En el marco de la audiencia de imputación, la defensa del comunicador presentó una impugnación de competencia con el fin de trasladar el caso fuera del distrito judicial del Cesar. El argumento central se basó en la necesidad de garantizar imparcialidad, considerando que existen antecedentes procesales que vinculan a Fernández, víctima en este proceso, como presunto agresor por lesiones y amenazas contra Vega.
La Fiscalía, por su parte, rechazó los planteamientos y calificó de contradictoria la petición de la defensa, insistiendo en que el distrito judicial conserva plena competencia para conocer el caso.
Ante esta controversia, el juez Jorge Ávila resolvió enviar la solicitud de cambio de radicación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá decidir si el proceso continúa en el Cesar o se asigna a otro distrito judicial.
Con esta decisión, el expediente entra en una nueva fase procesal que definirá el escenario donde se juzgará a Vega.
Este proceso judicial ha sido señalado como polémico por la defensa, pues mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo reconoce como víctima en riesgo extraordinario, la Fiscalía sustenta el proceso en la denuncia de Andrés Fernández, funcionario público del Cesar, investigado previamente por Vega por presunta corrección.
Además, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha calificado estas acciones como represalias que buscan acabar su labor.
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