La historia de Paola Mejía se remonta a mayo de 2023, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, cuando una relación sentimental que parecía normal terminó en un caso de feminicidio.El 5 de mayo, tras regresar de realizar un pedido, la joven fue atacada dentro de su vivienda por su entonces pareja, quien la sometió y la mantuvo retenida contra su voluntad. Paola relató en entrevista con El Sistema Podcast que, durante la agresión, el hombre le dijo con frialdad: “Eso tú te lo buscaste, Paola, esto es tu culpa”.Según su testimonio, en los días posteriores fue privada de la libertad, agredida y posteriormente trasladada bajo amenazas hasta el estado de Nayarit, sin saber que en el patio de su propia casa permanecía oculto el cuerpo de su madre, María Enedelia, de 57 años. Semanas después, los hermanos de Paola, alertados por las sospechas de la joven sobre movimientos inusuales en el patio, realizaron una revisión del lugar y hallaron los restos de la mujer bajo un tanque de agua. Las autoridades confirmaron que presentaba múltiples lesiones causadas con arma blanca. Paola, quien se encontraba detenida, recordó el impacto emocional al conocer los resultados forenses: “Yo tenía la esperanza de quizás no es el cuerpo de mi mamá, esa no es mi mamá”.El caso avanzó judicialmente y, tras un proceso en el que el delito fue reclasificado como homicidio calificado, un juzgado de Chalco declaró responsable a Kevin y lo condenó a más de 62 años de prisión en agosto de 2025. No obstante, el 12 de noviembre de 2025, el Tribunal de Alzada de Texcoco revocó la sentencia y ordenó su libertad inmediata, argumentando insuficiencia probatoria y cuestionando la credibilidad de la víctima. Paola denunció que fue revictimizada durante el fallo, señalando que en la resolución se afirmaba que su relato “no es creíble porque Paola tuvo muchas oportunidades de pedir ayuda y nunca se escapó”.
Desde el 20 de diciembre de 2025, el precio del diésel (ACPM) en Colombia registró un aumento, según la circular publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La entidad dio a conocer los precios de referencia de venta al público que rigen en el país, con valores diferenciados por ciudad.La actualización hace parte del esquema regular de precios que tiene en cuenta los valores fijados por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, y aplica para las principales ciudades del país.¿Cuánto cuesta el diésel en las principales ciudades?Estos son los precios del ACPM por galón vigentes desde el 20 de diciembre de 2025 en 13 ciudades principales:Cali: $11.318Villavicencio: $11.276Pereira: $11.259Manizales: $11.245Medellín: $11.198Bogotá: $11.176Ibagué: $11.167Montería: $11.077Bucaramanga: $10.932Barranquilla: $10.861Cartagena: $10.827Pasto: $10.238Cúcuta: $8.932El precio promedio del ACPM en estas 13 ciudades quedó en $10.885 por galón, un aumento de 100 pesos.Ciudades con el diésel más caro y más baratoMás caro: Cali y Villavicencio aparecen entre las ciudades con el precio más alto del diésel, superando los $11.300 por galón.Más barato: Cúcuta mantiene el valor más bajo del país, con un precio inferior a los $9.000 por galón.¿Por qué subió el precio del diésel?La CREG explicó que los nuevos valores se publican con base en los ingresos al productor definidos por el Gobierno nacional y en los criterios legales vigentes para impuestos y sobretasas. Desde el 20 de diciembre, el ingreso al productor del ACPM quedó establecido en $5.960,02 por galón, lo que incide directamente en el precio final al consumidor.
En diálogo con Mañanas Blu, el reconocido cantante y compositor Yuri Buenaventura compartió sus reflexiones sobre la situación actual de Colombia y el mundo, enfatizando la necesidad de superar los discursos de odio y segregación que parecen estar ganando terreno en la política contemporánea.En una conversación que transitó entre la nostalgia por su tierra y la esperanza artística, el músico anunció su próximo concierto en el marco de la Feria de Manizales, que se llevará a cabo el 6 de enero en la Plaza de Bolívar.El evento, que contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Caldas, no es visto por el artista simplemente como un espectáculo musical, sino como una declaración política y social.Buenaventura busca integrar el tambor y las composiciones del Pacífico con el lirismo y la instrumentación europea —como violines y cornos franceses— para demostrar que una sociedad horizontal es posible. Según el autor, el uso de estos instrumentos, a menudo considerados elitistas, en diálogo con la música popular, simboliza una nación que puede hablar de su futuro sin resentimientos.Crítica a la polarizaciónBuenaventura expresó su profunda preocupación por el retorno de discursos que dividen a la población por su color de piel, calificando este retroceso como un comportamiento de "cavernícolas".El artista manifestó su sorpresa ante recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, fomentan la división en ciudades como Cali al mencionar tensiones raciales.Para el cantante, estas afirmaciones son delicadas en un momento en que se intenta mantener la unidad nacional. "Colombia tiene que respetar esa riqueza, esa diversidad y ese amor", señaló, recordando que su propia identidad se forjó en Buenaventura entre amigos de orígenes diversos, incluyendo ascendencia china y afrocolombiana.A pesar de ver una región compleja, afectada por la corrupción, el tráfico de drogas y desequilibrios económicos, Yuri instó a los colombianos a no perder la alegría y la esperanza. Desde su perspectiva, el artista tiene la responsabilidad de buscar la unidad de la humanidad, un sentimiento compartido con campesinos y trabajadores del campo que solo desean paz para sus cultivos.Escuche aquí la entrevista:
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
