En medio de la imputación de cargos contra Pedro Rodríguez, y Luis Carlos Barreto Gantiva, exasesores de Olmedo López, por el escándalo de corrupción en la contratación de la UNGRD, la Fiscalía entregó nuevos detalles de la presunta participación de varios funcionarios del Gobierno nacional para direccionar contratos.Pedro Rodríguez fue subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la entidad y Luis Carlos Barreto, asesoraba la dirección. Según la fiscal delegada, Andrea Muñoz, los dos junto con López y Sneyder Pinilla, crearon una red criminal para aprovecharse de los contratos públicos que se creaban para la atención de emergencias.En esta intervención la Fiscalía salpicó una vez más a Cesar Manrique, director de la Función Pública y muy cercano al presidente Gustavo Petro. Además, aseguró que cada uno de ellos tenía roles definidos que fueron determinantes par cometer el delito.“En Bogotá, desde por lo menos mayo del 2023 a la fecha, (los mencionados) junto con funcionarios de otras entidades estatales, como César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la UNGRD, (…) se interesaron o acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la Administración Pública, interesándose indebidamente en diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, (…) logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”, detalló la fiscal Muñoz.Durante el espacio, la Fiscalía también señaló que Barreto Gantiva habría organizado una reunión entre Cesar Manrique y Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, con Olmedo López en la que disminuyeron los recursos de un convenio entre la UNGRD y la ANT, logrando destinar 100.000 millones de pesos para coimas.Tras la intervención del ente acusador, ni Barreto ni Rodríguez aceptaron los cargos imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad de documento privado.
La Fiscalía expuso en un organigrama que Cesar Manríque, director Función Pública, se habría beneficiado de dinero de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones. Según el ente acusador, la promesa de Olmedo López a Manríque es que este último podría direccionar los contratos sus personas más allegadas.En un comunido firmado por su abogado Alejando Trespalacios, Manrique sostiene que toda la información que han revelado López y Pinilla en el búnker es falsa y que está engañando al mismo ente acusador.“La Fiscalía General de la Nación está siendo engañada por los señores López y Pinilla, cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y, una vez verificado el engaño, se les debe negar cualquier beneficio por colaboración, debiendo ser investigados, además, por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo”, dice el comunicado.Asimismo, Manrique señaló que está dispuesto a acudir a la Fiscalía para rendir su testimonio y aclarar las revelaciones que han hechos las dos fiscales del caso en las últimas dos audiencias.“El doctor César Augusto Manrique Soacha no ha intervenido, directa ni indirectamente, en ningún proceso contractual dentro de la entidad a la que pertenecían los señores López y Pinilla, ni tenía ningún interés particular en ninguna de sus operaciones contractuales”, añadió su defensa.
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Función Pública, en colaboración con el programa “Servimos”, anunciaron una nueva edición del programa de becas que ofrece un descuento del 60% en el costo total de programas de especialización y maestría ofrecidos por UNIR.Esta iniciativa pone a disposición un total de 150 becas, dirigidas a servidores públicos y contratistas colombianos, con el objetivo de fomentar su desarrollo profesional.Objetivos de la IniciativaEl principal propósito de estas becas es reconocer y enaltecer la valiosa labor de los servidores públicos y contratistas, subrayando su importancia en el desarrollo y funcionamiento del Estado. Mediante estas oportunidades de formación, se busca promover el crecimiento profesional y personal de quienes trabajan en beneficio de la ciudadanía.Requisitos para aplicarPara ser beneficiario de una de estas becas, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:Ser servidor público o contratista del sector público colombiano.Haber sido admitido en un programa de especialización o maestría en UNIR.Realizar el pago de la reserva del cupo del estudio de interés.Las becas se otorgarán en base a criterios académicos y socioeconómicos. Los resultados serán notificados a los beneficiarios a través de correo electrónico y vía telefónica.Cómo AplicarLos interesados en aplicar a estas becas deben seguir los siguientes pasos:Admisión: Ser admitido en el programa de especialización o maestría de su elección en UNIR.Inscripción: Realizar la inscripción y el pago de la reserva del cupo.Solicitud de Beca: Completar el formulario de solicitud de beca disponible en el sitio web de UNIR.Compromiso con el desarrollo profesionalCon este programa de becas, UNIR y Función Pública reafirman su compromiso con la formación y el desarrollo de los colombianos, contribuyendo al fortalecimiento del capital humano en el sector público y al progreso del país. Esta iniciativa no solo mejora las competencias profesionales de los servidores públicos, sino que también impulsa el desarrollo sostenible y eficiente del Estado.Para más información y detalles sobre cómo aplicar a las becas, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de UNIR y consultar las bases del programa.Para resolver cualquier duda o recibir asistencia en el proceso de aplicación, los aspirantes pueden ponerse en contacto con el equipo de admisiones de UNIR a través de sus canales oficiales.Estas becas representan una oportunidad valiosa para los servidores públicos y contratistas colombianos, permitiéndoles acceder a una formación de alta calidad y avanzar en su carrera profesional, mientras continúan contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad.Categorías disponibles:1. Becas Función Pública Generales:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 50 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Derecho, Empresa y FSCH (Educación no incluida)- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.2. Becas Función Pública Salud:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 40 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Salud- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.3. Becas Función Pública Ingeniería:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Ingeniería- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.4. Becas Función Pública Talento Humano:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Empresa y Jurídico- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia y trabajen en tareas relacionadas con el Talento Humano y RRHH.5. Becas Función Pública Secretarios Generales:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Empresa y Jurídico- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia y tengan responsabilidad de Secretario General.
La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra altos funcionarios del Ministerio del Interior y un exgerente de Telecafé, debido a presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2023.Según las investigaciones, el contrato, que superó los $61.900 millones, habría sido otorgado a Telecafé sin que esta tuviera la idoneidad técnica y física requerida para prestar los servicios contratados.El convenio interadministrativo, firmado el 24 de marzo de 2023, estipulaba que Telecafé proporcionaría servicios de operación logística para eventos y actividades del Ministerio del Interior. Sin embargo, se ha encontrado evidencia de que Telecafé subcontrató la totalidad de estas operaciones a seis empresas diferentes, por un total de $57.000 millones, sin asumir ninguna responsabilidad directa en la ejecución del contrato.Este hallazgo llevó a la Procuraduría a calificar las acciones como "gravísimas a título de culpa gravísima", implicando al entonces secretario general del Ministerio del Interior, Juan Manuel Reyes Álvarez; al director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, Álvaro Echeverry Londoño; y al exgerente encargado de Telecafé, Martín Fernando Montoya García.Los cargos formulados por la Procuraduría incluyen la suscripción del contrato sin la debida verificación de la capacidad de Telecafé para cumplir con sus obligaciones, así como la subcontratación de todas las actividades sin realizar un proceso de selección adecuado.Estos hechos refuerzan la importancia de una gestión transparente y responsable en los contratos públicos, y la necesidad de que los entes de control continúen vigilando el cumplimiento de las normativas en las contrataciones estatales.
El Departamento Administrativo de la Función Pública anunció hoy que los servidores y servidoras públicos recibirán un aumento salarial del 10,88 % en 2024. Este incremento fue acordado durante la Mesa de Negociación del Sector Público llevada a cabo en 2023, donde se estableció un aumento del 9,28 % correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de 2023, sumado al 1,6 % pactado.La Mesa de Negociación del Sector Público, integrada por Función Pública, los ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en representación del Gobierno nacional, junto a las organizaciones sindicales del sector público, fue la instancia clave para llegar a este acuerdo. ¿A quiénes les aumentará el sueldo?El aumento salarial abarcará a servidoras y servidores públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, la Rama Judicial y maestros.Cabe destacar que la Rama Legislativa, los uniformados, empleados oficiales y servidores territoriales acordarán autónomamente el ajuste, considerando como referencia los incrementos pactados en la Mesa de Negociación.Tabla de escala de asignación salarial para funcionarios públicos¿Será retroactivo?Este incremento salarial se verá reflejado en la nómina de marzo y será retroactivo al primero de enero de 2024, por lo que los servidores recibirán el ajuste correspondiente a enero y febrero.En la Mesa de Negociación del Sector Público también se acordó el incremento para ese año, que correspondió al IPC de 2022 (13,12 %) más 1,5 %, totalizando un consolidado del 14,62 %.César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, destacó: "En el Gobierno Nacional, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, honramos los compromisos que asumimos con las servidoras y servidores públicos el año pasado en las diferentes mesas de trabajo en las que participamos. El incremento salarial es solo uno de los acuerdos a los que llegamos, y que, al igual que este, seguiremos cumpliendo a cabalidad para dignificar la labor de los hombres y mujeres que trabajan en el Estado".El aumento salarial se concretó con la expedición de los decretos que rigen a cada régimen salarial vigente, trabajo en el que Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) colaboraron para que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmara e hiciera oficial el incremento.Aquí puede ver el Decreto:
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) recordó a los funcionarios públicos de toda Colombia la implementación de políticas que faciliten la realización de trámites que requiera la ciudadanía. Entre algunas de las recomendaciones, se encuentran la eliminación de cobros no autorizados por la ley, la inclusión de tecnologías y la reducción de documentos que no sean estrictamente necesarios.Además, el ente puntualizó en que se deben garantizar la disminución de tiempos, pasos y procesos que actualmente realizan los ciudadanos a la hora de gestionar algún trámite con organizaciones públicas. Asimismo, buscar la gratuidad de los documentos que se requieran.Como llamado adicional, el departamento informó que es necesario implementar el uso de tecnologías para mejorar las diligencias inscritas en el Sistema único de Información de Trámites (SUIT). Este permite la consulta de los ciudadanos respecto al estado del proceso que se encuentren realizando.De acuerdo con el comunicado, para el 30 de noviembre de 2023, la simplificación de trámites le significó a los colombianos un ahorro de cerca de $15.000.000.000 millones de pesos al año. Esto se presentó, según el DAFP, por la reducción en los procesos en cuanto a costos y requisitos innecesarios en las diligencias de la ciudadanía.
En enero de este año, el Gobierno Petro emitió los lineamientos para que las entidades no suscribieran contratos con personas naturales por un periodo mayor a cuatro meses. Dicha directriz fue demandada por un ciudadano identificado como Joel David Gaona, argumentando que infringió varias normas.Después de meses de análisis el Consejo de Estado decidió en las últimas horas suspender provisionalmente los efectos jurídicos de la circular emitida por el Departamento Administrativo de Función Pública y la Escuela de Administración Pública, asegurando que “pudieron obrar con desconocimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 150 de la Constitución”.En el fallo de 12 páginas, el alto tribunal explicó que en el inciso final de ese artículo de la carta política de Colombia, se señala que el Congreso es el que debe expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.Para el Consejo de Estado la circular del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública tiene un “contenido que impone deber de aplicar esos lineamientos y produce efectos jurídicos que llevan a modificar la Ley 80 de 1993”.Las entidades autoras de esta circular habían manifestado que la directriz “no puede ser objeto de control judicial ante esta jurisdicción (Consejo de Estado), porque su contenido no es de disposición de un derecho ni mucho menos establece o imparte órdenes”.Sin embargo, la Procuraduría también había dado su concepto a la corporación, aduciendo que la circular era una “ivasión” a las competencias del Congreso, quien debería ser el encargado de declarar las normas frente a las prohibiciones legales para contratar con el Estado.Le puede interesar:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Función Pública, ha emitido una circular conjunta con el objetivo de promover medidas destinadas a combatir la violencia de género y mejorar las condiciones laborales de las mujeres en las instituciones estatales.En dicha circular, se insta a las instituciones estatales a implementar un protocolo contra la violencia de género y a establecer salas amigas de lactancia. Además, se solicita que se ofrezcan jornadas laborales diferenciadas para las mujeres embarazadas, permisos remunerados, flexibilidad en los horarios de trabajo y la posibilidad de teletrabajo.Viviana Peña Moreno, asesora del Departamento Administrativo de la Función Pública habló en Noticias de las Mañanas sobre cómo mejorar las condiciones laborales en las mujeres."En el marco del diálogo social que se estableció el pasado 22 de junio con el Gobierno Nacional y las diferentes organizaciones sindicales, se sostuvieron unos acuerdos en el cual se pactaron entre estas dos organizaciones promover a través de actos administrativos estrategias que impulsen el enfoque de género", indicó.Peña Moreno señaló que harán seguimiento a las entidades para verificar el cumplimiento de los puntos acordados para mejorar las condiciones de las mujeres.Las medidas que aborda la circular para incentivar y fortalecer la participación de las mujeres son:Se les solicita a las y los servidores públicos que realicen el curso virtual “Prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública” en la plataforma del Sistema de Registro y Control de Eventos de Capacitación (SIRECEC) de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).El Ministerio de Trabajo y Función Pública solicitan a las entidades nacionales y territoriales disponer en sus instalaciones las salas amigas de la familia lactante con espacios adecuados en donde las madres trabajadoras puedan amamantar, así como extraer y conservar su leche materna, siempre salvaguardando su privacidad y un entorno laboral saludable.Las servidoras públicas en estado de embarazo y después del parto podrán disfrutar de horarios flexibles especiales, lo que les permitirá salir 30 minutos antes de terminar su jornada laboral.Las entidades públicas tienen la obligación de otorgar permisos remunerados a las servidoras públicas que deban asistir a citas médicas, tanto para ellas mismas como para sus hijos menores de edad.Las servidoras y servidores públicos tienen la posibilidad de convenir horarios flexibles con las entidades para conciliar la vida familiar, personal y laboral y así brindar la oportunidad de cumplir con los compromisos familiares, sin afectar la duración de la jornada laboral ni la prestación de los servicios a cargo del Estado.Finalmente, es necesario implementar el uso de teletrabajo para desarrollar las funciones sin requerir la presencia física en la sede de trabajo, de esta forma, se asegura que los empleados trabajan para fomentar la productividad, la motivación, el bienestar y el cuidado del ambiente.Actualmente, en el Estado colombiano, las mujeres ocupan el 52 % de los cargos públicos del país, lo que evidencia la importancia del Gobierno del Cambio de concebir una administración pública con un enfoque diferencial que acabe con las brechas de género dentro del empleo público.Es importante destacar que, en la actualidad, las mujeres ocupan el 52% de los cargos públicos en el Estado colombiano. Este dato subraya la importancia del compromiso del Gobierno del Cambio de promover una administración pública con un enfoque diferencial, con el propósito de reducir las desigualdades de género en el empleo público.Escuche la entrevista completa:Le puede interesar:
En el primer año de Gustavo Petro se crearon unos 12.000 cargos de plantas temporales en entidades públicas. La meta oficial de la entidad es llegar a un total de 100.000 cargos formalizados en lo que queda del Gobierno, reveló a Blu Radio el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César ManriqueUna de las apuestas de la administración de Gustavo Petro, desde su llegada al poder, ha sido combatir los contratos por prestación de servicios con el Estado. Según cálculos de las centrales, para 2022 cerca de un millón de personas estaban trabajando con contratos de prestación de servicios sin derecho a garantías laborales como primas, cesantías o vacaciones.Manrique también se refirió a la polémica instrucción de que solo se firmaran contratos de prestación de servicios a cuatro meses para este año y dijo que se llegó a los acuerdos necesarios."Ya no tienen ninguna disculpa para el próximo año. Ninguna entidad pública, ningún jefe de la administración pública tiene ninguna disculpa de no haber adelantado los estudios correspondientes para proceder en forma sistemática y paulatina en la formalización del empleo público. Entonces, por lo tanto, ya no vamos a hablar de cuatro meses", aseguró.Sin embargo, según actividades de asesoría, consultoría y desarrollo de software, entre otros, que corresponden a proyectos específicos y cuyo objeto no es misional ni permanente podrán contratarse bajo la figura de prestación de servicios.Las entidades que hagan contratación masiva por prestación de servicios tendrán que dar explicaciones a Función Pública, pero también a los órganos de control, advierte Manrique.Hay 155 entidades que están en procesos para ampliar sus plantas de personal, pero 543 han recibido asesoría para hacerlo.Le puede interesar
Durante este sábado se conoció que la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, por presunta injuria y calumnia; en el marco de una denuncia que presentó el expresidente Andrés Pastrana, luego que el congresista lo vinculara presuntamente de recibir dineros de paramilitares.“Como siempre lo ha hecho acudiré de manera respetuosa y con acatamiento al llamado de la Corte Suprema de Justicia, ante una denuncia penal que ha formulado el expresidente Andrés Pastrana en mi contra por supuesta injuria y calumnia, la corte ha decidido abrir una investigación preliminar en mi contra y con el mayor, repito, respeto, acudiría presto con los argumentos y con mi defensa que ya está preparada en este caso”, expresó el congresista.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl documento señala que los delitos denunciados por el exjefe de Estado hacen parte de los que requieren “querella”, por tanto, se adelantará una audiencia de conciliación en los próximos días.“La Corte Suprema de Justicia ha dispuesto iniciar investigación preliminar por los delitos de injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda, quien afirmó -falsamente- que el expresidente Andrés Pastrana Arango recibió dineros de paramilitares y favoreció al paramilitarismo en su gobierno”, señaló en un mensaje en sus redes sociales el exmandatario.Le puede interesar:
Un artículo en la reforma laboral ha desatado un intenso debate en el país, especialmente en torno a la propuesta que permitiría a las mujeres ausentarse del trabajo durante su periodo menstrual, sin la necesidad de un certificado médico. En Mañanas Blu con Néstor Morales, los representantes Alfredo Mondragón y Catherine Juvinao expusieron sus posiciones respecto a este polémico artículo.Artículo de la reforma laboral y la menstruaciónEl artículo 18 de la reforma establece que las mujeres pueden solicitar permisos remunerados para asistir a citas médicas, incluidos los casos en los que presenten "ciclos menstruales incapacitantes" o condiciones asociadas como la endometriosis. Esta redacción ha sido considerada por algunos como ambigua, lo que ha alimentado la controversia.El punto de vista de Alfredo MondragónEl representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, defendió la necesidad de este artículo, argumentando que busca “garantizar a las mujeres que padecen situaciones biológicas” relacionadas con la menstruación.Mondragón enfatizó que la intención es “darles garantías para que no estén en riesgo su dinámica laboral”. Al respecto, indicó que “una mujer que tenga la menstruación pueda faltar al trabajo sin cita médica” para evitar que se sientan discriminadas. Sin embargo, también reconoció la preocupación por la redacción del artículo.“La menstruación no es en sí misma una enfermedad, estamos de acuerdo. La enfermedad es la endometriosis”, explicó. Esto llevó a una discusión sobre cómo la falta de un certificado médico podría ser interpretada y si esto generaría un abuso por parte de algunas trabajadoras.La posición de Catherine JuvinaoPor su parte, la representante Catherine Juvinao expresó su preocupación sobre los posibles efectos adversos de este artículo. En su intervención, enfatizó que “la única manera objetiva y transparente para ambas partes” sería que la mujer presente un dictamen médico que certifique su condición.Juvinao argumentó que esto “evitaría abusos de las partes”, tanto de empleadores como de trabajadoras, quienes podrían alegar situaciones que no necesariamente sean ciertas.“Lo que pedimos es que, si se genera una incapacidad, la mujer deba acreditarla ante el empleador con una excusa médica”, dijo.Juvinao destacó que la falta de este requisito podría llevar a una situación en la que algunas mujeres se vean vulnerables ante sus jefes, quienes podrían cuestionar la legitimidad de sus ausencias. La ambigüedad del artículo y sus implicaciones laboralesUno de los puntos más discutidos durante la entrevista fue la redacción ambigua del numeral e del artículo 18, que menciona los permisos para “asistir a citas médicas programadas o de urgencia, incluidos los casos en los que la persona trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantesMondragón comentó que “la redacción puede interpretarse como para la cita médica o como incapacidad derivada de la menstruación”, lo que ha llevado a confusión sobre el verdadero alcance del artículo.Por otro lado, Juvinao subrayó que la ambigüedad podría convertirse en una barrera para las mujeres en el entorno laboral, “pues algunos empleadores opten por no contratar mujeres ante una situación que no van a poder manejar”.El debate ha generado polarización entre quienes apoyan la medida como un avance en los derechos laborales de las mujeres y quienes la consideran una fuente potencial de abuso y discriminación.Algunas mujeres han expresado su apoyo a la iniciativa, argumentando que la menstruación puede ser incapacitante y que es necesario reconocer este hecho en el ámbito laboral. Sin embargo, otros han alertado sobre el riesgo de que este tipo de disposiciones podría llevar a una mayor discriminación hacia las mujeres en el proceso de contratación. Juvinao advirtió que “esto podría volverse una barrera de acceso para las mujeres”, pues sería un escenario donde las mujeres podrían ser vistas como menos aptas para el trabajo debido a su biología.
La crisis climática escala sin precedentes: un estudio recogido este martes en la revista BioScience sostiene que 25 de las 35 constantes vitales del planeta están al límite y se dirige a un escenario de aumento de la temperatura global de 2,7 grados, por encima de niveles preindustriales, a finales de siglo.Se trata de la edición de 2024 del "Informe sobre el estado del clima: Tiempos peligrosos para el planeta Tierra" que dirige anualmente un equipo internacional de científicos liderados por William Ripple y Christopher Wolf, de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos), y que han financiado la Fundación CO2 y el abogado Roger Worthington.Los autores actualizan el estado de los 35 indicadores clave para calcular la salud del planeta y alertan del empeoramiento de 25 de ellos hasta extremos "preocupantes".Una de las "constantes vitales" que más ha fallado este año ha sido la temperatura media de la superficie terrestre, que estuvo en máximos en 2023 y, según alertan los autores, no tiene visos de mejorar: los tres días más calurosos de la historia han tenido lugar en 2024.Le sigue, en gravedad, el consumo de combustibles fósiles, que creció un 1,5% en 2023, con un aumento del carbón del 1,6% y del petróleo en un 2,5%.Aunque el consumo conjunto de las energías eólica y solar creció un 15% a nivel global en 2023 respecto a 2022, los investigadores recuerdan que el uso de las renovables sólo supone una cuarta parte del total de los combustibles fósiles, al tiempo que advierten de que el crecimiento de las energías limpias tiene que ver más con cubrir la nueva demanda energética que con sustituir fósiles.El informe muestra que la pérdida anual de cubierta arbórea en todo el mundo aumentó de 22,8 millones de hectáreas en 2022 a 28,3 millones en 2023, contribuyendo también al aumento de las emisiones de dióxido de carbono.La ganadería también creció, a un ritmo de 170.000 cabezas de ganado más al año, y con ello las emisiones de metano; la acidificación de los océanos se aceleró por el récord de calor en las temperaturas marinas; y las masas de hielo de Groenlandia o la Antártida están en mínimos históricos, como también lo está el grosor de los glaciares.Los investigadores subrayan, no obstante, que hay soluciones viables pasa detener la crisis climática, y hablan de la eficacia de un impuesto mundial al CO2, que además de reducir las emisiones proporcionaría una financiación para medidas frente al calentamiento.Aumentar la eficiencia energética, proteger y restaurar ecosistemas, fomentar hábitos alimentarios más saludables, centrados en los alimentos de origen vegetal, reducir la producción y el consumo, promover una economía más sostenible o implementar la educación ambiental son otras de las medidas que proponen."El futuro de la humanidad pende de un hilo. Sólo mediante una acción decisiva podremos salvaguardar el mundo natural, evitar un profundo sufrimiento humano y garantizar que las generaciones futuras hereden el planeta habitable que merecen", concluye el informe.
Buscando una victoria que lo deje a un paso de los cuadrangulares semifinales, Atlético Nacional recibirá este miércoles, en juego correspondiente a la fecha 7 de la Liga Betplay, a un Deportivo Cali que llegará al Atanasio Girardot con la urgencia de sumar tres puntos para alejarse de la zona del descenso.Los números del Nacional vs. Cali por torneos cortosEn términos generales, por torneos cortos, el historial del 'clásico de verdes' está parejo, pues registra, en 66 compromisos disputados por torneos cortos: 24 victorias para Nacional, 21 empates y 21 triunfos para el conjunto azucarero.Sin embargo, reduciendo esos enfrentamientos a los disputados en el Atanasio Girardot, escenario del partido de este miércoles, son 19 triunfos para el local y solo 5 para el visitante, además de 9 empates. En esos 33 juegos, el local marcó 65 goles y el visitante 30. Así, el rendimiento de Nacional ante Cali en Medellín, es del 66.6 %.Historial reciente entre Nacional y Cali por ligaPor otra parte, en el historial reciente -tanto en Cali como en Medellín, los números señalan que son 4 triunfos para Nacional, 4 empates y únicamente 2 triunfos para el equipo visitante. Cabe resaltar, además, que en los siete enfrentamientos más recientes entre ambos en el Atanasio Girardot, el Atlético Nacional siempre marcó gol y que, la última vez que no lo hizo, data del 14 de octubre de 2018, es decir, hace casi 6 años.El partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali de este miércoles, correspondiente a la fecha 7 de la Liga Betplay, se disputará a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot y a puerta cerrada, luego de las sanciones impuestas al verde de Antioquia por los incidentes sucedidos durante el partido ante Junior de Barranquilla.
En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el CTI y el Ejército Nacional, fue capturado alias ‘El Veneco’ en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.Este hombre, de 30 años, es señalado de pertenecer al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Campo Trece’, responsables del hurto de activos estratégicos de Ecopetrol en la región.Según informó la coronel Adriana Gisela Paz Fernández, comandante de la Policía del Magdalena Medio, la captura se logró gracias a un trabajo de investigación que permitió identificar a alias ‘El Veneco’ como parte de la estructura criminal que ha venido afectando la operación de Ecopetrol."Esta captura representa un golpe significativo contra la criminalidad en la región y demuestra nuestro compromiso en la lucha contra el delito", afirmó la oficial.Alias ‘El Veneco’ habría estado evadiendo los controles policiales en un intento de evitar su captura, pero las autoridades lograron su aprehensión mediante orden judicial. Tras ser presentado ante un juez de control de garantías, se le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.A finales del mes de agosto, también en Barrancabermeja, tropas de la Quinta Brigada en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron allanamientos en varias zonas del corregimiento El Centro, dando con la captura de cinco hombres responsables del hurto continuo de elementos de la industria de hidrocarburos en el Campo Cira Infantas del puerto petrolero.Los cinco capturados presuntamente eran los responsables de robos a la infraestructura generando una afectación superior a los 600 millones de pesos, la operación "Éxodo III", se dio con el fin de contrarrestar este delito frecuente en el puerto petrolero.Los capturados, actualmente, enfrentan a cargos por hurto agravado y calificado, y concierto para delinquir.
Disidencias de las Farc ingresaron a zona urbana del municipio de Corinto, en Cauca, y con explosivos, volaron la puerta del Banco Agrario, mientras, al mismo tiempo, hostigaban la Estación de Policía.Habitantes de la cabecera de Corinto Cauca fueron sorprendidos esta mañana por el sonido de disparos y explosiones. De acuerdo con voceros de la comunidad, un grupo de hombres fuertemente armados llegó hasta el centro del municipio. para hostigar la estación de Policía y al mismo tiempo robar la sede del Banco Agrario.“Hoy justamente es día de pago de subsidios a la población y tal vez por eso este grupo armado llegó al municipio para llevarse el dinero del banco”, manifestó una persona desde Corinto. Los disparos de fusil impactaron varias viviendas, locales comerciales y la sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dijo el testigo.El hecho, preliminarmente, fue atribuido a la disidencia Dagoberto Ramos de las Farc, que en la huida atravesó vehículos en las vías de acceso al municipio, por lo que las autoridades verifican si esos vehículos están cargados con explosivos.La comunidad también reporta enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el mismo grupo ilegal en la vía que conduce al municipio de Miranda, Cauca. El comercio en Corinto permanece cerrado, los pobladores continúan en sus casas. Por ahora, se desconoce el monto del dinero robado de la entidad bancaria.
