En un documento de 70 páginas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura contra el exrepresentante a la Cámara Gustavo Puentes porque se benefició de su posición para que personas cercanas terminaran con bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE.A esta decisión, el alto tribunal también ratificó la condena de cinco años y siete meses de cárcel contra el excongresista de Cambio Radical, por utilizar su cargo como representante (2008 - 2010) ante la entidad mencionada.La investigación adelantada por la Corte determinó que Puente es responsable del delito de tráfico de influencias, al beneficiarse de la Dirección Nacional de Estupefacientes y designar depositarios de una empresa conocida como Inmunizadora Maderas de Oriente para manejar la situación a su antojo.“Utilizó indebidamente sus influencias derivadas del cargo en provecho propio y de terceros, ante los funcionarios directivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes – Carlos Salvador Albornoz Guerrero y Omar Adolfo Figueroa Reyes – para lograr la designación de Tomás Alfonso Zambrano Avella y Eduardo Salcedo Velosa, como depositarios de la Inmunizadoras de Maderas del Oriente (I.M.O.), obteniendo a cambio, de manera indebida, beneficios económicos que fueron destinados a su campaña electoral”, explicó el tribunal en la decisión.La conclusión de ese caso se obtuvo luego de que la Fiscalía 28 de la Unidad para la Extinción del Dominio dejó a disposición los de la Dirección Nacional los bienes de un ciudadano español conocido como Manuel Abjó, entre ellos, la Inmunizadora de Maderas de Oriente en Tunja, Boyacá que terminó en los hilos del excongresista Puentes.
En la historia de Colombia, la presencia del narcotráfico y de bandas criminales ha estado muy marcada por diferentes hechos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia en Colombia, pues cuando las autoridades interceden e incauta bienes terminan en sus bodegas para ser vendidos o rematados.Sin embargo, una investigación de Los Informantes, de Caracol Televisión, reveló que las lujosas pertencias que descansan en las bodegas de la entidad se han visto manchadas por hechos de corrupción dentro de los integrantes de la SAE. En conversación de Nena Arrazola con autoridades de la SAE, la periodista recorrió el interior de las bodegas de la entidad en donde encontró bienes de protisbulos, como el Forty Nine, de la localidad de Chapinero, e incluso cuadros de narcotraficantes que reposan en el Museo Nacional."Tenemos partes de las mesas de 'La Monita Trechera'. Partes de la casa de Justo Pastor Perafán; las sillas y el comedor que estaban en el apartamento del Polo Club (...) Tenemos neveras, congeladores, por desalojos de carnicerias", contó Óscar Parra, técnico de la SAE.En las oscuras bodegas de la SAE reposan bienes de narcotráficantes, como el reconodio Pablo Emilio Escobar, jefe del extinto Cartel de Medellín, pues en la entidad está uno de sus autos de lujos.Sebastián Caballero, vicepresidente juridico de la SAE, hizó un balance del valor total de los bienes que se encuentran en las bodegas y aseguró que el total daría mucho más al país que lo que se espera recaudar con la reforma tributaria. "Cuando nos entregan a nosotros, en el empalme nos hablan de 8 billones, se hicieron unas revisiones posteriores y ya se hablaba de 10, la Fiscalía General habla de más de 15", informó.Por desgracia, Caballero reveló que la venta de estos bienes no ha sido efectiva a lo largo de los años, pues muchos políticos y funcionarios han usado estas bodegas como su "caja menor" e incluso se han repartido algunos de ellos para sus propiedades.Le puede interesar: 'El Camerino'
Este miércoles, Mañanas Blu cuando Colombia está al aire reveló un estudio de la Contraloría General de la Nación, oficialmente concluido el 22 de julio de 2022 y que tiene una extensión de 126 páginas, en el que queda claro que no existe un inventario real y que el existente está desactualizado. Adicionalmente, en muchos casos, nadie sabe dónde están los bienes.A la escandalosa incertidumbre, se suma que muchos procesos pueden tardar en resolverse en la Fiscalía o en los tribunales hasta 20 años y que cada proceso le cuesta al país a rededor de 60 millones al año.Datos escandalososEl mismo estudio revela datos escandalosos en el precio de los arrendamientos de los inmuebles en poder de la SAE. Según el reporte, en 2021 se alcanzó un recaudo de $106.468 millones.Sin embargo, no se entiende cómo la SAE calculó este valor porque la entidad no tiene registrado el avalúo comercial para el 77,43% de los bienes inmuebles; es decir, para 21.946 propiedades de un total de 28.343 reportadas.Lo peor es que hay casos en los que los avalúos, en su mayoría de casas y lotes, no superan los $100.000 pesos. Esto se evidenció en 88 registros que demuestran por ejemplo que una finca de 112 hectáreas está avaluada en $64.000 o que un lote con construcción de 780 m² está $4.300 pesos.En la larga lista de inconsistencias, por decir lo menos, un lote urbano sin construcción y en buen estado, de 99,48 m², aparece registrado por $1.318 pesos. Un garaje de 12 m² en buen estado, localizado en el sector de Unicentro Bogotá, aparece avaluado en $35.000.Todos estos casos evidencian que la información que aparece en el inventario no es confiable.Sin embargo, hay más datos escandalosos: con corte a diciembre de 2021, solo se había extinguido $2,14 billones de pesos que corresponden a 6.383 registros. Esto quiere decir que solo el 10,54% de los 60.562 registros que en total tiene la SAE surtieron proceso de extinción de dominio. La compleja realidad hace casi imposible la monetización de los bienes, para que puedan ser utilizados por el Gobierno en programas sociales.DepositariosEn cuanto al tema de los depositarios, la misma SAE incumple de acuerdo con el estudio en cuanto a sus políticas institucionales en materia de asignación de depositarios. Por ejemplo, cinco depositarios superaron en 2021 el tope de 600 bienes inmuebles establecido por la SAE.De acuerdo con el estudio, la propia SAE es depositaria de de 4.940 bienes; es decir el 17,43% del total de bienes inmuebles, pero hay otras empresas como Consultores Santo Domingo que administra 802 bienes, Andrés Mejía Cadavid 713 bienes, Sersigma SAS administra 696 bienes, Báltico Ingenieria SAS administra 686 bienes inmuebles y Inmobiliaria Alianza Group SAS 654 bienesDe ahí hacia abajo, en el listado, ya están dentro de las políticas de la SAE, de 600 bienes inmuebles; entonces, aparecen depositarios con esa cifra hasta 400 bienes en promedio.NegociazosEsa misma situación ocurre con las sociedades porque el 23% de sus depositarios o sea 24 en total, superaron el tope de cinco sociedades establecidas por la propia entidad.Por ejemplo, para 2021, Mario Ernesto Gómez Melo tenía asignadas 10 Sociedades; Numa Alonso Zambrano Suárez, tenía 9; Carlos Alberto Sánchez Escobar, Coempresa S.A.S. y Karim Perea Perea, tenían 8 cada una. En general, 24 depositarios o sea el 23% del total superaron las cinco sociedades asignadas.No obstante, tampoco es confiable pues muchos de los registros, de acuerdo con el estudio, contienen cifras distintas cada año sobre el mismo depositario.La elección de depositarios sí pareciera transparente, porque la SAE generó un sistema que selecciona de manera automática a los depositarios provisionales, previa inscripción en el Registro Único de Depositarios Provisionales de esa SAS. Los requisitos para la participación en las convocatorias públicas, de personas naturales y/o jurídicas interesadas, se hace mediante la plataforma tecnológica dispuesta por la SAE. Este aplicativo garantiza los principios de igualdad y transparencia según el informe, además de realizar el análisis de las solicitudes y la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos.Cifras para llorarEl estudio de la Contraloria remata con unas cifras para llorar, las de los ingresos obtenidos frente a los recursos generados por la actividad ilegal y especialmente el narcotráfico. Según el informe, el peso de la economía ilegal, con base en cálculos de expertos, oscila entre el 1% y el 2,3% del PIB; es decir un estimativo de entre los 33 y los 78 billones de pesos en 2021. Por lo tanto, en tan solo ese año se recibieron 1.83 billones de pesos, que en el mejor de los casos representa el 5.4% de lo que en teoria mueve la economía ilegal en Colombia.Para rematar, se reportaron 273.523 millones de pesos de los 550.000 millones o sea el 50% de total sobre los cuales el control y seguimiento es inexistente.Asi las cosas el inventario consignado en el estudio a diciembre de 2021 es de 6.677 lotes, 5.082 casas, 3.743 garajes, 3.597 fincas, 3.282 apartamentos y 2.184 locales comerciales y 3778 correspondiente a otros inmuebles. Los bienes en su mayoría están ubicados en: Valle, 7.550; Antioquia, 4.369; Bogotá, 2.777; Cundinamarca, 1.684; Meta, 1.343; Córdoba, 1.318; Atlántico, 1.227; y 8.075 en otros departamentos del país.Conozca el estudio de la Contraloría acerca de los bienes de la SAE:
El juzgado 4 de conocimiento de Bogotá condenó a 23 años de prisión al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Luis Fernando Sáchica Méndez, salpicado en el escándalo de corrupción sobre los manejos irregulares de los bienes de la mafia, el cual llevó a la liquidación de la DNE.Sáchica fue condenado a 23 años de prisión, una multa de 407 millones de pesos y una inhabilidad de 283 meses para ejercer cargos públicos, como responsable del delito de peculado por apropiación. Además, el juzgado ordenó su captura inmediata.La Fiscalía logró demostrar que el exmagistrado, siendo subdirector de bienes de la DNE en 2008, cometió irregularidades para entregar bienes incautados.El abogado del exmagistrado, Iván Cancino, apeló la sentencia por lo que la decisión final sobre la condena queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, Carlos Albornoz fue condenado por el juzgado 37 de conocimiento de Bogotá a 19 años de prisión como responsable del delito de peculado por apropiación, por las irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country de Barranquilla. Además, le impusieron una multa de 5.336 millones de pesos.“La conducta de este alto funcionario, del cual se esperaba ejerciera una correcta, es el producto de la descomposición social y pérdida de valores. Resulta más que justificada la sanción tanto que la conducta punible desplegada es de gran lesividad al punto que arruina la imagen de los funcionarios y crea desconfianza e inseguridad en la sociedad”, sentenció el juez.Argumentó el juez que el caso del centro comercial Villa del Country representó un detrimento patrimonial de 22.250 millones de pesos.“La acusación señala un ilícito acuerdo llevado a cabo por Albornoz y el señor Camilo Bula, como depositario liquidador de esa entidad, y ahí mismo, las inmobiliarias, ‘avaluadores’ y compradores de los bienes inmuebles referidos, tendientes a subvaluar los bienes, venderlos a precios irrisorios distantes del verdadero valor comercial, lográndose un detrimento patrimonial estatal y el beneficio económico de los partícipes en la venta, con el beneplácito del aquí procesado, al no ejercer control ni vigilancia sobre la venta del centro comercial Villa del Country y permitir que fuera adquirido fraudulenta por Inversiones Eliat Ltda representada por Leo Eisenband, por debajo del valor catastral y muy por debajo de su valor real comercial. Detrimento precisado por 22.250 millones de pesos”, dijo el juez.Añadió el funcionario judicial que, Albornoz, no cumplió su deber de vigilar y controlar la administración de los bienes incautados a la mafia.“El doctor Albornoz tenía la obligación legal de vigilar y controlar la administración de los bienes en Barranquilla y el actuar del liquidador. No se puede aducir que esto fue un acto ajeno a su voluntad y que el único responsable es Bula Galeano cuando, claramente, él mismo no podía realizar las tropelías que ejecutó sin el concurso consciente y relevante del doctor Albornoz”, explicó el juzgado.La defensa del condenado, Milderd Hartman, apeló la decisión del juez por lo que queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá la determinación sobre si ratifica o modifica la condena.Responsabilidades de la Fiscalía por preclusión de delitosEl funcionario judicial aseguró que los fiscales que pasaron por este proceso fueron culpables, presuntamente, de dilaciones que llevaron a que precluyeran la mayoría de los delitos.A pesar de la prescripción de los delitos, se tuvieron en cuenta las conductas en contexto para la sentencia, el juez argumentó: "el hecho que prescribieran varios delitos no quiere decir que no se hubiesen configurado”, señaló.
Un juzgado de conocimiento de Bogotá absolvió al exdirector de la DNE Carlos Albornoz del proceso que le llevaba la Fiscalía por el manejo irregular en el manejo de bienes de la mafia.Este proceso es por la venta del predio Jesús del Río, ubicado en el municipio de Zambrano, Bolívar, que le fue decomisado a un testaferro de Pablo Escobar.Le puede interesar: Niño con síndrome de Kawasaki en Colombia no tiene relación con COVID-19El juez dijo que la Fiscalía no pudo probar la responsabilidad de Albornoz en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y obtención de documento público falso.En agosto del 2018 Albornoz fue hallado inocente de otro proceso que tenía por supuestos actos de corrupción en el manejo de bienes en proceso de extinción de dominio. Específicamente, con uno denominado Granja 32, una propiedad ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca, e incautada a la mafia.Sin embargo, Albornoz continúa siendo investigado por un tercer proceso relacionado con su paso por la DNE.
Después de casi cinco años de juicio, el juez 33 penal de conocimiento de Bogotá absolvió al exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz Guerrero en medio de la investigación en su contra por el manejo irregular de bienes en proceso de extinción de dominio. El juez no creyó en la tesis de la Fiscalía en la que indica que Albornoz había recibido millonarias coimas para favorecer a varios depositarios a los que se entregaron bienes incautados a narcotraficantes. Por ejemplo, el exfiscal y depositario Camilo Bula, dijo a la justicia que, en el 2009, se habrían acordado pagos por la venta irregular del centro comercial Villa Country en Barranquilla.Vea aquí: Fiscalía imputó cargos al general (r) Jaime Esguerra por corrupción en contratación Por los hechos, la Fiscalía lo había acusado a Albornoz de los delitos de interés indebido en la celebración en contratos, obtención de documento falso, fraude procesal y peculado por apropiación. Albornoz ya estaba libre por vencimiento de términos y, aunque esta decisión finaliza a su favor en el sentido de que cesa la acción penal en su contra por estos casos, enfrenta otro proceso por la adjudicación irregular de bienes.
La Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que cursaba en contra del senador y actual presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, por el escándalo de los bienes de la mafia a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).Andrade era señalado de mover influencias para que se le otorgaran 19 predios administrados por la DNE a personas de su círculo personal. Sin embargo, el alto tribunal no encontró pruebas para continuar con el proceso.Andrade tiene pendiente una investigación en la Corte Suprema por su presunta participación en el escándalo de los sobornos del cartel de la toga. Lea también: Con Vargas Lleras no hay embarazo, es relación política de 16 años: Hernán AndradeEn este caso se le acusa de haberle pagado $2.309 millones al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno para salir bien librado de su proceso judicial.Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:-La Corte Suprema avaló la extradición a Estados Unidos de alias ‘Rocho’, un narco que había intentado colarse en las listas de los desmovilizados de las Farc.-El Gobierno ordenó a todos las concesionarias del país que operan los peajes en Colombia, implementar el servicio electrónico a partir de 2019.-Francia demandará a las gigantes de las comunicaciones Google y Apple.-Desde el Concejo de Bogotá insisten en que los alcaldes locales deben ser elegidos por voto popular.-Se suspendió la audiencia contra el excomandante de la Policía del Huila, coronel Óscar Pinzón, por el supuesto acoso sexual a una subalterna.
El juez 49 con función de garantías dejó en libertad a Carlos Albornoz, el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien está señalado de actos de corrupción por la entrega de bienes a un grupo de particulares a cambio de una millonaria comisión. De acuerdo con su abogado defensor, Carlos Gómez, la Fiscalía ha hecho múltiples aplazamientos a las audiencias y desde septiembre de 2013, cuando fue detenido en Cespo, no se han presentado mayores avances en la investigación. "Sí, él quedó en libertad. Se le sustituyó la medida de aseguramiento con detención preventiva por otras no privativas de la libertad, con la prohibición de salir del país y tener que pagar una caución", aseguró el abogado. Le podría interesar: En libertad el exdirector de la DNE por vencimiento de términos Albornoz fue imputado por la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal, peculado por apropiación y obtención de documentos falsos. Cabe recordar que el pasado 13 de julio, este mismo juez había negado la libertad por vencimiento de términos a Albornoz debido a un error de su abogado defensor quien pidió una sustitución de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, en lugar de argumentar la libertad por vencimiento de términos. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El juzgado 22 de control de garantías concedió la libertad al exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes Ómar Figueroa bajo el argumento de que completó más de dos años sin que la Fiscalía avance en el proceso que lleva en su contra. El juez se basó en el artículo 307 de la ley 1760 que otorga la libertad a reclusos que lleven más de dos años sin que su situación jurídica se haya definido. Le puede interesar: En libertad Adolfo Figueroa Avella, padre del exdirector de la extinta DNE Desde 2011 Ómar Figueroa permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y se le investiga por los presuntos delitos de prevaricato por acción, concusión, peculado, fraude procesal, falsedad ideológica y concierto para delinquir. Según el ente acusador, presuntamente sacó provecho de los bienes y recursos incautados a la mafia.
El abogado Luis Felipe Henao, apoderado judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Alvaro Uribe, se pronunció a través de un comunicado sobre la tutela que negó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene en firme la condena a 28 años de cárcel contra el ganadero.Se trata de la decisión STC19112-2026, proferida el 30 de septiembre de 2026. La defensa de Uribe Vélez recuerda que el fallo de tutela será remitido para revisión de la Corte Constitucional.“El planteamiento formulado tiene una naturaleza estrictamente constitucional y se relaciona con el alcance de las garantías de la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, aspectos frente a los cuales la Sala expuso una interpretación que, aunque desfavorable a las pretensiones de mi representado, no agota el debate constitucional propuesto, máxime cuando la providencia será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión”, dice Henao.Pero esa argumentación no significa que con la tutela se pretendiera tener una tercera instancia, reabrir el debate probatorio o desconocer la competencia de la Sala de Casación Penal como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.Henao explicó que la acción de tutela fue promovida con el propósito de que se examinara si resultaba constitucionalmente admisible rechazar de plano el recurso de casación, antes de que la defensa pudiera presentar la respectiva demanda.Es decir, explica el abogado, es un mecanismo jurídico válido en medio del proceso y que su defendido profesa un “profundo respeto” por los jueces y por las decisiones judiciales, por lo tanto, “las actuaciones adelantadas en su defensa se encuentran plenamente amparadas por el orden constitucional y corresponden al ejercicio legítimo de los derechos y mecanismos de protección que el Estado Social de Derecho pone a su disposición”.
La Armada de Colombia incautó 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico sur colombiano, luego de interceptar una embarcación tipo Go Fast que transportaba sustancias ilícitas.El procedimiento fue realizado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco. Durante la operación, la embarcación naufragó, por lo que el personal naval rescató a sus tres tripulantes, dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, y recuperó del mar el cargamento que transportaban.En total, fueron recuperados 83 bultos que contenían 1.620 paquetes de cocaína, con un peso neto de 1.620 kilogramos, y 51 paquetes de marihuana, que pesaban 51 kilogramos. Además, fueron incautados un equipo GPS y dos teléfonos satelitales.De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tendría como destino Costa Rica y, según las autoridades, la incautación evitó el ingreso de cerca de 17 millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional e impidió la comercialización de más de cuatro millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.Los tres tripulantes fueron capturados y junto con el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.
Una nueva alocución del presidente Abelardo De La Espriella sirvió para abordar varios temas de actualidad nacional y anunciar medidas frente a las protestas convocadas por algunos sectores de oposición para el próximo miércoles 14 de octubre.Uno de los principales anuncios fue la defensa del decreto que permite a la fuerza pública intervenir en manifestaciones en las que se presenten hechos de violencia. El mandatario aseguró que la medida busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar bloqueos prolongados y actos vandálicos.“Separar lo que la Constitución protege de lo que la Ley persigue. Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, expresó De La Espriella al explicar el propósito del decreto.El presidente también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y los señaló de buscar la desestabilización del Gobierno, haciendo alusión a los aliados políticos del expresidente Gustavo Petro y reprochando las condiciones en las que dejaron el país.“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón, con el sistema de salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados. A esos mismos en medio de la reconstrucción después del terremoto se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi gobierno. Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”, afirmó el jefe de Estado.Esas afirmaciones sirvieron como preámbulo para lanzar una advertencia frente a posibles hechos de violencia durante las jornadas de protesta. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”.Durante su intervención, De La Espriella también se refirió al Fondo Milagro, creado para brindar atención a las familias afectadas por el terremoto y financiar la reconstrucción de las zonas impactadas.El mandatario anunció que, desde el 7 de octubre, el fondo arrancó con un billón de pesos destinados a atender la emergencia y avanzar en las labores de recuperación.El presidente hizo énfasis en la transparencia en el manejo de estos recursos y señaló que el dinero debe destinarse de manera efectiva a las necesidades de las comunidades afectadas. “Cada peso debe tener un destino verificable”, sostuvo.En materia de seguridad, el jefe de Estado presentó un balance de las operaciones adelantadas por la fuerza pública durante sus primeros dos meses de gobierno. Según las cifras entregadas, las acciones permitieron afectar a 33 cabecillas de dos grupos armados.Entre los señalados por el mandatario se encuentran alias ‘La Morocha’, de la estructura Rodrigo Cadete; alias ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, cabecilla de la Estructura 36; alias ‘Max Max’, identificado como explosivista de la estructura Jaime Martínez; y alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, del Frente 28 de las disidencias de las Farc.También mencionó a alias ‘Bonito’, señalado como cabecilla de Comandos de Frontera, y a alias ‘Águila’, integrante de una estructura de la Segunda Marquetalia.En la lucha contra el narcotráfico, el presidente De La Espriella informó que las autoridades han incautado 125.182 kilos de cocaína desde el inicio de su administración.Otro de los asuntos centrales de la alocución fue la situación energética del país. De La Espriella anunció que su Gobierno ha adoptado medidas para prevenir un posible apagón y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.Para avanzar en ese objetivo, ordenó conformar un equipo de trabajo con responsabilidades específicas y plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para definir medidas de choque que permitan reforzar la generación térmica y administrar adecuadamente los embalses.La instrucción también contempla acciones para garantizar el suministro de energía, con especial atención a las regiones más vulnerables ante eventuales dificultades en el sistema eléctrico.La alocución también fue escenario para entregar cifras sobre el funcionamiento del Banco de Talentos, la plataforma creada para recibir hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar en el Gobierno sin depender de recomendaciones políticas o influencias.De acuerdo con el balance presentado por De La Espriella, 145 ciudadanos que ingresaron mediante este mecanismo ya fueron contratados y tomaron posesión de sus cargos.Además, hay 76 hojas de vida publicadas cuyos titulares están pendientes de posesión, mientras que otras 38 permanecen pendientes de publicación.El mandatario dio esos detalles para destacar el avance de la plataforma como una alternativa para facilitar el acceso al empleo público bajo criterios de mérito y transparencia.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo que su Gobierno se puso como fecha límite el próximo 31 de diciembre para tener listas las medidas y evitar un apagón eléctrico por el fenómeno de El Niño, que según las previsiones se extenderá durante el primer semestre de 2027."Ya ordené constituir un grupo, un equipo especial con responsables, con tareas identificadas y además concretas, y con una fecha límite el 31 de diciembre", indicó el mandatario en la alocución.Según De La Espriella, antes de esa fecha deberán estar en marcha "las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar los embalses y proteger el servicio" de energía, especialmente en las regiones más vulnerables.El mandatario reiteró que su Gobierno tiene como obligación "reducir al máximo el riesgo de racionamiento" y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas, y en ese sentido sentenció que el país no puede volver a llegar desprevenido y sin un plan a un fenómeno que ya estaba anunciado."Menos agua en los embalses y más presión sobre la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación, porque ya sabíamos que esto iba a pasar", dijo el jefe de Estado tras criticar, por falta de previsión, al Ejecutivo de su antecesor Gustavo Petro (2022-2026).Colombia confirmó oficialmente el pasado 8 de octubre la llegada del fenómeno de El Niño, que podría prolongarse hasta mediados de 2027 y reducir las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe."Hoy se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente la entrada del fenómeno de El Niño en Colombia", afirmó entonces el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Andrés Herkrath Sanclemente, quien advirtió de que se trata de un evento de intensidad fuerte a muy fuerte.Herkrath señaló que existe un 83 % de probabilidad de que El Niño se mantenga al menos hasta marzo de 2027 y explicó que, aunque el fenómeno no supone la ausencia de lluvias, se esperan precipitaciones inferiores a las habituales durante octubre y noviembre, con un mayor déficit en diciembre.
Una persona murió y otras resultaron heridas durante un incidente registrado este lunes 12 de octubre en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer las circunstancias del suceso y determinar qué provocó la muerte del visitante.El hecho se presentó en una de las atracciones del parque, situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta. Tras conocerse la emergencia, detectives de la unidad de delitos graves del departamento de Policía asumieron la investigación.Por ahora, las autoridades no han entregado detalles concluyentes sobre cómo ocurrió el incidente ni han explicado las causas del fallecimiento. Sin embargo, medios locales reportaron que cuatro personas sufrieron heridas durante el episodio.¿Qué pasó en la montaña rusa de Six Flags?Las primeras versiones apuntan a que la montaña rusa Goliath se habría detenido a mitad de su recorrido. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por los responsables del parque.Imágenes aéreas difundidas en redes sociales mostraron momentos de la evacuación de algunos pasajeros que se encontraban en la atracción después de la emergencia. Las circunstancias en las que se produjo la interrupción del recorrido y la relación de este hecho con las lesiones reportadas continúan bajo investigación.Goliath es una de las atracciones de mayor tamaño de Six Flags Over Georgia. Fue inaugurada en 2006 y alcanza aproximadamente 60 metros de altura. Sus vagones pueden llegar a una velocidad de 112 kilómetros por hora, características que la convierten en una de las montañas rusas más destacadas del parque.Luego de lo ocurrido, un portavoz de Six Flags expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su solidaridad con los allegados de la persona fallecida.“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy con un huésped en nuestro parque”, señaló el representante de la compañía en declaraciones recogidas por Associated Press (AP).El parque también transmitió sus condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de la víctima, en medio de las investigaciones para esclarecer los hechos.Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente las identidades de las personas involucradas ni se ha establecido qué originó la emergencia. Se espera que las autoridades entreguen nueva información a medida que avance la investigación.
