En Colombia existen muchas profesiones elementales para la vida diaria de la ciudadanía y que, en ocasiones, pasan desapercibidas en cuanto a su importancia. Sin embargo, una ley recuerda que este tipo de labores cuentan con un derecho fundamental que las empresas deben garantizar.Se trata de la Ley 1920 de 2018, la cual regula la labor de los vigilantes en el país y establece disposiciones para las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada. Su objetivo principal es mejorar las condiciones del personal operativo que desarrolla estas tareas, además de fijar requisitos para el funcionamiento legal de las organizaciones que prestan este tipo de servicios.Dentro de estas disposiciones, la ley señala que para que las cooperativas de vigilancia puedan operar, deben cumplir con normas específicas, entre ellas, la obtención de una licencia de funcionamiento. Según lo estipula el artículo correspondiente de la Ley 1920, a esta solicitud deben adjuntarse documentos sobre el régimen de trabajo, previsión, seguridad social y compensaciones, previamente aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero, además de este procedimiento, hay un punto clave que las empresas deben tener en cuenta frente a los vigilantes.Derecho al seguro de vida para los vigilantesEl trabajo de vigilante es considerado una labor de alto riesgo, pues quienes lo ejercen pueden enfrentar situaciones que ponen en peligro su integridad. A esto se suman las extensas jornadas laborales que deben cumplir muchos trabajadores de este sector. Por esa razón, la ley establece como requisito obligatorio que toda empresa de vigilancia garantice un seguro de vida a sus empleados.De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Vigilante, “cada empresa, cooperativa especializada, departamento de seguridad y vigilancia privada contratará anualmente un seguro de vida colectivo que ampare al personal operativo de su respectiva organización”. Dicho seguro se convierte, entonces, en una obligación ineludible para obtener y conservar la licencia de funcionamiento.Funcionamiento del beneficio para vigilantes en ColombiaLa normativa establece que el seguro debe cubrir a todo el personal operativo durante las veinticuatro horas del día. Asimismo, aclara que este beneficio no es responsabilidad del trabajador, sino que debe ser asumido directamente por la empresa, cooperativa o departamento de seguridad.Además, el artículo 5 de la Ley 1920 precisa que el costo de este seguro debe ser considerado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el cálculo de la estructura de costos y gastos dentro del régimen anual de tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada.De esta forma, la legislación busca garantizar la protección y el bienestar de quienes ejercen esta labor, reconociendo la importancia de su trabajo en la seguridad ciudadana y asegurando que cuenten con una cobertura que responda ante posibles riesgos asociados a sus funciones.
La seguridad en doce municipios del departamento de Santander recibió un impulso significativo con la entrega de 69 motocicletas y cinco camionetas a la Policía Nacional y al Ejército de Colombia. Esta acción, respaldada por la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, tiene como objetivo proporcionar a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir la criminalidad en la región."Siempre he dicho que sin seguridad no hay progreso ni desarrollo. Por eso, hoy 11 municipios de nuestro departamento fortalecerán las actividades de patrullaje, gracias a una inversión de 2 mil 800 millones", afirmó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, destacando la importancia de esta inversión en el fortalecimiento de la seguridad pública.Según el mandatario, los municipios de Puente Nacional, Guacamayo, Jesús María, Gámbita, Coromoro, San Andrés, San Benito, Cepitá, Contratación, Sucre y Charalá serán los beneficiados.De las 69 motocicletas, 45 fueron entregadas a la Policía de Santander, 15 a la Policía del Magdalena Medio y las nueve restantes a la Quinta Brigada del Ejército Nacional todo con el fin de fortalecer su capacidad de movilidad y, en última instancia, mejorar la lucha contra la delincuencia en la región.Además, la Alcaldía de Bucaramanga entregó cinco vehículos, incluyendo cuatro camionetas y un automóvil. Estos vehículos se destinaron al Batallón Francisco José de Caldas del Ejército Nacional, Migración Colombia y a la Fiscalía seccional Santander.El teniente coronel Luis Jesús León Mayorga, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate número 5, resaltó la importancia de estos vehículos en la realización de procedimientos clave, incluyendo operativos contra el narcotráfico y delitos ambientales. La inversión realizada en las nuevas camionetas ascendió a los mil millones de pesos y se llevó a cabo con recursos del Fondo de Seguridad del Municipio.“Respaldamos la seguridad con medios logísticos y con convenios, pues estamos unidos con nuestras Fuerzas Militares para afectar el crimen en la ciudad”, concluyó Manuel Antonio Vásquez, secretario del Interior de la capital santandereana.Le puede interesar:
Una protesta por el inconformismo entre los reclusos por los alimentos que les están suministrando en el centro de reclusión transitoria La Estrella, en el suroccidente de Barranquilla, la tarde del jueves, terminó siendo el preámbulo para lo que hacia la media noche se convirtió en un motín con intento de fuga.De acuerdo con información entregada por la oficina de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Distrito, dos grupos que se encuentran al interior de este sitio protagonizaron una fuerte discusión.Mientras unos hacían ruido y tapaban la vista de las cámaras de seguridad, otros aprovechaban para golpear las paredes que dan para la parte trasera del centro con la intensión de abrir un hueco hacia la calle y fugarse, sin embargo, rápidamente la Policía y el Esmad los rodearon controlando la situación.“En una rápida reacción de acuerdo a los protocolos que hemos trabajado en menos de 5 minutos se acordonó toda la zona y se procedió a hacer ingreso con Policía y Esmad. Es importante destacar que no se encuentran personas heridas y no hubo ninguna fuga”, dijo Nelson Patrón, jefe de seguridad y convivencia ciudadana de Barranquilla.El funcionario afirmó que una vez los internos vieron la presencia de las autoridades bajaron la alteración.En este centro de reclusión transitorio se encuentran 160 detenidos que están a la espera de ser trasladados a cárceles del Inpec o a la del Distrito.“Seguimos haciendo las gestiones concernientes a fin de que estas personas sean trasladadas a sus puntos de destinos como son las cárceles del Inpec o la Distrital El Bosque”, puntualizó Patrón.
Tras esta investigación, desde la Alcaldía aseguran que, para la fecha de liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad, el 31 de diciembre de 2018, no “existían en el inventario chalecos antibalas ni se identificó gestión alguna por parte del liquidador con relación a los bienes”, dice el documento.Además, advierten que no encontraron ningún soporte sobre el reintegro o destinación final de los chalecos blindados.En dicho comunicado, se hace una relación sobre los dos contratos que el Fondo de Vigilancia firmó con el fabricante de chalecos blindados Miguel Caballero. El primero en 2012 con la adquisición de 1390 chalecos y el segundo en 2015 cuando se compraron 696 chalecos antibalas.Finalmente, la Secretaría de Seguridad de Bogotá dice que, pese a que no hay un registro sobre el destino final de los chalecos, ponen la información en conocimiento de las autoridades para avanzar con las investigaciones.BLU Radio ha seguido de cerca este escándalo de los chalecos blindados vencidos que según las actas de la Policía fueron destruidos en 2019 pero que aparecieron no solo en manos de una banda de ladrones de oro en Medellín sino en un almacén en el norte de Bogotá que terminó vendiéndolos a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.Este es el documento:
BLU Radio tiene en su poder el acta de destrucción No. 0043-19 que las empresas PROGESA S.A. y Servicios Directos H&M entregaron a la Policía certificando que 3405 chalecos antibalas, entre esos los 500 que Miguel Caballero vendió al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en 2012, habían sido totalmente destruidos.Esa destrucción, como consta en el documento, se llevó a cabo el 16 de mayo de 2019. Además, fueron destruidos 486 cascos antimotines, 400 escudos antimotines, 222 canilleras antimotines, 10 escudos blindados nivel IIIA, entre otros elementos de protección de propiedad de la Policía Nacional.De acuerdo con el documento, en total se destruyeron 19.997 kilos y “se comprobó que del proceso de destrucción quedó un mínimo de residuos inocuos”. Llama la atención porque, a pesar de que PROGESA S.A. y Servicios Directos H&M certifican que de la destrucción quedó prácticamente nada, 2 años y medio después, 7 de los chalecos supuestamente destruidos aparecen en Medellín en manos de un grupo de ladrones que se llevaron 500 millones de pesos en oro de una fundidora.Ahora bien, resalta un detalle que no resulta menor. En la investigación adelantada por BLU Radio encontramos que la compañía PROGESA S.A., contratada por la Policía Metropolitana para destruir el material, está prácticamente inactiva desde el 2014. Según los registros oficiales, desde ese año PROGESA S.A. no pagaba el Registro Mercantil y por eso el 29 de abril de 2019 la Cámara de Comercio de Bogotá declaró su disolución y liquidación. Eso quiere decir que la compañía formalmente dejó de existir 17 días antes del 16 de mayo de 2019, fecha en la que según el acta obtenida por BLU Radio fueron destruidos los chalecos antibalas.Es importante aclarar que, a la fecha, BLU Radio no ha podido obtener el documento a través del cual la Policía contrató con PROGESA S.A. el servicio para la destrucción y disposición total de más de 5.400 elementos de protección de la institución entre los que estaban los chalecos del Fondo de Vigilancia de Bogotá. Por esta razón no es posible saber si la firma del contrato fue antes o después de que PROGESA S.A. fuera disuelta y liquidada por la Cámara de Comercio de Bogotá.Aquí surgen nuevas preguntas: ¿Por qué la Policía Metropolitana de Bogotá contrató en 2019 los servicios de una empresa que no pagaba registro mercantil desde 2014? ¿Por qué PROGESA S.A. llevó a cabo la destrucción del material si para ese entonces la empresa ya estaba liquidada por la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Por qué si existe un certificado según el cual todo el material de la policía fue destruido y quedó en prácticamente nada, 2 años después aparecen los chalecos en manos de delincuentes? ¿Quién de la Policía verificó que en efecto ese material hubiera sido destruido como consta en el acta?Escuche detalles de esta noticia en Meridiano BLU: Entérese de otras noticias de Colombia y el mundo:
El entramado de los chalecos blindados vencidos va más allá del caso de los ladrones de oro en Medellín. BLU Radio tiene en su poder los documentos y fotos que comprueban que un almacén, ubicado en el norte de Bogotá, vendió este año a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, 43 chalecos vencidos que habían sido adquiridos en su momento por el ya mencionado Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.BLU Radio conoció que la FLIP compró a la tienda Baraya de accesorios militares 40 chalecos por $35.851.200 pesos. Los fondos para la adquisición de los chalecos fueron aportados a la FLIP por la organización Reporteros Sin Fronteras y La IWMF, International Women´s Media Foundation. Y lo que buscaban era dotar a 20 periodistas extranjeras en Colombia y prestar el resto de los chalecos a reporteros en el país que necesitaran protección para sus cubrimientos a las manifestaciones por el paro nacional que arrancó en Colombia el 28 de abril de 2021.Sin embargo, la sorpresa se la llevaron cuando una semana después se dieron cuenta no solo del mal estado en el que se encontraban los chalecos, sino de las irregularidades que había en la ficha técnica al interior de los mismos.Los chalecos, según los documentos adquiridos por BLU Radio, fueron sometidos a una serie de pruebas y peritajes que arrojaron la siguiente información: algunos de los paneles presentan “vencimiento de garantía del fabricante hasta de 9 años, algunos presentan estado de deterioro del forro de los paneles balísticos con formación de hongos y se evidencia abultamiento por penetración de humedad al interior”.De los 12 chalecos sometidos a estudios técnicos los expertos encontraron que había paneles de tres marcas: Fondo Rotatorio de la Policía, Panamerican Security y Miguel Caballero. Llama la atención que, según el reporte, varios de los chalecos habían sido fabricados, incluso en 2006 y su vencimiento fue en 2011.Más adelante se realizó la inspección a otros 23 chalecos blindados con paneles balísticos de las marcas Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y Miguel Caballero. El resultado en esta ocasión fue que los chalecos presentaban “vencimiento de la garantía del fabricante de hasta 4 años, deterioro del forro de los paneles balísticos con formación de hongos y abultamiento por penetración de humedad por lo que se sugiere dar de baja a los chalecos”. Además, el informe manifiesta que, aunque hay similitudes en los rótulos emitidos por la empresa Miguel Caballero, varias de las casillas de fecha de expedición, vencimiento y manufactura fueron modificados.Este informe, adelantado por la empresa Miguel Caballero también queda en evidencia que, de acuerdo con los códigos de los chalecos, varios pertenecen a un “grupo de 960 chalecos vendidos en el año 2012 al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá con destino a la Policía Metropolitana de Bogotá”. Además, dice el informe que esos chalecos debieron ser destruidos cuando fueron dados de baja por la Policía metropolitana de Bogotá.Pero, ¿por qué chalecos con casi una década de vencimiento terminaron en una tienda en el norte de Bogotá y luego en manos de la FLIP? BLU Radio buscó a la tienda Baraya que respondió que trabaja en un comunicado de prensa para resolver los cuestionamientos en torno a esta situación.Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
El secretario de seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, confirmó que se adelantan las investigaciones y un recuento de inventario, luego que se conociera que los chalecos antibalas que fueron usados por varios de los asaltantes el pasado 4 de noviembre en el robo a una bodega de oro en Medellín, hicieron parte del Fondo de Vigilancia de Bogotá. La entidad, que fue liquidada en 2016, hacia parte de la Secretaría de Seguridad.“Lo que tenemos claro también es que los números seriales de esos chalecos fueron cambiados. Estamos haciendo la investigación correspondiente tanto desde el punto de vista de los archivos y los inventarios que conozcamos en la Secretaría de Seguridad heredados de la del fondo de vigilancia y también con la información que ha suministrado el fabricante con quién nos hemos puesto en comunicación para poder articularnos”, dijo Fernández de Soto.“Estamos haciendo un análisis de inventarios de los archivos para tener la trazabilidad clara de cuáles elementos fueron adquiridos, cuáles fueron dados de baja, cuáles están todavía en inventario”, agregó el funcionario. Los chalecos incautados fueron vendidos el 31 de agosto de 2012 al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. En el hecho los ladrones lograron hurtar 3.000 gramos de oro, valorados en 500 millones de pesos.
La parálisis del Transmetro se mantendrá de manera indefinida ya que los operadores no tienen recursos y las relaciones con la Alcaldía para la entrega de un auxilio de 10.000 millones de pesos están rotas.La única posibilidad de salvar el sistema a corto plazo es que los bancos les liberen a los operadores, Sistur y Metrocaribe, unos dineros que les tienen retenidos por compromisos anteriores.Dada la problemática, expertos y veedores coinciden en que el Transmetro podría entrar en una fase terminal pues, desde antes de tocar fondo, el sistema solo movilizaba el 20% de los pasajeros de Barranquilla."Es una situación lamentable para Barranquilla y su área metropolitana, pero hay que aclarar que no es desde ahora, sino que viene de muchos años atrás. Yo creo que Transmetro ha llegado a una fase final porque una empresa no puede estar solicitando recursos mes tras mes", dijo Jaime Vélez, presidente de la Veeduría de Usuarios de Transmetro.Según el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, la Alcaldía ha cumplido con la sostenibilidad del sistema de transporte girándole 41.000 millones de pesos durante la pandemia."Yo invito a los operadores a que reactiven el servicio para que no salgan afectados los usuarios", dijo el funcionario.La Administración de Soledad, en cabeza del alcalde Rodolfo Ucrós, también informó que no cuenta con recursos para apoyar a Transmetro.Mientras los operadores y las autoridades llegan a un acuerdo, los más afectados son los 60 mil usuarios del sistema, que no solo se enfrentan a demoras de una hora y pago adicional de pasajes, sino a problemas de seguridad, ya que esa es una de las grandes ventajas de Transmetro.El plan de contingencia consiste en que las empresas de transporte colectivo Coochofal, La Carolina y Sobusa intentan cubrir las rutas de Transmetro con sus buses, utilizando sus carriles exclusivos para mayor rapidez.
La policía griega fue atacada sin piedad esta semana, tras dejar que un valioso Picasso, que había sido robado de un museo en 2012, cayera al suelo horas después de haberlo recuperado.La escena fue captada por las cámaras la televisión griega el martes, durante el acto en el que la policía anunció que había recuperado el lienzo, "Cabeza de mujer" (1939). En las imágenes, se ve como el cuadro cae lentamente desde el podio en el que había sido instalado y se estampa contra el suelo.Rápidamente, un hombre, con mascarilla pero sin guantes, lo recoge y lo vuelve a colocar.La ministra griega de Cultura, Lina Mendoni, criticó el incidente el jueves pero insistió en que la pintura "parece estar en buenas condiciones".El cuadro -un regalo que Pablo Picasso le hizo a Grecia en 1949- había sido robado junto con otro del pintor holandés Piet Mondrian ("Molino de viento con casa de verano") en la Galería Nacional de Atenas en 2012.Un informe realizado posteriormente por las autoridades concluyó que los sistemas de seguridad de la institución no se habían renovado desde 2000. Varias zonas del museo ni siquiera tenían cámaras de vigilancia y las alarmas no funcionaban bien.La policía afirmó que un albañil de 49 años confesó ser el autor del robo y que había sido arrestado.Según la ministra de Cultura, el lienzo de Picasso hubiera sido "imposible" de revender debido a la dedicatoria que lleva escrita en francés y que dice: "Para el pueblo griego, un tributo de Picasso".La obra cubista de Picasso representa un busto de mujer y fue un regalo del pintor español al pueblo griego en 1949, por su resistencia ante las fuerzas nazis.El autor dijo que en un primer momento había guardado los lienzos en casa, pero que recientemente los escondió en un desfiladero de Keratea, a unos 45 kilómetros al sureste de Atenas.En el mismo robo, también fue sustraído un dibujo del artista italiano del siglo XVII Guglielmo Caccia, más conocido como Moncalvo, representando a San Diego de Alcalá.Sin embargo, el sospechoso afirma que lo tiró porque resultó dañado durante el asalto.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó este martes que fue desarticulada una banda conocida como el ‘Combo de Cacu’, que habría robado partes de más de 80 carros abandonados en parqueaderos improvisados o bahías del área metropolitana de Bucaramanga.“De forma ágil vulneraran la seguridad de los vehículos; rompiendo por debajo de estos la guaya que asegura el capo, procediendo minutos después en compañía de los cómplices a desconectar el computador del carro y demás accesorios costosos, dejándolos prácticamente desvalijados para llevarlos posterior a un centro de acopio, donde contactaban a la víctima mediante llamadas extorsivas para exigirles sumas de dinero”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana, general Luis García.Tras las constantes denuncias, la Policía inició una investigación y analizaron más de 300 horas de grabaciones donde confirmaron el modus operandi e identificaron a los hombres.“Con el suficiente elemento material probatorio y evidencias físicas que se recolectaron dentro de la investigación, un juez ordenó las diligencias de allanamiento y captura de todos los miembros de esta organización; asestando este golpe en las últimas horas en los barrios Café Madrid, San Francisco, Morrorico, Girardot de la ciudad de Bucaramanga y en el barrio El Dorado en el municipio de Floridablanca”, agregó el oficial.
La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha un plan de choque que tiene al turismo como eje central para la recuperación económica de los municipios afectados por el reciente sismo. La emergencia dejó 1.871 establecimientos turísticos afectados, de los cuales 1.167 presentan daños graves o críticos, y pérdidas económicas estimadas en más de $18.145 millones.La estrategia, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y ejecutada por la Secretaría de Turismo del departamento, bajo la dirección de Miyerlandi Torres, busca fortalecer la actividad de empresarios y emprendedores del sector en las zonas impactadas.Tres frentes para la reactivación turística del Valle del CaucaEl plan de recuperación se concentra en tres líneas de trabajo. La primera es la reactivación de la cadena de valor turística en los destinos afectados, a través de proyectos como las Caravanas Solidarias y Roldanillo al Aire Libre.La segunda apunta a fortalecer la competitividad regional mediante mejoras en la conectividad aérea y la consolidación del turismo de salud. La tercera busca aprovechar el turismo deportivo con megaeventos como el Giro de Rigo, orientados a atraer visitantes y generar impacto económico local.Caravanas Solidarias: más de $200 millones en movimiento económicoLas Caravanas Solidarias ya recorrieron Sevilla y Buenaventura, y su próxima parada será Calima-El Darién. Según la Gobernación, esta estrategia ha generado un movimiento económico superior a los $200 millones en beneficio directo de la cadena de valor turística de estos municipios.Roldanillo al Aire Libre: apoyo a 350 emprendedoresEn Roldanillo, uno de los Pueblos Mágicos afectados por el sismo, la Gobernación lidera la iniciativa Roldanillo al Aire Libre, desarrollada en articulación con la Alcaldía, empresarios locales y aliados privados.El proyecto contempla la instalación de contenedores comerciales, adecuaciones de infraestructura en el Coliseo de Ferias y la habilitación de créditos condonables. Estos mecanismos están diseñados para beneficiar directamente a 350 emprendedores.“Desde el primer día de esta emergencia hemos venido trabajando para reconstruir y recuperar la vida de los vallecaucanos que lo perdieron todo, de quienes resultaron afectados. Lo primero fue la asistencia humanitaria, la reconstrucción asistida de las viviendas y devolver la dignidad a las familias, y claro hay que recuperar los empleos y posicionar nuestros municipios a través del turismo, generando ingresos para los vallecaucanos”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Cali, segundo destino de turismo de salud en ColombiaEl turismo de salud es otro de los sectores priorizados por su capacidad para atraer visitantes e ingresos. De acuerdo con datos de ANATO, entre enero y agosto de 2026 Cali recibió a 5.889 extranjeros no residentes que llegaron en busca de tratamientos médicos. La cifra equivale al 28 % de los 21.034 viajeros registrados en todo el país por este motivo, lo que ubica a la capital vallecaucana como el segundo destino nacional en este segmento.Para fortalecer este frente, la Secretaría de Turismo del Valle adelanta mesas de articulación interinstitucional, capacitaciones en calidad turística, visitas de evaluación y acciones de mejoramiento en los servicios que integran la cadena logística. El objetivo es mejorar la experiencia de los pacientes internacionales, elevar los estándares de atención y aumentar la capacidad del destino para fidelizar visitantes.“La oportunidad radica en que cada paciente internacional encuentre no solo servicios médicos de excelencia, sino un destino preparado para atender toda su experiencia de viaje. Así, el turismo en salud se convierte en una fuente de desarrollo económico que va mucho más allá de los consultorios y hospitales”, señaló la secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres.Conectividad aérea: aeropuertos y nuevas rutas hacia el PacíficoLa Gobernación, junto con el Gobierno nacional, trabaja en el fortalecimiento de la conectividad aérea del departamento. Para ello, se proyectan mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para gestionar la revisión de las tasas aeroportuarias, la optimización de las condiciones operativas, la disponibilidad de parqueaderos y la aceleración del proceso de modernización y concesión del aeropuerto.La agenda incluye además la expansión de la conectividad regional, con énfasis en el aeropuerto de Cartago y en la habilitación de rutas aéreas hacia Juanchaco y otros destinos del Pacífico vallecaucano, como Ladrilleros.Giro de Rigo 2026 dejó un impacto de más de $90.000 millonesEl turismo deportivo completa la estrategia. El departamento recibió recientemente el Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, que reportó más de 20.000 visitantes, una ocupación hotelera superior al 80 % y un impacto económico estimado en más de $90.000 millones.Perfil de los visitantes del eventoBogotá y Medellín fueron las principales ciudades de origen de los asistentes nacionales, mientras que Estados Unidos y España encabezaron la participación internacional. La estadía promedio fue de 3,4 noches y el gasto promedio por persona alcanzó los $3.380.713.Según la Gobernación, estas cifras evidencian el efecto de los grandes eventos deportivos en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, y su aporte al posicionamiento del Valle del Cauca como destino de turismo deportivo.Invitación a visitar los municipios afectadosLa Secretaría de Turismo invita a colombianos y extranjeros a recorrer destinos como Sevilla, Roldanillo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, y a contribuir así a la recuperación de la economía local.“Reconstruir el Valle del Cauca no implica únicamente recuperar lo perdido; significa garantizar que sus empresarios vuelvan a crecer, que sus familias accedan a nuevas oportunidades y que el turismo se consolide como un motor inagotable de desarrollo. El Valle lo reconstruimos juntos”, concluyó Miyerlandi Torres.
Pekín rechazó este lunes las informaciones que aseguran que una empresaria china con la que mantuvo un romance el director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, Jensen Huang, sea una espía del Gobierno de China.El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que "las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia" en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.La investigación estalló tras un reporte en el que New York Times citaba a fuentes de la inteligencia estadounidense sobre un amorío entre Huang y la empresaria china, Alice Huang, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.La situación escaló este sábado cuando el mismo diario reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que señalaba que Alice Huang era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial (IA) estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para IA, indicó en un comunicado este domingo que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".
El alcalde de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, Milton Olaya, cuestionó en Mañanas Blu cómo fue posible que el cantón militar del municipio fuera atacado con explosivos el pasado sábado, pese a que, según le habían asegurado las autoridades militares, la instalación contaba con un sistema antidrones. El mandatario local anunció que pedirá explicaciones en el consejo de seguridad convocado para este lunes.El ataque, ocurrido hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre, se realizó mediante drones cargados con explosivos, y fue atribuido por el Gobierno al ELN. Olaya, sin embargo, aclaró que hasta el momento las autoridades no le han confirmado oficialmente qué grupo fue el responsable.“No sé qué pasó, que el sábado falló la tecnología”El alcalde explicó que la protección antidrones del batallón le fue confirmada en varias ocasiones, por lo que considera inexplicable lo ocurrido. Así lo expresó: “Lo que a mí se me hace raro es que ese cantón militar siempre ha estado protegido por antidrones y todo. Yo no sé qué pasó ahí, que el sábado falló la tecnología”.Según relató, hace un mes se realizó en el municipio un consejo ministerial con la presencia del ministro de Defensa, el ministro del Interior y la cúpula militar. En ese espacio, afirmó, volvió a preguntar por la seguridad de la zona y le respondieron que estaba bien protegida. Sobre esa reunión, dijo: “Yo no creo que iban a llevar a toda la cúpula militar y a los ministros allá a arriesgar un alto riesgo como ocurrió el sábado”.Olaya agregó que en otras reuniones la Policía y el Ejército le habían comentado que ya se habían registrado intentos de ataques con drones, pero que la tecnología disponible había evitado afectaciones. “Estábamos todos convencidos que ellos estaban protegidos. No sé, algo pasó el sábado que no sabemos”, señaló, y confió en que la investigación adelantada por las autoridades permita establecer qué falló.Balance de heridos tras el ataque en Santa Rosa del SurDe acuerdo con la información que recibió el alcalde, el sábado ingresaron 50 heridos al hospital del municipio. De ellos, 17 fueron remitidos al hospital de Simití, de segundo nivel; posteriormente, dos pacientes fueron trasladados a Aguachica y entre ocho y diez a Bucaramanga.El mandatario indicó que el domingo visitó el hospital y encontró seis soldados que aún permanecían en observación, aunque la mayoría presentaba lesiones leves. Su balance fue claro: “Verdaderamente para mí fueron 3 muertos y 17 heridos, un poquito con gravedad”.El batallón está separado del casco urbano por el aeropuertoOlaya precisó que el cantón militar no se encuentra dentro del pueblo, sino en uno de sus extremos, a una distancia que calculó entre 500 metros y un kilómetro. La instalación está separada del casco urbano por la pista del aeropuerto local, de unos 800 metros de largo, y por algunas viviendas dispersas.Según el alcalde, los explosivos cayeron dentro del batallón, que funciona en un predio que antes era una finca y que, según dijo, fue adquirido por el Gobierno Nacional para su construcción. Una garita ubicada a entre 100 y 200 metros de algunas casas también fue alcanzada por un artefacto, pero no se reportan viviendas afectadas.ELN, disidencias y gaitanistas se disputan el oro de la Serranía de San LucasSobre el contexto de violencia en la región, el mandatario explicó que en la zona hacen presencia tres grupos armados ilegales: “Está el ELN, está la disidencia de las FARC y los gaitanistas. Esos grupos se están peleando las Serranías de San Lucas, donde hay 12 municipios, por el oro”.El alcalde subrayó que los enfrentamientos se habían concentrado históricamente en las zonas altas de la serranía, a varias horas del casco urbano, y que nunca antes un ataque de este tipo había ocurrido en el pueblo. Añadió que el ELN y las disidencias han sido los grupos con mayor presencia histórica en la región, mientras que, según le ha dicho la comunidad, los gaitanistas estarían entrando nuevamente.La presencia del ELN en esta zona no es nueva. En meses anteriores se han registrado hechos como un ataque con dron del ELN que dejó un soldado muerto y siete heridos en Santa Rosa y la muerte de un teniente de la Policía en enfrentamientos con esa guerrilla en el sur de Bolívar, en la Serranía de San Lucas, entre San Pablo y Santa Rosa.El Ministerio de Defensa señaló que el ataque sería una retaliación del ELN por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, detenido en la vereda Nueva Mina, zona rural de Santa Rosa del Sur.Minería, economía local y bloqueo de combustiblesOlaya recordó que el oro es el principal renglón productivo de Santa Rosa del Sur y del sur de Bolívar, y que al aeropuerto municipal llegan con frecuencia avionetas privadas con ingenieros, geólogos y empresarios vinculados a la actividad minera. Indicó además que adelanta gestiones para que una aerolínea opere de manera permanente y conecte al municipio con Bucaramanga, a la que describió como la capital comercial del sur de Bolívar.El mandatario también denunció que los grupos armados impiden el ingreso de combustibles a las minas, una situación que, según afirmó, lleva cerca de cinco meses afectando el trabajo del sector minero.Sin confirmación de bombardeos en la zonaConsultado sobre posibles bombardeos de la Fuerza Pública tras el ataque, el alcalde afirmó que ni el Ejército, ni la Policía, ni la Gobernación le han informado de operaciones de ese tipo en el municipio: “Hasta el momento nadie me ha confirmado bombardeos por ningún lado”.Las autoridades locales esperan que el consejo de seguridad de este lunes entregue un informe oficial sobre lo ocurrido en el cantón militar y sobre las fallas que habrían permitido el ataque.
El expresidente Gustavo Petro, aunque no dio un solo mensaje de los sexoscontratos, sí atinó a resaltar lo valioso de un beso y rechazó la Ley de Rescate y le propuso a uno de sus rivales políticos: Álvaro Uribe, unirse para votar en contra el IVA en la reforma tributaria.En medio de las discusiones que se tienen por la Ley de Rescate Fiscal, lo que antes lo dividía hoy, parece que los puede unir, y es evitar más impuestos para los colombianos.El episodio ocurrió en Medellín, en donde de gorra de piloto, camisa azul, bufanda blanca y todo el tiempo de gafas negras, el expresidente Gustavo Petro habló durante 40 minutos en un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, que se hizo en el Club Medellín.Allí había expectativas para que se refiriera a las explosivas denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros sexuales con el expresidente a cambio de contratos, pues no fue así, lo que sí hubo fue una propuesta a uno de los hombres que le ha hecho mayor oposición, hablamos de Álvaro Uribe Vélez, a hacer coaliciones en los municipios de Antioquia entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.La idea no sólo para las elecciones territoriales 2027, sino que también invitó a que los congresistas de Uribe voten en contra el IVA en la reforma tributaria y no echar para atrás su reforma laboral."Por eso Uribe le propongo, en Antioquia podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco", manifestó el exmandatario.Aunque todavía no se conoce una respuesta de Álvaro Uribe, hay que recordar que el Centro Democrático le presentó al gobierno De La Espriella un borrador de discusión de la Ley de Rescate, donde proponen no cobrar IVA a la canasta familiar.En el evento, Gustavo Petro, que no es un asombro, dijo que todos los miembros del Pacto Histórico votaran negativo a la Ley de Rescate y quien no lo haga debe salir, porque se trata de un beneficio para los amigos del presidente Abelardo De La Espriella."El Pacto Histórico tiene que enfrentar esta situación, no sólo oponiéndose a la sinvergüencería de un gobierno narcotraficante que prefiere entregarle las tierras que le entregamos nosotros a los campesinos para producir comida a los viejos socios narcotraficantes del presidente Abelardo", aseguró Petro.Por último junto al ex embajador de Nicaragua durante su gobierno León Fredy Muñoz, el representante a la Cámara Alejandro Toro que sigue reafirmando su alianza con la gente de Daniel Quintero, la ex consejera de regiones Luz María Múnera, entre otros, invitaron a la marcha el próximo 19 de noviembre para protestar contra la reforma de rescate del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Una patrullera de la Policía de Bogotá rescató a un bebé recién nacido que habría sido abandonado en una ciclorruta de la ciudad. La uniformada trasladó al menor de urgencia a un centro médico, donde recibió atención prioritaria y fue estabilizado.El caso se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la funcionaria ingresa a un centro asistencial con el bebé en brazos para solicitar ayuda inmediata del personal médico.Según las primeras versiones, el recién nacido tenía rastros de sangre y señales de un parto reciente. Además, todavía tenía la placenta y el cordón umbilical. Sin embargo, hasta el momento no se han determinado las circunstancias en las que fue dejado en ese lugar ni cuánto tiempo permaneció allí.¿Cómo fue el rescate del bebé abandonado en Bogotá?La intervención de la patrullera permitió que el menor recibiera atención médica. El personal de salud logró estabilizarlo, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre su estado de salud actual.Por ahora, tampoco se conoce la identidad de la madre ni de la persona que habría abandonado al bebé. Las autoridades investigan el caso para establecer qué ocurrió.El hecho generó reacciones entre concejales de Bogotá, quienes destacaron la actuación de la uniformada y pidieron investigar lo sucedido para garantizar la protección del recién nacido.¿Cuándo ocurrió el hallazgo del bebé abandonado en Bogotá?Aunque el video del rescate se ha difundido recientemente en redes sociales y ha generado reacciones, el caso no ocurrió en noviembre de 2026. Las imágenes corresponden a un procedimiento policial registrado en 2024, por lo que su circulación reciente ha llevado a que el hecho se presente como si hubiera sucedido en los últimos días.Concejales se pronuncian por el abandono del recién nacidoLa concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde, reconoció la reacción de la patrullera y rechazó cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los niños.“Reconocemos la valentía y oportuna reacción de la uniformada, quien salvó la vida de un bebé recién nacido que tristemente fue abandonado en una ciclorruta de Bogotá. Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños”, señaló.La cabildante también hizo un llamado a las mujeres que atraviesan dificultades durante el embarazo o frente a la maternidad para que busquen ayuda. “Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos”, afirmó.Por su parte, la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático, pidió a la Fiscalía investigar el caso y establecer responsabilidades. Además, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) garantizar el restablecimiento de los derechos del bebé y su protección integral.“Su vida importa y merece toda la protección del Estado”, expresó Dussán en una publicación en su cuenta de X. Pero, al confirmarse que el hecho ocurrió en 2024, la concejala eliminó la publicación.