La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), Julio César González García, y la secretaria general de la entidad, Chabely Paola Flórez Cepeda, por su presunta responsabilidad en hechos de acoso laboral bajo la modalidad de entorpecimiento laboral.De acuerdo con la decisión adoptada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el proceso disciplinario busca establecer si los dos funcionarios omitieron garantizar las condiciones administrativas mínimas y necesarias para que una trabajadora pudiera desempeñar plenamente las funciones propias de su cargo.Según el ente de control, la presunta irregularidad se habría presentado luego de que la servidora pública concluyera su proceso de reubicación en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), donde cumplía de manera provisional algunas labores. Tras su regreso al Banco Inmobiliario de Floridablanca, presuntamente no habría contado con las condiciones requeridas para ejercer sus funciones.Para la Procuraduría, estos hechos podrían constituir una conducta de acoso laboral en la modalidad de entorpecimiento laboral, razón por la cual profirió pliego de cargos contra los dos servidores públicos.En esta etapa del proceso disciplinario, el organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta como gravísima, cometida a título de dolo.La formulación del pliego de cargos no constituye una sanción ni un fallo definitivo, sino el inicio de la etapa de juzgamiento disciplinario, durante la cual los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.
La corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) tiene varias líneas de investigación y una de esas tiene que ver con César Manrique, el exdirector de la Función Pública y quien hoy está prófugo de la justicia con una circular roja vigente en su contra.Y es que, de acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, Manrique junto a otras 7 personas direccionaron presuntamente contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques, el suministro de plantas desalinizadoras y la adecuación de pozos de agua potable en La Guajira.Uno de los contratos, suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú por 29.000 millones de pesos, presentó sobrecostos superiores a 11.000 millones.La lista en esta línea de la investigación es larga, están: Édgar Eduardo Riveros, su hija Ana María Riveros y su cuñada Sonia Rocío Romero, quienes eran contratistas de la UNGRD. Además, el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri y Francisco Estupiñán quien fungió como asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista de la UNGRD Óscar Cárdenas.Todo apunta a que César Manrique habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, a cambio de que los contratos derivados fueran adjudicados a oferentes específicos.Según ha informado la propia Fiscalía, Manrique junto a los 7 presuntos implicados, serán acusados por su presunta responsabilidad en la corrupción al interior de la UNGRD, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Una juez de Bogotá ordenó la captura de César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de otras seis personas por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión judicial no solo cobija a Manrique, sino también a otros exfuncionarios y contratistas que habrían hecho parte del entramado de corrupción. Todos enfrentarán medida de aseguramiento intramural mientras avanza la investigación de la Fiscalía, que los señala de posibles actos irregulares con dineros de un convenio suscrito entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con el ente acusador, los contratos habrían sido direccionados para beneficiar a terceros de forma indebida.El momento en que la juez dictó la orden de captura quedó registrado durante una audiencia pública, en la que se advirtió que existen elementos suficientes para considerar que los procesados podrían obstruir la justicia o reincidir, lo que motivó la medida privativa de la libertad.No enviarán a la cárcel a 6 congresistas salpicados por escándaloLa Corte Suprema de Justicia continúa con las investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). En este proceso, cinco congresistas en ejercicio y un excongresista están siendo investigados por su presunta participación en hechos irregulares. La Sala de Instrucción del alto tribunal tiene en la mira a estos parlamentarios, quienes habrían intervenido en operaciones de crédito público que podrían haber favorecido intereses particulares.Blu Radio reveló que la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que proponía imponer medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, fue rechazada por decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción. Esto significa que, por ahora, los congresistas no serán enviados a prisión, aunque la investigación sigue su curso. Todos ellos hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), entidad clave en la aprobación de los créditos públicos en cuestión.Las investigaciones, que se iniciaron en noviembre del año pasado, buscan esclarecer si estos congresistas emitieron conceptos favorables a las operaciones del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios personales, como contratos gestionados a través de la UNGRD. Las zonas donde se habrían manifestado las irregularidades incluyen municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), donde se habrían ejecutado los proyectos cuestionados.La decisión de investigar a estos parlamentarios se fundamentó en más de 50 documentos y más de 10 testimonios obtenidos por la Corte mediante órdenes de policía judicial. Uno de los hallazgos clave señala que en los últimos 18 días del período legislativo de 2023, la CICP emitió 13 de los 18 conceptos solicitados por el Ministerio de Hacienda, lo que ha levantado sospechas sobre una posible coordinación irregular. Aunque no se dictaron medidas de detención, el proceso judicial continúa.
El Gobierno Nacional ha emitido los decretos que oficializan el aumento salarial para el año 2025 para los servidores públicos del país. Esta medida beneficia a quienes laboran en entidades nacionales y territoriales, así como en las ramas Judicial y Legislativa. El incremento salarial también cubre a los uniformados y empleados oficiales.El ajuste salarial para 2025 se fijó en un 7%. Este porcentaje surge de un acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación del Sector Público. La base para este ajuste fue la inflación anual del país, que se registró en un 5,2%. A este porcentaje se le sumó un 1,8% adicional, resultado del acuerdo entre el Gobierno, las centrales y las federaciones sindicales.Con la expedición de estos decretos, el incremento salarial queda formalmente oficializado. Una de las disposiciones clave es que el pago del aumento deberá incluir el retroactivo correspondiente desde enero de este año.Los decretos llevan las firmas de altas personalidades del Gobierno. Entre ellos se encuentran el presidente Gustavo Petro; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y el director (E) de Función Pública y ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.Estos decretos cubren una amplia gama de sectores y empleos públicos. Por ejemplo, el DECRETO 0620 fija los límites máximos salariales para gobernadores, alcaldes y empleados de entidades territoriales. Otros decretos regulan la remuneración de educadores indígenas, empleados de universidades estatales, docentes y directivos docentes en niveles de preescolar, básica y media, personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, empleados de la Aeronáutica Civil, y viáticos. También se incluyen disposiciones para la Rama Ejecutiva, Presidencia de la República, Contraloría General, DIAN, Auditoría General, Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD), Registraduría Nacional, Medicina Legal, Rama Judicial, Fiscalía General, Congreso de la República, bonificaciones judiciales, y empleados del SENA.Mirando hacia el futuro, los fuentes indican que para el año 2026, el cálculo del aumento salarial para los servidores públicos se basará en la inflación anual más un 1,9%.La expedición de estos decretos están fechados del 3 de junio de 2025. Puede revisar todos los decretos aquí.
Un mes después de que su hoja de vida fuera publicada en la página de aspirantes a la Presidencia, el Gobierno Nacional expidió el decreto que oficializa el nombramiento de Diana Morales como nueva ministra de Comercio, una designación que se considera como una posible cuota del Partido Liberal y que llega en un momento crucial para el Gobierno: la inminente firma del decreto que convoca la consulta popular. De hecho, la ministra estuvo este martes, 3 de junio, en la Casa de Nariño en una reunión con el presidente Gustavo Petro.Morales fue secretaria general del Partido Liberal y, posteriormente, secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, una de las comisiones económicas del Congreso. Egresada como politóloga de la Universidad del Rosario con especialización en Economía de la Universidad Javeriana. También cuenta con estudios en políticas públicas y derecho constitucional. En el sector público, ha sido asesora del DANE y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Por otra parte, el Gobierno nacional también nombró a Mariela Barragán como nueva directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, en reemplazo de César Manrique, quien salió del cargo en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Su hoja de vida ya fue publicada.Barragán es abogada de la Universidad Libre, con estudios en asesoría jurídica en la Universidad de los Andes y una especialización en gestión pública de la UNAD. Cuenta con amplia experiencia en el sector público: ha sido ministra (e) de Trabajo, viceministra de Relaciones Laborales, alcaldesa (e) de Bogotá, directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil y secretaria de Desarrollo Económico y de Gobierno de Bogotá.
El Departamento Administrativo de la Función Pública emitió una resolución que reglamenta el trabajo en modalidad virtual para mujeres y personas menstruantes con ciertas condiciones, de manera que tengan acceso a la licencia menstrual.Esta iniciativa tiene un impacto directo en el 40 % de las mujeres que forman parte del servicio público en Colombia y que han reportado dificultades para cumplir sus labores debido a los dolores menstruales.Con esto se busca reconocer y atender las dificultades que algunas personas experimentan durante su ciclo menstrual, especialmente aquellos síntomas que pueden hacer que sea complicado realizar una jornada laboral completa en la oficina.El acceso a este beneficio estará condicionado a la presentación de los síntomas característicos del periodo menstrual, los cuales varían de una persona a otra y pueden incluir dolores abdominales, fatiga, náuseas, entre otros. En este contexto, la medida ofrece una opción para quienes necesiten descanso o un entorno más cómodo para continuar con sus tareas laborales sin la presión de la jornada presencial.Las trabajadoras deberán certificar que tienen condiciones médicas como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico o los miomas, con certificación actualizada cada 6 meses.El procedimiento para hacer uso de este beneficio será sencillo: las personas interesadas deberán informar a su jefe inmediato sobre los tres días de trabajo virtual que desean tomar, y estos días deben ser consecutivos.De acuerdo con la Encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre mayo de 2021 y mayo de 2023, aproximadamente el 9.2 % de las mujeres en Colombia tuvieron que interrumpir sus actividades diarias debido a los síntomas de su periodo menstrual. Este dato evidencia la magnitud del impacto que la menstruación puede tener en la vida laboral y cotidiana de muchas personas.
El director de Función Pública, César Manrique, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro argumentando motivos de salud. El mandatario ya aceptó la renuncia de Manrique.Durante la audiencia de imputación a los principales responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía vinculó a Manrique, a la “organización criminal” que, dicen las fiscales del caso, se quedó con dineros del erario.Específicamente, Manrique fue señalado de haber direccionado contratos con dinero de un convenio entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones de pesos.Esta decisión de hacerse a un lado se da en este contexto y es que el funcionario habría argumentado en su carta de renuncia amenazas que comprometen su salud.Tras ser revelado su nombre en medio de este escándalo que ya salpica a varios funcionarios del Gobierno, su equipo de abogados expresó que estarían atentos a acudir a la Fiscalía para que sea el director de la Función Pública quien entregue su versión sobre los hechos, pues sostiene que es inocente. Blu Radio conoció que el director de la Función Pública le ha expresado a su equipo jurídico que “no hay posibilidad” de que busque una negociación con la Fiscalía ni principio de oportunidad ni preacuerdo, diferente a la postura de Sneyder Pinilla y Olmedo López. Asimismo, dijo que estos exfuncionarios han “engañando” a la Fiscalía.
En medio de la imputación de cargos contra Pedro Rodríguez, y Luis Carlos Barreto Gantiva, exasesores de Olmedo López, por el escándalo de corrupción en la contratación de la UNGRD, la Fiscalía entregó nuevos detalles de la presunta participación de varios funcionarios del Gobierno nacional para direccionar contratos.Pedro Rodríguez fue subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la entidad y Luis Carlos Barreto, asesoraba la dirección. Según la fiscal delegada, Andrea Muñoz, los dos junto con López y Sneyder Pinilla, crearon una red criminal para aprovecharse de los contratos públicos que se creaban para la atención de emergencias.En esta intervención la Fiscalía salpicó una vez más a Cesar Manrique, director de la Función Pública y muy cercano al presidente Gustavo Petro. Además, aseguró que cada uno de ellos tenía roles definidos que fueron determinantes par cometer el delito.“En Bogotá, desde por lo menos mayo del 2023 a la fecha, (los mencionados) junto con funcionarios de otras entidades estatales, como César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la UNGRD, (…) se interesaron o acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la Administración Pública, interesándose indebidamente en diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, (…) logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”, detalló la fiscal Muñoz.Durante el espacio, la Fiscalía también señaló que Barreto Gantiva habría organizado una reunión entre Cesar Manrique y Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, con Olmedo López en la que disminuyeron los recursos de un convenio entre la UNGRD y la ANT, logrando destinar 100.000 millones de pesos para coimas.Tras la intervención del ente acusador, ni Barreto ni Rodríguez aceptaron los cargos imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad de documento privado.
La Fiscalía expuso en un organigrama que Cesar Manríque, director Función Pública, se habría beneficiado de dinero de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones. Según el ente acusador, la promesa de Olmedo López a Manríque es que este último podría direccionar los contratos sus personas más allegadas.En un comunido firmado por su abogado Alejando Trespalacios, Manrique sostiene que toda la información que han revelado López y Pinilla en el búnker es falsa y que está engañando al mismo ente acusador.“La Fiscalía General de la Nación está siendo engañada por los señores López y Pinilla, cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y, una vez verificado el engaño, se les debe negar cualquier beneficio por colaboración, debiendo ser investigados, además, por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo”, dice el comunicado.Asimismo, Manrique señaló que está dispuesto a acudir a la Fiscalía para rendir su testimonio y aclarar las revelaciones que han hechos las dos fiscales del caso en las últimas dos audiencias.“El doctor César Augusto Manrique Soacha no ha intervenido, directa ni indirectamente, en ningún proceso contractual dentro de la entidad a la que pertenecían los señores López y Pinilla, ni tenía ningún interés particular en ninguna de sus operaciones contractuales”, añadió su defensa.
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Función Pública, en colaboración con el programa “Servimos”, anunciaron una nueva edición del programa de becas que ofrece un descuento del 60% en el costo total de programas de especialización y maestría ofrecidos por UNIR.Esta iniciativa pone a disposición un total de 150 becas, dirigidas a servidores públicos y contratistas colombianos, con el objetivo de fomentar su desarrollo profesional.Objetivos de la IniciativaEl principal propósito de estas becas es reconocer y enaltecer la valiosa labor de los servidores públicos y contratistas, subrayando su importancia en el desarrollo y funcionamiento del Estado. Mediante estas oportunidades de formación, se busca promover el crecimiento profesional y personal de quienes trabajan en beneficio de la ciudadanía.Requisitos para aplicarPara ser beneficiario de una de estas becas, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:Ser servidor público o contratista del sector público colombiano.Haber sido admitido en un programa de especialización o maestría en UNIR.Realizar el pago de la reserva del cupo del estudio de interés.Las becas se otorgarán en base a criterios académicos y socioeconómicos. Los resultados serán notificados a los beneficiarios a través de correo electrónico y vía telefónica.Cómo AplicarLos interesados en aplicar a estas becas deben seguir los siguientes pasos:Admisión: Ser admitido en el programa de especialización o maestría de su elección en UNIR.Inscripción: Realizar la inscripción y el pago de la reserva del cupo.Solicitud de Beca: Completar el formulario de solicitud de beca disponible en el sitio web de UNIR.Compromiso con el desarrollo profesionalCon este programa de becas, UNIR y Función Pública reafirman su compromiso con la formación y el desarrollo de los colombianos, contribuyendo al fortalecimiento del capital humano en el sector público y al progreso del país. Esta iniciativa no solo mejora las competencias profesionales de los servidores públicos, sino que también impulsa el desarrollo sostenible y eficiente del Estado.Para más información y detalles sobre cómo aplicar a las becas, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de UNIR y consultar las bases del programa.Para resolver cualquier duda o recibir asistencia en el proceso de aplicación, los aspirantes pueden ponerse en contacto con el equipo de admisiones de UNIR a través de sus canales oficiales.Estas becas representan una oportunidad valiosa para los servidores públicos y contratistas colombianos, permitiéndoles acceder a una formación de alta calidad y avanzar en su carrera profesional, mientras continúan contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad.Categorías disponibles:1. Becas Función Pública Generales:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 50 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Derecho, Empresa y FSCH (Educación no incluida)- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.2. Becas Función Pública Salud:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 40 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Salud- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.3. Becas Función Pública Ingeniería:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Ingeniería- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.4. Becas Función Pública Talento Humano:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Empresa y Jurídico- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia y trabajen en tareas relacionadas con el Talento Humano y RRHH.5. Becas Función Pública Secretarios Generales:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Empresa y Jurídico- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia y tengan responsabilidad de Secretario General.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
El Ministerio de Salud anunció cambios en el acceso a uno de los medicamentos utilizados para tratar el VIH en Colombia. Se trata del DLT, una tableta que combina tres medicamentos: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato, utilizados para controlar el virus en las personas que viven con esta condición.La principal novedad es que, a partir de la Circular Externa 033 de 2026, el medicamento podrá ser entregado a todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al sistema de salud, siempre que el médico tratante determine que es la opción adecuada para su condición. Anteriormente, el acceso estaba limitado a cuatro grupos específicos de población.Esto significa que ya no será necesario pertenecer a uno de esos cuatro grupos para acceder al DLT. Sin embargo, su entrega no será automática para todos los pacientes, pues será el médico quien evalúe cada caso y defina si este tratamiento es el más conveniente.Otro de los puntos establecidos por el Ministerio es que las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos deberán garantizar que el medicamento llegue completo y a tiempo a quienes lo necesiten. Además, no podrán exigir trámites adicionales a los establecidos en la plataforma MIPRES que terminen retrasando el inicio del tratamiento o provocando interrupciones.El DLT fue adquirido por el Ministerio de Salud mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud. Esta estrategia busca facilitar la disponibilidad del medicamento y optimizar los recursos destinados a su adquisición.Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de vigilar que las entidades responsables cumplan con estas instrucciones. También se establecieron mecanismos para hacer seguimiento a la distribución, revisar los inventarios y garantizar la reposición del medicamento cuando sea necesario.
Lo que al principio era una noche de celebración para el Club Atléico Rosario Central terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos del fútbol argentino. Los jugadores y aficionados del equipo rosarino festejaron el título de la tabla anual, invadieron la cancha y se abrazaron como campeones, sin saber que Boca Juniors estaba ganando su partido y se coronaba campeón.Todo ocurrió el sábado 7 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. El equipo dirigido por Jorge Almirón había cumplido con su parte y ahora dependía de que Boca no ganara su compromiso contra Defensa y Justicia.Mientras en Rosario aguardaban el resultado, el partido en La Bombonera estaba empatado sin goles. Ese marcador le daba al canalla el primer puesto de la clasificación anual y la posibilidad de celebrar su segundo título consecutivo.El gol de Boca Juniors que desató la confusión en Rosario CentralLa definición cambió por completo en el minuto 90+6, cuando Enner Valencia apareció dentro del área y marcó el 1-0 para Boca, desatando la celebración de los aficionados del conjunto xeneize.Sin embargo, mientras se revisaba la jugada, en las tribunas de Rosario Central comenzó a circular la información de que el gol había sido anulado por el VAR.Según medios argentinos, desde una de las tribunas alguien comenzó a gritar que la anotación del ecuatoriano no había sido válida. La versión se extendió rápidamente entre los aficionados del estadio y llegó hasta los propios futbolistas, quienes creyeron que Boca seguía empatando.En cuestión de segundos, el Gigante de Arroyito se convirtió en una fiesta. Varios jugadores corrieron hacia los alambrados para cantar con sus hinchas, mientras algunos aficionados ingresaron al terreno de juego para celebrar el supuesto campeonato.Entre los futbolistas que participaron en los festejos estuvo el colombiano Jáminton Campaz, quien había sido titular y reemplazado al minuto 90+2.Pero la alegría duró poco, pues el gol de Enner Valencia fue validado y el xeneize terminó ganando 1-0, resultado que le permitió superar a Rosario Central en la clasificación.¿Qué dijo el DT de Rosario Central tras el festejo equivocado de Rosario Central?Las imágenes de los jugadores celebrando un título que finalmente no consiguieron se difundieron rápidamente por las redes sociales. Después del encuentro, Jorge Almirón, entrenador de Rosario Central, reconoció que el equipo se dejó llevar por la emoción de los aficionados y que la confusión provocó una celebración anticipada."Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente", explicó el técnico durante la conferencia de prensa posterior al partido.El delantero Marco Ruben también se refirió a lo sucedido y aseguró que la confusión se extendió en cuestión de segundos entre quienes estaban pendientes de la definición.Ángel Di María, quien siguió el encuentro desde un palco debido a una molestia física, también vivió la frustración de una jornada en la que Rosario Central estuvo muy cerca de conseguir el campeonato.¿Cómo quedó la tabla anual de Argentina tras el triunfo de Boca Juniors?Con su victoria frente a Defensa y Justicia, Boca Juniors terminó primero en la tabla anual de Argentina con 63 puntos, mientras que Rosario Central ocupó el segundo lugar con 62 unidades.La diferencia de apenas un punto terminó siendo decisiva para definir al campeón de la Liga 2026, distinción que se entrega al equipo que encabeza la clasificación acumulada de los torneos Apertura y Clausura.De esta manera, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena celebró el título en La Bombonera, mientras que Rosario Central se quedó a las puertas de repetir la conquista de 2025.Pese al amargo desenlace, el equipo rosarino aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Los trabajadores colombianos vinculados mediante un contrato laboral tienen derecho a recibir la prima de servicios del mes de diciembre, una prestación social que corresponde a 15 días de salario por semestre laborado. Para 2026, las empresas tienen una fecha límite establecida para realizar el pago de este derecho.Los empleados deberán recibir este dinero a más tardar el 20 de diciembre. Este ingreso representa uno de los pagos adicionales que reciben durante el año y suele destinarse a cubrir gastos personales, obligaciones financieras y compras de fin de año.La prima se paga en dos desembolsos: el primero se realiza a mitad de año, con plazo máximo hasta el 30 de junio, y el segundo durante los primeros 20 días de diciembre. Cuando una persona no ha trabajado durante todo el semestre, el valor se calcula de acuerdo con el tiempo laborado.¿Cómo calcular la prima de diciembre de 2026?La liquidación corresponde normalmente al 50 % de un salario mensual cuando el trabajador completa los seis meses del periodo laborado. Para saber cuánto recibirá, debe aplicar la siguiente fórmula:Prima de servicios = (salario mensual × días trabajados) / 360.En esta operación también se debe incluir el auxilio de transporte, cuando el empleado tiene derecho a recibirlo. Para 2026, este beneficio es de $249.095 y aplica principalmente para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, equivalentes a $3.501.810.econoPor ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de $1.750.905 más el auxilio de transporte, para un ingreso mensual de $2.000.000, y trabajó los 180 días del semestre, recibirá $1.000.000 de prima.Si el empleado laboró menos de seis meses, el resultado será proporcional al número de días que estuvo vinculado durante el periodo correspondiente.¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios?Esta prestación corresponde a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, siempre que cumplan las condiciones establecidas para su reconocimiento.Por el contrario, de acuerdo con la información suministrada, no reciben prima quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, los trabajadores independientes ni quienes tienen salario integral.El pago es una obligación del empleador y está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso, los trabajadores que tienen derecho a esta prestación pueden revisar su liquidación y verificar que el valor corresponda al salario, al tiempo laborado y al auxilio de transporte, si aplica.
