La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) fue ingresada este sábado en un hospital de Buenos Aires con un cuadro de apendicitis por el cual debió ser sometida a una intervención, según informaron a EFE fuentes del entorno de la exmandataria, que cumple desde junio pasado en su domicilio una pena a seis años de prisión.Fernández fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina por recomendación médica debido un agudo dolor abdominal. La exmandataria fue luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla.Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la pena en su contra debió recibir una autorización judicial.Esta representa la primera salida de su vivienda desde que entró en vigor su detención el 17 de junio de este año, tras ratificarse la condena en su contra por el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción conocida como 'los cuadernos de las coimas', en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.
Los acusados por intentar asesinar a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y su entonces pareja, Brenda Uliarte, fueron condenados este miércoles a diez y ocho años de prisión, respectivamente.Sabag Montiel, de 37 años, fue condenado a diez años de prisión por considerarlo "autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa, y con concurso ideal con el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal", según expresó la jueza Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, compuesto también por los magistrados Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.Uliarte, acusada por haber prestado colaboración a quien entonces fuera su pareja, fue condenada a ocho años de prisión por considerarla "partícipe necesaria penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa".Nicolás Carrizo, considerado inicialmente como el presunto líder del grupo y liberado de su prisión preventiva en agosto de 2024 por falta de pruebas, fue absuelto por el tribunal.Sabag Montiel activó aquel día el gatillo de un arma cargada y apta para el disparo a escasos centímetros del rostro de Fernández, sin que el disparo se efectuara por una falla mecánica.Tras haber admitido en la audiencia inicial del juicio, el 26 de junio de 2024, que "quería matar a Cristina", el principal acusado denunció este miércoles en su declaración final que la causa en su contra "estuvo armada".Uliarte, por su parte, decidió no hablar ante el tribunal y Carrizo criticó la demora de la Justicia: "Los tres años que pasé preso nadie me los va a devolver", expresó.La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, mientras los abogados de Fernández habían solicitado 15 años para cada uno.El intento de asesinado ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo durante un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.En esa causa, Fernández fue finalmente condenada en junio de este año a seis años de prisión -que cumple en su domicilio- e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.La audiencia se celebró sin simpatizantes de Fernández en las inmediaciones del tribunal.Tampoco acudió la exmandataria, quien decidió no solicitar a la Justicia el permiso pertinente para asistir a la audiencia.Los diez años de condena para Sabag Montiel se suman a una pena a cuatro años y tres meses de prisión que cursa desde mayo de este año por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años. Le puede interesar :
En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Gregorio Dalbon, el abogado de la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, abordó las controversias en torno a la condena dictada por la Corte Suprema. Dalbon enfatizó que la situación de su cliente no se trata simplemente de aceptar una condena, sino de considerar las implicaciones más amplias de lo que él describe como una violación de los derechos humanos."Lo que sucedió con Cristina fue una situación que tiene que ver más con una violación de sus derechos humanos y con una proscripción política", declaró.¿Qué argumenta el abogado?El abogado argumentó que una semana antes de que se emitiera la condena, Fernández había informado sobre sus intenciones de candidatearse a las elecciones, señalando una supuesta maniobra política en su contra. "La Corte podría haber pedido la causa para estudiarla, pero terminó desechándola sin tocar el fondo de la cuestión", afirmó Dalbon. Lo que él llamó desprecio a las evidencias y a la posibilidad de un juicio justo, según dijo, marca una aceleración del proceso que afecta el debido proceso de su cliente.¿Qué acciones llevará a cabo el abogado de Cristina Fernández?En respuesta a la situación, Dalbon explicó que su defensa ha llevado el caso hasta la Corte Penal Internacional, haciendo una denuncia por lo que consideran "detenciones selectivas" bajo el gobierno actual. Su postura es que la velocidad de las decisiones judiciales ha vulnerado los principios de justicia básica y que, incluso con la condena, no se prevé que Fernández cumpla prisión efectiva debido a su edad.Además, el abogado resaltó que la condena no solo está anclada en el ámbito judicial, sino que afecta directamente la capacidad de su clienta para presentarse a las elecciones. "Cristina no puede competir en elecciones porque está proscrita", mencionó. "Esto es una cuestión política más que jurídica", concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó este martes un recurso de la defensa de Cristina Fernández y dejó así firme una condena contra la expresidenta argentina en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales.Estos son los cinco puntos clave del fallo del máximo tribunal:1. Condenada por fraude al EstadoEn 2022 un tribunal oral condenó a la exmandataria a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la denominada 'causa Vialidad'.La condena fue por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.La Cámara de Casación Penal confirmó el año pasado ese fallo y este martes, por unanimidad de sus tres integrantes, la Corte Suprema dejó firme esa sentencia al rechazar un recurso de queja que había presentado la defensa de Fernández.2. Absuelta por asociación ilícitaLa Corte Suprema también dejó firme la absolución de Fernández por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la Fiscalía para agravar su condena, hasta la pena de doce años de prisión.3. "Sentencia fundada en la ley"Según el fallo del Supremo, de 27 páginas y al que tuvo acceso EFE, las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la "profusa prueba producida" y en el Código Penal sin que se haya demostrado "en modo alguno" que la decisión apelada fuera contraria al derecho ni que durante el proceso se hubiera vulnerado alguna garantía constitucional."El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley", sostuvieron los miembros de la Corte.4. Ventajas económicasLa 'causa Vialidad' tuvo su foco en las irregularidades en la adjudicación de 51 obras de construcción de carreteras en la provincia de Santa Cruz (sur) a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010 y esposo de la exmandataria, y de Cristina Fernández (2007-2015).En la etapa de investigación del caso, la Justicia determinó que cerca del 85 % de los contratos viales de Santa Cruz fue adjudicado a Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner.El tribunal oral que condenó a la exmandataria en 2022 incluyó entre los fundamentos de la sentencia que "los incontrovertibles beneficios obtenidos" por el empresario Báez "no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta".Este martes, la Corte recordó en su fallo que aquella sentencia aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de empresas por él controladas, firmó contratos de alquiler y gerenciamiento con empresas de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios.De acuerdo a la Corte, esas relaciones no fueron cuestionadas por la defensa de Fernández, más allá de alegar que los actos comerciales fueron "totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado", lo que para el máximo tribunal "resta toda eficacia a su planteo".Según subrayaron los ministros de la Corte, esas circunstancias llevaron a la conclusión de que la adjudicación de las obras viales a Báez implicó una decisión presidencial que "relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares".5. Errores de la defensaLa Corte también marcó en su fallo "diversas falencias" en la presentación de la defensa.Entre ellas, apuntaron que aparecen enumeraciones sobre distintos jueces y fiscales o encuentros con ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo "sin indicar ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en este caso concreto".Además, según el Supremo, la defensa tampoco indicó "la forma en que se habría puesto de manifiesto el temor de parcialidad que procuraba evitar, no bastando para ello el dictado de un fallo adverso a sus intereses".
Las protestas en Argentina por la condena ratificada contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) escalaron este martes con manifestaciones en varias ciudades y un hecho inédito: un grupo de personas ingresó por la fuerza a las instalaciones de un medio de comunicación.La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en 2022, por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Fernández, actual líder del Partido Justicialista (PJ), recibió la noticia en la sede del partido y luego se trasladó a su residencia en el barrio Constitución de Buenos Aires.Allí, cientos de simpatizantes comenzaron a llegar para mostrarle su respaldo. “Estamos acá para demostrar lo que se la quiere, lo que se la respeta, lo que se la banca a Cristina”, expresó Lautaro González, estudiante y militante del PJ, a EFE. Otros, como Rubén Desampier, aseguraron estar presentes “por convicción y porque se está cometiendo una injusticia”.Durante la tarde y noche, las manifestaciones se replicaron en ciudades como Rosario, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata y Bariloche. En cada punto, militantes peronistas alzaron carteles y banderas en defensa de la exmandataria. En Córdoba, incluso, se entonaron cánticos contra el presidente Javier Milei.Ataques a medios de comunicación en ArgentinaHoras después de conocerse el fallo, un grupo de manifestantes ingresó violentamente a las instalaciones de ARTEAR, empresa donde funcionan los canales TN y El Trece, en Buenos Aires. Según fuentes locales, los atacantes forzaron su entrada por la calle Lima, vulneraron al personal de seguridad y causaron daños materiales considerables: rompieron vidrios, televisores, al menos diez autos en el estacionamiento, y se llevaron bicicletas.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró este martes el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Milei afirmó que "se hizo justicia".“Justicia. Fin. PD: La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, publicó en su cuenta de X, respondiendo así a quienes lo acusaban de haber pactado con Fernández.Ese mismo día, la Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la exmandataria y dejó firme la sentencia dictada en 2022 por irregularidades en la adjudicación de obras viales. A raíz de esto, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días.El vocero presidencial, Manuel Adorni, también ironizó en redes sociales sobre las acusaciones de connivencia con el peronismo, escribiendo: “Muy extraño resultó el 'pacto de impunidad'”.Cristina Fernández, quien ha denunciado el proceso como un caso de lawfare —una persecución judicial con fines políticos—, recibió la noticia en la sede del Partido Justicialista, rodeada por cientos de militantes peronistas.La causa, conocida como “Vialidad”, investigó presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y la propia Fernández.Tras el fallo, la sentencia deberá ser ejecutada por el Tribunal Oral Federal 2, encabezado por el juez Jorge Gorini. La defensa de Fernández podrá solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, ya que cumplió 72 años en febrero.
Llegó el día en que la Selección Colombia regresa al Más Monumental de Buenos Aires buscando hacer historia vs. la selección de Argentina. Pero una serie de manifestaciones que se han dado este martes, 10 de junio, en la ciudad pone en riesgo que se pueda desarrollar este partido.Y es que, la Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández y dejó en firme la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. Noticia que causó un revuelo en Buenos Aires y generó varias vías bloqueadas.De acuerdo con información preliminar, la Selección Colombia se encuentra en el área metropolitana de Buenos Aires, pero la albiceleste no y debido a estos bloqueos alertaron posibles complicaciones para que el equipo pueda llegar al Más Monumental para disputar la fecha 16 de Eliminatorias. Pero otros aseguraron que esto no causará problema en el trayecto del combinado nacional.“El encuentro está programado para las 21, y la salida del plantel, en ómnibus, desde el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, está prevista para las 18.45. Fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están en contacto con la Policía Federal para monitorear el estado de situación del trayecto, que por el momento está abierto: la manifestación en la Riccheri no está bloqueando la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, que es la que ha de recorrer el equipo nacional”, indicaron desde el diario La Nación sobre la situación.Asimismo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indicó que, por el momento, no pedirán modificación en el horario ni nada y el partido de igual forma se disputará sobre las 7:00 de la noche (hora colombiana) como se tiene pensando. Pero la alerta de las autoridades, por ahora, se mantiene a cualquier novedad.
La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de 'lawfare', es decir, persecución judicial y política."Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (...) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional", dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.Y añade: "El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley", agrega.La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.La causa por la que fue condenada, conocida como 'Vialidad', investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como "guardia pretoriana del poder económico" y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan "libres" por las calles, por lo que, para ella, "estar presa es un certificado de dignidad".
La expresidenta argentina Cristina Fernández, que gobernó entre 2007 y 2015, dijo este miércoles que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena en un caso por irregularidades en obras viales es un castigo "por ser mujer"."Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan (respaldar) discutir con una mujer y que no puedan tener razón", afirmó tras conocer el fallo.La exmandataria agregó: "No importa chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad".Fernández hizo estas declaraciones durante un encuentro con mujeres en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires y periferia de la capital argentina, adonde se dirigió en automóvil desde su domicilio mientras escuchaba en directo el fallo.La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal, por la que se condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, en la causa denominada como “Vialidad”. Fernández puede ahora apelar ante el Supremo.Junto a Cristina Fernández, fueron condenados el empresario Lázaro Báez -a seis años de prisión- y otros seis funcionarios de su Administración.Tras participar en el acto con mujeres, Cristina Fernández se dirigió al Instituto Patria, un espacio de discusión política creado por ella, donde la esperan cientos de seguidores para mostrarle su apoyo.Antes de la lectura de la sentencia, más de 1.000 peronistas se congregaron ante las puertas de la Cámara Federal de Casación para denunciar la persecución política que, según ellos, padece la ex jefa del Estado argentino, rodeados por decenas de policías pertrechados con escudos y material antidisturbios. Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.
El nuevo presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, prometió este domingo, 10 de diciembre una "nueva era" con su Gobierno, un ajuste fiscal y fin de la emisión monetaria, fueron parte del plan económico anunciado por el nuevo mandatario."Sabemos que lo que viene será duro. El ajuste y el shock impactará de modo negativo en el empleo, la cantidad de pobres, habrá estanflación que no es algo distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. No hay alternativa posible al ajuste y tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicar la inflación. ¡No hay plata!”, fue el poco alentador panorama económico que entregó Milei.El nuevo mandatario declaró: "La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativa ni tiempo para discusiones estériles”.El economista libertario que juró este domingo como nuevo presidente de Argentina ante el congreso en Buenos Aires manifestó que recibe lo que consideró "la peor herencia" de la historia del país.“Estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre. El populismo nos ha arruinado la vida, nos ha hecho caer nuestros salarios por 10 veces. Los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única forma de salir de la pobreza es con más libertad”, reclamó.Además, Milei puntualizó: ”Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo”.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
