La Defensoría del Pueblo, por medio de un comunicado, aseguró que el ataque del 16 de septiembre, en el corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, Valle del Cauca, estuvo dirigido contra un bien de carácter civil protegido por el Derecho Internacional Humanitario, que es necesario para la operación del servicio.“Esta acción infringe el principio de distinción del DIH, pues las partes en conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para evitar o reducir los daños a la población y a los bienes protegidos”, aseguró en el comunicado.También afirmó que este hecho habría podido generar riesgos para las operaciones aéreas y, con ello, para la vida e integridad de quienes usan, se benefician u operan el servicio. Esta situación también podría afectar vuelos médicos, traslados de pacientes y otras operaciones aéreas esenciales.La Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Aeronáutica Civil y a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones, esclarezcan estos hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar. Además, pidió que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas que puedan verse afectadas.También hizo un llamado a los grupos armados ilegales con presencia en la región para que respeten a la población civil y los bienes públicos, y no realicen acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.Por otro lado, la entidad recordó que el uso de drones por parte de los grupos armados se ha vuelto más riesgoso para la vigencia de los derechos humanos y la aplicación del DIH. Según la Defensoría, entre enero y mayo de 2026, los ataques con drones aumentaron un 146 %, dejando 21 personas fallecidas y 145 heridas.
El presidente Gustavo Petro, insistió que su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, no ha violado el derecho internacional humanitario (DIH) en los bombardeos ejecutados en las últimas semanas, en los que murieron al menos 12 menores reclutados por los grupos armados ilegales."No queremos que se nos compare o se nos asigne como si hubiéramos violado el derecho internacional humanitario, que ninguno de aquí lo ha hecho", expresó Petro en una alocución en la que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides.El mandatario dijo además que de 1.404 combates de las Fuerzas Militares y de Policía sostenidos contra los grupos armados en su Gobierno, sólo en 13 hubo bombardeos porque este tipo de ataques supone "el uso de una mayor potencia" y hay "que tener cuidado" para no afectar a la población civil.El presidente precisó que las Fuerzas Militares han tenido "el cuidado suficiente para que no caiga población civil en los combates y eso se llama principio de distinción en el derecho internacional humanitario".El Gobierno contabiliza 12 menores reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, fallecidos en los recientes bombardeos y otros tres en enfrentamientos directos, muertes de las que responsabiliza a ese grupo armado por incorporar a sus filas de manera forzada a niños, niñas y adolescentes.Las operaciones han abierto un debate sobre el cumplimiento del DIH, la responsabilidad del Estado y el papel de los grupos armados en el reclutamiento de menores. También han generado controversia porque fueron aprobadas por el propio Petro, quien cuando estaba en la oposición condenaba con vehemencia este tipo de ataques.En ese sentido, el presidente aseguró que en los bombardeos que autorizó "caen menores de edad como combatientes" y reivindicó que las Fuerzas Miliares no bombardearon "un caserío", sino que han atacado grupos armados "que se mueven en el interior de la selva y muy lejos de algún caserío"."Es una fuerza armada completamente, en todos sus integrantes, y en esa fuerza van menores y no lo sabíamos exactamente. Se puede presumir la presencia de menores por la actividad que va contra el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario", explicó.Por esa razón, el mandatario dijo que denunciará a Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado del país, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por reclutar menores, lo que lo hace "un criminal de guerra".El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.
Este fin de semana se desarrolla en Santa Marta la Cumbre CELAC-Unión Europea, un encuentro que se da en el marco de las operaciones que ha desarrollado el Gobierno Trump en el Caribe y el Pacífico, tema que ha generado polémica.Algunos países, incluido Colombia, han señalado que esas operaciones violación el Derecho Internacional Humanitario e incluso las ha calificado como ejecuciones extrajudiciales.Blu Radio habló con Hadja Lahbib, comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, quien aseguró que las operaciones militares deben siempre realizarse bajo el DIH.“La Unión Europea apoya el multilateralimo y del DIH, siempre abogamos por el respeto a estas normas. El crimen organizado y el narcotráfico nos está afectando a todos, en todo el mundo. Es algo en lo que tenemos que trabajar todos juntos y aquí estamos para discutir la forma de enfrentar esos desafíos”, Hadja Lahbib, comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, sobre las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe.Hadja Lahbib también respondió por la ausencia de algunos jefes de Estado de la Unión Europea, señalando que Europa está comprometida con la cumbre.“La Unión Europea estará representada al más alto nivel, viene el presidente del Consejo Europeo, muchos comisarios, yo estoy aquí para apoyar el encuentro de la sociedad civil que es un pilar de la democracia, entonces esto es una muestra de que estamos comprometidos”, agregó Lahbib.
La crisis humanitaria en Colombia ha alcanzado su punto más crítico en ocho años, según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En entrevista con El Radar de Blu Radio, José Antonio Salgado, jefe de operaciones del CICR en Colombia, advirtió que el deterioro ha sido progresivo desde 2018, reflejando una tendencia preocupante en el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).El informe destaca que la violencia no ha surgido de manera repentina, sino que ha sido una evolución constante que ha desembocado en la crisis actual.El informe del CICR señala que en 2023 se registraron 382 violaciones al DIH, reportadas directamente por las comunidades afectadas. Además, la crisis por artefactos explosivos alcanzó niveles alarmantes con 719 víctimas, lo que representa un incremento del 189% respecto al año anterior. De estas víctimas, el 63% resultó afectado por explosivos lanzados o detonados a distancia.Otro de los indicadores críticos es el confinamiento forzado, con 88.874 personas afectadas, una cifra que también representa un aumento del 189%. Adicionalmente, el CICR documentó 2.001 infracciones contra la misión médica, entre ellas cinco homicidios, y 252 desapariciones, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior.Los conflictos armados en Colombia y el papel del EstadoEl CICR clasifica actualmente ocho conflictos armados no internacionales en Colombia, de los cuales tres involucran al Estado contra grupos armados no estatales, mientras que los otros cinco se dan entre estos grupos.Ante esta realidad, el organismo humanitario insiste en la importancia del respeto al DIH por parte de todas las partes en conflicto. "El cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario no puede ser negociado. Su aplicación estricta evitaría muchas de estas consecuencias y reduciría la afectación a la población civil", afirmó el jefe de operaciones del CICR.Para el Estado colombiano, el desafío es doble: debe enfrentar la violencia de estos grupos y, al mismo tiempo, garantizar asistencia y protección a las comunidades más afectadas. Salgado destacó la necesidad de fortalecer las capacidades locales para responder a las necesidades humanitarias.Con una presencia de 55 años en Colombia, el CICR mantiene una red de más de 400 trabajadores, el 83% de ellos colombianos, operando en 12 oficinas distribuidas en las regiones más afectadas por el conflicto. Su labor, basada en principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, ha permitido que la organización continúe con sus operaciones, a pesar de los riesgos del conflicto."Nuestro acceso a las comunidades se basa en la aceptación por parte de todos los actores armados. Sin esa confianza, nuestro trabajo no sería posible", explicó Salgado. No obstante, reconoció que las condiciones de seguridad pueden dificultar el acceso a ciertas zonas en momentos de hostilidades intensas.La labor del CICR en Colombia incluye la mediación en la liberación de secuestrados, la recuperación de cuerpos de víctimas del conflicto y la asistencia humanitaria a las comunidades más afectadas. "Nuestro compromiso es seguir adaptándonos a la evolución del conflicto armado para poder continuar con nuestra misión humanitaria", concluyó Salgado.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entregó un informe sobre la situación humanitaria en Colombia durante el 2024, en el cual se advierte que hubo una intensificación de las hostilidades y un endurecimiento en el control de los grupos armados sobre la población civil.“En 2024, el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años", advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al presentar el informe Retos Humanitarios 2025. En 2024, el CICR documentó 382 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que se advierte por una falta de respeto a las normas que protegen a la población civil.“El aumento de los enfrentamientos entre actores armados estatales y no estatales durante 2024 acentuó los desafíos en la conducción de las hostilidades, especialmente en lo relacionado con el respeto de los principios de precaución y distinción. En múltiples ocasiones la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado, lo que la expuso a las peores consecuencias de la confrontación armada”, agrega el informe.En las zonas donde hay control de grupos armados, la situación para la población civil se deterioró y hay registro de homicidios, amenazas, violencia sexual, reclutamiento, uso y utilización de niños, además, en algunos casos la población es estigmatizada.Otro aumento considerable se presentó debido a las afectaciones por artefactos explosivos, pues al menos 719 personas resultaron heridas o fallecidas, es decir, un 89 % más en comparación a los registros de 2023. Preocupa además que el 67% de las víctimas son civiles.Confinamientos y desplazamientosEl año pasado 88.874 personas estuvieron confinadas, es decir, un 89 % más respecto al año anterior. Esta situación limita el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos.“El desplazamiento, por su parte, continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados. 41.228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente, mientras que 117.697 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamientos individuales."El CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición en el marco de los conflictos armados durante 2024, un 13 % más que el año anterior”, agrega el informe.La violencia sexual la siguen ejerciendo los grupos contra las comunidades para infundir miedo y ejercer control, aumentó también el reclutamiento de menores de edad y los ataques contra la asistencia en salud.“El desplazamiento, por su parte, continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados. 41.228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente, mientras que 117.697 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamientos individuales.El CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición en el marco de los conflictos armados durante 2024, un 13 % más que el año anterior.
La reciente decisión de la Corte Constitucional ha generado un importante debate en torno a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En su sentencia C-036 de 2025, el alto tribunal estableció que los acuerdos parciales, alcanzados en el marco de una política de paz total son válidos y pueden ser implementados, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales y constitucionales adecuados.La Ley 2272 de 2022 permitía que los acuerdos humanitarios suscritos en las mesas de diálogo se integraran directamente al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que según el alto tribunal violaba los principios de supremacía constitucional y separación de poderes, ya que otorgaba a los negociadores de paz un poder excesivo para modificar el ordenamiento jurídico sin la intervención del Congreso.Los artículos 93 y 94 de la Constitución Política fueron tenidos en cuenta en la decisión pues, el primero establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen sobre el orden interno y el 94 dispone que los derechos y garantías de la Constitución y los convenios internacionales no niegan otros derechos inherentes a la persona humana.Por esta razón, el abogado Germán Calderón España explicó que los acuerdos de paz ostentan una naturaleza política que refleja en la voluntad de las partes en la mesa de diálogo para dar por terminado un conflicto y lograr la paz. "De tal manera que ha sido enfática la Corte Constitucional en establecer que, si el legislador contempla en una ley que esas normas o esos acuerdos de paz son normas de Derecho Internacional Humanitario, está violando la Constitución y principios de rango muy elevado en el contexto constitucional”, detalló el abogado.La decisión del alto tribunal reafirma la necesidad de un control democrático y legislativo en la implementación de los acuerdos de paz.Por último, la Corte recordó que la paz es un objetivo esencial del Estado colombiano y que todas las autoridades, no solo el presidente, deben trabajar conjuntamente para alcanzarla.
El presidente Gustavo Petro respondió al ELN por una carta abierta hacia la población del Catatumbo en el que este grupo criminal asegura tener un compromiso con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).El mandatario escribió en su cuenta de X: “Toda persona civil asesinada, todo combatiente asesinado en estado de indefensión, es una violación al DIH. ¡Lectura, amigos de Pablito! Ustedes rompieron el DIH y por ello se convierten en criminales internacionales. Crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz”.Y es que en ese video publicado por la delegación del ELN en los diálogos por el Gobierno, un integrante de la guerrilla culpa por la situación del Catatumbo a las disidencias, pero además defiende su accionar criminal.“El fracasado proceso de paz con las distintas Farc-Ep, que facilitó el rearme de muchos excombatientes que hoy integran el denominado Frente 33 de las EFAR, que al no poder recomponerse como proyecto insurgente entraron en degradación y que hoy nos obliga a confrontarlos. El Ejército de Liberación Nacional como fuerza rebelde e insurgente contempla dentro de su normatividad el Código de Guerra que regula el accionar del ELN, en relación con la conducción de las operaciones militares, el tratamiento al enemigo y el respeto a la población. Igualmente, reconoce y acata de manera autónoma y unilateral los postulados del Derecho Internacional Humanitario”, dice el miembro del ELN.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro ha responsabilizado a Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito', por la guerra en el Catatumbo.“La responsabilidad de esta acción recae principalmente en alias Pablito. Por soberanía nacional, el ELN debe ser derrotado, al igual que cualquier fuerza que comparta sus objetivos”, afirmó en su cuenta de x.
La Defensoría del Pueblo había emitido al menos dos alertas tempranas en los últimos meses sobre la posibilidad de que el conflicto entre disidencias del frente 33 y ELN escalara en la región del Catatumbo, alerta que se cumplió este jueves 16 de enero.“Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad. La Defensoría había alertado varias veces y había emitido una alerta de inminencia en noviembre. Hoy tendremos que reportar su consumación”, dijo la defensora Iris Marín.Dichas alertas son la Temprana 025 de 2021 y la alerta de Inminencia 026 de noviembre de 2024, que ya incluían recomendaciones a las autoridades locales para la protección de la población civil.Hasta el momento, han sido ubicados los cuerpos de cinco firmantes de paz asesinados, pero avanzan en la verificación de otros 23 a 25 asesinatos que la comunidad ha reportado desde los territorios.La otra preocupación es precisamente el confinamiento de los habitantes de municipios como El Tarra, Hacarí, Convención y Tibú, donde la gente se encerró en sus viviendas, el comercio cerró y las clases se suspendieron.Y es que en videos grabados por los ciudadanos, se ve a hombres armados buscando a quienes serían firmantes casa por casa para luego llevárselos secuestrados y asesinarlos.“Se hace un llamado al ELN para que respete el DIH y cese de inmediato los ataques contra la población. También se deben priorizar acciones humanitarias para proteger a la población”, pidió la defensora.En la tarde de este viernes, 17 de enero, se espera la llegada del presidente Gustavo Petro a Tibú, uno de los municipios más afectados por los hechos violentos; allí liderará una reunión de seguridad.
En las últimas horas, el Ejército encontró una fábrica de artefactos explosivos improvisados de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ en el norte de Antioquia. Según las autoridades, el material pertenece puntualmente a las estructuras 18 y 36 del bloque Magdalena Medio, la última que delinque bajo las órdenes de alias ‘Firu’, uno de los cabecillas de este grupo armado criminal y quien hace poco tiempo fue nombrado gestor de paz.Sobre esto, según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hay siempre unas obligaciones que se asumen de parte de las organizaciones, teniendo en cuenta que actualmente está vigente un cese al fuego con esta facción de las disidencias; sin embargo, calificó este hecho como una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.“No podríamos, no obstante, siguiendo los protocolos como se han convenido con esa organización, dar nosotros conclusiones sin agotar los mecanismos que dentro del proceso de verificación que está establecido en el cese al fuego y esas son las reglas que se acordaron y que nosotros respetamos”, indicó el ministro Velásquez, quien indicó que sobre todos los hechos que verifica la Fuerza Pública se presentan informes.Sobre si alias ‘Firu’ continúa o no designado como gestor de paz ante el hallazgo de este material explosivo que sería usado para atacar a la fuerza pública y la población civil, el ministro Velásquez indicó que esta es una decisión que escapa al Ministerio de Defensa y que es única del Presidente de la República.“Estos son hechos que se presentan de acuerdo con la valoración que se hace desde Fuerzas Militares o desde Policía Nacional, como incidentes al mecanismo para la verificación, pero independientemente de la actuación del mecanismo, dentro de los Consejos de Paz y Seguridad siempre Fuerzas Militares y Policía Nacional hacen el balance de los hechos que se han venido registrando de parte de esas organizaciones”, añadió el ministro.
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó al general en retiro Jaime Lasprilla Villamizar y otros 34 militares por 200 casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008.Lasprilla fue comandante del Ejército entre los años 2014 y 2015. Sin embargo, la imputación se da por su responsabilidad mientras ocupó la comandancia de la Novena Brigada. Hasta el año 2007, Lasprilla reemplazó al general en retiro William Pérez Laiseca, quien también fue imputado.Los generales imputados no aceptaron su responsabilidad ante la JEP, en las últimas horas las víctimas acreditadas en el caso presentaron sus observaciones a la imputación contra los militares, en primer lugar, muestran sus reparos frente a uno de los patrones que se tuvo en cuenta para la imputación el cual es "realización de operaciones que formalmente eran dirigidas contra la delincuencia común y/o milicianos, en contravía de los lineamientos del DIH, del Didh".Según las víctimas, "por la forma en la cual fueron cometidos estos asesinatos, el patrón no debe estar definido por la mala aplicación o inaplicación de las normas del DIH y el Didh. De la información obtenida es posible afirmar que los integrantes de las unidades militares ni siquiera tenían la intención de aplicar las normas del DIH", señala el texto.En el mismo sentido, señalan que algunos de los militares no estaban combatiendo la delincuencia, sino que sabían que estaban cometiendo delitos contra civiles. Posteriormente, se refieren a la imputación de algunos militares, pues la JEP acudió a la responsabilidad de algunos de ellos por omisión, ya que se abstuvieron de tomar las medidas adecuadas para evitar que se cometieran falsos positivos."En esta oportunidad la Sala imputó responsabilidad penal individual a título de comisión por omisión en contra de tres comandantes dela BRI09: Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca, al considerar que estos comparecientes I) tenían una posición de garante e incumplieron los deberes que se derivan de esta posición, II) tenían capacidad material para evitar la comisión de los crímenes por parte de sus subordinados, y III) aumentaron el riesgo de perpetración de los crímenes por parte de los autores directos", señala el documento de las víctimas.Las víctimas consideran que hay incongruencias teniendo en cuenta que en las versiones a las cuales fueron citados los militares se habló sobre su trayectoria, la toma de decisiones en el Ejército y el conocimiento que tenían los uniformados sobre los crímenes cometidos, pero, no se abordaron temas de manera conjunta y otros no se abordaron, eso habría llevado a que se hablara de las ejecuciones extrajudiciales de forma general."Los hechos determinados por la Sala permiten concluir que las conductas de estos comparecientes, desde su rol como comandantes de la BRI09, más allá de no haber adoptado medidas para evitar la comisión de estos crímenes en contra de la población civil y no haber investigado, denunciado o sancionado a quienes cometieron materialmente los crímenes, estuvieron encaminadas a favorecer directamente la comisión de estos crímenes y con ello aumentar los resultados operacionales y la percepción de seguridad en el departamento del Huila", señalan las víctimas.Por otro lado, las víctimas consideran que la información recolectada por la JEP no da cuenta de que los generales Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca tengan una responsabilidad por omisión como comandantes de la Brigada."Por el contrario, sus comportamientos tuvieron la intención orientada a preservar, prolongar y encubrir la práctica criminal. De manera ilustrativa se trae a colación las propias conclusiones de la Sala según las cuales estos comparecientes aumentaron el riesgo de perpetración de los crímenes por parte de los autores materiales, pero no a través de conductas omisivas, sino a través de “las presiones, el sistema de incentivos y castigos para que se reportaran muertes en combate”," señala el documento.Además, los generales, según lo expuesto por las víctimas, tomaron la decisión consciente de no tramitar las denuncias para garantizar y favorecer la continuidad de los falsos positivos."Desde la BRI09 la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no consecuencias adversas por no contribuir a la política de conteo de cuerpos" explican en las observaciones.También mencionan las versiones entregadas por algunos militares, según las cuales las presiones por resultados venían directamente del general (r) Lasprilla y otros comandantes de la Brigada."En efecto, los comandantes de la BRI09 participaron activamente en el encubrimiento de los homicidios realizados por los subordinados, así como también propiciaron explícita e implícitamente la comisión de estos crímenes, pues tenían una posición de liderazgo que les permitía ostentar el poder de mando y control, y con base en ello pudieron emitir órdenes para la comisión de los crímenes con la tranquilidad de que las mismas serían cumplidas pues, también controlaban su cumplimiento debido al dominio que tenían sobre el aparato de poder organizado y no sobre los autores directos", señalaron las víctimas.Además, en el documento explican que resulta difícil entender que la JEP en este caso no haya evidenciado la existencia de un aparato criminal en la Brigada, lo que podría llevar a sugerir que los crímenes no fueron resultado de un plan promovido por una organización, sino acciones aisladas. Al final del documento hacen algunas solicitudes a la Sala, pues, aunque reconocer que el auto y la imputación a los responsables son pasos importantes, consideran que hay elementos que deben ser modificados."Variar la imputación de Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca, comandantes de la BRI09, como autores a título de comisión por omisión y, en su lugar, imputarles responsabilidad como coautores mediatos de crímenes de guerra y de lesa humanidad", señalan en el documento.
Desde el Congreso de Andesco, que se realiza en Cartagena, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que más de 100 municipios del país están en condiciones críticas por cuenta del fenómeno de El Niño, pese a que los meses más complejos de este fenómeno natural todavía no llegan.El jefe de la cartera de Vivienda señaló además que hay 569 municipios en riesgo, y que ahorrar, contener, prever y proteger las fuentes hídricas no puede ser simplemente un discurso ambientalista.“Tenemos aproximadamente 111 municipios del país en condición crítica ya, y el fenómeno hasta ahora empieza. Los meses más críticos, como en noviembre y diciembre están por llegar. Pero tenemos 569 municipios que están en riesgo y a ellos es a los que nos queremos dirigir porque tenemos que empezar a ahorrar, a contener, a prever y entender que proteger las fuentes hídricas no es un discurso simplemente ambientalista, es la garantía de la vida de los colombianos los próximos seis meses”, dijo.Asimismo durante su paso por el Congreso de Servicios Públicos, el ministro Beltrán cuestionó las trabas, que señala puso el anterior gobierno, para que más de 143 proyectos de mitigación avanzaran en estas zonas en riesgo."Es ahí donde nos obligan y literalmente a hacer lo que no hicieron en el gobierno anterior y es desempolvar más de 143 proyectos que quedaron estancados en las zonas más críticas que hoy deberían estar mitigando el Fenómeno del Niño. Una de ellas es La Guajira, me encuentro con más de siete proyectos estancados con la plata inutilizada y la realidad muy crítica. Necesitamos entrar a resolver lo que no hicieron para poder mitigar la situación del Fenómeno del Niño”, agregó.El ministro también indicó que el fenómeno de El Niño los obliga como Gobierno a articular acciones con más de siete ministerios, pero también a buscar “conciencia participativa” de las empresas y en especial de todos los colombianos.
Marco Antonio Solís, uno de los grandes referentes de la música romántica en español, confirmó su regreso a Colombia con su tour ‘Gratitud’, una gira que llegará a Medellín y Bucaramanga en noviembre de 2026. El cantautor mexicano, conocido como ‘El Poeta del Amor’, se presentará el viernes 27 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado y un día después, el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga.El concierto en Bucaramanga promete una noche cargada de nostalgia y emociones, en la que el artista recorrerá algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria de más de cuatro décadas. Canciones como ‘Si No Te Hubieras Ido’, ‘Mi Eterno Amor Secreto’, ‘Más Que Tu Amigo’, ‘Tú Cómo Estás’ y ‘O Me Voy O Te Vas’ hacen parte del repertorio esperado por sus seguidores.Un recorrido por sus grandes éxitosLa presentación de Marco Antonio Solís será una oportunidad para que varias generaciones se reencuentren con las canciones que han acompañado historias de amor, desamor, despedidas y segundas oportunidades. Su carrera como compositor e intérprete lo ha consolidado como una figura destacada de la música latinoamericana.El espectáculo en el Estadio Américo Montanini tendrá apertura de puertas a las 7:00 p. m. y el ingreso estará habilitado únicamente para mayores de 18 años.Entradas para Marco Antonio Solís en BucaramangaLas entradas están disponibles a través de Tu Boleta. La preventa contempla un 25 % de descuento hasta el 5 de septiembre. Posteriormente, habrá descuentos del 20 % durante la Etapa 1 y del 15 % en la Etapa 2, antes de llegar al precio pleno desde el 22 de noviembre o hasta agotar existencias.Con ‘Gratitud’, Marco Antonio Solís regresará a Colombia para reencontrarse con un público que ha convertido sus canciones en parte de la banda sonora de varias generaciones.
Spotify anunció la llegada de Spotify Partner Program (SPP) a Colombia, una iniciativa que busca ampliar las alternativas de monetización para los creadores de podcasts y fortalecer su presencia dentro de la plataforma.Como parte de su expansión a más de 35 nuevos mercados, el programa permitirá a los creadores obtener ingresos a partir del consumo de sus videos por parte de usuarios de Spotify Premium, además de acceder a monetización mediante anuncios en Spotify Free y otras plataformas donde se distribuyen podcasts. Los creadores también podrán conservar el 100 % de los ingresos provenientes de sus propios patrocinios.“Colombia tiene una comunidad de creadores que experimenta con distintos formatos y encuentra nuevas maneras de conectar con sus audiencias”, señaló Esteban Cifuentes, Podcast Manager de Spotify para la Región Andina. Según el ejecutivo, la llegada del programa busca ofrecer “más herramientas y oportunidades” para impulsar las ideas de los creadores y fortalecer el vínculo con sus comunidades.El crecimiento del podcast en ColombiaLa llegada de Spotify Partner Program ocurre en medio del crecimiento del consumo de podcasts en el país. En los últimos cinco años, las horas de escucha de podcasts en Colombia aumentaron casi cinco veces.A esta tendencia se suma el crecimiento del video. En 2026, cerca de seis de cada diez oyentes de podcasts en Colombia también eligieron la experiencia en video de Spotify. Su consumo mensual creció cerca de 70 % durante el último año, mientras que el número de podcasts con video aumentó más de 50 %.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 22 de septiembre de 2026:El director, actor, guionista y dramaturgo Humberto Dorado habló sobre su participación en la más reciente edición de los Premios Bravo. Además, expresó qué significó para él el homenaje que le realizaron por su vida y trayectoria artística.El astrónomo Germán Puerta realizó un especial sobre las leyendas de la creación.
Este miércoles en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
