La Corte Constitucional nombró otros dos conjueces para decidir si el magistrado Juan Carlos Henao será recusado en el debate del aborto. Además, la magistrada Cristina Pardo se declaró impedida para participar de esta recusación.Todavía no se sabrá si el conjuez y exrector de la Universidad Externado será recusado en el debate del aborto porque fueron nombrados otros dos conjueces para definir si podrá participar en este debate, se trata de Ruth Stella Correa y Mauricio Fajardo.Durante la sala plena la magistrada Cristina Parto, quien también fue recusada por unas declaraciones cuando fue secretaría Jurídica de la presidencia de Santos, se declaró impedida para votar en la recusación de Juan Carlos Henao.En la sala plena de la Corte Constitucional primero se tenía que definir si el aborto en Colombia sería despenalizado o no, sin embargo, cuando el magistrado Alejandro Linares se declaró impedido en esta decisión, hubo un empate con una votación 4-4 que dejó estancada la votación.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Corporación Sisma Mujer, que pide despenalizar el aborto en el país, interpuso una nueva petición en este debate en la Corte Constitucional, esta vez, contra la magistrada Cristina Pardo por considerar que tiene “un interés directo en la decisión”. Según explicó Linda Cabrera, directora de la corporación, la razón principal por la que recusaron es por la “objeción de conciencia” de Pardo.La petición sugiere recusar a la magistrada porque, al parecer, cuando fue secretaría jurídica de la Presidencia de Juan Manuel Santos, pidió excusas alegando “objeción de conciencia”, es decir, no pronunciarse en la revisión de constitucionalidad.“Ella se declaró objetora de conciencia en un escrito presentado ante el expresidente Santos, en el marco de la aprobación de la que ya es ley, la 17-19 de 2014, que reconoce los derechos de las víctimas de violencia social en el país”, dijo en Mañanas BLU.Por lo que, según señaló Cabrera, “es claro que la magistrada tiene una decisión tomada en relación con el aborto” y “ni siquiera las tres causales que están ya aceptadas por la Corte Constitucional son aceptada por ella”.Comentó que, en su momento, la magistrada Pardo alegó que no podía cumplir con sus competencias jurídicas y legales, por lo que pidió que se designara a un “secretario ad hoc para para llevar ese estudio de constitucionalidad del entonces proyecto de ley”.“Porque a diferencia de lo que ha dicho en otros medios, no compartía la sentencia 3-55 en la que se refieren a esa ley 17-19. No podía decidir en la norma, entonces que le aceptaran la objeción”, añadió la directora de Sisma Mujer.Aclaró que esta recusación la presentaron hasta ahora, a pesar del largo debate por la despenalización del aborto, porque conocieron hace poco la solicitud que hizo Pardo en ese momento.
Este miércoles, el debate sobre el aborto vuelve a estar en la sala plena de la Corte Constitucional; se reanuda la discusión acerca de si se debe despenalizar o no en Colombia. Sin embargo, primero la corte tendrá que resolver más de 45 recusaciones que llegaron en contra del conjuez Juan Carlos Henao y, ahora, un nuevo recurso interpuesto por Sisma Mujer, una corporación que pide despenalizar el aborto en el país, en contra de la magistrada Cristina Pardo.La petición sugiere recusar a la magistrada porque, al parecer, cuando fue secretaría jurídica de la Presidencia de Juan Manuel Santos, pidió excusas alegando “objeción de conciencia”, es decir, no pronunciarse en la revisión de constitucionalidad, que debía realizar previa sanción presidencial, del proyecto de ley que adoptaba medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.Haciendo referencia a asuntos relacionados con el derecho al aborto, reconocidos en la sentencia C-355 de 2006, que despenaliza el aborto en tres causales y frente a los cuales la doctora Cristina Pardo tenía reparos “éticos jurídicos”, que le impedían realizar sus funciones legales como secretaria jurídica de Presidencia.En la petición, Sisma Mujer cita a la corte cuando se refiere a que un “magistrado de la corte o el procurador tiene interés en la decisión, cuando puede sospecharse razonablemente que existe en él un ánimo tan fuerte que podría entrar en conflicto con su interés de examinar con neutralidad el asunto y, de respetar las razones del derecho, en definitiva, cualquiera que sea el sentido de estas últimas”. Por lo que pide recusar a la magistrada Pardo.Le puede interesar: Ser campeón viene con manual
Las magistradas de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Cristina Pardo, negaron mediante un comunicado que recibieron llamadas de expresidentes antes de tomar la determinación en la que apoyaron que se negara la tutela al expresidente Álvaro Uribe con la que pretendía que se anulara su proceso que se adelanta por falsos testigos contra el senador Iván Cepeda.Las dos magistradas, en el escrito, desmintieron las afirmaciones del magistrado ponente de este caso, Alejandro Linares, quien aseguró en varios medios de comunicación que los expresidentes Álvaro Uribe y Cesar Gaviria, habían llamado a algunos de sus colegas antes de tomar la determinación.“Todas las decisiones que han tomado como magistradas de la Corte Constitucional durante su periodo constitucional, han estado basadas en razones estrictamente jurídicas”, señala el comunicado.Así mismo, las magistradas señalan en su comunicado que los argumentos que tuvieron ya fueron publicados en el comunicado 42 del expediente T - 8170363.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
La Corte Constitucional declaró inconstitucional una norma contenida en la reforma al reglamento del Congreso que consagraba que no constituía falta disciplinaria ni representaba conflicto de interés el hecho de que los congresistas votaran proyectos de ley que afectan a sus financiadores.La Sala Plena acogió de manera unánime la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que eliminó una disposición contenida en la ley 2003 de 2019, mediante la cual señala que no incurrirían en conflicto de intereses. Los congresistas que votaran o conocieran proyectos de ley "que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista”.Para la Corte, tal determinación no contribuye con las obligaciones y principios de transparencia que deben tener los legisladores ante la comunidad, en relación con quienes intervienen en la financiación de sus campañas.Para el alto tribunal, de mantenerse esta disposición, constituiría una autorización para participar en la aprobación de proyectos normativos, incluso, cuando dicho conflicto se presenta, lo cual se traduce en un abierto interés de parte y parte (de quien financia y del favorecido).
Tras el fallo de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la posibilidad de aplicar la pena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia, el presidente Iván Duque criticó nuevamente la decisión.“Cuantos garavitos más se necesitan? ¿Qué pensaran los papás de Yuliana Zamboni, de tantos niños que han sido abusados? ¿Qué pensaran también tantos niños que se demoraron años en denunciar estos abusos? La batalla continua y seguiremos buscando el fervor del pueblo colombiano en esa tarea”, dijo el presidente.El primer mandatario dijo que los fallos se acatan, pero las fallas se corrigen.“Aquí no podemos claudicar en favor de los violadores y de los asesinos de menores, hay unos que dicen que es populista: mentiras, miren en la gran mayoría de países de europeos existe severidad”, añadió.El presidente también criticó a quienes consideran que la cadena perpetua es populismo punitivo, como lo expresó en Mañanas BLU la magistrada ponente Cristina Pardo.“¿Populista? Populista la impunidad que en Colombia han buscado para los que han cometido delitos atroces, que tratan de escudarlos con todo tipo de perfumes de carácter político. Sería injusto decir que esto es una causa de Iván Duque, no esto es una causa de millones de familias, de millones de colombianos”, aclaró.La ponencia de la Corte Constitucional fue aprobada con los votos positivos de Pardo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajado y Jorge Ibáñez. Mientras que en contra votaron los magistrados Antonio José Lizarazo, Paola Meneses y Gloria Ortiz.“El Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”, dice el documento reservado, ahora avalado por el alto tribunal.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Con una votación de 6 – 3, la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Los magistrados apoyaron la ponencia presentada por Cristina Pardo, quien considera que esta pena viola los principios de la dignidad humana.En diálogo con Mañanas BLU, la magistrada Pardo explicó: “La Corte estima que la cadena perpetua no respeta valores de nuestra constitución, de manera que no puede optarse. Sustituye nuestra constitución por otra. La cadena perpetua atenta contra la dignidad humana porque aparta a la persona de la sociedad. Era una pena cruel y degradante”.Según la magistrada, la cadena perpetua no garantiza la protección de los menores a los abusos y, por el contrario, los expone a otros peligros, como asesinatos. “La Corte consideró que no había ninguna evidencia que demostrara que la cadena perpetua iba a servir de protección a niños víctimas de esta conducta. (…) Una pena como esta expone a más peligros a los niños”, añadió.La magistrada Pardo también indicó que los estudios evaluados por la Corte Constitucional muestran que la mayoría de estos delitos se comenten en el ámbito familiar y “entre más graves y severas sean las penas, es mucho más difícil que las familias denuncien”.“Hay políticas públicas, distintas a la cadena perpetua, que pueden implementarse y fortalecerse para proteger a los niños. (…) Todo ser humano tiene derecho a la resocialización, a reinsertarse en la sociedad y a corregir su conducta”, agregó Pardo.Escuche la entrevista completa aquí:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La Sala Plena de la Corte Constitucional evaluará en los próximos días una ponencia de la magistrada Cristina Pardo que pide declarar la inexequibilidad del acto legislativo que reglamenta la cadena perpetua para violadores de niños, por considerar que se viola el principio de dignidad humana.En un documento reservado de 150 páginas, la magistrada expone que el Congreso no podía hacer este trámite y aprobar esta reglamentación, puesto que se viola el principio de la dignidad humana. “El Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”, menciona un aparte del documento.Esta ponencia se da por varias demandas que se interpusieron ante el alto tribunal por considerar que no es constitucional la aprobación de este acto legislativo, puesto que no se puede garantizar la dignidad humana de los condenados, según explica la magistrada, “resaltaron que todos los efectos negativos son más graves en circunstancias de hacinamiento como las que se presentan en el sistema carcelario colombiano, en razón a la falta de servicios de salud, alimentación, entre otros, que no se garantizan de forma plena. La ausencia de estas condiciones mínimas de subsistencia digna en un centro carcelario, además de estar sometido a un encierro perpetuo, puede configurar en un trato inhumano, cruel y degradante, prohibido por el artículo 12 de la Constitución”.Por otra parte, la magistrada Pardo asegura que dentro de la decisión que se tomó en la Sala Plena, cuando se declaró constitucional este acto legislativo, al interior hubo divisiones en donde se mencionó que esta no era una forma idónea para la resocialización: “La Sala Plena observó que la pena de prisión perpetua revisable incluida en el artículo 34 de la Constitución no es una medida idónea para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos que regula; y en contraste, genera efectos tan graves a la dignidad humana de la persona condenada y al sistema penitenciario actual, que no es una medida proporcional ni efectiva”.Se espera que en los próximos días, esta ponencia entre en el orden del día para que la Sala Plena de la Corte Constitucional evalúe si acoge o no este documento, que de ser aprobado, tumbaría la reglamentación sobre la cadena perpetua para violadores de niños.
La Sala Plena de la Corte Constitucional negó la recusación presentada por la candidata presidencial Martha Lucia Ramírez en la que pedía que los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo se apartaran del estudio del Acto Legislativo N. 2 de 2017 en el que se define el blindaje jurídico para los acuerdos de paz. Con una votación de 5 votos a favor y 3 en contra, el pleno de la Corte decidió que no se contaban con los argumentos suficientes para aceptar esta recusación. Lea también: Corte Constitucional avala pago de dos millones de pesos a desmovilizados Farc Sin embargo, el caso del magistrado Lizarazo, será estudiado en la próxima Sala Plena de este alto tribunal, que se llevará a cabo la otra semana. El propósito de este acto legislativo, que será estudiado por la Corte Constitucional, es "dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto", que fue firmado el 11 de mayo de este año. Finalmente, cabe resaltar que en esta decisión ya podría hacer su participación el nuevo magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
La secretaria jurídica de la Presidencia, Cristina Pardo, renunció para aspirar a la terna presidencial al cargo de magistrado de la Corte Constitucional. Hace unas semanas Pardo había presentado un impedimento ante el secretario general de la Presidencia de la República al existir un conflicto de intereses en la participación de la convocatoria. La Presidencia aceptó el impedimento y designó a Juan Francisco Espinoza, asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la República, para que intervenga como Secretario Jurídico ad-hoc en el trámite de convocatoria para la conformación de las ternas presidenciales.
Esta semana se llevó a cabo en Londres la quinta edición del Colombia Investment Roadshow, uno de los foros de inversión más importantes para la atracción de inversión extranjera directa para el país. Fue organizado por la embajada de Colombia en el Reino Unido junto con ProColombia.El embajador Roy Barreras dio a conocer en Mañanas Blu con Camila Zuluaga los resultados de dos intensos días de trabajo en los que se lograron importantes avances para la atracción de inversiones en Colombia. De acuerdo con el embajador Barreras se firmaron dos convenios entre el Ministerio de Infraestructura y Transporte colombiano y el Reino Unido, con el objetivo de crear una agencia de desarrollo estratégico para Colombia con transferencia tecnológica con una agencia gubernamental británica especializada en el desarrollo de trenes. También se firmó un convenio con el ministro de Minas británico y la viceministra de Minas y Energía de Colombia, en el marco del Plan Estratégico para la Transición Energética. Como resultado de estas reuniones, se abren nuevas oportunidades de inversión en tres áreas clave: energías alternativas, infraestructura ferroviaria y turismo ambiental. El embajador Barreras resaltó el potencial de Colombia como centro de oportunidades en América Latina y enfatizó la importancia de aprovechar el interés de los inversionistas británicos para impulsar proyectos en el país. Ante esto, Roy Barreras reveló en Mañanas Blu la meta para atraer inversión extranjera directa del Reino Unido."La meta que estima el ministro de Hacienda es de 10.000 millones de dólares, pero seguramente el país necesita ocho veces más para desarrollar todos estos proyectos. Este es el momento de que el interés de los británicos particularmente permita darle cierre financiero a proyectos que presentamos en tres áreas, energías alternativas, transición energética, infraestructura fundamentalmente férrea y turismo ambiental", indicó el embajador Barreras.A su vez, resaltó la importancia del tema férreo en nuestro país, seguido del tema energético. "El tren está despegando en Colombia y va a despegar más ahora con esta transferencia tecnológica. "El Reino Unido tiene una gran experiencia en generación de energía y esa transferencia tecnológica, y esos recursos, están dispuestos a llegar a Colombia. Luego tenemos la transformación vehicular, la movilidad eléctrica, vehículos empezando, quizá, en planes piloto con taxis, por ejemplo, que permitan que dejen de usar combustibles fósiles para usar vehículos eléctricos y las electrolineras, las estaciones o sitios de carga para que esos vehículos, incluyendo los vehículos de transporte de alimento, camiones de diez toneladas o menos, puedan ser eléctricos y funcionales en nuestras carreteras", explicó.Proyectos de gobiernos locales de Colombia"Los gobernantes locales se interesaron en presentar proyectos. Bogotá presentó varios proyectos de expansión, tanto en los temas de trenes de cercanías, como en los temas ambientales. También Cali presentó proyectos que tienen que ver con un parque ambiental en Farallones, con centros de distribución de agua potable que requieren inversiones macro y el tren de cercanías. El departamento del Valle presentó un proyecto, por ejemplo, de hacer un acuario del Pacífico en Buenaventura, que suscitó interés", afirmó.Finalmente, el embajador Rey Barreras destacó la importancia de mantener la estabilidad política y jurídica en Colombia para atraer inversiones extranjeras y aprovechar las oportunidades que ofrece el país.Escuche la entrevista aquí:
La producción mundial de vino cayó un 10 % en 2023 hasta los 237,3 millones de hectolitros, la cifra más baja desde 1961, debido a las condiciones de clima extremo, con sequías, lluvias torrenciales y heladas en amplias regiones.Y el avance de la vendimia de los primeros meses de este año en el hemisferio sur apunta también a un descenso de aproximadamente un 5 % respecto al año pasado, según los datos presentados este jueves por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).Se prevén caídas previstas en Chile (-10 %, 9,9 millones de Hl) y Brasil (-5 % (3,4 millones), aunque con subidas en Argentina (27 %, 11,2 millones), Australia (21 %, 11,7 millones) y Sudáfrica (1 %, 9,4 millones de Hl).Francia fue el mayor productor mundial en 2023, con 48 millones de Hl y una subida del 4 %, seguida de Italia (38,3 millones, -23 %) y de España (28,3 millones, y una caída del 21%).Estos países suponen casi la mitad de la producción mundial, destacó el secretario general de la OIV, el neozelandés John Barker, al presentar a la prensa el informe anual de la organización.La demanda mundial bajó un 2,6 % en 2023, hasta 221 millones de hectolitros, el dato más bajo desde 1996, y la OIV atribuye la caída al aumento de la inflación, que causó un aumento de los costes de producción y del precio de venta mientras se reducía el poder adquisitivo de los consumidores.Pero, además de estos factores, el consumo global de vino registra una tendencia descendente, aunque con altibajos, desde el máximo registrado de unos 250 millones de hectolitros en 2007.El cambio climático "es el mayor reto"Barker consideró que actualmente el mayor reto para el sector vitivinícola a nivel mundial es "el cambio climático", ya que "es difícil determinar si la reducción de la demanda es una tendencia a largo plazo".El 68 % del consumo mundial se concentra en diez países y el 51 % en los cinco mercados principales: Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, y en todos ellos bajó ligeramente (un 2-3 %) el año pasado.China registró fuertes caídas de producción (-33 %) y de consumo (-25), debido en este último caso a las situación económica tras la salida de las restricciones por la pandemia.Con estas cifras, la OIV contabiliza un exceso de producción respecto al consumo de 16,1 millones de hectolitro.Pero como cada año entre 25 y 35 millones de destinan a usos industriales (como producción de vinagre, destilados u otros productos), la organización considera que la baja producción del año pasado "se espera que traiga equilibrio al mercado mundial" al reducir existencias.El consumo de vino tinto seguirá bajando en 2024, mientras que subirá el de blanco y espumosos.La superficie de viñedos continúa su lento declive, con 7,2 millones de hectáreas en 2022, un 0,5 % menos, desde los algo más de 7,8 millones contabilizados en 2003.España sigue siendo el país con mayor superficie de viñedo 813 % del total), seguida de Francia y China (ambas con el 11 %) e Italia (10 %).Ante el poco dinamismo del mercado, el comercio internacional de vino también se vio afectado, y las exportaciones bajaron un 6,3 % anual en volumen (hasta los 99 millones de hectolitros) y un 4,7 % en valor (36.000 millones de euros).Sin embargo, el premio medio del vino con comercialización internacional subió un 2 % respecto a 2022 para situarse en 3,62 euros por litro.Los principales exportadores por volumen son Italia (21,4 millones de Hl), España (20,9) y Francia (12,7 millones), aunque el orden cambia radicalmente por el valor de las ventas.Francia fue el país con mayores exportaciones, que totalizaron 11.900 millones de euros, por 7.700 de las italianas y 2.900 millones de las españolas.El valor de las exportaciones españolas se ve perjudicado porque el 57 % del vino que se envía al exterior es a granel, el mayor porcentaje entre los 12 mayores exportaciones mundiales.Chile fue el cuarto exportador mundial por volumen (6,4 millones de Hl) y por valor (1.400 millones de euros).
Predios y bienes inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales que en el pasado fueron puestos a extinción de dominio por lavados de activos y narcotráfico en el Huila, pasarán a manos de asociaciones productivas urbanas y rurales del departamento.Durante su visita a Neiva, el presidente de la SAE Daniel Rojas Medellín, dijo que se trata de al menos 12 mil hectáreas de predios rurales y más de 300 inmuebles en Neiva y en otros municipios del Huila que serían utilizados para las economías legales y productivas.“La invitación a las organizaciones sociales a que se asocien con la SAE para crear valor, para generar riqueza para que utilicemos los bienes que sirvieron en el pasado a la ilegalidad y que ahora nosotros administramos sirvan a las economías legales y a las asociaciones productivas. Estamos hablando de al menos 12.000 hectáreas de suelo rural para producción agropecuaria y 314 bienes urbanos en Neiva", explicó el funcionario.El presidente de la SAE, Rojas Medellín, aprovechó su visita al Huila para hacer entrega de una sociedad pesquera con capacidad para cultivar 750.000 peces a una asociación de emprendedores que se encargarán de hacerla productiva y generar rentabilidad social.“Esta sociedad ubicada en Yaguará, Huila, hace parte de lo que en la SAE llamamos Gerencia Popular, es decir, es la posibilidad que brinda la entidad para que una asociación pueda gerenciar algunas de las empresas o negocios en extinción de dominio y generar rentabilidad para sus familias” explicó Daniel Rojas, presidente de la entidad.Así luce la casa que Higuita perdió hace 30 años con la SAE: "Ahí estaban mis ahorros"Asimismo, la Sociedad de Activos Especiales abrió una nueva sede en Neiva, con el fin de disponer atención personalizada a los que están interesados en acceder a los bienes incautados a través de las diferentes figuras de administración de la SAE.Esta nueva sede tendrá control sobre los bienes que tiene la SAE, en los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, donde actualmente hay más de 1.400 inmuebles y predios, entre rurales, urbanos, en proceso y en extinción de dominio.
En medio de la realización de actividades de control en Medellín, la Policía logró identificar y recuperar 10 automotores con placas de Bogotá y que estaban reportados como hurtados hace varias semanas.La recuperación se da luego de que las autoridades fueran advertidas por la ciudadanía, quienes informaron que en un local del centro comercial Punto Clave, al parecer, se encontraban unos vehículos que habrían sido hurtados en la ciudad de Bogotá.Al ser advertidos, la Policía llegó al lugar donde encontró los carros de media y alta gama."Ciudadanos que querían vender sus vehículos los ponían en algunas plataformas, eran contactados por estos criminales, los estafaban, no les terminaban de pagar sus vehículos y trasladaban estos vehículos a otras ciudades. A Medellín fueron trasladados algunos de esos vehículos y estaban intentando venderse", explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.Sobre este caso, uno de los damnificados que llegó hasta Medellín para que le devolvieran su vehículo, contó que ofreció el carro por Facebook y que ahí lo contactó una concesionaria que le pidió llevara el vehículo hasta un almacén en la capital colombiana.Una vez allí, le dieron dos millones de pesos para que el hombre dejara su automotor, ya que, supuestamente, tenían que hacer un peritaje. Sin embargo, al volver al local no encontró ni carros ni personal.Finalmente, la alcaldía de Medellín confirmó que durante el 2024 han recuperado 120 vehículos que habían sido reportados como robados.
Los samarios y magdalenenses se encuentran cansados por los constantes mantenimientos que a diario programa la empresa Air-e en los barrios de Santa Marta y en los municipios del Magdalena. Este jueves, más de 6 mil familias permanecieron sin energía durante 10 horas consecutivas.Víctor Noguera, Edil de la Localidad 2, expresó su inconformidad sobre esta situación. “En Santa Marta, como en toda la región Caribe, ya estamos cansados de que, además de las altas tarifas de energía que nos toca pagar en nuestros recibos, ahora cada semana nos toca estar pendientes de cuándo nos toca el turno para quedarnos sin luz debido a los mantenimientos que realiza la empresa Air-e. De verdad, necesitamos que el Gobierno Nacional tome acciones y que no sigamos en el olvido ante semejante atropello”, afirmó.En medio de los mantenimientos y las facturas impagables, los habitantes de la región Caribe continúan apoyando la acción popular que busca detener el alza de las tarifas de energía. La representante por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, entregó detalles sobre cómo avanza la recolección de firmas.“Hasta la fecha, más de 128 mil ciudadanos y ciudadanas de la región Caribe han decidido firmar la coadyuvancia, y de esta forma le están diciendo al Gobierno Nacional: no más Air-e, no más Afinia, no más que estas empresas sigan enriqueciéndose a costa de la gente de la costa atlántica. El Caribe necesita una empresa de la costa para la costa”, afirmó Aguirre.En lo que va de 2024, Air-e ha realizado más de 25 mantenimientos que han dejado sin luz a municipios del Magdalena, y los usuarios insisten en que, a pesar de que se realizan los trabajos, el servicio no mejora.