El asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos de Anorí, Antioquia, volvió a poner en el centro la situación de los periodistas que trabajan en zonas con presencia de grupos armados. Natalia López, directora jurídica de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), señaló que en el departamento se han registrado 49 agresiones contra periodistas en lo que va del año y que Antioquia es uno de los territorios con mayor riesgo para ejercer esta labor. Hincapié, de 23 años, estaba desaparecido desde el 10 de septiembre y fue encontrado en una zona rural de Anorí conocida como La Chinca. Durante la entrevista se señaló que cubría asuntos relacionados con el conflicto armado, el orden público y la minería artesanal, además de ejercer como líder social. La Defensoría del Pueblo pidió investigar el crimen para establecer las circunstancias de su muerte, identificar a los responsables y determinar si el asesinato estuvo relacionado con su labor como comunicador o defensor de derechos humanos. ¿Por qué es riesgoso ejercer el periodismo en Antioquia?López explicó que en Antioquia confluyen la presencia de grupos armados organizados y las dificultades de control territorial. Esto genera riesgos para los comunicadores comunitarios que cubren asuntos relacionados con seguridad y conflicto.“Hay una instrumentalización y una censura que ejercen grupos armados sobre todo a comunicadores comunitarios”, señaló la directora jurídica de la Flip. La organización también identifica un patrón en el que las amenazas anteceden a los asesinatos. Para López, la falta de respuesta efectiva puede contribuir a que estas situaciones continúen.Además, destacó el papel de los comunicadores comunitarios en municipios donde existen vacíos informativos y donde su trabajo permite conocer lo que ocurre en los territorios.¿Dónde se concentran las amenazas contra periodistas?Antioquia y Norte de Santander concentran, de acuerdo con la Flip, la mayor cantidad de amenazas contra periodistas en el país. López también recordó el caso de Cristian Herrera, periodista asesinado en Cúcuta, sobre cuya situación de riesgo la organización había alertado a la Fiscalía. “Hay una carga y un vacío muy grande justamente en ese protocolo de investigación de amenazas hacia periodistas porque se quedan en la impunidad”, afirmó López. ¿Cómo debería mejorar la protección de los periodistas?Para la representante de la Flip, las autoridades deben creer en las advertencias de los periodistas y fortalecer los protocolos de investigación. También planteó revisar los mecanismos de protección para que tengan en cuenta los horarios, desplazamientos y lugares donde se desarrollan las coberturas.La organización trabaja con la Fiscalía en un protocolo para investigar amenazas y homicidios contra periodistas y ha planteado a la Unidad Nacional de Protección mejorar el análisis de riesgo según las condiciones de cada territorio.
Transparencia por Colombia y varias entidades interesadas en la legitimidad de los resultados electorales de la primera vuelta y de la próxima jornada del 21 de junio reafirman su compromiso con la democracia como un sistema que garantiza la participación ciudadana, la convivencia pacífica, la alternancia en el poder y el respeto por la voluntad popular. Estas organizaciones destacan que las elecciones son el mecanismo principal de la democracia y que todos los sectores políticos y sociales deben proteger su desarrollo con responsabilidad.Las más de 50 organizaciones, entre las que se encuentran la MOE y la FLIP, reconocen que el sistema electoral colombiano tiene desafíos que deben ser atendidos, como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y las situaciones de violencia que afectan el ejercicio libre del voto en algunos territorios. Sin embargo, señalan que las denuncias recientes sobre un supuesto fraude electoral no han sido acompañadas por pruebas contundentes que demuestren una manipulación de los resultados.Agregaron, además, que, de acuerdo con los informes de la Misión de Observación Electoral, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otras entidades independientes, la jornada electoral de la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, se desarrolló con transparencia y seguridad. Incluso aseguraron que el sistema colombiano cuenta con diferentes controles, como el conteo manual realizado por jurados ciudadanos, la presencia de testigos electorales y un escrutinio oficial basado en documentos físicos revisados por las autoridades competentes.Por estas razones, las organizaciones le hicieron un llamado a los candidatos presidenciales, sus equipos de campaña y líderes políticos a respetar los resultados electorales, promover la tranquilidad entre sus seguidores y continuar el proceso democrático dentro del marco institucional.
La captura de alias ‘Demonio’, señalado como autor material del asesinato del periodista Cristián Hernando Herrera, permitió a las autoridades reconstruir la estructura criminal que está detrás del crimen ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta.Según la Policía y la Fiscalía, el capturado haría parte de la banda delincuencial conocida como ‘Familia P’, organización criminal dedicada principalmente al microtráfico y otras actividades en la capital nortesantandereana.De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Demonio’ estaría dedicado a la comisión de homicidios y hurtos, y mantenía presuntos vínculos delincuenciales con Ever Carreño Corredor, alias ‘Porras’. considerado el máximo cabecilla de la estructura. Alias ‘Demonio’ fue el sicario que ejecutó el ataque contra el periodista y es hombre de confianza dentro de la organización criminal.Detrás de él aparece la figura de Ever Carreño Corredor, alias ‘Porras’, un delincuente que permanece privado de la libertad desde 2016, pero que, según inteligencia, continúa ejerciendo control sobre gran parte del negocio del microtráfico en Cúcuta. Las autoridades aseguran que desde su celda seguiría impartiendo órdenes relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otras actividades ilícitas. La hipótesis indica que la estructura bajo su mando habría coordinado el asesinato del periodista.Junto con alias ‘Demonio’ también fueron capturados alias ‘Wilmer’ y alias ‘Angélica’, quienes habrían cumplido funciones de apoyo y coordinación durante la ejecución del crimen. La mujer, según las pesquisas, habría actuado como campanera el día del atentado, mientras que el otro capturado estaría relacionado con el suministro del arma utilizada. Además, fueron incautados cuatro vehículos que presuntamente fueron empleados en la planeación y ejecución del homicidio.Los tres detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, mientras avanzan las investigaciones para establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados y determinar quién ordenó el asesinato del periodista.En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se refirió a las capturas que se han dado en medio del caso que tiene conmocionado a la ciudad de Cúcuta.
En la tarde de este martes, 9 de junio, fue capturado uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, quien recibió varios impactos con arma de fuego tres días atrás.De acuerdo con la información preliminar, el señalado responsable fue capturado cerca a la terminar de transporte de la capital de Norte de Santander.No fue la única capturaIntegrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cúcuta también capturaron a otro hombre y una mujer, quienes que estarían involucrados en el crimen del comunicador. Estas dos personas estarían implicadas en actividades relacionadas con logística y transporte. En las próximas horas, una fiscal de la Seccional Norte de Santander las presentará ante un juez penal de control de garantías y les imputará los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes, accesorios y municiones.¿Quién era Cristian Herrera?Era un periodista de 48 años que se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y que durante varios años hizo parte del diario La Opinión, uno de los medios más importantes de Norte de Santander. Su trabajo estuvo marcado por la investigación y la cobertura de temas sensibles para la región.Herrera fue asesinado el sábado 6 de junio en Cúcuta, luego de que un hombre que se movilizaba en motocicleta le disparara cuando se encontraba en el barrio Quinta Oriental. Además de su labor en medios, Cristian Herrera era corresponsal en Norte de Santander de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y miembro de su Junta Directiva. Desde ese rol trabajó en la defensa del ejercicio periodístico y en la visibilización de las amenazas que enfrentan los comunicadores en zonas afectadas por la violencia.Durante varios años Herrera dedicó su carrera a informar sobre asuntos como crimen organizado, corrupción, impunidad y la situación del Catatumbo. Su asesinato recuerda el caso de Jaime Vásquez en Cúcuta en 2024 y el de Mateo Pérez Rueda en Antioquia, aumentando la preocupación por la seguridad del periodismo regional.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) entregó nuevos detalles sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el municipio de Briceño, Antioquia, mientras realizaba labores de reportería en una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales.Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, explicó que el joven comunicador se desplazó desde Yarumal hacia Briceño para investigar denuncias relacionadas con confinamientos y hechos de violencia en sectores rurales del norte antioqueño.“Él estaba en el lugar donde estaba en zona rural de Briceño, haciendo netamente el trabajo de reportería”, aseguró Chaparro durante una entrevista con Noticias de la Mañana de Blu Radio, en la que además insistió en que el crimen ocurrió mientras el periodista ejercía su oficio.Según la información recopilada por la FLIP, Mateo Pérez había recorrido diferentes entidades en el casco urbano del municipio antes de dirigirse hacia zonas rurales donde buscaba documentar la situación de orden público y las afectaciones a la comunidad.Chaparro señaló que el periodista, quien estaba próximo a cumplir 25 años, realizaba un trabajo enfocado en temas de interés público relacionados con corrupción, problemáticas administrativas y violencia en municipios como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango.La organización también indicó que el comunicador desarrollaba un “periodismo de vieja guardia”, caracterizado por el contacto directo con las fuentes y el desplazamiento a los territorios donde ocurren los hechos.De acuerdo con la FLIP, el asesinato de Mateo Pérez se convierte en el caso número 170 de periodistas asesinados en Colombia por razones relacionadas con su oficio desde 1977, y el número 22 registrado en Antioquia.Además, la fundación alertó sobre el aumento de amenazas y agresiones contra periodistas en varias regiones del país. Según sus registros, en el último año se han documentado cerca de 500 agresiones contra comunicadores, de las cuales aproximadamente 200 corresponden a amenazas.La FLIP aseguró que departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Chocó y Valle del Cauca continúan siendo algunas de las zonas con mayores riesgos para el ejercicio periodístico debido a la presencia de actores armados y disputas territoriales.Escuche la entrevista completa aquí:
Luego de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una creciente estigmatización contra la prensa en Colombia por parte del gobierno, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el impacto que este clima está teniendo en el ejercicio del periodismo en el país.De acuerdo con la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, el escenario actual está generando condiciones cada vez más adversas para la labor informativa. Según explicó, el contexto descrito por la Relatoría no solo evidencia riesgos en materia de seguridad, sino también un deterioro en las garantías para ejercer el periodismo con independencia.“Existe este patrón de descalificación que está creando un entorno mucho más hostil y permisivo frente a la violencia, y este discurso exacerba la hostilidad y aumenta la vulnerabilidad de todos los periodistas. Y, pues, el efecto que termina ocurriendo es bastante directo, se deteriora no solo el debate público, sino que se instala la autocensura. Nosotros vemos, hemos visto desde la FLIP que han aumentado las las amenazas y la gravedad de las amenazas contra los periodistas, pero eso muchas veces está, lo antecede la estigmatización por parte de funcionarios públicos”.Jaramillo explicó que la estigmatización termina generando una cadena de consecuencias que puede derivar en amenazas, procesos judiciales o incluso en el silencio informativo. En ese sentido, señaló que “este ambiente hostil contra la prensa genera muchísima más presión”, especialmente en medio del contexto electoral.Además, llamó la atención sobre los riesgos en materia de pluralismo informativo y funcionamiento de los medios públicos. Según explicó, las alertas de la CIDH coinciden con preocupaciones que también ha documentado la FLIP, relacionadas con posibles vetos a voces críticas, salidas reiteradas de directivos y presiones que afectan la diversidad de contenidos.“Lo que termina pasando es que no haya un ambiente propicio para que las periodistas y los periodistas puedan ejercer su profesión. En la relatoría habla de los de posibles vetos a figuradas críticas, de salidas reiteradas de directivos, de periodistas que terminan, pues, apegando en pluralismo informativo. Y también la relatoría habla de la importancia de que existan estos medios públicos, de que los, de que realmente sean independientes y plurales como debe ser, pues, la labor de un medio público”.Finalmente, Jaramillo se sumó al llamado que han hecho tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa, al insistir en la necesidad de garantizar plenamente el ejercicio del periodismo en el país.“Que se garanticen las condiciones para que los periodistas puedan ejercer su profesión. La estigmatización, los discursos estigmatizantes, lo único que hacen es incrementar la hostilidad contra la prensa. Y ahorita necesitamos una prensa fuerte para informar sobre los temas de altísimo interés público que que se están dando en este momento, especialmente en un periodo electoral. Necesitamos que pueda, que los periodistas y las periodistas puedan informarnos para que podamos tomar decisiones con la mayor información posible en este período electoral”, concluyó.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advirtió sobre múltiples afectaciones al ejercicio periodístico en la zona de frontera con Venezuela, tras recibir denuncias de periodistas colombianos y extranjeros que reportan “detenciones arbitrarias y falta de garantías para informar“.Según la organización, varios periodistas han señalado que no han podido ingresar a territorio venezolano para realizar cubrimientos, y que quienes lo han logrado han sido retenidos por autoridades de ese país y posteriormente regresados a Colombia.De acuerdo con las denuncias recibidas por la Flip, periodistas retenidos en la frontera señalaron que funcionarios de la Guardia venezolana y organismos de inteligencia revisaron los equipos de varios periodistas, les exigieron desbloquear sus celulares y eliminar material periodístico, además de someterlos a tratos intimidantes antes de devolverlos a Colombia.Testimonios recogidos por la Flip y por medios locales, indican que funcionarios de la Guardia venezolana advierten a los comunicadores que no crucen el puente internacional Simón Bolívar, generando un ambiente de intimidación que impide el trabajo informativo.Periodistas locales también aseguran que está prohibida la entrada al Centro Nacional de Atención Fronteriza (CENAF), el único espacio donde podían trabajar bajo protección institucional.A esto se suman denuncias de periodistas extranjeros que reportaron seguimientos y monitoreo por parte de hombres vestidos de civil, quienes cruzarían desde Venezuela para grabarlos o tomarles fotografías.La Flip anunció que documenta estos casos y pidió de manera urgente a la Cancillería de Colombia acciones diplomáticas, así como a la Policía Metropolitana de Cúcuta brindar acompañamiento y garantías de seguridad.
En el marco de la audiencia de imputación, la defensa del comunicador presentó una impugnación de competencia con el fin de trasladar el caso fuera del distrito judicial del Cesar. El argumento central se basó en la necesidad de garantizar imparcialidad, considerando que existen antecedentes procesales que vinculan a Fernández, víctima en este proceso, como presunto agresor por lesiones y amenazas contra Vega.La Fiscalía, por su parte, rechazó los planteamientos y calificó de contradictoria la petición de la defensa, insistiendo en que el distrito judicial conserva plena competencia para conocer el caso.Ante esta controversia, el juez Jorge Ávila resolvió enviar la solicitud de cambio de radicación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá decidir si el proceso continúa en el Cesar o se asigna a otro distrito judicial.Con esta decisión, el expediente entra en una nueva fase procesal que definirá el escenario donde se juzgará a Vega.Este proceso judicial ha sido señalado como polémico por la defensa, pues mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo reconoce como víctima en riesgo extraordinario, la Fiscalía sustenta el proceso en la denuncia de Andrés Fernández, funcionario público del Cesar, investigado previamente por Vega por presunta corrección.Además, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha calificado estas acciones como represalias que buscan acabar su labor.
El reciente atentado contra el periodista Gustavo Chicangana en San José del Guaviare ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia que enfrentan los reporteros en las regiones del país. Chicangana, quien trabaja para la emisora Guaviare Estéreo y es parte activa de la Red de Corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), fue atacado cuando se movilizaba en moto con su esposa.En una entrevista con Mañanas Blu 10:30, la FLIP denunció que se trata del atentado más directo contra un integrante de esta red desde su fundación hace más de dos décadas, y advirtió sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en zonas donde hay estructuras criminales y grupos armados ilegales.Según reveló la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo Otoya, Chicangana ya había recibido amenazas durante el año por parte del grupo armado Renacer ERPAC. Pese a contar con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), al momento del ataque no estaba acompañado por su escolta.“El caso de Gustavo no es aislado. Refleja el abandono institucional que viven muchos periodistas que están informando desde los territorios, en medio de disputas armadas y bajo constantes presiones para publicar o silenciar ciertas noticias”, señaló Jaramillo.Las autoridades capturaron a dos personas presuntamente responsables del atentado: Wilmer Alexander Perea, quien sería el sicario, y Alberto Antonio Araújo, conductor de la moto utilizada en el hecho. Sin embargo, aún no se ha esclarecido quién sería el autor intelectual del ataque.La FLIP hizo un llamado urgente a las autoridades, en especial a la UNP, la Fiscalía y la Policía Nacional, para que se garanticen medidas reales y eficaces de protección, y se investigue con celeridad la autoría y motivaciones detrás de este y otros casos.Entre enero y junio de este año, la organización ha documentado 225 agresiones contra periodistas en Colombia, de las cuales 95 corresponden a amenazas directas. Además, se han reportado varios casos de desplazamientos forzados por razones de seguridad, e incluso exilios.“Estamos viendo un clima de hostilidad creciente. No solo son las amenazas o los ataques físicos. También hay estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos que deterioran el ambiente para el ejercicio libre del periodismo”, alertó la directora de la FLIP.Escuche la entrevista completa aquí:
Los trabajadores colombianos vinculados mediante un contrato laboral tienen derecho a recibir la prima de servicios del mes de diciembre, una prestación social que corresponde a 15 días de salario por semestre laborado. Para 2026, las empresas tienen una fecha límite establecida para realizar el pago de este derecho.Los empleados deberán recibir este dinero a más tardar el 20 de diciembre. Este ingreso representa uno de los pagos adicionales que reciben durante el año y suele destinarse a cubrir gastos personales, obligaciones financieras y compras de fin de año.La prima se paga en dos desembolsos: el primero se realiza a mitad de año, con plazo máximo hasta el 30 de junio, y el segundo durante los primeros 20 días de diciembre. Cuando una persona no ha trabajado durante todo el semestre, el valor se calcula de acuerdo con el tiempo laborado.¿Cómo calcular la prima de diciembre de 2026?La liquidación corresponde normalmente al 50 % de un salario mensual cuando el trabajador completa los seis meses del periodo laborado. Para saber cuánto recibirá, debe aplicar la siguiente fórmula:Prima de servicios = (salario mensual × días trabajados) / 360.En esta operación también se debe incluir el auxilio de transporte, cuando el empleado tiene derecho a recibirlo. Para 2026, este beneficio es de $249.095 y aplica principalmente para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, equivalentes a $3.501.810.econoPor ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de $1.750.905 más el auxilio de transporte, para un ingreso mensual de $2.000.000, y trabajó los 180 días del semestre, recibirá $1.000.000 de prima.Si el empleado laboró menos de seis meses, el resultado será proporcional al número de días que estuvo vinculado durante el periodo correspondiente.¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios?Esta prestación corresponde a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, siempre que cumplan las condiciones establecidas para su reconocimiento.Por el contrario, de acuerdo con la información suministrada, no reciben prima quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, los trabajadores independientes ni quienes tienen salario integral.El pago es una obligación del empleador y está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso, los trabajadores que tienen derecho a esta prestación pueden revisar su liquidación y verificar que el valor corresponda al salario, al tiempo laborado y al auxilio de transporte, si aplica.
La Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional identificaron y desarticularon una red señalada de almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil a través de grupos privados de mensajería instantánea. Cinco presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y judicializados por su posible participación en estas actividades.De acuerdo con la investigación, más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que, presuntamente, se podía acceder mediante el pago de dinero. Los investigadores establecieron que los señalados integrantes de la red se encargarían de administrar estos espacios virtuales, además de almacenar y distribuir el material.Las labores investigativas fueron adelantadas de manera articulada por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional y permitieron identificar a los presuntos responsables. Las capturas se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca).Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que ahora hacen parte de las evidencias recopiladas dentro del proceso y que serán analizadas por las autoridades.La Fiscalía estableció que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, los integrantes de la red habrían compartido imágenes y registros audiovisuales que involucraban a menores de edad en situaciones de carácter sexual con más de 140 contactos que, según la investigación, hacían parte de los grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’.La investigación también permitió establecer que algunos de los presuntos integrantes habrían utilizado de manera individual otros espacios virtuales para difundir este tipo de contenido y obtener a cambio diferentes sumas de dinero.Con los elementos recopilados durante la investigación, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los cinco detenidos ante jueces de control de garantías.A los procesados les fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.Entre los cinco judicializados se encuentra Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los otros cuatro procesados no aceptaron los cargos y también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.
El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, junto con las distintas opciones para obtener premios, mantiene el interés de los participantes que buscan comprobar si sus números fueron favorecidos.Resultado del Dorado Mañana hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Los jugadores podrán verificar los datos de la combinación ganadora una vez se conozcan las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después del sorteo a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.¿A qué hora juega Dorado Mañana?El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y días festivos no hay jornada de este chance.¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?Una de las características de este juego es que contempla premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras finales. El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.El chance también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que amplía las opciones disponibles dentro del sorteo.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en los puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:Ser mayores de edad.Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el proceso de pago.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este lunes 9 de noviembre, a través de su cuenta en X, los resultados de tres operaciones de la Fuerza Pública en Norte de Santander, La Guajira y Cauca, que dejaron capturas, incautación de material bélico y la recuperación de dos menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales.Capturas en Tibú, Norte de SantanderSegún el mandatario, en Tibú las tropas golpearon a la estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad.Entre los capturados figuran alias ‘Eddy’, señalado de ser segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, a quien se le atribuye la operación de drones y la participación en acciones criminales.En el procedimiento también fueron incautadas armas, municiones y explosivos, entre ellos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita.Enfrentamiento en Uribia, La GuajiraEn Uribia, de acuerdo con el reporte presidencial, uniformados enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante la operación se incautaron cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.Operación humanitaria en Suárez, CaucaEn Suárez, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana adelantaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias, y evacuar a tres de sus familiares que se encontraban amenazados.El mensaje del presidente“¡Tres operaciones, tres golpes contundentes contra el narcoterrorismo! ¡La ofensiva no se detiene!”, escribió De La Espriella, quien reconoció la labor de la Fuerza Pública y aseguró que con inteligencia y coordinación se está “recuperando la autoridad del Estado”.El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los grupos armados: “¡Tienen los días contados! No importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.
Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín, pero advierte que aún no se cumplen las metas de ahorro. En los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II no se alcanza aún los 92 y 70 litros por hogar.Aunque los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento y las lluvias recientes han favorecido la recuperación de las reservas, EPM advirtió que disminuyó el ahorro de agua en los sistemas Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. La empresa insistió en que noviembre será clave para prepararse ante los meses más difíciles del fenómeno de El Niño.Empresas Públicas de Medellín confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no habrá interrupciones programadas del servicio de acueducto en las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas, debido a las condiciones actuales de almacenamiento y al comportamiento reciente de las lluvias.El reporte de este domingo 8 de noviembre muestra que los tres embalses presentan una evolución favorable durante las últimas semanas. Riogrande II pasó de 72,29 % en la primera semana de octubre a 84,82 % actualmente; La Fe aumentó de 70,14 % a 98,11 %, mientras que Piedras Blancas pasó de 76,17 % a 97,69 %.Sin embargo, la empresa advirtió que los niveles de ahorro siguen por debajo de las metas diarias y que durante el sábado 7 de noviembre se registró una disminución en los tres sistemas de abastecimiento.En Piedras Blancas, el ahorro fue de 47 litros diarios por hogar, 10 litros menos que el día anterior. En La Fe pasó de 39 a 29 litros, mientras que en Riogrande II disminuyó de 41 a 39 litros diarios por hogar.Aunque actualmente no se requieren suspensiones programadas, EPM insistió en que noviembre es un mes determinante para conservar las reservas antes de la temporada más compleja del fenómeno de El Niño, prevista entre diciembre de este año y marzo de 2027.
