funcionarios más, por el esquema de basuras de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Cabe resaltar, que la multa impuesta fue por 97.654 millones de pesos.Entre tanto, el Tribunal Superior de Cundinamarca, para la fecha del 4 de junio del 2020, emitió la respuesta de la sentencia en segunda instancia, en la que se aceptó la apelación de la demandante en el mes de marzo del 2018, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Cabe resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso la sanción en el 2018 por el escándalo de recolección de basuras en el 2013 en la capital. Ante esto, la Contraloría señaló que la sanción se justificaba bajo la violación de libertad de competencia y concurrencia en la implementación del nuevo esquema de aseo para Bogotá.Dentro de las consideraciones tomadas por el Tribunal, se emitió la decisión de revocar la sentencia en primera instancia del 29 de marzo del 2018; declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 25036 de 21/04/2014 emanada del Superintendente de Industria y Comercio Ad hoc, mediante la sanción a Nely Mogollón Montañez, a pagar una multa de $160.160.000, equivalente a doscientos sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (260 SMMLV). En tercer lugar, se dio la orden de terminar el proceso de cobro de la sanción impuesta y la devolución del expediente al juzgado de origen.
Un juez de control de garantías avaló la prórroga del principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como ‘Narcochofer’, quien continúa colaborando con la Fiscalía en cinco líneas de investigación relacionadas con diferentes hechos delictivos.De acuerdo con la sustentación presentada por la Fiscalía, Castañeda Bernal es procesado por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho por dar u ofrecer y uso de documento falso. Sin embargo, decidió colaborar con la administración de justicia y entregar información sobre organizaciones criminales y otros hechos que son objeto de investigación.La Fiscalía explicó que esa colaboración quedó materializada en una matriz de colaboración eficaz aprobada por la entidad, en la que Castañeda se comprometió a comparecer como testigo de cargo en varios procesos penales derivados de la información que aportó.La fiscal del caso solicitó la prórroga del caso sustentado que la mayoría de procesos están en etapa de juicio “el aspirante aún no ha rendido todas las declaraciones judiciales comprometidas. La Fiscalía no cuenta todavía con esos elementos completos para concluir si la colaboración fue realmente eficaz, útil, contundente e importante para las investigaciones y procesos correspondientes. Obviamente, se desprendieron varias líneas investigativas, que todas están en etapa de juicio.Simplemente, hay una que está en etapa de investigación y una en indagación. Por ello, pues, se mantiene o considera esta delegada y le solicita a su honorable despacho que mantenga la suspensión de la acción penal, pues resulta necesario para permitir que los juicios y las actuaciones en las cuales debe declarar el postulante, pues avancen y para que la fiscalía pueda exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.Entre las investigaciones se encuentran hechos relacionados con la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, de la cárcel La Picota; el presunto uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección para transportar sustancias estupefacientes; actuaciones de integrantes de la Fuerza Pública relacionadas con una incautación de cocaína; una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de estupefacientes; y hechos relacionados con esquemas de seguridad de la UNP.La fiscal encargada de sustentar la prórroga explicó que la cooperación de Castañeda todavía no ha terminado, debido a que varias de las declaraciones que debe rendir no han podido practicarse. Entre las razones expuestas están aplazamientos, reprogramaciones, recursos pendientes de resolver y el estado procesal de las diferentes investigaciones.Según la Fiscalía, de las cinco líneas en las que Castañeda está comprometido como testigo, dos se encuentran en etapa preparatoria, dos en etapa de juicio y una permanece en indagación.La primera línea de colaboración corresponde al caso de la fuga de alias ‘Matamba’. En este proceso, Castañeda se comprometió a declarar sobre los hechos relacionados con la camioneta Toyota que condujo y en la que se movilizaban Edgar Eliseo Munevar Castillo, alias ‘El Caballista’; Luis Eduardo Duque Casas, alias ‘El Capi’, y John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’. Según la investigación, ese vehículo fue abordado por alias ‘Matamba’ durante su fuga de La Picota. Los tres hombres mencionados se encuentran en etapa de juicio y avanza la audiencia de juicio oral. La Fiscalía los señala también de pertenecer a una estructura relacionada con actividades como tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, extorsiones, homicidios y fuga de presos, además de tener presuntos vínculos con otros grupos armados, información complementada por Castañeda que han dado con recientes capturas de eslabones.La segunda línea corresponde al proceso contra Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección. Castañeda se comprometió a declarar sobre el presunto uso de vehículos de esa entidad para transportar sustancias estupefacientes y sobre la manera en que esos automotores habrían sido facilitados para actividades ilícitas. Este proceso también se encuentra en etapa de juicio.La tercera investigación está relacionada con la propia captura de Castañeda, ocurrida el 10 de diciembre de 2022 en Cauca, cuando fue detenido mientras transportaba una cantidad de cocaína. El ‘Narcochofer’ se comprometió a declarar contra los policías José Ricardo Guerra Gómez, John Jairo Rivas Mosquera y Omar Hernández Santamaría, por hechos relacionados con la incautación de la droga y una diferencia entre la cantidad que, según su versión, fue incautada y la cantidad registrada posteriormente en el acta.La cuarta línea está relacionada con una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes. En esta investigación aparecen, entre otros, Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘El Mono’; recientemente judicializado por la fiscalía , y quien además fue designado facilitador de paz por el Gobierno Nacional, quien habría contratado a Manuel Antonio Castaña para transportar en el territorio nacional estupefacientes.También señalan a John Jairo Giraldo, alias ‘JJ’, Juan Sebastián Roa Sabogal, alias ‘Juan Roa’, además de Luis Orlando Beltrán León, José Rodrigo Beltrán León, Hugo Alexander Rico Lenis, Cristian Alexander Pérez Díaz y Jorge Alfonso Restrepo Mejía.Finalmente, Castañeda ha colaborado en una investigación relacionada con Wilson Javier Devia, exfuncionario de la UNP, por hechos asociados a esquemas de seguridad y presuntas solicitudes de dinero para garantizar acompañamientos irregulares. En esta línea se investiga, entre otros aspectos, la presunta gestión para conseguir alquiler o asignación de esquemas de seguridad sin el cumplimiento de los requisitos.El caso ha tenido aplazamiento en etapa de juicio.La Fiscalía sostuvo que las declaraciones pendientes son necesarias para avanzar en las investigaciones y procesos en los que fue ofrecido como testigo.
El sistema de pagos Bre-B cumple un año de operación con cerca de 10 millones de transacciones diarias y más de 35 millones de colombianos que ya registraron una llave para recibir pagos. Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República, aseguró que la plataforma ha tenido una adopción masiva y anticipó nuevos usos para empresas.“Estamos muy contentos con los resultados. Ha tenido el sistema una adopción masiva. Hoy estamos haciendo cerca de 10 millones de transacciones al día y son más de 35 millones de colombianos los que ya han inscrito su llave”, explicó Prieto.De acuerdo con la directora, Bre-B cuenta con más de 116 millones de llaves registradas y más de 250 entidades participantes, entre ellas entidades financieras, fintech y cooperativas.¿Cómo está cambiando Bre-B los pagos cotidianos?Prieto señaló que el sistema busca facilitar los pagos diarios y la recepción de dinero por parte de comercios y pequeños negocios. Las operaciones pueden hacerse desde las aplicaciones de las entidades participantes y el dinero llega en pocos instantes.La funcionaria destacó que cerca del 70 % de las transacciones de Bre-B son inferiores a 100.000 pesos, mientras que el promedio de los pagos está alrededor de 140.000 pesos. Para el Banco de la República, estas cifras muestran que la herramienta está siendo utilizada principalmente para operaciones cotidianas.“Colombia cada vez más se digitaliza, cada vez hay más colombianos aceptando y enviando dinero de manera electrónica, sobre todo para los pagos cotidianos”, afirmó.¿Bre-B permitirá hacer pagos de nómina y proveedores?Uno de los siguientes objetivos del sistema es habilitar los pagos empresariales, de manera que las compañías puedan utilizar Bre-B para enviar y recibir dinero.Prieto explicó que se trabaja en una regulación y estandarización que permita realizar operaciones como pagos de nómina y a proveedores. El sistema tiene actualmente un límite transaccional de 1.000 UVB, equivalente a aproximadamente 12 millones de pesos por operación, aunque las entidades participantes pueden establecer límites adicionales por razones de seguridad.La intención es que las empresas puedan complementar los mecanismos de pago que ya utilizan y realizar estas operaciones durante cualquier día y a cualquier hora.¿Cuáles son los retos de Bre-B?Con el aumento del número de operaciones, uno de los principales desafíos es mantener la estabilidad y disponibilidad del sistema. El Banco de la República trabaja junto con la industria financiera en mecanismos de resiliencia operativa para responder ante fallas o incidentes y entregar información al usuario sobre el estado de sus pagos.“Este es un sistema de alta disponibilidad que entendemos debe estar siempre listo para atender los pagos de los colombianos”, sostuvo Prieto.La directora también invitó a quienes ya tienen una llave registrada a comenzar a utilizar el sistema, que cumple su primer año de operación en octubre.
Alerta roja y racionamiento crítico en los municipios. La severa temporada seca vinculada al fenómeno de El Niño ha provocado un drástico agotamiento de las fuentes hídricas superficiales que surten los sistemas de acueducto en el departamento de Cundinamarca.La Gobernación ha confirmado que 11 municipios se encuentran actualmente en alerta roja debido al vertiginoso descenso en los niveles de sus reservorios y quebradas, mientras que otras 35 poblaciones están en riesgo inminente de entrar en esta misma condición de emergencia.Entre las localidades más afectadas figura Facatativá, cuyos embalses operan a tan solo un 26% de su capacidad máxima de almacenamiento, y Puerto Salgar, donde los habitantes enfrentan racionamientos diarios que superan las 12 horas.El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió sobre la gravedad de la coyuntura: "Estamos enfrentando realmente una situación bastante calamitosa y necesitamos que no solamente se sancione sino que también junto con la CAR (...) se suspendan concesiones de agua para el sector privado o para el sector empresarial y que esas concesiones puedan ser priorizadas para el consumo humano".Planes de contingencia y abastecimiento de emergenciaPara atender el desabastecimiento, la administración departamental mantiene un operativo permanente de carrotanques en los municipios afectados, enfocando los esfuerzos en barrios con desniveles topográficos y zonas altas veredales donde la presión del sistema es insuficiente.De forma paralela, la Gobernación apoya la ejecución de obras de contingencia como la perforación de pozos profundos, el traslado de bocatomas hacia fuentes alternativas con mejor comportamiento hídrico y la construcción de tanques satelitales de almacenamiento en corredores estratégicos de municipios como Chipaque.Según explicó el mandatario, "cada municipio debe preparar un plan de atención de emergencias" para responder a la crisis, sobre el cual el departamento interviene con capacidad logística e inversiones directas cuando las facultades locales son superadas.Adicionalmente, el gobierno departamental proyecta conectar infraestructura de agua en bloque desde Bogotá para abastecer a las poblaciones de La Mesa y Anapoima antes del mes de marzo.El engaño de las lluvias y la amenaza de desastres naturales Frente a las recientes precipitaciones registradas en el departamento, el gobernador hizo un llamado categórico a la comunidad para no bajar la guardia ni relajar las medidas de ahorro del recurso hídrico.Rey detalló que el territorio atraviesa su régimen bimodal habitual de precipitaciones entre septiembre y noviembre, caracterizado por lluvias de corta duración pero de gran intensidad que no solucionan el déficit acumulado."Este fenómeno del niño no significa la ausencia total de lluvias", puntualizó el mandatario.Asimismo, alertó que estas lluvias intensas traen consigo nuevos riesgos de desastres naturales, como las emergencias por remoción en masa registradas en El Rosal o los colapsos e inundaciones en las redes de alcantarillado en Soacha. Sanciones por despilfarro y freno al crecimiento urbanístico Con el fin de frenar el desgaste de las reservas, las autoridades aplicarán el Código Departamental de Policía para imponer comparendos con multas económicas considerables y el cierre definitivo de establecimientos comerciales que hagan uso inadecuado del agua. En el plano estructural, la Gobernación y la Corporación Autónoma Regional (CAR) adoptaron la decisión de suspender la concertación ambiental de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en municipios con alta demanda de segunda vivienda como Chía, Ricaurte y Anapoima. Frente a la necesidad de supeditar el desarrollo inmobiliario a la disponibilidad real de las fuentes de agua, el gobernador concluyó con una máxima clara sobre la planeación del departamento: "Primero la conservación y después la urbanización". Escuche aquí la entrevista:
Un presunto feminicidio sacude al Suroeste antioqueño, donde una mujer fue asesinada con arma de fuego al interior de una vivienda en el municipio de Hispania; ya son alrededor de 90 feminicidios registrados en Antioquia.La víctima fue identificada como Alejandra Marcela Zapata, de 40 años. Fue asesinada con arma de fuego al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Hoyo, en el municipio de Hispania.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y habitantes de la zona, la mujer presentaba impactos de bala en la cabeza.Los reportes iniciales indican que la víctima convivía en unión libre con un hombre identificado como Jaime Castrillón, y que ambos al parecer eran consumidores de sustancias alucinógenas, mientras los móviles del crimen permanecen por establecer.Tras el hallazgo del cuerpo, unidades de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Andes se encargaron de la inspección técnica al cadáver. Entre tanto, investigadores de la Policía y la Fiscalía General de la Nación adelantan la recolección de pruebas y testimonios para dar con los responsables y determinar si el caso deberá investigarse bajo la tipificación de presunto feminicidio.Con este suceso registrado en Hispania, la cifra de feminicidios en el departamento de Antioquia en lo que va del año asciende a 90, en medio de investigaciones que buscan esclarecer las causas de estos crímenes.
Un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, generó polémica luego de que un pasajero denunciara que fue retirado de un vuelo de Delta Air Lines con destino a Estados Unidos, tras una discusión relacionada con un cambio de asiento. El caso fue registrado parcialmente por el propio viajero con unas gafas inteligentes y posteriormente difundido en redes sociales, donde el video superó los seis millones de reproducciones.El pasajero, identificado como Santiago Daza, aseguró que inicialmente la tripulación le pidió cambiar de puesto para permitir que una mujer viajara junto a su esposo. Según su relato, aceptó inicialmente, pero cambió de decisión cuando comprobó que el asiento ofrecido era más pequeño y menos cómodo que el que tenía asignado. La situación escaló cuando otro integrante de la tripulación intervino y le solicitó sus datos, por lo que Daza comenzó entonces a grabar el intercambio con unas gafas que tienen cámara incorporada. En las imágenes se observa cómo miembros de la tripulación le piden que deje de grabar. Posteriormente, le informaron que el capitán había tomado la decisión de retirarlo de la aeronave.El joven cuestionó la determinación y sostuvo que ni siquiera había tenido contacto directo con el comandante. Finalmente, recogió sus pertenencias y abandonó el avión. Daza afirmó que fue reubicado en otro vuelo y que la situación le generó cambios en su itinerario y gastos adicionales. También aseguró que presentó una reclamación formal contra la compañía.Sin embargo, hay un correo electrónico publicado por el mismo pasajero a través de sus redes sociales, en el que la aerolínea justificó que no saben la razón exacta de lo sucedido y la deficiencia que fue tomada por el capitán del avión.“Tras revisar minuciosamente todos los registros han esta disposición. Lamento informarle que no hemos podido encontrar ningún informe de incidente, anotación y documento que detalle las circunstancias de su expulsión del vuelo 983 de Delta. Por consiguiente, no disponemos de Información, que identifique el motivo específico de la decisión, la conducta que pudo haber motivado ni informes que nos permitan ofrecerle la explicación que solicita…. Lamentablemente, al no constar ningún incidente registrado ni documento en nuestros archivos no podemos proporcionar un informe ni detalles adicionales sobre el suceso”, concluye el correo enviado al pasajero. La versión de la aerolínea apunta a que el desembarque no estuvo relacionado únicamente con la negativa a cambiar de asiento. Delta habría tomado la decisión por el comportamiento del pasajero durante el incidente y por el supuesto incumplimiento de instrucciones impartidas por la tripulación, entre ellas las relacionadas con la grabación.Daza aseguró que posteriormente recibió una oferta de compensación de 150 dólares, pero manifestó que no la aceptará y que continuará con su reclamación. El caso ha generado debate en redes sociales sobre los límites de las decisiones de una tripulación frente a un pasajero y las circunstancias bajo las cuales una persona puede ser retirada de una aeronave antes del despegue.
