La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), Julio César González García, y la secretaria general de la entidad, Chabely Paola Flórez Cepeda, por su presunta responsabilidad en hechos de acoso laboral bajo la modalidad de entorpecimiento laboral.De acuerdo con la decisión adoptada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el proceso disciplinario busca establecer si los dos funcionarios omitieron garantizar las condiciones administrativas mínimas y necesarias para que una trabajadora pudiera desempeñar plenamente las funciones propias de su cargo.Según el ente de control, la presunta irregularidad se habría presentado luego de que la servidora pública concluyera su proceso de reubicación en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), donde cumplía de manera provisional algunas labores. Tras su regreso al Banco Inmobiliario de Floridablanca, presuntamente no habría contado con las condiciones requeridas para ejercer sus funciones.Para la Procuraduría, estos hechos podrían constituir una conducta de acoso laboral en la modalidad de entorpecimiento laboral, razón por la cual profirió pliego de cargos contra los dos servidores públicos.En esta etapa del proceso disciplinario, el organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta como gravísima, cometida a título de dolo.La formulación del pliego de cargos no constituye una sanción ni un fallo definitivo, sino el inicio de la etapa de juzgamiento disciplinario, durante la cual los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.
La corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) tiene varias líneas de investigación y una de esas tiene que ver con César Manrique, el exdirector de la Función Pública y quien hoy está prófugo de la justicia con una circular roja vigente en su contra.Y es que, de acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, Manrique junto a otras 7 personas direccionaron presuntamente contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques, el suministro de plantas desalinizadoras y la adecuación de pozos de agua potable en La Guajira.Uno de los contratos, suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú por 29.000 millones de pesos, presentó sobrecostos superiores a 11.000 millones.La lista en esta línea de la investigación es larga, están: Édgar Eduardo Riveros, su hija Ana María Riveros y su cuñada Sonia Rocío Romero, quienes eran contratistas de la UNGRD. Además, el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri y Francisco Estupiñán quien fungió como asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista de la UNGRD Óscar Cárdenas.Todo apunta a que César Manrique habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, a cambio de que los contratos derivados fueran adjudicados a oferentes específicos.Según ha informado la propia Fiscalía, Manrique junto a los 7 presuntos implicados, serán acusados por su presunta responsabilidad en la corrupción al interior de la UNGRD, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Una juez de Bogotá ordenó la captura de César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de otras seis personas por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión judicial no solo cobija a Manrique, sino también a otros exfuncionarios y contratistas que habrían hecho parte del entramado de corrupción. Todos enfrentarán medida de aseguramiento intramural mientras avanza la investigación de la Fiscalía, que los señala de posibles actos irregulares con dineros de un convenio suscrito entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con el ente acusador, los contratos habrían sido direccionados para beneficiar a terceros de forma indebida.El momento en que la juez dictó la orden de captura quedó registrado durante una audiencia pública, en la que se advirtió que existen elementos suficientes para considerar que los procesados podrían obstruir la justicia o reincidir, lo que motivó la medida privativa de la libertad.No enviarán a la cárcel a 6 congresistas salpicados por escándaloLa Corte Suprema de Justicia continúa con las investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). En este proceso, cinco congresistas en ejercicio y un excongresista están siendo investigados por su presunta participación en hechos irregulares. La Sala de Instrucción del alto tribunal tiene en la mira a estos parlamentarios, quienes habrían intervenido en operaciones de crédito público que podrían haber favorecido intereses particulares.Blu Radio reveló que la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que proponía imponer medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, fue rechazada por decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción. Esto significa que, por ahora, los congresistas no serán enviados a prisión, aunque la investigación sigue su curso. Todos ellos hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), entidad clave en la aprobación de los créditos públicos en cuestión.Las investigaciones, que se iniciaron en noviembre del año pasado, buscan esclarecer si estos congresistas emitieron conceptos favorables a las operaciones del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios personales, como contratos gestionados a través de la UNGRD. Las zonas donde se habrían manifestado las irregularidades incluyen municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), donde se habrían ejecutado los proyectos cuestionados.La decisión de investigar a estos parlamentarios se fundamentó en más de 50 documentos y más de 10 testimonios obtenidos por la Corte mediante órdenes de policía judicial. Uno de los hallazgos clave señala que en los últimos 18 días del período legislativo de 2023, la CICP emitió 13 de los 18 conceptos solicitados por el Ministerio de Hacienda, lo que ha levantado sospechas sobre una posible coordinación irregular. Aunque no se dictaron medidas de detención, el proceso judicial continúa.
El Gobierno Nacional ha emitido los decretos que oficializan el aumento salarial para el año 2025 para los servidores públicos del país. Esta medida beneficia a quienes laboran en entidades nacionales y territoriales, así como en las ramas Judicial y Legislativa. El incremento salarial también cubre a los uniformados y empleados oficiales.El ajuste salarial para 2025 se fijó en un 7%. Este porcentaje surge de un acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación del Sector Público. La base para este ajuste fue la inflación anual del país, que se registró en un 5,2%. A este porcentaje se le sumó un 1,8% adicional, resultado del acuerdo entre el Gobierno, las centrales y las federaciones sindicales.Con la expedición de estos decretos, el incremento salarial queda formalmente oficializado. Una de las disposiciones clave es que el pago del aumento deberá incluir el retroactivo correspondiente desde enero de este año.Los decretos llevan las firmas de altas personalidades del Gobierno. Entre ellos se encuentran el presidente Gustavo Petro; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y el director (E) de Función Pública y ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.Estos decretos cubren una amplia gama de sectores y empleos públicos. Por ejemplo, el DECRETO 0620 fija los límites máximos salariales para gobernadores, alcaldes y empleados de entidades territoriales. Otros decretos regulan la remuneración de educadores indígenas, empleados de universidades estatales, docentes y directivos docentes en niveles de preescolar, básica y media, personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, empleados de la Aeronáutica Civil, y viáticos. También se incluyen disposiciones para la Rama Ejecutiva, Presidencia de la República, Contraloría General, DIAN, Auditoría General, Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD), Registraduría Nacional, Medicina Legal, Rama Judicial, Fiscalía General, Congreso de la República, bonificaciones judiciales, y empleados del SENA.Mirando hacia el futuro, los fuentes indican que para el año 2026, el cálculo del aumento salarial para los servidores públicos se basará en la inflación anual más un 1,9%.La expedición de estos decretos están fechados del 3 de junio de 2025. Puede revisar todos los decretos aquí.
Un mes después de que su hoja de vida fuera publicada en la página de aspirantes a la Presidencia, el Gobierno Nacional expidió el decreto que oficializa el nombramiento de Diana Morales como nueva ministra de Comercio, una designación que se considera como una posible cuota del Partido Liberal y que llega en un momento crucial para el Gobierno: la inminente firma del decreto que convoca la consulta popular. De hecho, la ministra estuvo este martes, 3 de junio, en la Casa de Nariño en una reunión con el presidente Gustavo Petro.Morales fue secretaria general del Partido Liberal y, posteriormente, secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, una de las comisiones económicas del Congreso. Egresada como politóloga de la Universidad del Rosario con especialización en Economía de la Universidad Javeriana. También cuenta con estudios en políticas públicas y derecho constitucional. En el sector público, ha sido asesora del DANE y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Por otra parte, el Gobierno nacional también nombró a Mariela Barragán como nueva directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, en reemplazo de César Manrique, quien salió del cargo en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Su hoja de vida ya fue publicada.Barragán es abogada de la Universidad Libre, con estudios en asesoría jurídica en la Universidad de los Andes y una especialización en gestión pública de la UNAD. Cuenta con amplia experiencia en el sector público: ha sido ministra (e) de Trabajo, viceministra de Relaciones Laborales, alcaldesa (e) de Bogotá, directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil y secretaria de Desarrollo Económico y de Gobierno de Bogotá.
El Departamento Administrativo de la Función Pública emitió una resolución que reglamenta el trabajo en modalidad virtual para mujeres y personas menstruantes con ciertas condiciones, de manera que tengan acceso a la licencia menstrual.Esta iniciativa tiene un impacto directo en el 40 % de las mujeres que forman parte del servicio público en Colombia y que han reportado dificultades para cumplir sus labores debido a los dolores menstruales.Con esto se busca reconocer y atender las dificultades que algunas personas experimentan durante su ciclo menstrual, especialmente aquellos síntomas que pueden hacer que sea complicado realizar una jornada laboral completa en la oficina.El acceso a este beneficio estará condicionado a la presentación de los síntomas característicos del periodo menstrual, los cuales varían de una persona a otra y pueden incluir dolores abdominales, fatiga, náuseas, entre otros. En este contexto, la medida ofrece una opción para quienes necesiten descanso o un entorno más cómodo para continuar con sus tareas laborales sin la presión de la jornada presencial.Las trabajadoras deberán certificar que tienen condiciones médicas como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico o los miomas, con certificación actualizada cada 6 meses.El procedimiento para hacer uso de este beneficio será sencillo: las personas interesadas deberán informar a su jefe inmediato sobre los tres días de trabajo virtual que desean tomar, y estos días deben ser consecutivos.De acuerdo con la Encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre mayo de 2021 y mayo de 2023, aproximadamente el 9.2 % de las mujeres en Colombia tuvieron que interrumpir sus actividades diarias debido a los síntomas de su periodo menstrual. Este dato evidencia la magnitud del impacto que la menstruación puede tener en la vida laboral y cotidiana de muchas personas.
El director de Función Pública, César Manrique, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro argumentando motivos de salud. El mandatario ya aceptó la renuncia de Manrique.Durante la audiencia de imputación a los principales responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía vinculó a Manrique, a la “organización criminal” que, dicen las fiscales del caso, se quedó con dineros del erario.Específicamente, Manrique fue señalado de haber direccionado contratos con dinero de un convenio entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones de pesos.Esta decisión de hacerse a un lado se da en este contexto y es que el funcionario habría argumentado en su carta de renuncia amenazas que comprometen su salud.Tras ser revelado su nombre en medio de este escándalo que ya salpica a varios funcionarios del Gobierno, su equipo de abogados expresó que estarían atentos a acudir a la Fiscalía para que sea el director de la Función Pública quien entregue su versión sobre los hechos, pues sostiene que es inocente. Blu Radio conoció que el director de la Función Pública le ha expresado a su equipo jurídico que “no hay posibilidad” de que busque una negociación con la Fiscalía ni principio de oportunidad ni preacuerdo, diferente a la postura de Sneyder Pinilla y Olmedo López. Asimismo, dijo que estos exfuncionarios han “engañando” a la Fiscalía.
En medio de la imputación de cargos contra Pedro Rodríguez, y Luis Carlos Barreto Gantiva, exasesores de Olmedo López, por el escándalo de corrupción en la contratación de la UNGRD, la Fiscalía entregó nuevos detalles de la presunta participación de varios funcionarios del Gobierno nacional para direccionar contratos.Pedro Rodríguez fue subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la entidad y Luis Carlos Barreto, asesoraba la dirección. Según la fiscal delegada, Andrea Muñoz, los dos junto con López y Sneyder Pinilla, crearon una red criminal para aprovecharse de los contratos públicos que se creaban para la atención de emergencias.En esta intervención la Fiscalía salpicó una vez más a Cesar Manrique, director de la Función Pública y muy cercano al presidente Gustavo Petro. Además, aseguró que cada uno de ellos tenía roles definidos que fueron determinantes par cometer el delito.“En Bogotá, desde por lo menos mayo del 2023 a la fecha, (los mencionados) junto con funcionarios de otras entidades estatales, como César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la UNGRD, (…) se interesaron o acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la Administración Pública, interesándose indebidamente en diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, (…) logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”, detalló la fiscal Muñoz.Durante el espacio, la Fiscalía también señaló que Barreto Gantiva habría organizado una reunión entre Cesar Manrique y Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, con Olmedo López en la que disminuyeron los recursos de un convenio entre la UNGRD y la ANT, logrando destinar 100.000 millones de pesos para coimas.Tras la intervención del ente acusador, ni Barreto ni Rodríguez aceptaron los cargos imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad de documento privado.
La Fiscalía expuso en un organigrama que Cesar Manríque, director Función Pública, se habría beneficiado de dinero de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones. Según el ente acusador, la promesa de Olmedo López a Manríque es que este último podría direccionar los contratos sus personas más allegadas.En un comunido firmado por su abogado Alejando Trespalacios, Manrique sostiene que toda la información que han revelado López y Pinilla en el búnker es falsa y que está engañando al mismo ente acusador.“La Fiscalía General de la Nación está siendo engañada por los señores López y Pinilla, cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y, una vez verificado el engaño, se les debe negar cualquier beneficio por colaboración, debiendo ser investigados, además, por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo”, dice el comunicado.Asimismo, Manrique señaló que está dispuesto a acudir a la Fiscalía para rendir su testimonio y aclarar las revelaciones que han hechos las dos fiscales del caso en las últimas dos audiencias.“El doctor César Augusto Manrique Soacha no ha intervenido, directa ni indirectamente, en ningún proceso contractual dentro de la entidad a la que pertenecían los señores López y Pinilla, ni tenía ningún interés particular en ninguna de sus operaciones contractuales”, añadió su defensa.
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Función Pública, en colaboración con el programa “Servimos”, anunciaron una nueva edición del programa de becas que ofrece un descuento del 60% en el costo total de programas de especialización y maestría ofrecidos por UNIR.Esta iniciativa pone a disposición un total de 150 becas, dirigidas a servidores públicos y contratistas colombianos, con el objetivo de fomentar su desarrollo profesional.Objetivos de la IniciativaEl principal propósito de estas becas es reconocer y enaltecer la valiosa labor de los servidores públicos y contratistas, subrayando su importancia en el desarrollo y funcionamiento del Estado. Mediante estas oportunidades de formación, se busca promover el crecimiento profesional y personal de quienes trabajan en beneficio de la ciudadanía.Requisitos para aplicarPara ser beneficiario de una de estas becas, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:Ser servidor público o contratista del sector público colombiano.Haber sido admitido en un programa de especialización o maestría en UNIR.Realizar el pago de la reserva del cupo del estudio de interés.Las becas se otorgarán en base a criterios académicos y socioeconómicos. Los resultados serán notificados a los beneficiarios a través de correo electrónico y vía telefónica.Cómo AplicarLos interesados en aplicar a estas becas deben seguir los siguientes pasos:Admisión: Ser admitido en el programa de especialización o maestría de su elección en UNIR.Inscripción: Realizar la inscripción y el pago de la reserva del cupo.Solicitud de Beca: Completar el formulario de solicitud de beca disponible en el sitio web de UNIR.Compromiso con el desarrollo profesionalCon este programa de becas, UNIR y Función Pública reafirman su compromiso con la formación y el desarrollo de los colombianos, contribuyendo al fortalecimiento del capital humano en el sector público y al progreso del país. Esta iniciativa no solo mejora las competencias profesionales de los servidores públicos, sino que también impulsa el desarrollo sostenible y eficiente del Estado.Para más información y detalles sobre cómo aplicar a las becas, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de UNIR y consultar las bases del programa.Para resolver cualquier duda o recibir asistencia en el proceso de aplicación, los aspirantes pueden ponerse en contacto con el equipo de admisiones de UNIR a través de sus canales oficiales.Estas becas representan una oportunidad valiosa para los servidores públicos y contratistas colombianos, permitiéndoles acceder a una formación de alta calidad y avanzar en su carrera profesional, mientras continúan contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad.Categorías disponibles:1. Becas Función Pública Generales:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 50 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Derecho, Empresa y FSCH (Educación no incluida)- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.2. Becas Función Pública Salud:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 40 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Salud- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.3. Becas Función Pública Ingeniería:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Ingeniería- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.4. Becas Función Pública Talento Humano:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Empresa y Jurídico- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia y trabajen en tareas relacionadas con el Talento Humano y RRHH.5. Becas Función Pública Secretarios Generales:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Empresa y Jurídico- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia y tengan responsabilidad de Secretario General.
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
Las autoridades de Bucaramanga investigan una balacera registrada entre los barrios Villas de Girardot y La Feria, que dejó a una persona herida que posteriormente murió. Según el reporte, un ciudadano venezolano murió en el Hospital Universitario de Bucaramanga luego de resultar herido, al parecer, por una bala perdida durante una balacera registrada en el sector de la calle 27 con carrera 2, en inmediaciones de los barrios La Feria y Villas de Girardot. La víctima fue identificada como Andri Jhoan Márquez Castillo, de 28 años, natural del estado de Maracay, Venezuela.De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el auxiliar de información del CAI Villas de Girardot recibió información de la comunidad sobre una persona lesionada. Al llegar al lugar, los uniformados establecieron que, minutos antes, se habían escuchado varias detonaciones que, al parecer, correspondían a disparos de arma de fuego.Posteriormente, encontraron al hombre lesionado mientras se encontraba sentado sobre una motocicleta en un taller del sector. La víctima fue trasladada en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Bucaramanga para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció.La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Márquez Castillo habría sido alcanzado por una bala perdida durante el intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.Tras conocerse el caso, la Policía inició la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector y entrevistó a habitantes y testigos con el propósito de establecer cómo ocurrió la balacera y obtener información que permita identificar a los responsables.Además, se activó un plan candado en diferentes sectores de Bucaramanga para tratar de ubicar a los posibles agresores.Las autoridades adelantan las labores de investigación y recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el homicidio y determinar quiénes participaron en la balacera.En las últimas horas en Bucaramanga, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sobre una cañada en la calle 45. "Al parecer murió por temas de salud. Era un habitante en condición de calle", señalaron.También, se presentó un accidente de tránsito donde falleció una mujer de 27 años. El choque entre una motocicleta y un camión se registró en la vía que comunica al barrio Porvenir con Girón.
La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves que los compromisos expresados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el de la celebración de elecciones, se traduzcan "de inmediato en hechos concretos y verificables"."Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable", dijo la PUD en un mensaje en X.La coalición señaló que también debe garantizarse el regreso de los venezolanos en el exterior "sin persecución ni obstáculos y el pleno ejercicio de sus derechos"."Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política", aseveró la coalición.Por tanto, prosiguió, sus compromisos "deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela"."La Plataforma Unitaria Democrática seguirá articulando a las fuerzas democráticas. Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas", agregó.Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que "habrá elecciones" en su país, sin anticipar una fecha, con garantías para "todas las fuerzas políticas".En ese sentido, explicó que se inició "un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos".Además, expresó que las instituciones venezolanas "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".Este jueves, cientos de opositores salieron a las calles en Caracas para exigir unas elecciones presidenciales en 2027 y que se permita el regreso a Venezuela de su líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien ha intentado viajar desde Panamá tres veces esta semana y se lo han impedido, según su equipo.
