La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se pronunció ante los anuncios del exfiscal Néstor Humberto Martínez al juzgar al periodista Edison Bolaños, reportero de El Espectador, quien publicó más de 24 mil audios en la investigación contra Jesús Santrich y que la Fiscalía solamente entregó 12 a la JEP.Martínez alega que el periodista no realizó su trabajo periodístico de manera independiente y que las decisiones editoriales del medio de comunicación tenían como propósito encubrir a Jesús Santrich.La FLIP mencionó que las acusaciones de Martínez de no haber publicado la totalidad de la información sin mostrar ninguna prueba no son legales.El llamado se hace a la Unidad Nacional de Protección para que se atiendan las solicitudes de los periodistas sin ceder a presiones por parte de poderes en el país. La FLIP aclara que es una evidencia de silenciamiento a un asunto de interés público. El exfiscal hace uso de su exposición pública para utilizar el derecho en contra de periodistas.“Judicializar el debate público como estrategia de censura a la prensa desde una posición de poder resta credenciales democráticas y reduce el flujo de información y el ejercicio democrático”, concluyó.
La Fiscalía desistió de la imputación de cargos a la que había sido citada la funcionaria de RTVC Diana Díaz por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, después de haber grabado al exgerente Juan Pablo Bieri y denunciar que hubo censura del programa “Los puros criollos”, al mando de Santiago Rivas.El ente acusador, después de un comité técnico jurídico propuesto por el fiscal Francisco Barbosa, concluyó que no existió delito y por eso cierra el caso contra la periodista.Sobre el tema, la FLIP, que había sido una de las entidades críticas a la primera decisión de la Fiscalía publicó varios mensajes en redes sociales.En el mismo hilo trinaron: “reiteramos que el inicio o avance de investigaciones por parte de la @FiscaliaCol en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos genera un ambiente de miedo y autocensura”.Finalmente, reiteraron que seguirán haciendo veeduría al caso.
Un año después de que se filtró una grabación en la que el entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, daba la orden de sacar del aire el programa 'Los Puros Criollos', se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, a Diana Díaz, la periodista que filtró el audio. Mañanas BLU 10:30 habló sobre el caso con Francisco Bernate, abogado de Bieri, así como con la especialista Catalina Botero y con el director de la Flip, Jonathan Bock.“La señora Diana Díaz no estaba como una periodista, era la directora. Es llamada a una reunión y de entrada la graba. ¿Qué pasa?, allí es funcionaria”, declaró el abogado Bernate.“El delito que se investiga es la revelación de secreto oficial”, añadió el jurista.Según el abogado de Juan Pablo Bieri, la grabación fue ilegal.De acuerdo con Catalina Botero, hubo ilegalidad en las órdenes impartidas por Bieri.Según Jonathan Bock, director de la Flip, Diana Díaz fue valiente al denunciar.“Es muy importante el papel de las personas valientes como Diana que se atreven a denunciar”, indicó el periodista.“Si no hubiera habido ese atrevimiento por parte de Diana, seguramente el señor Bieri seguiría siendo el gerente de RTVC“, sostuvo Bock.Escuche este debate en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Jonathan Bock, subdirector de la FLIP, habló en Mañanas BLU sobre la polémica que se armó en el país tras revelarse el informe de Pauta Visible por el posible perfilamiento y solicitud a la empresa Du Brands de datos sensibles como números de cédula de algunos influenciadores. De acuerdo con Hassan Nassar, en diálogo con Blu Radio, la solicitud de dichos datos fue a petición de la FLIP. Sin embargo, Bock aseguró que eso no es cierto. Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias“Quedamos bastante sorprendidos con la declaración que dio Hassan en ese sentido, porque nosotros en la FLIP nunca pedimos que nos entregaran las cédulas de los influenciadores que aparecían en esa tabla”, indicó. “¿Para qué estaban pidiendo esa serie de datos que por supuesto van en contravía de la ley de protección de datos?”, preguntó. Bock aseguró que la Casa de Nariño está en deuda y debe varias aclaraciones. “Eso hace parte de las respuestas que quisiéramos que entregaran desde Presidencia, porque sin duda ese contrato para hacer los seguimientos, perfilamientos o monitoreos de las redes sociales hay que entenderlo desde cómo puede afectar esto la libertad de expresión”, declaró el subdirector de la FLIP. "La Presidencia y su equipo de comunicaciones están asumiendo que la mala imagen del Gobierno es por los comentarios que serealizan en redes sociales”, agregó. Escuche a Jonathan Bock en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Desde hace 21 ya años, los colombianos no pueden sacarse del recuerdo el brutal homicidio del humorista Jaime Garzón, quien le enseñó al país a reírse con inteligencia de sus propias desgracias. Sus carcajadas, que divertían a los televidentes y radioescuchas, causaban urticaria a la clase política tradicional y a poderes criminales, fueron silenciadas por los disparos de sicarios la fatídica mañana del 13 de agosto de 1999.En conmemoración de esta fecha, la FLIP presentó en sus redes una entrevista del abogado Sebastián Escobar, quien se refirió a las principales incógnitas dentro de la investigación. El jurista recordó que hubo funcionarios que "lograron allegar al proceso una serie de testimonios falsos que involucraban a unos supuestos autores materiales del delito".Vea también: JEP niega libertad a coronel investigado por asesinato de Jaime Garzón y le da un ultimátum "Uno de estos hitos particulares es el testimonio de María Amparo Arroyave, quien es célebre en esta investigación porque dijo haber reconocido a los sicarios. No obstante, ella estaba a más de 500 metros del lugar donde dijo haberlos visto y los sicarios cuando ella los vio portaban cascos de motocicilistas", declaró Escobar.El abogado dijo que pese a que esto fue evidente para la justicia y la fiscalía de la época de Luis Camilo Osorio, se le dio crédito a dicha versión y la investigación se encausó de manera errada.Sería después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas Colombia (paramilitares), con declaraciones de alias 'Don Berna' y 'Ernesto Báez' se dijo que el asesinato de Jaime Garzón había sido ordenado por Carlos Castaño porque habría sido una solicitud de altos mandos militares de la época.Conozca más: ¿En qué va el proceso judicial para esclarecer crimen de Jaime Garzón? "Estos testimonios de estos paramilitares lograron por lo menos establecer quién había sido una de las personas encargadas de haber llevado ese mensaje, de esa solicitud de los altos mandos militares, se trata de José Miguel Narváez Martínez (ex subdirector del DAS", afirmó el abogado Escobar.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias
De acuerdo con el último informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, entre enero y mayo de 2020 los asesinatos de líderes sociales aumentaron en un 30% en el país con relación al 2019, y el 60% de los casos este año, ocurrieron en los municipios Pdet.A nivel nacional, la FIP registró 61 homicidios contra líderes sociales entre enero y mayo de este año, así como 37 casos en municipios donde se desarrollan los programas con enfoque territorial y 22 en municipios donde está activo el programa de sustitución de cultivos ilícitos.Le puede interesar: Fiscal viajó a San Andrés no solo con la esposa, sino con su hija y una amiga de ellaEl año pasado a nivel nacional en la misma época del año (enero-mayo) la FIP registró 47 asesinatos de líderes sociales, lo que significa un aumento de 30%.Así mismo, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, desde el 2 de enero de este año al pasado 27 de junio, 150 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. De ellos, 50 pertenecían a comunidades indígenas, 54 eran campesinos y 8 afrodescendientes.En diálogo con BLU Radio, el director de esta institución Camilo González, reveló que siguen siendo el sur y el noroccidente del país las zonas, en donde hay mayor riesgo para los líderes sociales.“Desde el mes de abril, comenzó un aumento hasta llegar a 150 asesinatos este año de líderes y lideresas sociales. Con unas situaciones extremadamente críticas en Antioquia, bajo cauca antioqueño, Cauca y sur de Córdoba”, explicó González.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasSolo en junio fueron asesinados 25 líderes: Cauca con 5 casos, Córdoba 3, Antioquia 2, Putumayo 2, Bolívar y Norte de Santander con un caso.Según Indepaz, seis familiares de líderes sociales fueron asesinados entre enero y abril de este año, todos ocurrieron en el departamento del Cauca.En 2017, Indepaz registró 208 asesinatos de líderes sociales. En 2018, fueron 282 casos y el 2019, 253 líderes fueron asesinados.
Este martes en Blu 4.0 estuvo Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, quien habló sobre los medios de comunicación y los contenidos que estos difunden.“En la medida en que los medios tengan más independencia pueden ofrecer un producto de mayor calidad”, comentó.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasInnovación digital, emprendimiento, noticias, datos y más en Blu 4.0.Escuche el programa completo de Blu 4.0 aquí:
En entrevista con Blu 4.0, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, analizó el fenómeno del aumento del rechazo contra el racismo y la discriminación luego del asesinato de George Floyd en Estados Unidos."Las redes sociales terminan siendo el reflejo de la sociedad que tenemos. Si hay una ciudadanía violenta ustedes no pueden esperar encontrar una cosa distinta en el mundo digital", afirmó.Le puede interesar: Emprendedores: estas son las convocatorias que hay en educación y formaciónAsí mismo, Vaca agregó que los medios de comunicación han cambiado trascendentalmente su rutina en los últimos 15 años. "Ya no solo cubren el día a día o revelan de vez en cuando una investigación, sino que ahora chequean flujos de información falsa, incluso cubriendo las conversaciones de las personas en redes sociales", agregó.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasDe acuerdo con el director de la Flip, ahora hay unas audiencias cada vez más exigentes para el consumo de contenidos digitales."Hay pocos esfuerzos para que la gente se conecte y en ese sentido uno encuentra dos desafíos: primero que las cosas importantes no siempre pasan alrededor de la política y en Colombia hay una obsesión con el seguimiento de las cosas políticas, pasando por alto otros temas muy interesantes. Lo segundo, encontrar el modelo de sostenibilidad en los medios porque se les está exigiendo que sea con enfoque de género, un formato amigable a las audiencias y muchas otras cosas, pero sin pagar", recalcó.Blu 4.0 es el programa sobre economía digital, innovación y emprendimiento de BLU Radio conformado por Juan Manuel Ramírez, Juan David Aristizábal, Mónica Zuluaga y Greis Cifuentes. Escúchelo de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la noche.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.
La periodista santandereana Natalia Archila denunció al político Juan Carlos Sánchez Cominos por una presunta agresión sexual dentro de la emisora comunitaria Latina de San Gil.Esta es la historia completa: Denuncian a político de San Gil por presunta agresión sexual a joven periodistaSegún cuenta la joven, el político llegó a la cabina y empezó a hablarle. Dice que en un principio no tuvo sospechas, pero el momento empezó a tornarse incómodo y ahí empezaron los minutos más tenebrosos de su vida.“El señor Juan Carlos Sánchez Cominos estaba lavando el pasillo que queda al frente de la emisora y se paró frente a la puerta y me preguntó que si estaba mi jefe, él se entra donde yo estaba sentada, frente a la consola, y me echa la mano encima del hombro, lo miré mal porque no lo conozco, yo tengo un tatuaje en mi hombro derecho, es un corazón, empieza a sobarlo y me pregunta que de quién es ese corazón”, relata la joven.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasEl político negó dichas acusaciones y aseguró que sus abogados se encargarán de desmentir dicha denuncia ante la Fiscalía.“Las cámaras no mienten y ellas graban, si yo quiero bajar la información, pues ya la bajamos y la tengo en una USB. Cuando me cite la Fiscalía le presento los videos”, agregó.Por este hecho, la Fundación de la Libertad de Prensa, Flip, pidió a la Fiscalía que haya celeridad en la investigación y rechazó que el político haya arremetido contra la prensa tras exponer la denuncia de la joven.“La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez (del portal local El Regional) para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes”, aseguró la organización en un comunicado de prensa.Entre tanto, la Fiscalía informó que avanzan en la investigación.La emisora Latina se pronunció a través de un video y rechazó la presunta agresión y pidió que la investigación continúe hasta que se tenga claridad del tema.El exconcejal de San Gil también fue denunciado en febrero de 2019 por un presunto acoso sexual a la jefe de prensa de la Alcaldía de ese municipio.
La ‘ñeñepolítica’ sigue dando de qué hablar en el país. Esta vez, por cuenta de seguimientos que denuncian los periodistas que dieron a conocer el escándalo de la supuesta compra de votos en la que se menciona al ‘Ñeñe’ Hernández. El caso involucraría al expresidente Álvaro Uribe y al presidente Duque con supuestos hechos relacionados con irregularidades en materia electoral en la Costa Caribe, hecho bajo investigación.El periodista Julián Martínez, a través de su cuenta de Twitter, denuncia posibles seguimientos de un carro negro de placas RPK122.Asimismo, Martínez escribió: “recientes seguimientos ilegales suceden después de la reunión del miércoles entre el presidente Duque y el fiscal general Barbosa, donde ordenan ‘identificar’ nuestras fuentes”.Le puede interesar: Papel de UNP tiene que revisarse, deben atender las amenazas contra la prensa: FlipBLU Radio conversó con el periodista Martínez, quien dijo que es curioso que, según él, todo se intensifica después de que Gonzalo Guillén publicó una nota en La Nueva Prensa.“Supimos de una reunión del presidente Duque con el Fiscal Barbosa el pasado miércoles, hablaron de este tema y dicen que tiene que identificar las fuentes de este caso. Es una publicación de varios meses, aquí están pasando cosas raras. No nos van a silenciar”, expresó.Tanto Gonzalo Guillén como el abogado Daniel Mendoza denunciaron ante la Comisión de Acusación al presidente Duque por supuestas irregularidades en materia electoral. También la Corte Suprema tiene el caso, cuyo investigador será Misael Rodríguez, magistrado de la Sala de Instrucción y quien deberá determinar si archiva o abre investigación preliminar.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias
Tras la atención de un grupo de gestores de convivencia, quienes llegaron a la calle 22 con carrera 12, para brindarle primeros auxilios a Gareth Steven Sella tras una herida en su ojo izquierdo, se tuvo que trasladar al joven en un taxi.En un video, que pudo conocer Blu Radio, se ve cómo un grupo de funcionarios, tras vendarle el ojo a Gareth, obliga a un taxista a detenerse. “Párelo, párelo eso es omisión de socorro”, gritó uno de los gestores.De inmediato un grupo de jóvenes y de funcionarios rodean el vehículo y le insisten al conductor para que traslade al joven que se ve afectado por la herida.Este video confirma la versión que dio uno de los testigos, quien también relató a BLU Radio que vio a Gareth entrando a una cigarrería de la zona, acompañado de varias personas que vestían camisas rojas y azules.“El venía muy pálido, estaba vomitando y ningún taxi lo recogía, de un momento a otro, a un taxi que lo paró el semáforo, lo rodearon y lo obligaron a que hicieran la carrera, cuando abrieron la puerta rectifiqué la herida en el ojo, después con las noticias entendí que se trataba de la misma persona”, dijo.
El sepelio de Alberto Rafael Montaño Cárdenas, de 33 años, apodado ‘Juan Diablo’, salió del barrio Villa Zambrano en Soledad y recorrió un largo camino hasta llegar al cementerio municipal.Más de 100 personas sin ningún distanciamiento y con tapabocas solo cubriendo solo su mentón, acompañaron el cortejo fúnebre en el que un animador lideró el homenaje que allegados a este hombre le rindieron junto a su cajón.‘Juan Diablo’, quien tenía antecedentes por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, fue asesinado el pasado 22 de febrero. Según el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana, la víctima fue señalada de haber informado a las autoridades sobre una olla de vicio que fue allanada.En los mismos hechos resultó herido un hombre identificado como Javier Enrique Velásquez Polo, de 30 años.Vea aquí los videos completo:
El abogado del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade está tratando de que Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías confirme su hipótesis de que la adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol II, estaba pensada meses antes de que el exparlamentario fuera contactado por Odebrecht para que hiciera las supuestas gestiones, ante la ANI y ante Andrade, para agilizar la firma del contrato.Por lo tanto, según el abogado Jesús Albeiro Yepes, ninguna de las supuestas gestiones ilícitas habría intercedido en la decisión de firmar la adición.“Ah, entonces ¿eso no se acordó en su apartamento (que la adición Ocaña Gamarra fuera del 50% del contrato inicial), eso estaba en la ley, según lo acaba de declarar? No el 50%, la cifra, el valor del contrato era el que no se ajustaba a ese 50 porque la propuesta que tenían era superior al 50 y se salía del margen que permite la ley. Pero ¿usted sabía que el 50% como valor del contrato para poder ser adicionado ya estaba condicionado desde ese concepto del 21 de enero del 2013? Lo limitaba el mismo corredor vial y lo limitaba que los estudios que ellos habían hecho pasaban el 50 % de los 2.4 millones del contrato inicial, eso es lo que me explicó Martorelli, ahora yo no sé si existía un estudio aparte que limitaba ese 50%, pero la discusión que ellos tenían era esa, de que ellos pasaban y Andrade les decían que no pasaran del 50, que recortaran el alcance del proyecto. Entonces, ¿le queda claro que el 50 % como límite de la adición estaba determinado con anterioridad a su presencia en al ANI, verdad? Entonces estaba peleando solo, entonces ¿qué hicimos?, ¿por qué estoy preso?”, fue el contrainterrogatorio sobre el tema.El ‘Ñoño’ explicó que, supuestamente, para recortar el alcance del proyecto y que fuera acorde al valor del 50%, acordaron en las supuestas reuniones ilícitas quitar “el anillo” de acceso a Ocaña.Por otro lado, aseguró que no le constaba personalmente del supuesto interés que tendría la exministra de transporte Cecilia Álvarez en la vía Ocaña Gamarra para beneficiar a la familia Parody. Dijo que eso fue lo que le manifestó desde el principio Eluberto Martorell, expresidente de Odebrecht para Colombia.“¿Es cierto que le dijo que se había escogido la vía Ocaña Gamarra a petición de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody? Me lo contó Martorelli. Entonces, señor Bernardo, es verdad que usted no tiene un conocimiento directo respecto de esa afirmación en concreto, ¿sí o no? Fue lo que me dijo Martorelli, si eso es concreto o no es concreto no sé, pero me lo dijo él. ¿Es cierto que usted no ha estado en ningún evento privado o público donde las exministras hayan formulado esa solicitud? En ninguno, es verdad”, mencionaron en el contrainterrogatorio sobre el tema.El exparlamentario dijo que había conocido a Martorelli en la posesión presidencial de Juan Manuel Santos, en agosto de 2014.Este viernes a las 8:30 de la mañana continúa el contrainterrogatorio al ‘Ñoño’ Elías por parte de la defensa de Andrade. Después el Ministerio Público, el juez y la representante de la víctima -que es la ANI- podrán hacer algunas preguntas. Finalmente, será el redirecto, que es una oportunidad para que la Fiscalía y el testigo expliquen los puntos que quedaron inconclusos.
Tras las recientes denuncias por la falta de pago a los contratistas de la Personería de Bucaramanga, incluyendo a una abogada a punto de dar a luz, el personero confirmó que la entidad cuenta con poca plata.“El presupuesto se redujo, por la pandemia, de 5.700 millones de pesos a 4.900, irresponsablemente mis antecesores y de manera nefasta contrataron 5.700 millones de pesos, teniendo en cuenta que el ingreso real fue de 4.900, es decir, dejaron la institución en déficit de más de 700 millones de pesos”, dijo el funcionario.El personero indicó en diálogo con Blu Radio que acatarán el fallo de tutela que los obliga a pagarle el sueldo a la abogada Ana María Vargas y otros 70 contratistas.“Incluso, durante este año, en tres días se ejecutó un presupuesto de 1.300 millones de pesos por la personera anterior, ya hicimos la denuncia ante la Procuraduría”, agregó.
La Sala de Reconocimiento de la JEP fijó para el 30 de abril la fecha límite para que los intervinientes del caso 01, que se refiere al secuestro, se pronuncien sobre el Auto 19 de 2021, con el que la jurisdicción le imputó crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a ochos miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP.Tanto las víctimas, la Procuraduría y la defensa de los comparecientes, solicitaron dicho término para pronunciarse de fondo y aportar nuevas pruebas si ese fuera el caso.La Sala de Reconocimiento señaló que este plazo es suficiente para que “todos los sujetos e intervinientes puedan ejercer debidamente sus derechos a presentar observaciones en igualdad de condiciones, aportar pruebas y, en el caso de los comparecientes, tomar la decisión de reconocer o no su responsabilidad entendiendo las consecuencias jurídicas de su decisión”.En el caso 01, denominado “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-Ep", la Sala de Reconocimiento, a través del Auto 19 del 26 de enero de 2021, le imputó al antiguo Secretariado el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.También de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.Los responsables de estos hechos son: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera (murió el 27 de enero pasado), Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.