El presidente Gustavo Petro, insistió que su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, no ha violado el derecho internacional humanitario (DIH) en los bombardeos ejecutados en las últimas semanas, en los que murieron al menos 12 menores reclutados por los grupos armados ilegales."No queremos que se nos compare o se nos asigne como si hubiéramos violado el derecho internacional humanitario, que ninguno de aquí lo ha hecho", expresó Petro en una alocución en la que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides.El mandatario dijo además que de 1.404 combates de las Fuerzas Militares y de Policía sostenidos contra los grupos armados en su Gobierno, sólo en 13 hubo bombardeos porque este tipo de ataques supone "el uso de una mayor potencia" y hay "que tener cuidado" para no afectar a la población civil.El presidente precisó que las Fuerzas Militares han tenido "el cuidado suficiente para que no caiga población civil en los combates y eso se llama principio de distinción en el derecho internacional humanitario".El Gobierno contabiliza 12 menores reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, fallecidos en los recientes bombardeos y otros tres en enfrentamientos directos, muertes de las que responsabiliza a ese grupo armado por incorporar a sus filas de manera forzada a niños, niñas y adolescentes.Las operaciones han abierto un debate sobre el cumplimiento del DIH, la responsabilidad del Estado y el papel de los grupos armados en el reclutamiento de menores. También han generado controversia porque fueron aprobadas por el propio Petro, quien cuando estaba en la oposición condenaba con vehemencia este tipo de ataques.En ese sentido, el presidente aseguró que en los bombardeos que autorizó "caen menores de edad como combatientes" y reivindicó que las Fuerzas Miliares no bombardearon "un caserío", sino que han atacado grupos armados "que se mueven en el interior de la selva y muy lejos de algún caserío"."Es una fuerza armada completamente, en todos sus integrantes, y en esa fuerza van menores y no lo sabíamos exactamente. Se puede presumir la presencia de menores por la actividad que va contra el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario", explicó.Por esa razón, el mandatario dijo que denunciará a Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado del país, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por reclutar menores, lo que lo hace "un criminal de guerra".El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.
Este fin de semana se desarrolla en Santa Marta la Cumbre CELAC-Unión Europea, un encuentro que se da en el marco de las operaciones que ha desarrollado el Gobierno Trump en el Caribe y el Pacífico, tema que ha generado polémica.Algunos países, incluido Colombia, han señalado que esas operaciones violación el Derecho Internacional Humanitario e incluso las ha calificado como ejecuciones extrajudiciales.Blu Radio habló con Hadja Lahbib, comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, quien aseguró que las operaciones militares deben siempre realizarse bajo el DIH.“La Unión Europea apoya el multilateralimo y del DIH, siempre abogamos por el respeto a estas normas. El crimen organizado y el narcotráfico nos está afectando a todos, en todo el mundo. Es algo en lo que tenemos que trabajar todos juntos y aquí estamos para discutir la forma de enfrentar esos desafíos”, Hadja Lahbib, comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, sobre las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe.Hadja Lahbib también respondió por la ausencia de algunos jefes de Estado de la Unión Europea, señalando que Europa está comprometida con la cumbre.“La Unión Europea estará representada al más alto nivel, viene el presidente del Consejo Europeo, muchos comisarios, yo estoy aquí para apoyar el encuentro de la sociedad civil que es un pilar de la democracia, entonces esto es una muestra de que estamos comprometidos”, agregó Lahbib.
La crisis humanitaria en Colombia ha alcanzado su punto más crítico en ocho años, según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En entrevista con El Radar de Blu Radio, José Antonio Salgado, jefe de operaciones del CICR en Colombia, advirtió que el deterioro ha sido progresivo desde 2018, reflejando una tendencia preocupante en el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).El informe destaca que la violencia no ha surgido de manera repentina, sino que ha sido una evolución constante que ha desembocado en la crisis actual.El informe del CICR señala que en 2023 se registraron 382 violaciones al DIH, reportadas directamente por las comunidades afectadas. Además, la crisis por artefactos explosivos alcanzó niveles alarmantes con 719 víctimas, lo que representa un incremento del 189% respecto al año anterior. De estas víctimas, el 63% resultó afectado por explosivos lanzados o detonados a distancia.Otro de los indicadores críticos es el confinamiento forzado, con 88.874 personas afectadas, una cifra que también representa un aumento del 189%. Adicionalmente, el CICR documentó 2.001 infracciones contra la misión médica, entre ellas cinco homicidios, y 252 desapariciones, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior.Los conflictos armados en Colombia y el papel del EstadoEl CICR clasifica actualmente ocho conflictos armados no internacionales en Colombia, de los cuales tres involucran al Estado contra grupos armados no estatales, mientras que los otros cinco se dan entre estos grupos.Ante esta realidad, el organismo humanitario insiste en la importancia del respeto al DIH por parte de todas las partes en conflicto. "El cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario no puede ser negociado. Su aplicación estricta evitaría muchas de estas consecuencias y reduciría la afectación a la población civil", afirmó el jefe de operaciones del CICR.Para el Estado colombiano, el desafío es doble: debe enfrentar la violencia de estos grupos y, al mismo tiempo, garantizar asistencia y protección a las comunidades más afectadas. Salgado destacó la necesidad de fortalecer las capacidades locales para responder a las necesidades humanitarias.Con una presencia de 55 años en Colombia, el CICR mantiene una red de más de 400 trabajadores, el 83% de ellos colombianos, operando en 12 oficinas distribuidas en las regiones más afectadas por el conflicto. Su labor, basada en principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, ha permitido que la organización continúe con sus operaciones, a pesar de los riesgos del conflicto."Nuestro acceso a las comunidades se basa en la aceptación por parte de todos los actores armados. Sin esa confianza, nuestro trabajo no sería posible", explicó Salgado. No obstante, reconoció que las condiciones de seguridad pueden dificultar el acceso a ciertas zonas en momentos de hostilidades intensas.La labor del CICR en Colombia incluye la mediación en la liberación de secuestrados, la recuperación de cuerpos de víctimas del conflicto y la asistencia humanitaria a las comunidades más afectadas. "Nuestro compromiso es seguir adaptándonos a la evolución del conflicto armado para poder continuar con nuestra misión humanitaria", concluyó Salgado.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entregó un informe sobre la situación humanitaria en Colombia durante el 2024, en el cual se advierte que hubo una intensificación de las hostilidades y un endurecimiento en el control de los grupos armados sobre la población civil.“En 2024, el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años", advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al presentar el informe Retos Humanitarios 2025. En 2024, el CICR documentó 382 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que se advierte por una falta de respeto a las normas que protegen a la población civil.“El aumento de los enfrentamientos entre actores armados estatales y no estatales durante 2024 acentuó los desafíos en la conducción de las hostilidades, especialmente en lo relacionado con el respeto de los principios de precaución y distinción. En múltiples ocasiones la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado, lo que la expuso a las peores consecuencias de la confrontación armada”, agrega el informe.En las zonas donde hay control de grupos armados, la situación para la población civil se deterioró y hay registro de homicidios, amenazas, violencia sexual, reclutamiento, uso y utilización de niños, además, en algunos casos la población es estigmatizada.Otro aumento considerable se presentó debido a las afectaciones por artefactos explosivos, pues al menos 719 personas resultaron heridas o fallecidas, es decir, un 89 % más en comparación a los registros de 2023. Preocupa además que el 67% de las víctimas son civiles.Confinamientos y desplazamientosEl año pasado 88.874 personas estuvieron confinadas, es decir, un 89 % más respecto al año anterior. Esta situación limita el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos.“El desplazamiento, por su parte, continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados. 41.228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente, mientras que 117.697 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamientos individuales."El CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición en el marco de los conflictos armados durante 2024, un 13 % más que el año anterior”, agrega el informe.La violencia sexual la siguen ejerciendo los grupos contra las comunidades para infundir miedo y ejercer control, aumentó también el reclutamiento de menores de edad y los ataques contra la asistencia en salud.“El desplazamiento, por su parte, continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados. 41.228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente, mientras que 117.697 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamientos individuales.El CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición en el marco de los conflictos armados durante 2024, un 13 % más que el año anterior.
La reciente decisión de la Corte Constitucional ha generado un importante debate en torno a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En su sentencia C-036 de 2025, el alto tribunal estableció que los acuerdos parciales, alcanzados en el marco de una política de paz total son válidos y pueden ser implementados, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales y constitucionales adecuados.La Ley 2272 de 2022 permitía que los acuerdos humanitarios suscritos en las mesas de diálogo se integraran directamente al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que según el alto tribunal violaba los principios de supremacía constitucional y separación de poderes, ya que otorgaba a los negociadores de paz un poder excesivo para modificar el ordenamiento jurídico sin la intervención del Congreso.Los artículos 93 y 94 de la Constitución Política fueron tenidos en cuenta en la decisión pues, el primero establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen sobre el orden interno y el 94 dispone que los derechos y garantías de la Constitución y los convenios internacionales no niegan otros derechos inherentes a la persona humana.Por esta razón, el abogado Germán Calderón España explicó que los acuerdos de paz ostentan una naturaleza política que refleja en la voluntad de las partes en la mesa de diálogo para dar por terminado un conflicto y lograr la paz. "De tal manera que ha sido enfática la Corte Constitucional en establecer que, si el legislador contempla en una ley que esas normas o esos acuerdos de paz son normas de Derecho Internacional Humanitario, está violando la Constitución y principios de rango muy elevado en el contexto constitucional”, detalló el abogado.La decisión del alto tribunal reafirma la necesidad de un control democrático y legislativo en la implementación de los acuerdos de paz.Por último, la Corte recordó que la paz es un objetivo esencial del Estado colombiano y que todas las autoridades, no solo el presidente, deben trabajar conjuntamente para alcanzarla.
El presidente Gustavo Petro respondió al ELN por una carta abierta hacia la población del Catatumbo en el que este grupo criminal asegura tener un compromiso con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).El mandatario escribió en su cuenta de X: “Toda persona civil asesinada, todo combatiente asesinado en estado de indefensión, es una violación al DIH. ¡Lectura, amigos de Pablito! Ustedes rompieron el DIH y por ello se convierten en criminales internacionales. Crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz”.Y es que en ese video publicado por la delegación del ELN en los diálogos por el Gobierno, un integrante de la guerrilla culpa por la situación del Catatumbo a las disidencias, pero además defiende su accionar criminal.“El fracasado proceso de paz con las distintas Farc-Ep, que facilitó el rearme de muchos excombatientes que hoy integran el denominado Frente 33 de las EFAR, que al no poder recomponerse como proyecto insurgente entraron en degradación y que hoy nos obliga a confrontarlos. El Ejército de Liberación Nacional como fuerza rebelde e insurgente contempla dentro de su normatividad el Código de Guerra que regula el accionar del ELN, en relación con la conducción de las operaciones militares, el tratamiento al enemigo y el respeto a la población. Igualmente, reconoce y acata de manera autónoma y unilateral los postulados del Derecho Internacional Humanitario”, dice el miembro del ELN.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro ha responsabilizado a Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito', por la guerra en el Catatumbo.“La responsabilidad de esta acción recae principalmente en alias Pablito. Por soberanía nacional, el ELN debe ser derrotado, al igual que cualquier fuerza que comparta sus objetivos”, afirmó en su cuenta de x.
La Defensoría del Pueblo había emitido al menos dos alertas tempranas en los últimos meses sobre la posibilidad de que el conflicto entre disidencias del frente 33 y ELN escalara en la región del Catatumbo, alerta que se cumplió este jueves 16 de enero.“Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad. La Defensoría había alertado varias veces y había emitido una alerta de inminencia en noviembre. Hoy tendremos que reportar su consumación”, dijo la defensora Iris Marín.Dichas alertas son la Temprana 025 de 2021 y la alerta de Inminencia 026 de noviembre de 2024, que ya incluían recomendaciones a las autoridades locales para la protección de la población civil.Hasta el momento, han sido ubicados los cuerpos de cinco firmantes de paz asesinados, pero avanzan en la verificación de otros 23 a 25 asesinatos que la comunidad ha reportado desde los territorios.La otra preocupación es precisamente el confinamiento de los habitantes de municipios como El Tarra, Hacarí, Convención y Tibú, donde la gente se encerró en sus viviendas, el comercio cerró y las clases se suspendieron.Y es que en videos grabados por los ciudadanos, se ve a hombres armados buscando a quienes serían firmantes casa por casa para luego llevárselos secuestrados y asesinarlos.“Se hace un llamado al ELN para que respete el DIH y cese de inmediato los ataques contra la población. También se deben priorizar acciones humanitarias para proteger a la población”, pidió la defensora.En la tarde de este viernes, 17 de enero, se espera la llegada del presidente Gustavo Petro a Tibú, uno de los municipios más afectados por los hechos violentos; allí liderará una reunión de seguridad.
En las últimas horas, el Ejército encontró una fábrica de artefactos explosivos improvisados de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ en el norte de Antioquia. Según las autoridades, el material pertenece puntualmente a las estructuras 18 y 36 del bloque Magdalena Medio, la última que delinque bajo las órdenes de alias ‘Firu’, uno de los cabecillas de este grupo armado criminal y quien hace poco tiempo fue nombrado gestor de paz.Sobre esto, según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hay siempre unas obligaciones que se asumen de parte de las organizaciones, teniendo en cuenta que actualmente está vigente un cese al fuego con esta facción de las disidencias; sin embargo, calificó este hecho como una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.“No podríamos, no obstante, siguiendo los protocolos como se han convenido con esa organización, dar nosotros conclusiones sin agotar los mecanismos que dentro del proceso de verificación que está establecido en el cese al fuego y esas son las reglas que se acordaron y que nosotros respetamos”, indicó el ministro Velásquez, quien indicó que sobre todos los hechos que verifica la Fuerza Pública se presentan informes.Sobre si alias ‘Firu’ continúa o no designado como gestor de paz ante el hallazgo de este material explosivo que sería usado para atacar a la fuerza pública y la población civil, el ministro Velásquez indicó que esta es una decisión que escapa al Ministerio de Defensa y que es única del Presidente de la República.“Estos son hechos que se presentan de acuerdo con la valoración que se hace desde Fuerzas Militares o desde Policía Nacional, como incidentes al mecanismo para la verificación, pero independientemente de la actuación del mecanismo, dentro de los Consejos de Paz y Seguridad siempre Fuerzas Militares y Policía Nacional hacen el balance de los hechos que se han venido registrando de parte de esas organizaciones”, añadió el ministro.
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó al general en retiro Jaime Lasprilla Villamizar y otros 34 militares por 200 casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008.Lasprilla fue comandante del Ejército entre los años 2014 y 2015. Sin embargo, la imputación se da por su responsabilidad mientras ocupó la comandancia de la Novena Brigada. Hasta el año 2007, Lasprilla reemplazó al general en retiro William Pérez Laiseca, quien también fue imputado.Los generales imputados no aceptaron su responsabilidad ante la JEP, en las últimas horas las víctimas acreditadas en el caso presentaron sus observaciones a la imputación contra los militares, en primer lugar, muestran sus reparos frente a uno de los patrones que se tuvo en cuenta para la imputación el cual es "realización de operaciones que formalmente eran dirigidas contra la delincuencia común y/o milicianos, en contravía de los lineamientos del DIH, del Didh".Según las víctimas, "por la forma en la cual fueron cometidos estos asesinatos, el patrón no debe estar definido por la mala aplicación o inaplicación de las normas del DIH y el Didh. De la información obtenida es posible afirmar que los integrantes de las unidades militares ni siquiera tenían la intención de aplicar las normas del DIH", señala el texto.En el mismo sentido, señalan que algunos de los militares no estaban combatiendo la delincuencia, sino que sabían que estaban cometiendo delitos contra civiles. Posteriormente, se refieren a la imputación de algunos militares, pues la JEP acudió a la responsabilidad de algunos de ellos por omisión, ya que se abstuvieron de tomar las medidas adecuadas para evitar que se cometieran falsos positivos."En esta oportunidad la Sala imputó responsabilidad penal individual a título de comisión por omisión en contra de tres comandantes dela BRI09: Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca, al considerar que estos comparecientes I) tenían una posición de garante e incumplieron los deberes que se derivan de esta posición, II) tenían capacidad material para evitar la comisión de los crímenes por parte de sus subordinados, y III) aumentaron el riesgo de perpetración de los crímenes por parte de los autores directos", señala el documento de las víctimas.Las víctimas consideran que hay incongruencias teniendo en cuenta que en las versiones a las cuales fueron citados los militares se habló sobre su trayectoria, la toma de decisiones en el Ejército y el conocimiento que tenían los uniformados sobre los crímenes cometidos, pero, no se abordaron temas de manera conjunta y otros no se abordaron, eso habría llevado a que se hablara de las ejecuciones extrajudiciales de forma general."Los hechos determinados por la Sala permiten concluir que las conductas de estos comparecientes, desde su rol como comandantes de la BRI09, más allá de no haber adoptado medidas para evitar la comisión de estos crímenes en contra de la población civil y no haber investigado, denunciado o sancionado a quienes cometieron materialmente los crímenes, estuvieron encaminadas a favorecer directamente la comisión de estos crímenes y con ello aumentar los resultados operacionales y la percepción de seguridad en el departamento del Huila", señalan las víctimas.Por otro lado, las víctimas consideran que la información recolectada por la JEP no da cuenta de que los generales Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca tengan una responsabilidad por omisión como comandantes de la Brigada."Por el contrario, sus comportamientos tuvieron la intención orientada a preservar, prolongar y encubrir la práctica criminal. De manera ilustrativa se trae a colación las propias conclusiones de la Sala según las cuales estos comparecientes aumentaron el riesgo de perpetración de los crímenes por parte de los autores materiales, pero no a través de conductas omisivas, sino a través de “las presiones, el sistema de incentivos y castigos para que se reportaran muertes en combate”," señala el documento.Además, los generales, según lo expuesto por las víctimas, tomaron la decisión consciente de no tramitar las denuncias para garantizar y favorecer la continuidad de los falsos positivos."Desde la BRI09 la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no consecuencias adversas por no contribuir a la política de conteo de cuerpos" explican en las observaciones.También mencionan las versiones entregadas por algunos militares, según las cuales las presiones por resultados venían directamente del general (r) Lasprilla y otros comandantes de la Brigada."En efecto, los comandantes de la BRI09 participaron activamente en el encubrimiento de los homicidios realizados por los subordinados, así como también propiciaron explícita e implícitamente la comisión de estos crímenes, pues tenían una posición de liderazgo que les permitía ostentar el poder de mando y control, y con base en ello pudieron emitir órdenes para la comisión de los crímenes con la tranquilidad de que las mismas serían cumplidas pues, también controlaban su cumplimiento debido al dominio que tenían sobre el aparato de poder organizado y no sobre los autores directos", señalaron las víctimas.Además, en el documento explican que resulta difícil entender que la JEP en este caso no haya evidenciado la existencia de un aparato criminal en la Brigada, lo que podría llevar a sugerir que los crímenes no fueron resultado de un plan promovido por una organización, sino acciones aisladas. Al final del documento hacen algunas solicitudes a la Sala, pues, aunque reconocer que el auto y la imputación a los responsables son pasos importantes, consideran que hay elementos que deben ser modificados."Variar la imputación de Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca, comandantes de la BRI09, como autores a título de comisión por omisión y, en su lugar, imputarles responsabilidad como coautores mediatos de crímenes de guerra y de lesa humanidad", señalan en el documento.
Muy cerca de varias viviendas, en una vía transitada del barrio La Cañada en Anorí, Antioquia, dos personas dejaron abandonado un objeto que al ser inspeccionado se determinó que se trataba de un artefacto explosivo improvisado.El coronel José Vicente Ávila Ballén, comandante Décima Cuarta Brigada, confirmó que "tras la verificación del binomio canino constatamos que se trataba de un explosivo que fue destruido por el Grupo de Explosivos y Demoliciones del Ejército Nacional. Realizaremos las respectivas denuncias para identificar a los responsables de este acto criminal".El coronel Ávila, condenó este hecho y advirtió que si hubiera hubiera llegado a explotar, hubiera ocurrido una tragedia pues además de que varias personas viven cerca es un corredor de movilidad muy transitado.De momento se desconoce qué grupo armado estaría detrás de la instalación de este artefacto explosivo, no obstante en la zona delinquen las Disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La Policía y el Ejército.Le puede interesar:
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.
