La situación de los más de 600.000 venezolanos amparados por el TPS (Estatus de Protección Temporal) se ha convertido en un punto crítico dentro del debate migratorio en Estados Unidos.La Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a dar por terminado este beneficio mientras continúa el proceso legal, una decisión que ha generado alarma entre la comunidad venezolana, que enfrenta el riesgo de deportación.En diálogo con Mañanas Blu 10:30, la fundadora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, analizó el escenario actual y la postura del movimiento de venezolanos en territorio estadounidense frente a las decisiones del gobierno republicano.“Lo que buscamos es volver a la democracia en Venezuela”Ferro aclaró que el objetivo del interés político venezolano no es promover una intervención militar norteamericana, sino recuperar la vida democrática del país.“Lo que hemos buscado los venezolanos es que vuelva la libertad, la justicia y la paz. Han sido 26 años de caos, injusticia y ausencia de oportunidades”, afirmó.Aunque algunos sectores han planteado la posibilidad de una intervención armada, Ferro advirtió sobre sus enormes riesgos:“La historia nos demuestra que estas incursiones no terminan bien. Nuestro mayor temor es lo que pasaría con la población venezolana en caso de una operación militar estadounidense”, señaló.Críticas a congresistas republicanos por falta de apoyo realLa líder venezolana hizo fuertes cuestionamientos a miembros del Partido Republicano, especialmente a la congresista María Elvira Salazar, quien públicamente dice respaldar a los venezolanos, pero, según ella, no respalda acciones concretas.Ferro aseguró que la congresista se ha negado a firmar los Amicus Brief, documentos que respaldarían la extensión del TPS. “Tiene un discurso en redes sociales, pero nunca lo pone en acción. Ni siquiera ha respondido el teléfono”, afirmó.Según Ferro, todas las firmas obtenidas para respaldar legalmente a la comunidad provienen del partido demócrata.Trump y la comunidad venezolana: del apoyo al desencantoAunque la mayoría de venezolanos habilitados para votar apoyaron a Donald Trump en 2016, Ferro indicó que hoy existe decepción y claridad sobre el uso político del tema migratorio:“El presidente Trump nunca nos engañó. Desde su campaña nos ha usado como punta de lanza de su ataque antiinmigrante”, aseguró. Esto como memoria de los constantes señalamientos por parte del presidente estadounidense, quien ha tildado a los venezolanos de “criminales” y “bolsas de basura”, a la vez que impulsa la terminación del TPS mientras evalúa acciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro.“Somos fichas en un tablero político. Seis de cada diez venezolanos aquí tienen TPS, y los otros cuatro somos familia, vecinos o compañeros de quienes están en riesgo de deportación”, expresó.Ferro también criticó el rol del senador —ahora secretario de Estado— Marco Rubio, recordando que, en 2019, fue coautor de un proyecto de ley para otorgar TPS por cuatro años a los venezolanos, pero no votó a favor del mismo, "presionado" por la administración Trump.“El senador Rubio salió dos veces del hemiciclo para no votar su propio proyecto. Ese proyecto murió. ¿Qué podemos esperar ahora de él?”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
En un nuevo hecho de violencia registrado en la capital santandereana, un joven de 21 años perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego en el barrio El Rocío. Tras una rápida reacción de la Policía Metropolitana y la activación del Plan Candado, se logró la captura del presunto autor del crimen, identificado como Pompilio Felipe Meléndez Vargas, de nacionalidad venezolana. El homicidio se registró en la calle 105 # 16A-57, cuando la víctima, Enrique Sánchez Lizarazo, se encontraba en la vía pública. Según testigos presenciales, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar. El parrillero descendió, se aproximó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones con un revólver calibre 38, causándole heridas en la región frontal y el cuello.Tras cometer el ataque, el agresor intentó huir junto con su cómplice, pero durante la persecución policial descendió del vehículo e ingresó a un parqueadero cercano, buscando evadir a las autoridades. Sin embargo, fue localizado y capturado minutos después por unidades de la Policía, quienes además incautaron el arma de fuego utilizada.Sánchez Lizarazo fue trasladado de inmediato a la Clínica Foscal Internacional, donde ingresó por urgencias y fue sometido a cirugía de emergencia. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas.De acuerdo con las primeras indagaciones, el móvil del crimen estaría relacionado con una riña por intolerancia. El presunto homicida, quien había llevado su motocicleta al taller donde trabajaba la víctima, habría reclamado la ausencia o alteración de piezas originales en su vehículo. Este conflicto derivó, presuntamente, en el violento ataque.El capturado, ciudadano venezolano de 35 años, tiene antecedentes judiciales por hurto en el año 2023 y se encontraba en libertad condicional tras haber estado recluido en la cárcel de Barrancabermeja.Durante la inspección judicial, las autoridades recolectaron pruebas clave como el revólver calibre 38, cuatro cartuchos percutidos, un proyectil y grabaciones de cámaras de seguridad de esa zona de Bucaramanga. La Policía solicitó a la comunidad seguir denunciando cualquier hecho delictivo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente lo sucedido y judicializar a todos los implicados por el crimen del joven mecánico. Las autoridades buscan a otro hombre que participó en el homicidio.
El juez federal de San Francisco, Edward Chen, suspendió la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin a las protecciones legales temporales para miles de venezolanos, una semana antes de que expiraran.Esto supone un alivio inmediato para alrededor de 350.000 venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS), iba a expirar el próximo lunes, 7 de abril.Al respecto habló Cecilia González, defensora de derechos civiles y una de las demandantes en el caso de proteger el llamado TPS. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, dijo que la decisión de demandar es porque “Estados Unidos es un país de leyes y de separación de poderes”.“Se reconoció que esto era una violación directa a la permanencia de los venezolanos de forma legal en este país. Lo hemos argumentado en este caso, vemos discriminación racial contra los venezolanos; es una agenda llena de odio”, aseveró.Sobre la determinación del juez, González mencionó que una de las cosas que más le llamó la atención, sin duda, fue el reconocimiento a “la gran contribución que hacen los venezolanos” en EEUU.“El juez abrió reconociendo que los venezolanos somos del interés nacional y que seguimos contribuyendo de forma categórica a este país desde nuestros títulos universitarios, la creación de empleo, la contribución financiera y fiscal a este país. Creo que fue algo de lo más importante de esta orden”, sostuvo.A la pregunta sobre si a un venezolano, sea bueno o malo, se le está ‘metiendo en el mismo saco’, González respondió que, lamentablemente, así es.“Sin duda. Los venezolanos somos víctimas de una narrativa que busca criminalizar a todos los migrantes porque, sí, en todas las comunidades existen un par personas no bien intencionadas que cometen crímenes y delitos y, hoy a los venezolanos se nos está asociando con un grupo de crimen organizado y nada podría estar más alejado de la realidad”, señaló.Cabe recordar que el Gobierno de Estados Unidos está realizando un intenso proceso de arrestos y expulsiones de inmigrantes y, una gran parte está siendo enviada a una megacárcel en El Salvador, lo cual ha sido rechazado por varias organizaciones de derechos humanos.Bajo esta ley, Trump asegura que varios venezolanos residentes en EEUU son parte del Tren de Aragua, esto, sin ninguna evidencia.
Migración Colombia reveló un informe sobre flujos migratorios inversos de ciudadanos venezolanos, una nueva dinámica que la entidad monitorea y que consiste en flujos que se dirigen en sentido norte-sur desde diferentes puntos de Centroamérica y Norteamérica hacia Colombia. Estos flujos se realizan a través de terminales aéreas, pero también marítimas y terrestres. La principal conclusión de este informe es que se ha incrementado el tránsito de migrantes que están retornando de países como México, lo que implica un plan de acción del Gobierno colombiano, que también recibe a sus connacionales de Estados Unidos."En términos generales, los datos de registros de entradas y salidas permiten evidenciar que en enero y febrero de 2025 se incrementaron los flujos migratorios de migrantes venezolanas(os) en 41 % frente al mismo periodo de 2024, lo que pone en evidencia esta dinámica migratoria emergente", indicó el informeEn este caso deben presentar tiquete de salida, según MigraciónLa entidad explicó que llegan venezolanos titulares de Permiso de Protección Temporal (PPT) que salieron de manera irregular de Colombia, omitiendo los controles migratorios. Sin embargo, hay otros migrantes, también venezolanos, que no cuentan con el PPT y que también salieron del país de forma irregular; estos, en ocasiones, además están indocumentados.Para este último grupo de migrantes (venezolanos sin PPT que salieron del país irregularmente) la entidad establece unos requisitos para el ingreso a territorio nacional que implican tener un tiquete de salida ya sea aéreo, marítimo, terrestre o fluvial. Estos deben tener destino a ciudades fronterizas de Colombia con Venezuela, como Riohacha, Cúcuta, Arauca, Puerto Carreño o Inírida.Los otros dos requisitos que deben cumplir los venezolanos sin PPT son presentar la cédula de extranjería y el pasaporte válido, vigente o con menos de 10 años de haberse vencido.
A las ocho y media de la mañana de este jueves llegó al Aeropuerto José María Córdova de Rionegro el segundo vuelo con 34 colombianos deportados en menos de 15 días desde Panamá. Los connacionales denunciaron malos tratos durante su detención y en medio del vuelo hacia Colombia."Nos traían amarrados con colillas, no nos dieron alimentos, nada. Así como nos sacaron de la celda, nos trajeron acá. Todo el tiempo nos tuvieron encerrados en celdas, como si fuéramos unos delincuentes, ¿sí me entiendes?", relató Jhony Trocha Correa, uno de los deportados.Otro de los deportados, Jhonatan Salgado, denunció los maltratos que recibió: "Caí en manos del ejército panameño, me amarraron y me dijeron que yo era un narcotraficante y que era paramilitar. Yo soy del sur de Bolívar, pero no soy paramilitar, ¿sí me va a entender usted? Me amarraron de pies y manos, me tuvieron durmiendo en una silla, no me daban comida. Me insultaban y me maltrataban. La última vez que me soltaron, fue por un acantilado y me tuve que lanzar a un caño para poder escapar. Estoy contando el cuento de pura suerte, como dicen aquí, de pura chimba", afirmó.Otro deportado, quien prefirió no revelar su identidad, relató la angustia que aún vive tras estar 21 días retenido y la incertidumbre de haber dejado a su familia en Panamá: "Pasé por el Darién con mi mujer, pero ella se quedó allá con nuestro hijo. También está detenida. Ya lleva prácticamente un mes", contó.El Gobierno nacional, a través de la dependencia de Prosperidad Social, ha prometido una ruta de regreso seguro. Sin embargo, los deportados aseguran que necesitan más que solo el retorno: requieren oportunidades laborales.Jhonatan Salgado hizo un llamado al presidente de la República: "Le pido al doctor Gustavo Petro que se ponga la mano en el corazón y me dé trabajo para no tener que volver a irme. Porque, la verdad, si no consigo empleo, me tocará intentarlo otra vez. ¿Qué hago aquí? No puedo ponerme a recoger basura, porque yo no soy de eso, ¿sí me va a entender?""¿Dónde están las ayudas? A uno le toca migrar porque aquí no hay empleo. Hay que buscar el sustento de la familia en otros países. El Gobierno se comprometió, y mírenos cómo estamos", agregó Trocha Correa.Las personerías de Rionegro y Medellín cuestionaron el accionar del Gobierno y el escaso acompañamiento a estos colombianos deportados. "Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que adelante políticas de acompañamiento integral a la población migrante. Si esto sigue ocurriendo, la situación se va a desbordar. La pregunta es: ¿qué va a pasar con ellos? Quedan en un tránsito social incierto. ¿Dónde están las instituciones que deberían garantizar sus derechos? Hoy no tenemos la capacidad institucional para brindar ese acompañamiento", advirtió Jorge Restrepo, personero de RionegroSegún cifras de los Servicios Fronterizos de Panamá, en los últimos meses han sido deportados cerca de 1.881 migrantes. Colombia encabeza esta lista con 1.065 personas.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la ayuda brindada a Colombia a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha generado preocupación en Bucaramanga, especialmente por el impacto en la atención de mujeres gestantes migrantes.La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, advirtió sobre la difícil situación que enfrentarán las gestantes que dependían de los servicios de control prenatal proporcionados por USAID y otras organizaciones de cooperación internacional como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).“Todas estas organizaciones de cooperación internacional que venían apoyando a Bucaramanga con recursos como USAID y OIM han retirado, por lo menos temporalmente, estas ayudas. Su apoyo era fundamental porque garantizaba la atención a mujeres migrantes en estado de gestación que no han logrado regularizar su permanencia en el país. Ahora, estas maternas dejan de recibir los controles periódicos que ofrecía USAID, y solo podremos brindarles atención en el momento del parto, ya que se considera una urgencia”, explicó Amaya.La funcionaria enfatizó que la situación es preocupante porque no existen mecanismos para incluir dentro del sistema general de seguridad social a los migrantes en condición irregular. Pese a varias reuniones con Migración Colombia en busca de soluciones, no ha sido posible encontrar alternativas viables.“Solo se podrán cubrir urgencias, lo que deja a muchas mujeres sin la posibilidad de un adecuado seguimiento médico durante el embarazo”, agregó.La suspensión de estos servicios deja en incertidumbre a cientos de mujeres que dependían de esta asistencia en Bucaramanga, poniendo en riesgo su salud y la de sus bebés.
El presidente de Argentina, Javier Milei, y Edmundo González Urrutia salieron este sábado al balcón de la Casa Rosada para saludar a los miles de venezolanos congregados en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en la primera parada del líder opositor venezolano de una gira por varios países latinoamericanos."Presidente, presidente" y "libertad" fueron los gritos que se escucharon en la mítica Plaza de Mayo por parte de los congregados que consideran a González Urrutia el ganador de las elecciones celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio.Las miles de personas que acudieron hasta las puertas de la Casa Rosada también lanzaron consignas como "Gracias Milei", en alusión al mandatario argentino, que ha sido el primer líder latinoamericano en recibir a González Urrutia en esta gira que busca recabar apoyos para poder asumir el poder en Venezuela el 10 de enero, cuando tiene previsto investirse presidente Nicolás Maduro de nuevo.Al balcón de la Casa Rosada (sede del Ejecutivo argentino) salieron Milei, González Urrutia, el canciller argentino, Gerardo Werthein, la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Milei, Karina, y la esposa del opositor venezolano, Mercedes, quien lo acompaña siempre en su batalla política, entre otros.Milei cedió el protagonismo a González Urrutia, quien saludó a los congregados mientras le gritaban "presidente, presidente" y recibía aplausos y vítores.La masa de personas que le coreaban y aplaudían constituyeron una marea de rojo, amarillo y azul, los colores de la bandera venezolana, ya que portaban estandartes, gorras y camisetas con esos tonos.Después el presidente argentino le tomó la mano y ambos las elevaron en un saludo mientras se escuchaba entre los congregados "gracias Milei".El largo saludo a los venezolanos tuvo lugar tras una reunión en el interior de la Casa Rosada, sobre la que por ahora no ha trascendido información.Poco antes, González Urrutia difundió un mensaje en video en el que expresó su compromiso con los considerados "presos políticos", cifrados en 1.794, según la ONG Foro Penal, y los opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil por la decisión de Maduro de expulsar a los diplomáticos argentinos."Enviamos un cordial y afectuoso saludo, en especial a todos los presos políticos y a los asilados en la embajada argentina en Caracas; esa es y será nuestra preocupación en todas las reuniones que sostendremos", dijo el abanderado de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a través de las redes sociales.González Urrutia inició este sábado en Argentina una gira que proseguirá en Uruguay, Panamá y Republicana Dominicana hasta el 10 de enero, cuando planea ir a Venezuela pese a la orden de captura emitida contra él por el Gobierno de Nicolás Maduro.El 10 de enero es la fecha en la que debe tomar posesión el nuevo presidente salido de las urnas el 28 de julio pasado. La PUD insiste en que González Urrutia fue el ganador de las presidenciales, mientras afirman que el resultado oficial, que dio la reelección a Nicolás Maduro, es "fraudulento".Asimismo, el chavismo comenzó el año con una serie de actividades convocadas de cara al 10 de enero, cuando Maduro asegura que acudirá a la Asamblea Nacional (Parlamento) a tomar posesión del cargo para un tercer sexenio consecutivo en el poder. EFE
Ante la crisis generada por la falta de claridad en los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Personero de Neiva, Andrés Bastidas Vargas, alertó sobre la posibilidad de una nueva ola migratoria en la región.Señaló que una de las mayores preocupaciones es que esta situación podría desbordar las capacidades de atención humanitaria que esta población que llega a Neiva y los demás municipios del Huila requiere.“Tuvimos una reunión con los delegados de Migración Colombia. En esta reunión se preveía que, si el resultado fuera como efectivamente pasó, creemos que podríamos enfrentarnos en nuestros últimos días, quizás próximos meses, a una nueva ola migratoria de personas procedentes de Venezuela”, indicó el representante del Ministerio Público.Destacó que, aunque muchos migrantes de diferentes nacionalidades, en su gran mayoría venezolanos, solo están de paso en la región, algunos que desean quedarse en el territorio llegan a la Personería en busca de atención y acompañamiento de la institucionalidad.Esta situación, sumada al gran número de familias desplazadas de sus territorios por el conflicto armado interno del país, supera las capacidades de las administraciones locales.“Hemos venido haciendo un acompañamiento a todas aquellas personas que llegan desde diferentes países, especialmente de Venezuela. Aunque algunas de ellas están de tránsito por el territorio, algunas de ellas deciden quedarse a vivir en nuestro municipio, a quienes debe brindárseles apoyo institucional”, añadió.Actualmente en el departamento son más de 12 mil las personas procedentes de Venezuela que buscan en el territorio mejores condiciones de vida y que se dedican en su mayoría a trabajos informales y a la recolección de café en las zonas rurales.
Un migrante murió en medio de la selva del Darién cuando intentaba pasar hacia los Estados Unidos. Según las autoridades de Panamá, el hombre había sido llevado por un grupo de tráfico de personas y cuando empezó a tener complicaciones médicas lo dejaron abandonado.El migrante fue identificado como Juan Carlos Monzant, un venezolano de 27 años, que se había adentrado en la travesía por el tapón del Darién en compañía de su familia con la intención de llegar a los Estados Unidos.Según las autoridades panameñas, este hombre logró ingresar en la selva gracias a un grupo ilegal de tráfico de personas, y habría tenido complicaciones médicas, aparentemente cardiacas, por lo que fue abandonado por el grupo en el sector de Puerto Obaldía, ya en jurisdicción de Panamá. "Hay un migrante fallecido, cuando vamos a verificar un grupo de traficantes de humanos lleva a un grupo de migrantes, los pasa por un paso y lo dejan abandonado en el territorio de Puerto Valdivia a su suerte y lo que pasa es que uno tenía una afección médica, fallece en el sitio y nosotros entonces tenemos que movilizar tropas para poder darle la asistencia a esta familia que estaban perdida en la selva", señaló el director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Jorge Luis Gobea.Es así que las autoridades ubican a la familia abandonada y ahora adelantan un proceso investigativo para especificar cuáles serían las causas de su muerte e identificar al grupo ilegal que los llevó hasta allí.En lo que va del año, son más de 200.000 las personas que han ingresado por la frontera panameña con destino hacia los países de centro y norte América. En donde cabe recordar que hace poco más de dos semanas las autoridades del vecino país instalaron alambres de púas para controlar el paso por esta selva y la recomendación ha sido en todo sentido no embarcarse en este recorrido que es muy peligroso.
Ante la preocupación de lancheros y alcaldes del Urabá antioqueño sobre el anuncio del posible cierre de la frontera con Panamá, que generaría un represamiento de migrantes en municipios de esa zona, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que esta no puede ser la solución a esta problemática y que no puede ser abordada por un solo país, pues su entidad ha solicitado que haya un abordaje transnacional donde cada país tome un rol activo.Y es que tras la elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá, hay preocupación, ya que el hombre de derecha prometió en reiteradas ocasiones cerrar el Darién para frenar la crisis migratoria en este paso fronterizo con Colombia. El defensor dijo que la entidad vigilará, ante la aplicación de estas medidas, que se lleve a cabo una migración segura, teniendo en cuenta además que hay varias rutas para llegar a Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos."La problemática no puede ser abordada o la solución no está sobre la base de que hay que cerrar las fronteras, sino porque eso genera, que generaría de que las condiciones de dignidad humana se deterioren", dijo Camargo durante una visita a la Cárcel El Pedregal de Medellín.Presidente electo de Panamá anuncia su intención de cerrar frontera por el DariénCabe recordar que los lancheros ya han tenido conversaciones con autoridades departamentales, ya que su preocupación radica en que solamente el 10% de lo que hoy transportan son ciudadanos nacionales que hacen turismo."Tenemos que hacer los llamados al gobierno nacional y también hacerles llamados a los pares nuestros, a las defensorías o a las instituciones de derechos humanos de los otros países, para que hagan los correspondientes y respectivos llamados a sus estados, porque esta no es una problemática exclusiva de Colombia, es una problemática transcontinental", añadió Camargo. Finalmente, indicó que junto a otros 22 defensores de otros países, desde octubre de 2023 solicitó a Antony Blinken, secretario de estado de Estados Unidos, una reunión para abordar esta problemática.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.