Transparencia por Colombia y varias entidades interesadas en la legitimidad de los resultados electorales de la primera vuelta y de la próxima jornada del 21 de junio reafirman su compromiso con la democracia como un sistema que garantiza la participación ciudadana, la convivencia pacífica, la alternancia en el poder y el respeto por la voluntad popular. Estas organizaciones destacan que las elecciones son el mecanismo principal de la democracia y que todos los sectores políticos y sociales deben proteger su desarrollo con responsabilidad.Las más de 50 organizaciones, entre las que se encuentran la MOE y la FLIP, reconocen que el sistema electoral colombiano tiene desafíos que deben ser atendidos, como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y las situaciones de violencia que afectan el ejercicio libre del voto en algunos territorios. Sin embargo, señalan que las denuncias recientes sobre un supuesto fraude electoral no han sido acompañadas por pruebas contundentes que demuestren una manipulación de los resultados.Agregaron, además, que, de acuerdo con los informes de la Misión de Observación Electoral, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otras entidades independientes, la jornada electoral de la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, se desarrolló con transparencia y seguridad. Incluso aseguraron que el sistema colombiano cuenta con diferentes controles, como el conteo manual realizado por jurados ciudadanos, la presencia de testigos electorales y un escrutinio oficial basado en documentos físicos revisados por las autoridades competentes.Por estas razones, las organizaciones le hicieron un llamado a los candidatos presidenciales, sus equipos de campaña y líderes políticos a respetar los resultados electorales, promover la tranquilidad entre sus seguidores y continuar el proceso democrático dentro del marco institucional.
La captura de alias ‘Demonio’, señalado como autor material del asesinato del periodista Cristián Hernando Herrera, permitió a las autoridades reconstruir la estructura criminal que está detrás del crimen ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta.Según la Policía y la Fiscalía, el capturado haría parte de la banda delincuencial conocida como ‘Familia P’, organización criminal dedicada principalmente al microtráfico y otras actividades en la capital nortesantandereana.De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Demonio’ estaría dedicado a la comisión de homicidios y hurtos, y mantenía presuntos vínculos delincuenciales con Ever Carreño Corredor, alias ‘Porras’. considerado el máximo cabecilla de la estructura. Alias ‘Demonio’ fue el sicario que ejecutó el ataque contra el periodista y es hombre de confianza dentro de la organización criminal.Detrás de él aparece la figura de Ever Carreño Corredor, alias ‘Porras’, un delincuente que permanece privado de la libertad desde 2016, pero que, según inteligencia, continúa ejerciendo control sobre gran parte del negocio del microtráfico en Cúcuta. Las autoridades aseguran que desde su celda seguiría impartiendo órdenes relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otras actividades ilícitas. La hipótesis indica que la estructura bajo su mando habría coordinado el asesinato del periodista.Junto con alias ‘Demonio’ también fueron capturados alias ‘Wilmer’ y alias ‘Angélica’, quienes habrían cumplido funciones de apoyo y coordinación durante la ejecución del crimen. La mujer, según las pesquisas, habría actuado como campanera el día del atentado, mientras que el otro capturado estaría relacionado con el suministro del arma utilizada. Además, fueron incautados cuatro vehículos que presuntamente fueron empleados en la planeación y ejecución del homicidio.Los tres detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, mientras avanzan las investigaciones para establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados y determinar quién ordenó el asesinato del periodista.En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se refirió a las capturas que se han dado en medio del caso que tiene conmocionado a la ciudad de Cúcuta.
En la tarde de este martes, 9 de junio, fue capturado uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, quien recibió varios impactos con arma de fuego tres días atrás.De acuerdo con la información preliminar, el señalado responsable fue capturado cerca a la terminar de transporte de la capital de Norte de Santander.No fue la única capturaIntegrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cúcuta también capturaron a otro hombre y una mujer, quienes que estarían involucrados en el crimen del comunicador. Estas dos personas estarían implicadas en actividades relacionadas con logística y transporte. En las próximas horas, una fiscal de la Seccional Norte de Santander las presentará ante un juez penal de control de garantías y les imputará los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes, accesorios y municiones.¿Quién era Cristian Herrera?Era un periodista de 48 años que se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y que durante varios años hizo parte del diario La Opinión, uno de los medios más importantes de Norte de Santander. Su trabajo estuvo marcado por la investigación y la cobertura de temas sensibles para la región.Herrera fue asesinado el sábado 6 de junio en Cúcuta, luego de que un hombre que se movilizaba en motocicleta le disparara cuando se encontraba en el barrio Quinta Oriental. Además de su labor en medios, Cristian Herrera era corresponsal en Norte de Santander de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y miembro de su Junta Directiva. Desde ese rol trabajó en la defensa del ejercicio periodístico y en la visibilización de las amenazas que enfrentan los comunicadores en zonas afectadas por la violencia.Durante varios años Herrera dedicó su carrera a informar sobre asuntos como crimen organizado, corrupción, impunidad y la situación del Catatumbo. Su asesinato recuerda el caso de Jaime Vásquez en Cúcuta en 2024 y el de Mateo Pérez Rueda en Antioquia, aumentando la preocupación por la seguridad del periodismo regional.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) entregó nuevos detalles sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el municipio de Briceño, Antioquia, mientras realizaba labores de reportería en una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales.Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, explicó que el joven comunicador se desplazó desde Yarumal hacia Briceño para investigar denuncias relacionadas con confinamientos y hechos de violencia en sectores rurales del norte antioqueño.“Él estaba en el lugar donde estaba en zona rural de Briceño, haciendo netamente el trabajo de reportería”, aseguró Chaparro durante una entrevista con Noticias de la Mañana de Blu Radio, en la que además insistió en que el crimen ocurrió mientras el periodista ejercía su oficio.Según la información recopilada por la FLIP, Mateo Pérez había recorrido diferentes entidades en el casco urbano del municipio antes de dirigirse hacia zonas rurales donde buscaba documentar la situación de orden público y las afectaciones a la comunidad.Chaparro señaló que el periodista, quien estaba próximo a cumplir 25 años, realizaba un trabajo enfocado en temas de interés público relacionados con corrupción, problemáticas administrativas y violencia en municipios como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango.La organización también indicó que el comunicador desarrollaba un “periodismo de vieja guardia”, caracterizado por el contacto directo con las fuentes y el desplazamiento a los territorios donde ocurren los hechos.De acuerdo con la FLIP, el asesinato de Mateo Pérez se convierte en el caso número 170 de periodistas asesinados en Colombia por razones relacionadas con su oficio desde 1977, y el número 22 registrado en Antioquia.Además, la fundación alertó sobre el aumento de amenazas y agresiones contra periodistas en varias regiones del país. Según sus registros, en el último año se han documentado cerca de 500 agresiones contra comunicadores, de las cuales aproximadamente 200 corresponden a amenazas.La FLIP aseguró que departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Chocó y Valle del Cauca continúan siendo algunas de las zonas con mayores riesgos para el ejercicio periodístico debido a la presencia de actores armados y disputas territoriales.Escuche la entrevista completa aquí:
Luego de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una creciente estigmatización contra la prensa en Colombia por parte del gobierno, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el impacto que este clima está teniendo en el ejercicio del periodismo en el país.De acuerdo con la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, el escenario actual está generando condiciones cada vez más adversas para la labor informativa. Según explicó, el contexto descrito por la Relatoría no solo evidencia riesgos en materia de seguridad, sino también un deterioro en las garantías para ejercer el periodismo con independencia.“Existe este patrón de descalificación que está creando un entorno mucho más hostil y permisivo frente a la violencia, y este discurso exacerba la hostilidad y aumenta la vulnerabilidad de todos los periodistas. Y, pues, el efecto que termina ocurriendo es bastante directo, se deteriora no solo el debate público, sino que se instala la autocensura. Nosotros vemos, hemos visto desde la FLIP que han aumentado las las amenazas y la gravedad de las amenazas contra los periodistas, pero eso muchas veces está, lo antecede la estigmatización por parte de funcionarios públicos”.Jaramillo explicó que la estigmatización termina generando una cadena de consecuencias que puede derivar en amenazas, procesos judiciales o incluso en el silencio informativo. En ese sentido, señaló que “este ambiente hostil contra la prensa genera muchísima más presión”, especialmente en medio del contexto electoral.Además, llamó la atención sobre los riesgos en materia de pluralismo informativo y funcionamiento de los medios públicos. Según explicó, las alertas de la CIDH coinciden con preocupaciones que también ha documentado la FLIP, relacionadas con posibles vetos a voces críticas, salidas reiteradas de directivos y presiones que afectan la diversidad de contenidos.“Lo que termina pasando es que no haya un ambiente propicio para que las periodistas y los periodistas puedan ejercer su profesión. En la relatoría habla de los de posibles vetos a figuradas críticas, de salidas reiteradas de directivos, de periodistas que terminan, pues, apegando en pluralismo informativo. Y también la relatoría habla de la importancia de que existan estos medios públicos, de que los, de que realmente sean independientes y plurales como debe ser, pues, la labor de un medio público”.Finalmente, Jaramillo se sumó al llamado que han hecho tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa, al insistir en la necesidad de garantizar plenamente el ejercicio del periodismo en el país.“Que se garanticen las condiciones para que los periodistas puedan ejercer su profesión. La estigmatización, los discursos estigmatizantes, lo único que hacen es incrementar la hostilidad contra la prensa. Y ahorita necesitamos una prensa fuerte para informar sobre los temas de altísimo interés público que que se están dando en este momento, especialmente en un periodo electoral. Necesitamos que pueda, que los periodistas y las periodistas puedan informarnos para que podamos tomar decisiones con la mayor información posible en este período electoral”, concluyó.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advirtió sobre múltiples afectaciones al ejercicio periodístico en la zona de frontera con Venezuela, tras recibir denuncias de periodistas colombianos y extranjeros que reportan “detenciones arbitrarias y falta de garantías para informar“.Según la organización, varios periodistas han señalado que no han podido ingresar a territorio venezolano para realizar cubrimientos, y que quienes lo han logrado han sido retenidos por autoridades de ese país y posteriormente regresados a Colombia.De acuerdo con las denuncias recibidas por la Flip, periodistas retenidos en la frontera señalaron que funcionarios de la Guardia venezolana y organismos de inteligencia revisaron los equipos de varios periodistas, les exigieron desbloquear sus celulares y eliminar material periodístico, además de someterlos a tratos intimidantes antes de devolverlos a Colombia.Testimonios recogidos por la Flip y por medios locales, indican que funcionarios de la Guardia venezolana advierten a los comunicadores que no crucen el puente internacional Simón Bolívar, generando un ambiente de intimidación que impide el trabajo informativo.Periodistas locales también aseguran que está prohibida la entrada al Centro Nacional de Atención Fronteriza (CENAF), el único espacio donde podían trabajar bajo protección institucional.A esto se suman denuncias de periodistas extranjeros que reportaron seguimientos y monitoreo por parte de hombres vestidos de civil, quienes cruzarían desde Venezuela para grabarlos o tomarles fotografías.La Flip anunció que documenta estos casos y pidió de manera urgente a la Cancillería de Colombia acciones diplomáticas, así como a la Policía Metropolitana de Cúcuta brindar acompañamiento y garantías de seguridad.
En el marco de la audiencia de imputación, la defensa del comunicador presentó una impugnación de competencia con el fin de trasladar el caso fuera del distrito judicial del Cesar. El argumento central se basó en la necesidad de garantizar imparcialidad, considerando que existen antecedentes procesales que vinculan a Fernández, víctima en este proceso, como presunto agresor por lesiones y amenazas contra Vega.La Fiscalía, por su parte, rechazó los planteamientos y calificó de contradictoria la petición de la defensa, insistiendo en que el distrito judicial conserva plena competencia para conocer el caso.Ante esta controversia, el juez Jorge Ávila resolvió enviar la solicitud de cambio de radicación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá decidir si el proceso continúa en el Cesar o se asigna a otro distrito judicial.Con esta decisión, el expediente entra en una nueva fase procesal que definirá el escenario donde se juzgará a Vega.Este proceso judicial ha sido señalado como polémico por la defensa, pues mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo reconoce como víctima en riesgo extraordinario, la Fiscalía sustenta el proceso en la denuncia de Andrés Fernández, funcionario público del Cesar, investigado previamente por Vega por presunta corrección.Además, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha calificado estas acciones como represalias que buscan acabar su labor.
El reciente atentado contra el periodista Gustavo Chicangana en San José del Guaviare ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia que enfrentan los reporteros en las regiones del país. Chicangana, quien trabaja para la emisora Guaviare Estéreo y es parte activa de la Red de Corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), fue atacado cuando se movilizaba en moto con su esposa.En una entrevista con Mañanas Blu 10:30, la FLIP denunció que se trata del atentado más directo contra un integrante de esta red desde su fundación hace más de dos décadas, y advirtió sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en zonas donde hay estructuras criminales y grupos armados ilegales.Según reveló la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo Otoya, Chicangana ya había recibido amenazas durante el año por parte del grupo armado Renacer ERPAC. Pese a contar con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), al momento del ataque no estaba acompañado por su escolta.“El caso de Gustavo no es aislado. Refleja el abandono institucional que viven muchos periodistas que están informando desde los territorios, en medio de disputas armadas y bajo constantes presiones para publicar o silenciar ciertas noticias”, señaló Jaramillo.Las autoridades capturaron a dos personas presuntamente responsables del atentado: Wilmer Alexander Perea, quien sería el sicario, y Alberto Antonio Araújo, conductor de la moto utilizada en el hecho. Sin embargo, aún no se ha esclarecido quién sería el autor intelectual del ataque.La FLIP hizo un llamado urgente a las autoridades, en especial a la UNP, la Fiscalía y la Policía Nacional, para que se garanticen medidas reales y eficaces de protección, y se investigue con celeridad la autoría y motivaciones detrás de este y otros casos.Entre enero y junio de este año, la organización ha documentado 225 agresiones contra periodistas en Colombia, de las cuales 95 corresponden a amenazas directas. Además, se han reportado varios casos de desplazamientos forzados por razones de seguridad, e incluso exilios.“Estamos viendo un clima de hostilidad creciente. No solo son las amenazas o los ataques físicos. También hay estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos que deterioran el ambiente para el ejercicio libre del periodismo”, alertó la directora de la FLIP.Escuche la entrevista completa aquí:
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha expresado su preocupación por más de 30 denuncias de censura y presión editorial dentro de RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia. Según la organización, periodistas han sido obligados a modificar o eliminar contenidos críticos con el Gobierno, lo que ha generado un clima de autocensura y temor dentro de la entidad.Un modelo de censura en los medios públicosJonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, señaló que los testimonios recopilados evidencian “presiones directas” para alterar la información, especialmente aquella relacionada con la oposición o con opiniones contrarias a la administración de Gustavo Petro."Sobre el Consejo de ministros. No hemos sacado todavía ningún comunicado, pero sí estamos estudiando el caso porque claramente lo que ha pasado en el en estas últimas semanas desde ese primer con un consejo de ministros televisado, pues ha venido siendo un incremento que podríamos decir inicialmente es abusivo también no solamente por la extensión, sino pues por el la gran variedad de temas y de personas que participan", dijo.Y agregó, "Quiero decir que aquí se han ido cambiando las reglas de juego de lo que debería hacer y el propósito de las alocuciones presidenciales a tener un contenido cada vez más permanente que pues tiene todo tipo en su contenido y en sus participantes, donde preocupa no solamente ese uso que se está haciendo de los espacios, sino también la veracidad de los hechos que se están dando y la poca posibilidad que tienen o la o la inexistente posibilidad"El rol de Holman Morris y el ambiente de censuraDesde la llegada de Holman Morris a la dirección de RTVC, varios periodistas han denunciado censura y presiones dentro del canal. Según la FLIP, existen registros de llamadas y directrices para alterar contenidos o excluir a ciertos invitados de los programas. Además, el informe destaca que se han dado ataques y cuestionamientos a medios de comunicación que han investigado el manejo del canal.“Las decisiones editoriales en RTVC están priorizando la agenda gubernamental y excluyendo voces críticas. Lo más preocupante es la falta de un contrapeso institucional que garantice la independencia de los medios públicos”, afirmó Bock.El debate sobre la independencia de RTVCEl caso ha generado un intenso debate sobre el uso de los medios públicos en Colombia. Mientras algunos defienden que RTVC, al igual que otros canales, tiene derecho a una línea editorial, la FLIP insiste en que al ser un medio financiado con recursos públicos debe garantizar la pluralidad y el acceso a una información imparcial.“La ciudadanía debería cuestionar el uso de los recursos públicos para amplificar la voz del Gobierno en lugar de ofrecer un servicio informativo independiente”, concluyó Bock.Ante estas denuncias, se espera que se adelanten acciones legales o medidas que permitan restablecer la autonomía editorial en RTVC, garantizando el derecho a la información de todos los colombianos.Escuche la entrevista completa acá:
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
Este fin de semana, el municipio de Puerto Gaitán, conocido como el "Paraíso Natural" del departamento del Meta, abre sus puertas para la edición número 37 del Festival y Reinado Internacional de la Cachama.El evento, que inició hoy, viernes 26, e irá hasta el domingo 28 de junio de 2026, promete una experiencia inmersiva en la riqueza cultural, folclórica y gastronómica de los Llanos Orientales.El festival no solo celebra la música, sino que rinde homenaje a las raíces productivas de la región. Uno de los puntos focales de la agenda es el Concurso de Pesaje de la Cachama, programado para el sábado 27 de junio al mediodía. Esta competencia, que se celebrará en la Tarima de la Llaneridad, destaca la importancia de este pez en la economía y la dieta local, convirtiéndose en un símbolo de identidad para los pescadores del río Manacacías.La organización le ha apostado a una mezcla equilibrada entre talentos regionales y figuras de renombre internacional. El punto más alto de la programación musical será la presentación de Grupo Firme, que subirá a la tarima principal la noche del sábado 27 de junio. Junto a ellos, una nómina de artistas de primer nivel complementa la oferta musical, como Alex Manga, Joaquín Guiller, Aries Vigoth, Los Inquietos del Vallenato, Milena Benites, Hermanos Ariza Show, Wilton Gámez y Edwar El Ministro.El evento, que se desarrolla en distintos puntos estratégicos del municipio, ofrece una agenda diversificada, con actividades culturales que van desde alboradas y concursos de música llanera hasta el tradicional reinado, que culminará el domingo con la velada de elección y coronación.También cuenta con deportes de aventura y tradición, como el torneo de coleo, competencias de río y pruebas de motor fuera de borda, que invitan a los visitantes a conectar con la vida ribereña.Asimismo, hay espacios dedicados al emprendimiento y la gastronomía regional, que permiten a los asistentes conocer de primera mano los productos locales.
