El asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos de Anorí, Antioquia, volvió a poner en el centro la situación de los periodistas que trabajan en zonas con presencia de grupos armados. Natalia López, directora jurídica de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), señaló que en el departamento se han registrado 49 agresiones contra periodistas en lo que va del año y que Antioquia es uno de los territorios con mayor riesgo para ejercer esta labor. Hincapié, de 23 años, estaba desaparecido desde el 10 de septiembre y fue encontrado en una zona rural de Anorí conocida como La Chinca. Durante la entrevista se señaló que cubría asuntos relacionados con el conflicto armado, el orden público y la minería artesanal, además de ejercer como líder social. La Defensoría del Pueblo pidió investigar el crimen para establecer las circunstancias de su muerte, identificar a los responsables y determinar si el asesinato estuvo relacionado con su labor como comunicador o defensor de derechos humanos. ¿Por qué es riesgoso ejercer el periodismo en Antioquia?López explicó que en Antioquia confluyen la presencia de grupos armados organizados y las dificultades de control territorial. Esto genera riesgos para los comunicadores comunitarios que cubren asuntos relacionados con seguridad y conflicto.“Hay una instrumentalización y una censura que ejercen grupos armados sobre todo a comunicadores comunitarios”, señaló la directora jurídica de la Flip. La organización también identifica un patrón en el que las amenazas anteceden a los asesinatos. Para López, la falta de respuesta efectiva puede contribuir a que estas situaciones continúen.Además, destacó el papel de los comunicadores comunitarios en municipios donde existen vacíos informativos y donde su trabajo permite conocer lo que ocurre en los territorios.¿Dónde se concentran las amenazas contra periodistas?Antioquia y Norte de Santander concentran, de acuerdo con la Flip, la mayor cantidad de amenazas contra periodistas en el país. López también recordó el caso de Cristian Herrera, periodista asesinado en Cúcuta, sobre cuya situación de riesgo la organización había alertado a la Fiscalía. “Hay una carga y un vacío muy grande justamente en ese protocolo de investigación de amenazas hacia periodistas porque se quedan en la impunidad”, afirmó López. ¿Cómo debería mejorar la protección de los periodistas?Para la representante de la Flip, las autoridades deben creer en las advertencias de los periodistas y fortalecer los protocolos de investigación. También planteó revisar los mecanismos de protección para que tengan en cuenta los horarios, desplazamientos y lugares donde se desarrollan las coberturas.La organización trabaja con la Fiscalía en un protocolo para investigar amenazas y homicidios contra periodistas y ha planteado a la Unidad Nacional de Protección mejorar el análisis de riesgo según las condiciones de cada territorio.
Transparencia por Colombia y varias entidades interesadas en la legitimidad de los resultados electorales de la primera vuelta y de la próxima jornada del 21 de junio reafirman su compromiso con la democracia como un sistema que garantiza la participación ciudadana, la convivencia pacífica, la alternancia en el poder y el respeto por la voluntad popular. Estas organizaciones destacan que las elecciones son el mecanismo principal de la democracia y que todos los sectores políticos y sociales deben proteger su desarrollo con responsabilidad.Las más de 50 organizaciones, entre las que se encuentran la MOE y la FLIP, reconocen que el sistema electoral colombiano tiene desafíos que deben ser atendidos, como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y las situaciones de violencia que afectan el ejercicio libre del voto en algunos territorios. Sin embargo, señalan que las denuncias recientes sobre un supuesto fraude electoral no han sido acompañadas por pruebas contundentes que demuestren una manipulación de los resultados.Agregaron, además, que, de acuerdo con los informes de la Misión de Observación Electoral, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otras entidades independientes, la jornada electoral de la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, se desarrolló con transparencia y seguridad. Incluso aseguraron que el sistema colombiano cuenta con diferentes controles, como el conteo manual realizado por jurados ciudadanos, la presencia de testigos electorales y un escrutinio oficial basado en documentos físicos revisados por las autoridades competentes.Por estas razones, las organizaciones le hicieron un llamado a los candidatos presidenciales, sus equipos de campaña y líderes políticos a respetar los resultados electorales, promover la tranquilidad entre sus seguidores y continuar el proceso democrático dentro del marco institucional.
La captura de alias ‘Demonio’, señalado como autor material del asesinato del periodista Cristián Hernando Herrera, permitió a las autoridades reconstruir la estructura criminal que está detrás del crimen ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta.Según la Policía y la Fiscalía, el capturado haría parte de la banda delincuencial conocida como ‘Familia P’, organización criminal dedicada principalmente al microtráfico y otras actividades en la capital nortesantandereana.De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Demonio’ estaría dedicado a la comisión de homicidios y hurtos, y mantenía presuntos vínculos delincuenciales con Ever Carreño Corredor, alias ‘Porras’. considerado el máximo cabecilla de la estructura. Alias ‘Demonio’ fue el sicario que ejecutó el ataque contra el periodista y es hombre de confianza dentro de la organización criminal.Detrás de él aparece la figura de Ever Carreño Corredor, alias ‘Porras’, un delincuente que permanece privado de la libertad desde 2016, pero que, según inteligencia, continúa ejerciendo control sobre gran parte del negocio del microtráfico en Cúcuta. Las autoridades aseguran que desde su celda seguiría impartiendo órdenes relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otras actividades ilícitas. La hipótesis indica que la estructura bajo su mando habría coordinado el asesinato del periodista.Junto con alias ‘Demonio’ también fueron capturados alias ‘Wilmer’ y alias ‘Angélica’, quienes habrían cumplido funciones de apoyo y coordinación durante la ejecución del crimen. La mujer, según las pesquisas, habría actuado como campanera el día del atentado, mientras que el otro capturado estaría relacionado con el suministro del arma utilizada. Además, fueron incautados cuatro vehículos que presuntamente fueron empleados en la planeación y ejecución del homicidio.Los tres detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, mientras avanzan las investigaciones para establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados y determinar quién ordenó el asesinato del periodista.En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se refirió a las capturas que se han dado en medio del caso que tiene conmocionado a la ciudad de Cúcuta.
En la tarde de este martes, 9 de junio, fue capturado uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, quien recibió varios impactos con arma de fuego tres días atrás.De acuerdo con la información preliminar, el señalado responsable fue capturado cerca a la terminar de transporte de la capital de Norte de Santander.No fue la única capturaIntegrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cúcuta también capturaron a otro hombre y una mujer, quienes que estarían involucrados en el crimen del comunicador. Estas dos personas estarían implicadas en actividades relacionadas con logística y transporte. En las próximas horas, una fiscal de la Seccional Norte de Santander las presentará ante un juez penal de control de garantías y les imputará los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes, accesorios y municiones.¿Quién era Cristian Herrera?Era un periodista de 48 años que se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y que durante varios años hizo parte del diario La Opinión, uno de los medios más importantes de Norte de Santander. Su trabajo estuvo marcado por la investigación y la cobertura de temas sensibles para la región.Herrera fue asesinado el sábado 6 de junio en Cúcuta, luego de que un hombre que se movilizaba en motocicleta le disparara cuando se encontraba en el barrio Quinta Oriental. Además de su labor en medios, Cristian Herrera era corresponsal en Norte de Santander de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y miembro de su Junta Directiva. Desde ese rol trabajó en la defensa del ejercicio periodístico y en la visibilización de las amenazas que enfrentan los comunicadores en zonas afectadas por la violencia.Durante varios años Herrera dedicó su carrera a informar sobre asuntos como crimen organizado, corrupción, impunidad y la situación del Catatumbo. Su asesinato recuerda el caso de Jaime Vásquez en Cúcuta en 2024 y el de Mateo Pérez Rueda en Antioquia, aumentando la preocupación por la seguridad del periodismo regional.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) entregó nuevos detalles sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el municipio de Briceño, Antioquia, mientras realizaba labores de reportería en una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales.Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, explicó que el joven comunicador se desplazó desde Yarumal hacia Briceño para investigar denuncias relacionadas con confinamientos y hechos de violencia en sectores rurales del norte antioqueño.“Él estaba en el lugar donde estaba en zona rural de Briceño, haciendo netamente el trabajo de reportería”, aseguró Chaparro durante una entrevista con Noticias de la Mañana de Blu Radio, en la que además insistió en que el crimen ocurrió mientras el periodista ejercía su oficio.Según la información recopilada por la FLIP, Mateo Pérez había recorrido diferentes entidades en el casco urbano del municipio antes de dirigirse hacia zonas rurales donde buscaba documentar la situación de orden público y las afectaciones a la comunidad.Chaparro señaló que el periodista, quien estaba próximo a cumplir 25 años, realizaba un trabajo enfocado en temas de interés público relacionados con corrupción, problemáticas administrativas y violencia en municipios como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango.La organización también indicó que el comunicador desarrollaba un “periodismo de vieja guardia”, caracterizado por el contacto directo con las fuentes y el desplazamiento a los territorios donde ocurren los hechos.De acuerdo con la FLIP, el asesinato de Mateo Pérez se convierte en el caso número 170 de periodistas asesinados en Colombia por razones relacionadas con su oficio desde 1977, y el número 22 registrado en Antioquia.Además, la fundación alertó sobre el aumento de amenazas y agresiones contra periodistas en varias regiones del país. Según sus registros, en el último año se han documentado cerca de 500 agresiones contra comunicadores, de las cuales aproximadamente 200 corresponden a amenazas.La FLIP aseguró que departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Chocó y Valle del Cauca continúan siendo algunas de las zonas con mayores riesgos para el ejercicio periodístico debido a la presencia de actores armados y disputas territoriales.Escuche la entrevista completa aquí:
Luego de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una creciente estigmatización contra la prensa en Colombia por parte del gobierno, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el impacto que este clima está teniendo en el ejercicio del periodismo en el país.De acuerdo con la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, el escenario actual está generando condiciones cada vez más adversas para la labor informativa. Según explicó, el contexto descrito por la Relatoría no solo evidencia riesgos en materia de seguridad, sino también un deterioro en las garantías para ejercer el periodismo con independencia.“Existe este patrón de descalificación que está creando un entorno mucho más hostil y permisivo frente a la violencia, y este discurso exacerba la hostilidad y aumenta la vulnerabilidad de todos los periodistas. Y, pues, el efecto que termina ocurriendo es bastante directo, se deteriora no solo el debate público, sino que se instala la autocensura. Nosotros vemos, hemos visto desde la FLIP que han aumentado las las amenazas y la gravedad de las amenazas contra los periodistas, pero eso muchas veces está, lo antecede la estigmatización por parte de funcionarios públicos”.Jaramillo explicó que la estigmatización termina generando una cadena de consecuencias que puede derivar en amenazas, procesos judiciales o incluso en el silencio informativo. En ese sentido, señaló que “este ambiente hostil contra la prensa genera muchísima más presión”, especialmente en medio del contexto electoral.Además, llamó la atención sobre los riesgos en materia de pluralismo informativo y funcionamiento de los medios públicos. Según explicó, las alertas de la CIDH coinciden con preocupaciones que también ha documentado la FLIP, relacionadas con posibles vetos a voces críticas, salidas reiteradas de directivos y presiones que afectan la diversidad de contenidos.“Lo que termina pasando es que no haya un ambiente propicio para que las periodistas y los periodistas puedan ejercer su profesión. En la relatoría habla de los de posibles vetos a figuradas críticas, de salidas reiteradas de directivos, de periodistas que terminan, pues, apegando en pluralismo informativo. Y también la relatoría habla de la importancia de que existan estos medios públicos, de que los, de que realmente sean independientes y plurales como debe ser, pues, la labor de un medio público”.Finalmente, Jaramillo se sumó al llamado que han hecho tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa, al insistir en la necesidad de garantizar plenamente el ejercicio del periodismo en el país.“Que se garanticen las condiciones para que los periodistas puedan ejercer su profesión. La estigmatización, los discursos estigmatizantes, lo único que hacen es incrementar la hostilidad contra la prensa. Y ahorita necesitamos una prensa fuerte para informar sobre los temas de altísimo interés público que que se están dando en este momento, especialmente en un periodo electoral. Necesitamos que pueda, que los periodistas y las periodistas puedan informarnos para que podamos tomar decisiones con la mayor información posible en este período electoral”, concluyó.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advirtió sobre múltiples afectaciones al ejercicio periodístico en la zona de frontera con Venezuela, tras recibir denuncias de periodistas colombianos y extranjeros que reportan “detenciones arbitrarias y falta de garantías para informar“.Según la organización, varios periodistas han señalado que no han podido ingresar a territorio venezolano para realizar cubrimientos, y que quienes lo han logrado han sido retenidos por autoridades de ese país y posteriormente regresados a Colombia.De acuerdo con las denuncias recibidas por la Flip, periodistas retenidos en la frontera señalaron que funcionarios de la Guardia venezolana y organismos de inteligencia revisaron los equipos de varios periodistas, les exigieron desbloquear sus celulares y eliminar material periodístico, además de someterlos a tratos intimidantes antes de devolverlos a Colombia.Testimonios recogidos por la Flip y por medios locales, indican que funcionarios de la Guardia venezolana advierten a los comunicadores que no crucen el puente internacional Simón Bolívar, generando un ambiente de intimidación que impide el trabajo informativo.Periodistas locales también aseguran que está prohibida la entrada al Centro Nacional de Atención Fronteriza (CENAF), el único espacio donde podían trabajar bajo protección institucional.A esto se suman denuncias de periodistas extranjeros que reportaron seguimientos y monitoreo por parte de hombres vestidos de civil, quienes cruzarían desde Venezuela para grabarlos o tomarles fotografías.La Flip anunció que documenta estos casos y pidió de manera urgente a la Cancillería de Colombia acciones diplomáticas, así como a la Policía Metropolitana de Cúcuta brindar acompañamiento y garantías de seguridad.
En el marco de la audiencia de imputación, la defensa del comunicador presentó una impugnación de competencia con el fin de trasladar el caso fuera del distrito judicial del Cesar. El argumento central se basó en la necesidad de garantizar imparcialidad, considerando que existen antecedentes procesales que vinculan a Fernández, víctima en este proceso, como presunto agresor por lesiones y amenazas contra Vega.La Fiscalía, por su parte, rechazó los planteamientos y calificó de contradictoria la petición de la defensa, insistiendo en que el distrito judicial conserva plena competencia para conocer el caso.Ante esta controversia, el juez Jorge Ávila resolvió enviar la solicitud de cambio de radicación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá decidir si el proceso continúa en el Cesar o se asigna a otro distrito judicial.Con esta decisión, el expediente entra en una nueva fase procesal que definirá el escenario donde se juzgará a Vega.Este proceso judicial ha sido señalado como polémico por la defensa, pues mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo reconoce como víctima en riesgo extraordinario, la Fiscalía sustenta el proceso en la denuncia de Andrés Fernández, funcionario público del Cesar, investigado previamente por Vega por presunta corrección.Además, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha calificado estas acciones como represalias que buscan acabar su labor.
El reciente atentado contra el periodista Gustavo Chicangana en San José del Guaviare ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia que enfrentan los reporteros en las regiones del país. Chicangana, quien trabaja para la emisora Guaviare Estéreo y es parte activa de la Red de Corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), fue atacado cuando se movilizaba en moto con su esposa.En una entrevista con Mañanas Blu 10:30, la FLIP denunció que se trata del atentado más directo contra un integrante de esta red desde su fundación hace más de dos décadas, y advirtió sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en zonas donde hay estructuras criminales y grupos armados ilegales.Según reveló la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo Otoya, Chicangana ya había recibido amenazas durante el año por parte del grupo armado Renacer ERPAC. Pese a contar con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), al momento del ataque no estaba acompañado por su escolta.“El caso de Gustavo no es aislado. Refleja el abandono institucional que viven muchos periodistas que están informando desde los territorios, en medio de disputas armadas y bajo constantes presiones para publicar o silenciar ciertas noticias”, señaló Jaramillo.Las autoridades capturaron a dos personas presuntamente responsables del atentado: Wilmer Alexander Perea, quien sería el sicario, y Alberto Antonio Araújo, conductor de la moto utilizada en el hecho. Sin embargo, aún no se ha esclarecido quién sería el autor intelectual del ataque.La FLIP hizo un llamado urgente a las autoridades, en especial a la UNP, la Fiscalía y la Policía Nacional, para que se garanticen medidas reales y eficaces de protección, y se investigue con celeridad la autoría y motivaciones detrás de este y otros casos.Entre enero y junio de este año, la organización ha documentado 225 agresiones contra periodistas en Colombia, de las cuales 95 corresponden a amenazas directas. Además, se han reportado varios casos de desplazamientos forzados por razones de seguridad, e incluso exilios.“Estamos viendo un clima de hostilidad creciente. No solo son las amenazas o los ataques físicos. También hay estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos que deterioran el ambiente para el ejercicio libre del periodismo”, alertó la directora de la FLIP.Escuche la entrevista completa aquí:
Un nuevo caso de inseguridad se registró en Bogotá durante la noche del 5 de octubre, esta vez en la localidad de Puente Aranda. Un grupo de delincuentes armados ingresó hasta el garaje de una vivienda para intimidar a una familia y robarse un vehículo que acababa de llegar al lugar.La escena quedó registrada por una cámara de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo la camioneta llega a la vivienda y sus ocupantes se disponen a guardarla en el garaje. En ese momento, otro vehículo aparece detrás y de él descienden varios hombres armados, quienes aprovechan que la puerta está abierta para ingresar e intimidar a las personas que se encontraban en el lugar.En medio del asalto, una de las personas sale corriendo para pedir ayuda, mientras los delincuentes toman el control del vehículo. Según quedó registrado en el video, los ladrones permanecieron durante varios minutos en el lugar y posteriormente escaparon con la camioneta del barrio Bochica Central.El caso quedó en conocimiento de las autoridades, que adelantan las respectivas investigaciones. Las placas de los vehículos utilizados por los delincuentes serían una de las pistas con las que contaba la Policía Metropolitana de Bogotá.La rápida reacción de las autoridades y plan candado en el sector permitió encontrar el carro para poder ser devuelto a su dueño."En la localidad de Puente Aranda fue hurtada una camioneta Toyota TXL. Gracias a la rápida reacción de la policía, fue recuperado el vehículo. Acá le hacemos la entrega del vehículo a su nombre", indicó la Policía.Este caso, al igual que otros que se han registrado en las últimas semanas, han preocupado a las ciudadanía por el incremento de inseguridad en la ciudad y en especial en estos casos en donde delincuentes abordan a familias en las puertas de sus casas para quitarles sus pertenencias.
Estos fueron los temas tratados este 6 de octubre, en Recap Blu:Claudia Herrera, vocera de los familiares, habló sobre el acompañamiento jurídico que recibirán los 17 exmilitares vinculados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise. Afirmó que en el Gobierno Petro se sintieron abandonados y celebró que ahora puedan contar con respaldo institucional.El presidente Abelardo De La Espriella reveló primeras imágenes de Olmedo López y Sneyder Pinilla en la cárcel La Picota.El último tango de Messi: emotiva despedida en Argentina con gol y dos asistencias incluidas.
El Ministerio de Hacienda formalizó la contratación directa con la fiduciaria Fiducoldex para garantizar la administración de los recursos en el Fondo Milagro, creado para canalizar los recursos necesarios para la reconstrucción luego del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.“Así que les agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido es supremamente compleja. Sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro. Gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este gobierno”, dijo este martes, desde Pereira, el presidente Abelardo De La Espriella.A través de un acto administrativo, el ministerio justificó la selección directa de la fiduciaria señalando que no fue necesario un proceso de competencia o selección, pues la situación de emergencia así lo exige. Además, aclaró que esta fiduciaria cumplió los principales requerimientos para la administración de los recursos.“Dentro del grupo analizado, Fiducoldex presentó los mejores indicadores de liquidez y el menor nivel de endeudamiento, el mayor índice de eficiencia en la ejecución de recursos, una calificación de excelencia vigente en administración de inversiones y un desempeño favorable en los demás criterios objetivos evaluados. Estas condiciones resultan determinantes en una emergencia que exige asumir un negocio nuevo con solidez y girar los recursos con oportunidad al beneficiario final”, indicó el acto administrativo.La evaluación también incluyó a Fiduprevisora S.A., pero no fue seleccionada, pues concentra la administración de un número significativo de negocios fiduciarios públicos de gran volumen, incluido el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que también atiende esta emergencia, lo que reduce su capacidad operativa.El contrato se firmó entonces bajo la figura de fiducia mercantil, un mecanismo mediante el cual los recursos destinados al Fondo son administrados por una sociedad fiduciaria y quedan condicionados al cumplimiento de una finalidad específica, en este caso el proceso de reconstrucción y atención de los afectados.El documento establece finalmente también una comisión fija mensual de 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más IVA, desde el inicio de la ejecución hasta la terminación del contrato, como pago de administración.
El Gobierno extendió por un año más la intervención a Capresoca EPS por lo que la medida ahora irá hasta el 7 de octubre de 2027. Esto obedece a que la entidad no ha logrado solucionar sus problemas financieros ni mejorar sus indicadores de atención a los afiliados.Para 2025, por ejemplo, la EPS registró un patrimonio negativo de aproximadamente $255.000 millones, con un deterioro adicional del 23 % frente al año anterior y aunque hubo una reducción de las pérdidas, la entidad continuó con cifras negativas y sin recuperar su equilibrio patrimonial.Además, según la Superintendencia de Salud, el nivel de endeudamiento terminó para el 2025 en 3,59, después de aumentar desde 2,83 en junio mientras que las cuentas por pagar a prestadores y proveedores con más de 180 días, cerró en 0,36 en diciembre de 2025, recibiendo la valoración más desfavorable durante todo el período analizado.Es por ello que en la resolución publicada este martes, el Gobierno asegura que persisten riesgos significativos que afectan la capacidad de Capresoca para garantizar una gestión integral, efectiva y sostenible. Además, la agente interventora planteó la necesidad de fortalecer la auditoría y el control del gasto, depurar provisiones y costos, establecer la cifras reales y determinar si existe un componente estructural relacionado con la suficiencia de la UPC.Hoy Caprecom atiende alrededor de 164.000 afiliados principalmente en el departamento de Casanare, aunque también tiene cobertura en Santander, Arauca, Cesar y Boyacá.
Las familias de los 17 exmilitares colombianos detenidos en Estados Unidos y acusados de su presunta participación en el magnicidio del expresidente de Haití Jovenel Moïse recibieron con expectativa la decisión del Gobierno de brindarles acompañamiento jurídico. Claudia Herrera, vocera de los familiares, aseguró en Recap Blu que durante años se sintieron abandonados y celebró que ahora puedan contar con respaldo institucional.“Después de 5 años de abandono de un presidente, que nuestro presidente nos quiera escuchar, quiera escuchar la verdad, quiera empezar por respetar derechos humanos y el debido proceso”, manifestó Herrera.La vocera explicó que tanto el ministro de Defensa como el ministro de Justicia ya se comunicaron con ella y que las familias esperan que este acompañamiento permita avanzar en la situación jurídica de los colombianos.Críticas al Gobierno PetroHerrera cuestionó duramente la atención que recibieron los exmilitares durante su permanencia en Haití y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por lo que, según ella, fue una falta de asistencia. “No se podía esperar nada de un gobierno guerrillero cuando un presidente guerrillero fue a pedir perdón por un delito, que ni siquiera tuvieron las ganas de leer un mensaje”, afirmó. Además, sostuvo que los detenidos no tuvieron abogados, médicos, dentistas ni traductor durante buena parte del proceso y añadió: “El gobierno de Gustavo Petro no hizo absolutamente nada por ellos”.Actualidad de los exmilitaresSobre las condiciones actuales de los colombianos, la vocera explicó que fueron atendidos médicamente después de su llegada a Estados Unidos y que cada uno cuenta con un abogado. Según Herrera, el cambio frente a las condiciones que enfrentaban en Haití ha sido significativo: “Todos venían enfermos. Están en sus respectivas celdas, todos están en una celda separada, tienen sus 3 comidas, tienen dignidad, tienen derecho a una cama”. Los familiares esperan además que las autoridades estadounidenses revisen las pruebas y las circunstancias particulares de cada uno de los 17 casos.Herrera también defendió la versión de las familias sobre lo ocurrido la noche del asesinato de Moïse. Aseguró que los colombianos fueron contratados por una empresa estadounidense para prestar servicios de seguridad y sostuvo que llegaron al lugar después de que el presidente ya había sido asesinado.“Ellos fueron contratados para prestar servicios de seguridad, no para matar un presidente”, afirmó. Según su relato, los exmilitares se han declarado no culpables ante las autoridades y ahora esperan que el proceso en Estados Unidos permita esclarecer individualmente la responsabilidad de cada uno.
