El propósito del Gobierno nacional de deslindar las facturas de los servicios públicos con el cobro de impuestos o créditos está próximo a volverse realidad, pues, según explicó el superintendente de Servicios Públicos y Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, la CREG está trabajando para depurar los cobros finales, para lo que vienen trabajando en la expedición de una resolución que estaría lista en las próximas semanas.Según los detalles que pudo conocer Blu Radio, esto permitirá que, en un término no superior a estos meses, se inicie el retiro de dichos cobros en las facturas de los servicios públicos para la costa norte colombiana.“Tras de que las tarifas son bien caras y se le cargan al recibo un poco de servicios que no tienen nada que ver con lo que se les está cobrando, entonces la CREG está estudiando para dejar como depurada las facturas de servicios públicos a los usuarios”, manifestó el superintendente desde la Feria de Economías para la Vida que se desarrolla en Barranquilla.Asimismo, manifestó que “porque los usuarios muchas veces tienen inconvenientes en pagar, entonces si les llega un ‘razimo’ de cobros y el usuario no tiene ni siquiera para pagar el recibo, ahora mucho menos esos cobros; creo que es apenas justo”.No obstante, la situación empieza a preocupar a mandatarios de las regiones como es el caso del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, siendo que, a través de de recibos como el del servicio de energía, se recauda mes a mes una sobretasa de seguridad, a la que se suma el impuesto de alumbrado público.La supresión de estos cobros en dichos recibos pondría en riesgo la continuidad de varios proyectos por lo menos en el Atlántico, según advirtió el mandatario, que están financiados a partir del flujo de caja que se obtiene con el recaudo a través de dicha modalidad.
Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos, se pronunció este lunes en el programa Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, respecto a la intervención de la empresa Air-e y sobre las posibles diferencias personales con sus directivos.Quiroga señaló que la empresa había solicitado la intervención, al reconocer que no tenían capacidad para seguir prestando el servicio más allá del 2 de septiembre de 2023.El superintendente aclaró que, aunque la decisión final la tomó el Gobierno Nacional, Air-e ya había expresado su incapacidad operativa. "Como el Estado es quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, si alguien dice que no puede prestar los servicios, el Estado tiene que tomar decisiones" , explicó.Frente a la acusación de supuestos malos manejos dentro de la empresa, Quiroga fue tajante al señalar que no se ha realizado un análisis sobre este aspecto: "Nosotros no hemos entrado a analizar si hay malos manejos o no" , afirmó. Sin embargo, indicó que la situación financiera de Air-e era delicada, agravada por un ataque informático que complicó la recuperación de información crucial.Además, durante la entrevista, Quiroga habló sobre el complicado escenario que enfrentan las comercializadoras de energía en el país. Según él, el sistema de bolsa, en el que Air-e se vio obligado a comprar energía, es "perverso" , ya que "el precio lo impone el más ineficiente" .Asimismo, confirmó que varias empresas generadoras decidieron no seguir vendiéndole energía a Air-e debido a los retrasos en los pagos.En cuanto a las declaraciones de la periodista María Jimena Duzán, quien sugirió en su columna que la intervención beneficiaría a los propietarios de Air-e al sanear financieramente la empresa para luego devolvérsela, el superintendente fue claro."No vamos a entregar una empresa con unas inversiones que haga el Estado porque el Estado no puede regalarle plata a una empresa privada" . Quiroga dejó en claro que cualquier inversión realizada por el Estado deberá ser pagada por la empresa.Y agregó, “Con Laura Sarabia no tuvimos mayor acercamiento, el presidente me dijo que debíamos escoger un interventor intachable y se estudiaron varias hojas de vida y designé, sin recomendación de nadie, a Carlos Diago”, enfatizando en que no hubo ningún enfrentamiento con Sarabia.Finalmente, Quiroga se refirió a los rumores de su renuncia, que, según él, se filtraron desde la Presidencia de la República."Presenté mi renuncia protocolaria en enero, como lo hago cada seis meses. No hubo enfrentamientos ni con el presidente ni con Laura Sarabia" , afirmó.Además, desmintió cualquier conflicto en la designación del agente interventor, Carlos Diago, quien fue elegido "sin recomendación de nadie".Con estas declaraciones, el Superintendente busca aclarar la situación que rodea la intervención de Air-e, subrayando que las decisiones se han tomado en base a evaluaciones técnicas y que el objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios.
Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre los motivos de su renuncia y las especulaciones en su contra. Aseguró que presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro hace aproximadamente quince días. Reveló que, a pesar de haber presentado una renuncia anterior en enero, decidió darle otra oportunidad al cargo. Sin embargo, después de dos años en el puesto, decidió expresar su deseo de retirarse y dejar la decisión en manos del presidente. "Simplemente pongo en consideración del presidente la evaluación, si está contento con mi gestión o no. Y pues ya uno de dos años y después de a estas alturas, uno quiere descansar. Pero sin embargo le dejo a consideración del presidente. Yo no presento renuncias irrevocables, sino que le digo dejo a su consideración la con en mi cargo", explicó. En cuanto a las especulaciones sobre su gestión y supuestas conversaciones a favor de William Vélez, Quiroga niega rotundamente haber favorecido a algún empresario y asegura que siempre ha actuado con transparencia. "Yo le voy a hacer favores. Yo no hago favores, mucho menos a los empresarios. Nunca me reuniré privado con un empresario", enfatizóTambién aclara que las reuniones que ha tenido con representantes de empresas de servicios públicos son normales y parte de su labor como superintendente. En relación a las acusaciones de un trasfondo político en su renuncia y las diferencias frente a la intervención de la empresa Aire, asegura que no tiene influencias políticas ni reuniones con funcionarios aparte del presidente Gustavo Petro, con quien señala que tiene una muy buena relación. Reiteró que lo dicho en su contra se trata de especulaciones, que no ha sido llamado por ningún ente investigador, sin embargo asegura que sabe que hoy en día cualquier ciudadano puede hacer denuncias contra cualquier funcionario. "No he sido llamado a la Procuraduría hasta ahora. Conozco que todas estas que para mí son especulaciones que se vienen haciendo alrededor de mi denuncia. Pero pues yo siempre he actuado con transparencia en todas las actividades y me atengo a lo que digan las autoridades en las investigaciones. Todo el mundo hoy en día tiene derecho a denunciar lo que se le venga en gana contra el funcionario que quiera", finalizó.Escuche aquí la entrevista:
La intempestiva salida de Dagoberto Quiroga de la Superintendencia de Servicios Públicos, se produce en medio de polémicas, denuncias sobre posibles irregularidades y también cuando el país afronta un momento difícil frente a la posible escasez de energía eléctrica por el bajo nivel de los embalses y las dificultades financieras de algunas de las empresas distribuidoras.Quiroga es un petrista “purasangre”, de hecho era el gerente de la Colombia Humana durante la campaña presidencial 2022 -2026 y está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de esa campaña política, por eso su salida tiene serias implicaciones.La relación de Dagoberto Quiroga con el presidente Gustavo Petro se venía agrietando porque tenían diferentes visiones sobre la forma en la que se debía intervenir Air-E, la empresa que distribuye la energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira y que viene afrontando serios problemas financieros.Pero adicionalmente, llegaron a la Casa de Nariño una serie de denuncias contra Dagoberto Quiroga, con denuncias ante la Fiscalía y con audios incluidos, que lo vincularían con posibles seguimientos ilegales desde la Superservicios por parte de uno de sus asesores, el teniente coronel (r) de la Policía Jorge Luis Villamil Salazar, en contra de algunos de sus vigilados, como los propietarios de Air-E, pertenecientes a la familia Ríos Velilla, supuestamente para intentar favorecer al poderoso empresario William Vélez, otro de los pesos pesados del sector de los servicios públicos.Aunque tanto Quiroga como Villamil han negado cualquier tipo de actuación irregular, las denuncias en su contra pudieron pesar en la determinación del presidente Gustavo Petro para pedirle la renuncia al superintendente de Servicios Públicos, en cuyo reemplazo tendrá que nombrar una persona con conocimiento del sector, teniendo en cuenta la crisis que afronta no solamente Air-E, hoy intervenida, sino también Afinia, incluso con la posibilidad real de que haya un apagón en la Costa Caribe si no se toman medidas de choque urgentes.La otra renuncia que se conoció en las últimas horas es la de Carlos Fernando García Manosalva, director de Migración Colombia, también muy cercano al presidente Gustavo Petro desde la época en la que militaron juntos en el M-19. La salida de García del cargo obedece a que definitivamente no pudo subsanar requisitos para el cargo, como la homologación de su título profesional.En cualquier caso, su salida también es un golpe para el presidente, teniendo en cuenta que Migración Colombia no solamente maneja el ingreso y salida de personas al país por puertos, aeropuertos y fronteras terrestres y fluviales, sino que es pieza fundamental para afrontar la crisis migratoria por el Darién y el manejo de la seguridad social para los venezolanos que siguen llegando al país huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro.
Se conocen la fecha en la que tendrán que presentarse varios funcionarios a la Comisión de Acusación: será el próximo jueves 3 de octubre.Esto surge luego de que dicha comisión de la Cámara de Representantes anunciara que, pese a las múltiples suspensiones, continuará la investigación de la financiación de la última campaña presidencial de Gustavo Petro. Así lo aseguraron a través de un comunicado los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, miembros de esa comisión.Uno de los nombres que más suena es el de Dagoberto Quiroga, quien era superintendente de Servicios Públicos y renunció a su puesto en el Gobierno nacional. Él fue presidente de Colombia Humana en 2022, año en que se habrían producido los eventos que se investigan.A su vez, como se mencionaba anteriormente, también fueron convocados a declarar el presidente de la Unión Sindical Obrera, César Loza, y el entonces presidente del sindicato de maestros, William Henry Velandia.Se alega que ambas organizaciones contribuyeron financieramente a la campaña presidencial, a pesar de que esto está prohibido por la ley, y que dichos recursos no fueron reportados en la plataforma Cuentas Claras.
Renunció a su cargo el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. El presidente Gustavo Petro designará en las próximas horas a un superintendente encargado. La renuncia a la Superintendencia de Servicios Públicos, se da en medio de la crisis en el sector energético en Colombia. Tal parece, Quiroga no estaría conforme con diferentes decisiones que se han tomado por parte del gobierno con respecto a esta situación. Es parte de la explicación de su renuncia. Hay que recordar, que él había estado en desacuerdo con la posibilidad de una intervención a la empresa distribuidora de energía Aire en Barranquilla, La Guajira y Magdalena. En las últimas, Blu Radio conoció que el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia y será designado un superintendente encargado en las próximas horas. Hay que decir que se han venido presentando una serie de denuncias ante la Presidencia sobre algunas actuaciones que tendría que explicar el doctor Quiroga. Entre ellas el nombramiento de uno de sus asesores, un oficial retirado de la Policía Nacional, Jorge Luis Villamil Salazar, teniente coronel retirado de la Policía, quien según las denuncias que han llegado a la Presidencia, tendría una empresa, podría tener intereses dentro de lo que maneja la Superintendencia y la DIAN. En medio de este ambiente, también se están llevando a cabo medidas urgentes para guardar agua en las hidroeléctricas con el fin de evitar desabastecimiento en el año 2026. Además, las tensiones y divergencias en el sector energético se han intensificado debido al funcionamiento de las termoeléctricas con gas vehicular. Escuche aquí el informe:
En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos y representante de la Colombia Humana durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se pronunció sobre la controversia surgida en torno a la donación de $500 millones por parte del sindicato de educadores, Fecode.La polémica se desató después de que el presidente Gustavo Petro confirmara en su cuenta de Twitter que Fecode había realizado una donación de 500 millones de pesos. Sin embargo, el mandatario afirmó que estos fondos no estaban destinados a la campaña presidencial, sino a la Colombia Humana."Dinero no fue para la campaña"En la entrevista, Quiroga explicó que la campaña de Petro rechazó inicialmente la contribución de Fecode, ya que la ley prohíbe recibir donaciones de organizaciones y personas jurídicas. Posteriormente, mediante gestiones del partido, se solicitó que estos recursos fueran entregados a la recién creada Colombia Humana, argumentando que la donación había sido aprobada para el funcionamiento del partido.El superintendente aseguró que el dinero se recibió en mayo, antes de la primera vuelta electoral, y se utilizó para contratar una firma llamada Ingenial. Esta empresa se encargó de recibir informes de testigos electorales el día de las elecciones para compararlos posteriormente con los datos de la registraduría, según la versión proporcionada por Quiroga.Ante las preguntas sobre la legalidad de la operación, Quiroga defendió la transparencia de las cuentas y afirmó que todos los gastos fueron debidamente registrados y aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Además, negó cualquier tipo de triangulación o desviación de fondos hacia la campaña presidencial, asegurando que se trató de un contrato legítimo con un fin específico.El representante de la Colombia Humana reiteró que el día de las elecciones no puede considerarse parte de la campaña, ya que la ley establece claramente el término de estas actividades 8 días antes de los comicios. Afirmó que los gastos realizados ese día no son reembolsables por el Consejo Nacional Electoral, ya que no se consideran gastos de campaña.“Esos recursos fueron utilizados para una firma que recibiera los reportes el día de las elecciones de los distintos testigos de los municipios para guardar una información para compararla después con los datos de la Registraduría, que es una vigilancia que tiene el deber todo partido de hacerla el día de las elecciones. La campaña, usted sabe, que termina un día antes de las elecciones”, explicó el hoy superintendente de Servicios Públicos"Buscan el muerto río arriba"Quiroga concluyó la entrevista rechazando las acusaciones de irregularidades y asegurando que la situación se está tergiversando con el objetivo de perjudicar al partido. La controversia en torno a la donación de Fecode sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades electorales y la Fiscalía."Creo que es que hoy se está tratando de tergiversar y de buscar el muerto río arriba, como dicen. Aquí no hay nada irregular. La ley establece claramente que es una campaña electoral y el Consejo Electoral sabe también que los gastos de los testigos, los gastos que se ocasionan en el día de las elecciones no son gastos de campaña, porque ya la campaña supuestamente ha terminado", dijo.En ese sentido, Quiroga manifestó que el escándalo no es más que un intento de sabotear el Gobierno del presidente Gustavo Petro, versión que también sostiene el primer mandatario.
Un fuerte sismo de magnitud preliminar 6.7 se registró en Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. Según el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 07:34 hora local.El reporte gráfico publicado por la entidad técnica ubica el epicentro del evento sísmico en el occidente del territorio nacional, en una zona limítrofe entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con afectación percibida en varias regiones del centro y suroccidente del país.Detalles del informe preliminar del Servicio Geológico ColombianoDe acuerdo con el boletín preliminar oficial del Servicio Geológico Colombiano, la información procesada de manera automática señala los siguientes datos del evento sísmico:Fecha y hora: 10 de agosto de 2026 a las 07:34 (hora local).Magnitud: 6.7 en la escala de Richter.Ubicación del epicentro: Suroccidente y región del Pacífico colombiano.La entidad aclaró en su reporte inicial que la información proporcionada en el mapa es automática y preliminar, por lo que aún no ha sido revisada en su totalidad por un sismólogo. Asimismo, el SGC precisó que los datos oficiales definitivos de la localización de los eventos ocurridos en el área sombreada corresponden al procesamiento técnico posterior e información de agencias sismológicas internacionales, sujeto a actualización según avance la revisión.Sensación del sismo en el territorio nacionalPor la magnitud del evento, las ondas sísmicas alcanzaron a percibirse en principales centros urbanos del país, entre los que se destacan ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Bogotá. Habitantes de diversas zonas residenciales e institucionales reportaron la evacuación preventiva de edificaciones tras la sacudida inicial.Hasta el momento de emisión de este reporte, las autoridades locales de gestión del riesgo y los cuerpos de bomberos municipales adelantan el monitoreo en los departamentos más cercanos al epicentro para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras físicas o líneas de servicios públicos.
La captura de alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’ e integrante de las disidencias de las Farc, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, confirmó que este objetivo de alto valor utilizaba tácticas de ocultamiento sofisticadas, que incluían intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia física y evadir a las autoridades.¿Quién es alias ‘Bonito’ y por qué era un objetivo prioritario?Alias ‘Bonito’ mantenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según el coronel Reyes, el capturado no solo tenía injerencia en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo, sino que extendía sus tentáculos hasta el Amazonas y el vecino país de Ecuador. “Coordinaba todas las actividades de narcotráfico y acciones contra la fuerza pública y población civil. Tenía un alcance importante”, explicó el oficial. Este hombre, que respondía a cabecillas como alias ‘El Árabe’, era pieza clave en el control de economías ilícitas y el sicariato en la región.¿Cómo lograba evadir a las autoridades este cabecilla?La investigación reveló que ‘Bonito’ adoptó el perfil de los denominados "narcos invisibles". En lugar de refugiarse en campamentos tradicionales en la selva, el criminal se hacía pasar por un próspero empresario o ganadero de la región. Esta fachada, sumada a su capacidad económica, le permitía vivir en propiedades de lujo que contrastaban con su actividad delictiva.El aspecto físico fue una de sus herramientas de camuflaje más recurrentes. "Estos sujetos, con su capacidad económica, pueden lograr cambios en su aspecto con cirugías. Al parecer sí se había hecho algunas mejoras o cambios en su fisonomía, por eso no era tan fácil llegar a ellos", señaló el coronel Reyes.¿Qué implica esta captura para la seguridad en el Meta?La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, resaltó que este resultado es fruto de una fuerza pública que hoy se siente "más confiada y tranquila" para ejecutar operativos. La mandataria enfatizó que, más allá de la acción militar, es imperativo un trabajo mancomunado que incluya la presencia integral del Estado. “Necesitamos llegarle más a la población con inversión en vías, salud y educación, para contrarrestar el control territorial que ejercen estos grupos insurgentes mediante la coerción a las comunidades”, indicó la gobernadora.Tras ser conducido a Bogotá, alias ‘Bonito’ quedó a disposición de las autoridades competentes. La operación, que requirió meses de trabajo conjunto entre el Gaula, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial, es vista como un golpe contundente a la estructura de los ‘Comandos de Frontera’, debilitando así la cadena de mando del narcotráfico en el sur del país.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Para muchos colombianos, tener una cuenta en Nequi o Daviplata ha sido una manera de controlar su dinero, además de recibir y realizar pagos sin mayores demoras, por lo que tanto ciudadanos como comerciantes se han beneficiado de estas plataformas. Sin embargo, tras la llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) y su transición dejando atrás el Sisbén, muchos se han preguntado si este tipo de cuentas pueden afectar la clasificación socioeconómica de los colombianos.Teniendo en cuenta que uno de los puntos relevantes del RUI es que su clasificación dependerá de más de 43 entidades, muchos se preguntan si tener una billetera digital puede condicionar su clasificación, ubicando a las familias en un grupo diferente y que esto, por consiguiente, las lleve a no cumplir con las condiciones para acceder a programas sociales. Ante este panorama, el DNP aclaró la inquietud.¿Nequi y Daviplata afectan la clasificación del RUI?Antes que todo, vale aclarar que la clasificación del RUI parte de los ingresos de las personas y los hogares. El sistema cruza esta información con datos de entidades administradoras del Estado.Por lo tanto, la idea es identificar los ingresos reales de los hogares y su situación económica a partir de información disponible en bases de datos. Tener una cuenta en alguna billetera digital no basta, pues no refleja por sí sola información administrativa que permita determinar los ingresos.El Registro Universal de Ingresos integra información de varias fuentes del Estado, como el Registro Social de Hogares, la DIAN y la PILA, además de otros registros que se utilizan para realizar los respectivos procesos de focalización.Por lo tanto, no debe preocuparse si tiene una cuenta en Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital. Lo que sí será tenido en cuenta en la clasificación del RUI es la información relacionada con los ingresos del hogar.¿Cuáles ingresos son tomados en cuenta en el RUI?Tenga en cuenta que la clasificación puede cambiar si la información disponible muestra condiciones económicas diferentes a las que estaban registradas anteriormente en el Sisbén.Un ejemplo de ello es que, si los registros muestran que los ingresos reales superan los límites establecidos para determinados grupos, esa información podría influir en la clasificación que establece el RUI.Por lo tanto, existe una diferencia entre contar con una billetera digital y los movimientos o ingresos que pueden estar reflejados en las fuentes utilizadas para determinar la situación económica de una persona o un hogar.¿Cómo consultar la clasificación del RUI?Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.Seleccionar el tipo de documento.Digitar el número de identificación.Hacer clic en "Consultar".El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.
